El senador Antonio José Correa reveló ante el Senado de la República una denuncia que ha causado conmoción política y social: cerca de 100 billones de pesos habrían sido malversados durante la gestión de la pandemia de COVID-19 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Las acusaciones apuntan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su manejo de los recursos destinados a enfrentar la crisis sanitaria. Tras las revelaciones, el presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva sobre la entidad.

La UNGRD por su capacidad de contratación directa en emergencia ha sido un instrumento del robo del dinero público por billones. El debate del senador Correa implica una investigación a fondo d ela fiscalía desde la fundación de la entidad. El actual director Carrillo prepara…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2024

Denuncias de corrupción en la adquisición de insumos médicos

Durante el debate de control político, Correa describió cómo se realizaron contrataciones con empresas sin experiencia ni idoneidad para suministrar insumos médicos esenciales. Entre las compañías mencionadas, algunas se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, lo que ha generado una fuerte crítica por la falta de control y supervisión en el proceso de selección.

Uno de los ejemplos más alarmantes fue la compra de batas médicas a una empresa especializada en la reparación de vehículos. A esto se suman las importaciones masivas de tapabocas desde China, realizadas en un momento en que la población esperaba el apoyo del Estado para acceder a los elementos de protección necesarios.

Crece la indignación por las revelaciones del senador @AntonioJCorreaJ, con las que se conocieron los detalles de cómo se perdieron 100 billones de pesos durante el gobierno de @IvanDuque, para atender la emergencia del COVID-19. pic.twitter.com/kZl0ogfg1E

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 21, 2024

Falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos

El senador Correa también señaló que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), encargado de gestionar los recursos durante la pandemia, suscribió contratos por más de 40 billones de pesos entre 2020 y 2021. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido el destino de 9.8 billones de pesos de esos fondos, y otros 20 billones, asignados a la atención en salud, también permanecen sin justificación clara.

La falta de transparencia en la ejecución de estos recursos ha generado una creciente indignación en el ámbito político y social, con actores que exigen una investigación rigurosa y sanciones para los responsables.

Respuesta del Contralor General y otras reacciones políticas

Ante la gravedad de las denuncias, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo de élite denominado «Ruta del Dinero de la Salud», cuya misión será rastrear el paradero de los recursos malversados y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Rodríguez destacó que se revisarán a fondo todos los contratos firmados bajo la administración de la UNGRD durante el periodo de 2020 a 2024.

Por su parte, la senadora Clara López hizo un llamado enérgico a la justicia, señalando que «debe ser sancionada por la sociedad y la justicia venga de donde venga». Su declaración refleja el clamor de gran parte de la opinión pública por medidas inmediatas que aseguren la rendición de cuentas.

Investigaciones en marcha y posibles implicaciones legales

El presidente Petro ha pedido que las investigaciones sobre la UNGRD no se limiten solo a los últimos años, sino que abarque todo el periodo desde su creación. Esta solicitud busca garantizar que las irregularidades históricas en la gestión de la entidad también sean esclarecidas.

Hasta el momento, ya se han producido capturas de personas implicadas en los escándalos de corrupción relacionados con la UNGRD, lo que indica que las investigaciones avanzan con celeridad. No obstante, se espera que, en los próximos meses, nuevas revelaciones salgan a la luz y se determinen más responsabilidades en los altos mandos del gobierno anterior.

El senador Correa ha sido contundente al afirmar que lo denunciado representa uno de los casos más graves de corrupción en el manejo de recursos públicos en Colombia. Sus declaraciones han encendido un debate que podría tener consecuencias profundas para el sistema de contratación pública y la gestión de emergencias en el país.

La ciudadanía y la clase política esperan respuestas contundentes ante lo que muchos consideran un abuso flagrante de los fondos destinados a mitigar los efectos devastadores de la pandemia.

La entrada Escándalo de $100 billones en la UNGRD: investigan gestión del gobierno Duque se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Se espera que en los próximos días, se den a conocer nombres de los responsables estos hechos, que han sacudido la institución policial, un escándalo que se suma a la pérdida de armamento en algunas guarniciones del Ejército, denunciado en los últimos días.

El expediente oculto que detalla la desaparición de un arsenal en la Policía de Urabá. Según el informe, en 2019 se perdieron más de medio millón de cartuchos, los cuales terminaron en manos de un grupo ilegal, aumentando significativamente el riesgo de violencia en la región.

El descubrimiento de este expediente trae a la luz un grave problema de control de armas dentro de la fuerza pública colombiana. La desaparición de los cartuchos ocurrió en las instalaciones de la Policía en Urabá, una región conocida por su alta conflictividad debido a la presencia de diversos grupos armados ilegales.

En una entrevista exclusiva con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se abordaron los detalles de esta situación y las medidas que se están tomando para solucionar este grave problema de seguridad. Velásquez expresó su preocupación y afirmó que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades y evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.

«La pérdida de estos cartuchos es inaceptable y estamos comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para recuperar el material y sancionar a los responsables», declaró Velásquez. El ministro también destacó la importancia de implementar controles más estrictos y sistemas de monitoreo para prevenir la pérdida de armas y municiones dentro de las fuerzas armadas y de policía.

El informe de Revista RAYA y Señal Colombia ha generado una gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos y entidades gubernamentales han pedido respuestas rápidas y acciones concretas para abordar esta grave amenaza a la seguridad pública.

La desaparición de más de medio millón de cartuchos no solo representa una pérdida material significativa, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas en la región de Urabá y en todo el país. La investigación continúa y se espera que se presenten nuevos detalles en las próximas semanas.

La entrada Investigan robo de municiones en Urabá se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La solicitud fue hecha durante el cierre de la XXVII sesión de la Mesa de Concertación de los pueblos Pastos y Quillasingas en Nariño, desde donde ordenó contratar una auditoría especializada que investigue los recursos de años anteriores.

“Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este Gobierno no se pierda un peso ni del OCAD ni del Sistema General de Regalías’, complementó en su solicitud al director del DNP.

Al referirse al segundo eje incumplido del Acuerdo de Paz con las Farc, el de la transformación del territorio, expresó que “este es el punto central en Nariño’ y presentó cifras del OCAD PAZ, “que nadie ha querido investigar a fondo’.

Detalló que, en el año 2021, “solo en un año, se les entregaron a diferentes organizaciones empresariales, alcaldes o al gobernador, 688 mil millones de pesos para Nariño’. El mandatario sostuvo que esos dineros tenían como destino la realización de una serie de obras.

Acto seguido, puso como ejemplo el nivel de ejecución de la interconexión eléctrica del Pacífico, aprobada en 2021, que fue del 1,4% y se preguntó: “¿Dónde está la plata?’. Citó obras que no se hicieron y que podrían haber contribuido a la transformación territorial, tales como carreteras, acueductos, hospitales, escuelas y universidades.

También sostuvo que en el año 2021 se aprobó el mayor número de proyectos de OCAD PAZ de su historia, que comenzó con el Acuerdo de Paz.

“¿Y cómo se iba a transformar entonces el territorio nariñense para la prosperidad de la gente? -cuestionó el mandatario- si el segundo punto del Acuerdo con la Farc es transformar los territorios donde hubo la guerra, a los cuales llamaron PDET, y la mitad de Nariño es PDET?

Regalías

“Y todavía tendría que agregar más, porque la plata para el OCAD PAZ es lo de menos, si comparamos todas las regalías de Colombia, que entre el 2014 y el 2024 suman 68 billones de pesos, que se entregan a municipios y departamentos’, agregó el mandatario.

“¿Cómo que 68 billones de pesos no han logrado transformar el territorio de Colombia, las regiones pobres, que deberían al menos ser menos pobres que cuando comenzaron estos programas? ¿Qué pasó con el dinero? Estamos hablando de decenas de billones, aquí no más, casi 100 billones de pesos’, sostuvo.

Ante la ausencia de obras ejecutadas en la región, se interrogó: “¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas?’

Y concluyó: “Tenemos un grave problema, porque el segundo punto del Acuerdo de Paz con las FARC, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y / o se la robaron’.

La entrada “Se robaron la plata de la paz y las regalías” se publicó primero en El Pregonero del Darién.