En un hito que trasciende generaciones, mañana lunes 9 de diciembre el encuentro será en Rionegro para conmemorar el histórico acontecimiento.

Esta jornada iniciará a las 10:00 a.m., con un homenaje al prócer, en el Cementerio La Colina de Rionegro. Desde allí, un desfile militar llevará hasta el Parque Principal, donde el espíritu de la historia se encontrará con la vitalidad del arte y la cultura.

La programación cultural será un mosaico de expresiones artísticas:

Desde las 10:00 a.m., el teatro se adueñará del auditorio de la Biblioteca Pública con presentaciones de agrupaciones de Gómez Plata, La Ceja y Vegachí.

Desde las 12:00 m., la música llenará el aire de melodías que evocan el orgullo de la libertad. Habrá presentaciones de bandas sinfónicas, música tradicional.

A partir de la 1:20 p.m., las danzas de diversos municipios del departamento recordarán que la diversidad es la mayor riqueza.

Para cerrar, la presentación oficial de las canciones ganadoras del proyecto La Nave, el primer estudio itinerante de grabación musical profesional que recorrió las 9 subregiones de Antioquia. Este concierto será un canto colectivo que refleja la gran diversidad de voces de toda Antioquia.

Además, desde las 2:00 p.m. en la Casa de la Convención, se llevará a cabo un espacio académico con el conversatorio sobre la vida del general Córdova, liderado por los historiadores Humberto Barrera y Luis Alirio Calle. Seguidamente, la Academia de Historia completará este recorrido con un análisis sobre sus proezas.

En todo momento, zanqueros, malabaristas y personajes de época enriquecerán esta experiencia con un toque de magia y color.

“José María Córdova: Prócer antioqueño de la Independencia (Concepción, septiembre 8 de 1799 – El Santuario, octubre 17 de 1829). José María Córdova; conocido como el «Héroe de Ayacucho», fue el general antioqueño más destacado durante el período de Independencia. Hijo de Crisanto de Córdova y Mesa, pequeño comerciante activo en el oriente antioqueño que apoyó las tempranas acciones en pro de la independencia, y de Pascuala Muñoz Castrillón, Córdova no tuvo mucha educación. Gracias al curso militar del Cuerpo de Ingenieros de la República de Antioquia, organizado en 1814 por el sabio Francisco José de Caldas en Medellín, se empezó a interesar por la causa revolucionaria. En 1815 se enroló en el ejército y marchó a Tunja a combatir contra los españoles, con el grado de subteniente, bajo el mando del coronel francés Emanuel Roergas Serviez, su primer maestro en asuntos militares”

(Tomado de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores)

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha anunciado que Colombia vivirá un cierre de año marcado por un incremento significativo de lluvias. Regiones como la Caribe y la Orinoquía experimentarán precipitaciones hasta un 50% superiores a los promedios históricos, mientras que la Región Andina y San Andrés también enfrentarán condiciones climáticas adversas.

Incremento de lluvias y su impacto en las regiones

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que el fenómeno no está relacionado con La Niña, sino con la convergencia de factores meteorológicos como ciclones y tormentas tropicales, que han intensificado las lluvias en las últimas semanas.

Regiones más afectadas

1. Región Caribe: Aumento de lluvias entre un 20% y un 50%, con riesgos de inundaciones.
2. San Andrés y Providencia: Precipitaciones superiores en un 10% a 30% del promedio habitual.
3. Región Andina y Orinoquía: Lluvias por encima de los niveles históricos esperados.

Las emergencias recientes han provocado inundaciones en diversos departamentos, obligando a las autoridades a emitir alertas y recomendaciones para mitigar los riesgos.

Recomendaciones del Ideam y las autoridades

El Ideam subraya la importancia de monitorear constantemente las condiciones climáticas a través de canales oficiales. Además, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones:

• Mantenerse informado mediante los boletines meteorológicos.
• Evitar zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.
• Preparar planes de emergencia en comunidades vulnerables.
• Proteger cultivos y viviendas ante posibles crecidas de ríos.

Aunque el fenómeno de La Niña podría consolidarse en las próximas semanas, las lluvias actuales responden a dinámicas climáticas específicas que requieren atención inmediata.

Un llamado a la prevención y monitoreo

El Ideam insiste en la responsabilidad de los ciudadanos y autoridades locales para prevenir emergencias mayores. Un monitoreo constante y la implementación de medidas de adaptación serán clave para minimizar los impactos de este diciembre lluvioso.

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Para avanzar en la implementación de su política de Paz Total en Colombia, el presidente Gustavo Petro emitió varias resoluciones que designan a nuevos gestores de paz y representantes gubernamentales. Entre los nombramientos, destaca la participación de exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la socióloga Isabel Cristina Zuleta, quienes liderarán el diálogo con distintos actores armados en el país. Esta estrategia busca facilitar procesos de negociación y transición hacia el Estado de Derecho en áreas afectadas por el conflicto armado, como el departamento de Nariño, el Valle de Aburrá y diversas zonas con presencia del Estado Mayor Central de las FARC.

Designaciones para la paz con el Estado Mayor Central de las FARC

Resolución 450: Inclusión de miembros del EMC en el mecanismo de veeduría

Mediante la Resolución 450 del 2024, el Gobierno Nacional incluyó a 15 miembros del Estado Mayor Central de las FARC (EMC) en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Esta instancia busca asegurar que los diálogos se desarrollen de manera transparente en distintos niveles: nacional, regional y local. Los representantes del EMC provienen de bloques importantes como el Bloque Magdalena Medio, liderado por «Gentil Duarte», el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño y el frente Raúl Reyes.

Entre los miembros designados, figuran líderes de peso como Walter Freddy Ruiz Montaño, Jesús María Restrepo Borja y Jheiner Smith Arco López. Estos actores clave en el conflicto armado colombiano se sumarán a la vigilancia y control de los acuerdos alcanzados con el EMC, fortaleciendo los espacios de diálogo y acuerdos con el gobierno.

Gestores de paz en Nariño para el proceso con los Comuneros del Sur

Resolución 451: Designación de 10 gestores de paz

El conflicto en el departamento de Nariño, caracterizado por la presencia de diversos grupos armados, será abordado mediante el nombramiento de 10 gestores de paz para los diálogos con los Comuneros del Sur, un movimiento armado con presencia en 10 municipios de la región. Entre los gestores designados, se destacan figuras como Fernando García Jiménez, Jaime Edilson Rodríguez Moreano y Jesús Andrés Valencia, quienes aportarán su experiencia en la estructuración de procesos de paz en territorios de alta complejidad.

El objetivo de esta resolución es fomentar un acercamiento entre el gobierno y las comunidades afectadas por el conflicto, permitiendo un canal de comunicación que beneficie tanto a las poblaciones locales como a los actores armados interesados en una transición hacia la paz.

Dialogar con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá

Resolución 452: Coordinación de la delegación gubernamental en Antioquia

La socióloga Isabel Cristina Zuleta fue designada como coordinadora de la delegación gubernamental en las conversaciones con estructuras armadas organizadas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. Zuleta estará acompañada de un equipo que incluye a Jorge Iván Mejía Martínez y María Isela Quintero Valencia, entre otros, quienes negociarán los términos de sometimiento de estas estructuras delictivas a la justicia, dentro de los marcos legales estipulados.

El enfoque de esta delegación es ofrecer una oportunidad de transición hacia el Estado de Derecho a grupos armados de alto impacto en la región, asegurando que cumplan con las leyes vigentes y promuevan la construcción de paz en los territorios donde operan.

Papel de exjefes paramilitares en la construcción de paz

Resolución 453: Exparamilitares como gestores temporales de paz

Uno de los aspectos más relevantes de las resoluciones emitidas por el presidente Petro es la designación de 17 exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz temporales. Figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias «Macaco») y Rodrigo Tovar Pupo (alias «Jorge 40») desempeñarán un papel en la construcción de paz y no repetición en diversas zonas afectadas por el conflicto, a lo largo de un periodo de seis meses.

Estas designaciones no modifican la situación jurídica de los exparamilitares, quienes actuarán bajo condiciones específicas y con la coordinación del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño. La inclusión de estos antiguos líderes de las AUC busca aprovechar su conocimiento de los conflictos en las zonas donde operaban, contribuyendo así a procesos de diálogo con otros actores armados ilegales.

Para facilitar el desarrollo de los diálogos y la verificación de los acuerdos, la Consejería del Comisionado de Paz solicitará la suspensión temporal de órdenes de captura para algunos de estos gestores de paz, especialmente los representantes del EMC y los involucrados en el proceso con los Comuneros del Sur. Esta medida pretende garantizar la continuidad de los diálogos y fortalecer la estrategia de Paz Total promovida por el gobierno.

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Las plataformas digitales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han presentado interrupciones que afectan a miles de estudiantes en todo el país, generando preocupación por el impacto en sus estudios y el acceso a cursos esenciales. La situación responde a una transición entre proveedores tecnológicos, que ha dejado a la institución sin conectividad en muchas de sus sedes, con serias limitaciones para operar en el ámbito virtual.

Las causas de las fallas en el servicio del SENA

El SENA, que cuenta con una matrícula superior a los 50 mil estudiantes, ha enfrentado interrupciones en su dominio y plataforma desde el 28 de octubre. Esta situación responde al vencimiento del contrato de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) con la empresa Telefónica, la cual brindaba el soporte para el dominio sena.edu.co y otros servicios. El sindicato Sindesena informó que, aunque Telefónica debía transferir el dominio al SENA, este trámite aún no se ha realizado, afectando el acceso a las plataformas digitales de la institución.

Vencimiento del contrato de urgencia

El contrato entre el SENA y Telefónica se encontraba bajo una modalidad de “urgencia manifiesta” desde abril, pero no era posible su extensión debido a restricciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación. Como resultado, la medianoche del 27 de octubre marcó el final del servicio, y a partir de entonces, el SENA quedó desconectado. Además de la inoperatividad del dominio y la caída de las plataformas de aprendizaje, se ha dificultado el acceso a los recursos de información de la entidad, paralizando sus actividades académicas y administrativas.

Nuevo proveedor: Internexa toma el relevo

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, explicó que se está llevando a cabo una transición hacia un nuevo proveedor. La empresa elegida es Internexa, del grupo ISA, con la que el SENA firmó un convenio el 28 de diciembre de 2023. Este cambio de proveedor está programado para extenderse hasta julio de 2026 y se espera que genere ahorros para la entidad de hasta 300 mil millones de pesos. A pesar del caos actual, Londoño enfatizó que esta transición es un proceso habitual en cambios de proveedores, y que los problemas se resolverán en breve.

Problemática por falta de equipos

A pesar de las declaraciones optimistas del director, Sindesena denuncia que el SENA carece de equipos necesarios para una conectividad adecuada. La institución solo dispone de 100 switches en todo el país, cuando se requieren cerca de cinco mil para un servicio eficiente. Este problema agrava aún más la situación, ya que el suministro de equipos de interconexión estaba fuera del alcance del nuevo contrato con Internexa. Apenas se está gestionando la compra de los equipos, que estarían disponibles en diciembre, limitando actualmente la conectividad de las sedes a menos del 20%.

Investigaciones y cuestionamientos por la transición

La transición del SENA hacia Internexa ha despertado preocupaciones en el ámbito legal y administrativo. La Procuraduría había iniciado investigaciones en torno a los contratos firmados bajo el convenio con Internexa, debido a la aparición de subcontratos presuntamente irregulares que podrían violar el Estatuto General de Contratación Pública. Aunque aún no se han aclarado los detalles, estos cuestionamientos añaden complejidad al proceso de cambio de proveedor, afectando la imagen de la institución.

Retos en la conectividad y tiempos de restablecimiento

El SENA estima que el servicio de las plataformas digitales comenzará a normalizarse gradualmente, aunque la conectividad completa no se espera hasta finales de diciembre. Esta situación mantiene en incertidumbre a los estudiantes y personal de la institución, quienes dependen de las plataformas digitales para el desarrollo de cursos, capacitaciones y otras actividades académicas. El director general confía en que, con la llegada de los equipos y la completa integración del nuevo operador, la situación mejore en el corto plazo.

La transición entre proveedores y la falta de equipos han generado incertidumbre en el SENA, afectando a miles de estudiantes. Se espera que el nuevo contrato con Internexa permita una operación más eficiente y ahorros significativos para la institución, aunque estos beneficios solo serán tangibles una vez que se normalice el servicio en su totalidad.

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El presidente Gustavo Petro ha anunciado una medida que ha generado un intenso debate: la compra estatal de cosechas de hoja de coca en el municipio de El Plateado, Cauca. Esta región se encuentra en medio de un conflicto entre el Ejército colombiano y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. La iniciativa, aunque polémica, tiene como objetivo cambiar los métodos tradicionales de manejo del conflicto y apoyar a las comunidades campesinas.

Compra estatal de coca: una apuesta arriesgada

Durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, el mandatario colombiano explicó que su gobierno iniciará la compra estatal de hoja de coca como parte de una estrategia para transformar las dinámicas de la región. Gustavo Petro reconoció que la medida no estará exenta de críticas, pero subrayó la importancia de cambiar las estrategias utilizadas hasta ahora. “Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (…) pero si no cambiamos los métodos, no cambiamos nada”, señaló.

La compra de la hoja de coca se da en un contexto de producción histórica de cocaína en Colombia, donde según las Naciones Unidas, el país ha alcanzado un aumento del 53% en la producción potencial de cocaína. Este crecimiento ha despertado alarmas a nivel internacional, pero también ha evidenciado la necesidad de buscar alternativas para las comunidades rurales que dependen de estos cultivos.

La advertencia de la ONU sobre el incentivo al cultivo de coca

El jefe de monitoreo de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito en Colombia, Leonardo Correa, expresó su preocupación sobre esta iniciativa. Según Correa, la compra estatal de coca podría incentivar a las comunidades a aumentar el cultivo. Aunque reconoció que la medida tiene el potencial de mejorar la situación de las comunidades vulnerables, también enfatizó la importancia de combinarla con otras estrategias que fomenten el desarrollo alternativo y reduzcan la corrupción en las zonas afectadas.

Correa destacó que el éxito de esta intervención dependerá de su correcta implementación y de que se midan los riesgos que conlleva. El desarrollo alternativo y la reducción de la corrupción son fundamentales para garantizar que la compra estatal no perpetúe el ciclo de producción de cocaína en Colombia.

Usos tradicionales de la hoja de coca: entre lo ancestral y lo comercial

La hoja de coca tiene un largo historial de uso tradicional en las culturas andinas, donde se consume para combatir el hambre, el cansancio y el mal de altura. Según el Transnational Institute, cuando se mastica, la hoja actúa como un estimulante ligero y no presenta los riesgos asociados a la cocaína. En países como Argentina, también se ha extendido su uso en la gastronomía, con productos como la harina de coca.

A pesar de estos beneficios, la hoja de coca ha sido estigmatizada, principalmente por su asociación con la producción de drogas ilegales. Romper este estigma es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan tanto los defensores de su uso tradicional como quienes promueven nuevas aplicaciones comerciales de la planta.

La hoja de coca en la gastronomía del Cauca

En Colombia, el chef Mauricio Velasco ha trabajado en promover el uso de la hoja de coca en la gastronomía regional, especialmente en el Cauca. A través de su restaurante étnico Amazónico, Velasco ha impulsado la pedagogía y educación sobre la importancia cultural y nutritiva de la coca. Según él, las nuevas generaciones están cada vez más interesadas en valorar los saberes ancestrales y en compartir este conocimiento a través de nuevas tecnologías.

Este enfoque ha permitido que la hoja de coca se incorpore a la gastronomía de manera más amplia, contribuyendo a cambiar la percepción negativa que existe sobre esta planta. Velasco subraya que es necesario un proceso continuo de educación para que la sociedad reconozca la importancia de este recurso natural más allá de su vinculación con el narcotráfico.

El estigma internacional de la hoja de coca

Oscar Pérez, botánico colombiano y líder del equipo de investigación en el Kew Gardens de Reino Unido, ha señalado que existen más de 270 especies de plantas de coca, pero su uso sigue estando limitado por el estigma internacional. En países como el Reino Unido, la hoja de coca se clasifica como droga, sin tener en cuenta sus beneficios científicos y ancestrales.

Este estigma global ha dificultado la investigación y la promoción de los usos sostenibles y beneficiosos de la planta. A pesar de esto, en regiones como los Andes y el norte de Argentina, la hoja de coca sigue siendo parte integral de la vida cotidiana y de la cultura local.

El reto para Colombia será encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de los beneficios tradicionales de la coca y el control de su uso en la producción de drogas ilegales. La compra estatal de cosechas, aunque controvertida, representa un primer paso hacia la búsqueda de soluciones innovadoras que aborden tanto los desafíos sociales como los económicos de las comunidades rurales afectadas por el conflicto.

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Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga y líder del actual paro camionero en Colombia, enfrenta nuevamente el escrutinio público. A pesar de que su lucha por la estabilización de los precios del ACPM es el centro de la protesta, su nombre revive una controversia del pasado que lo sigue persiguiendo: un incidente ocurrido en 2021, cuando su padre atropelló a una joven manifestante en medio de las protestas sociales de ese año.

Un incidente que resurge en medio del paro camionero

En junio de 2021, en el marco del estallido social que sacudió a Colombia, el padre de Henry Cárdenas fue protagonista de un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales. El 3 de junio de ese año, la camioneta Porsche del padre del líder gremial arrolló a una manifestante en Bogotá, en el sector de Los Héroes. El incidente fue registrado por varios transeúntes y las imágenes circuladas generaron una ola de críticas en plataformas digitales.

Tras el suceso, Henry Cárdenas fue blanco de ataques en redes, donde fue señalado como «paraco» y «traqueto», apodos que desmintió en varias entrevistas. El líder camionero defendió a su familia, afirmando que su padre siempre ha trabajado duramente y que el incidente no fue más que un accidente desafortunado.

Compensación de 600 mil pesos y consecuencias para su imagen

A raíz del atropellamiento, la joven manifestante recibió una compensación de 600.000 pesos como arreglo. Según declaraciones del propio Cárdenas, el asunto se resolvió de manera cordial, sin mayores implicaciones, ya que la joven no sufrió lesiones graves ni necesitó atención médica especializada. Sin embargo, este hecho dejó una huella en la imagen de Cárdenas, una que reaparece cada vez que el líder camionero ocupa un papel central en temas de relevancia nacional.

El pasado de Cárdenas sigue siendo un tema recurrente en la opinión pública, especialmente ahora, en medio del paro camionero que busca soluciones al incremento del precio del ACPM. El hecho de que este incidente resucite en momentos de gran visibilidad demuestra el impacto que puede tener en la percepción pública de sus acciones como líder gremial.

Acusaciones de motivaciones políticas detrás del paro camionero

Actualmente, mientras encabeza el paro camionero, algunos sectores cuestionan la verdadera naturaleza de las intenciones de Henry Cárdenas. Sugerencias en redes sociales apuntan a que su liderazgo podría estar impulsado por intereses políticos, más allá de la defensa de los derechos de los transportadores.

En algunas publicaciones de plataformas digitales, se ha señalado la cercanía de Cárdenas con figuras políticas como Álvaro Uribe, Iván Duque y María Fernanda Cabal. Estas asociaciones han generado dudas sobre si su posición al frente del paro tiene un trasfondo político, aprovechando el malestar del sector camionero para promover una agenda personal o partidista.

La lucha por la estabilización del precio del ACPM

A pesar de las controversias que lo rodean, Henry Cárdenas sigue siendo una figura clave en la lucha por la estabilización del precio del ACPM, un tema crucial para el sector de los transportadores en Colombia. La reciente propuesta del Gobierno de un incremento gradual de $200 en el precio del combustible no ha sido suficiente para apaciguar las demandas de los transportadores, quienes exigen medidas más concretas para enfrentar los aumentos.

Cárdenas continúa liderando las negociaciones y enfrentando la presión de sus opositores, quienes siguen recordando el incidente de 2021. La capacidad del líder camionero para desviar la atención de su pasado y centrar la discusión en las necesidades del gremio será fundamental para su permanencia en el rol de líder y para la evolución de las protestas.

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A medida que se acerca la fecha prevista para el paro nacional de camioneros, la tensión en el sector del transporte en Colombia sigue en aumento. Representantes de los pequeños y medianos transportadores, que constituyen el 80% del gremio, han manifestado su rechazo a la movilización. Según ellos, esta huelga ha sido impulsada por grandes empresarios del sector, quienes además son responsables de la explotación laboral que muchos conductores enfrentan.

Rechazo al paro nacional de camioneros

El paro, que inicialmente fue convocado para protestar contra el incremento en los precios del ACPM, ha generado un fuerte debate dentro del gremio. Los pequeños y medianos transportadores, liderados por voceros como Arsi Ramírez, consideran que esta movilización no representa sus intereses. Ramírez ha sido enfático en señalar que «no estamos de acuerdo con este paro porque es convocado justamente por empresarios del transporte que han desplazado a los pequeños y medianos transportadores. Nosotros no podemos apoyar un paro en contra de los precios del ACPM; hay muchos factores que están afectando a las finanzas del Estado».

Denuncias de pagos para participar en el paro

Además de rechazar la huelga, los pequeños y medianos transportadores han denunciado irregularidades en su organización. Se han reportado casos en los que algunos conductores han recibido pagos de hasta 150.000 pesos para unirse a la manifestación. Según información que circula en grupos de WhatsApp, estos montos se ofrecen a quienes decidan sumarse al paro, lo que, según Ramírez, es un intento de coerción hacia los trabajadores. Muchos de ellos temen perder sus empleos si no se adhieren a la protesta.

Impacto económico del paro en la canasta familiar

Otro aspecto relevante en esta controversia es el impacto económico que el paro podría tener en la población. Luis Rodríguez, otro representante de los pequeños y medianos transportadores, ha subrayado que el efecto en la canasta familiar será mínimo, contrario a lo que han especulado algunos sectores. Rodríguez afirmó que «los especuladores se han valido de esto para subir indiscriminadamente los precios de la canasta familiar. Esperamos que el gobierno tome medidas para mitigar el aumento».

Debate sobre el precio del ACPM

El precio del ACPM ha sido el punto central de esta controversia. A pesar de que el costo de este combustible ha permanecido congelado durante los últimos 56 meses, algunos sectores han señalado que, considerando la inflación acumulada desde 2020, el precio por galón debería ser $3.600 más alto. Desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se ha propuesto la eliminación del subsidio al ACPM como una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal del país.

Implicaciones fiscales de mantener el subsidio al ACPM

El mantenimiento del subsidio al ACPM tiene implicaciones significativas para las finanzas públicas. Con la inflación en descenso y unas finanzas públicas en situación crítica, mantener el subsidio implicaría cubrir el déficit mediante un subsidio cruzado entre la gasolina y el ACPM, o forzar al gobierno a destinar recursos del Presupuesto General que podrían ser utilizados en otras áreas más urgentes. Esta situación plantea un dilema fiscal que el gobierno deberá resolver en el corto plazo.

El debate sobre el paro de camioneros en Colombia ha puesto de manifiesto las profundas divisiones dentro del gremio de transportadores. Mientras los grandes empresarios impulsan la movilización para protestar por los precios del ACPM, los pequeños y medianos transportadores, que constituyen la mayoría del sector, rechazan la huelga y denuncian las prácticas coercitivas que se están utilizando para garantizar su éxito. La situación plantea desafíos no solo para el sector del transporte, sino también para la sostenibilidad fiscal del país.

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La reciente aprobación de la ley del Pacto Histórico marca un hito en la democratización de la Policía Nacional en Colombia. Esta normativa, que elimina barreras económicas históricas, permitirá que jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, así como personas afectadas por el conflicto armado y miembros de diversas etnias, accedan a la carrera de oficiales de la Policía Nacional. Hasta ahora, el ascenso en esta institución estaba reservado principalmente para aquellos con los recursos suficientes para cubrir un costo superior a los 72 millones de pesos, lo que excluía a un amplio sector de la sociedad.

Democratización del acceso a la carrera de oficiales

Con la nueva ley, la Policía Nacional abre sus puertas a un grupo más diverso de aspirantes. La iniciativa establece la gratuidad de la escuela de oficiales, garantizando que la capacidad económica no sea un obstáculo para quienes desean servir al país en esta capacidad. Además, se implementará un sistema de becas y subsidios para cubrir los gastos de manutención, lo que significa un apoyo integral para los jóvenes que antes no podían considerar esta opción debido a limitaciones financieras.

Este cambio también incluye la creación de un concurso de méritos cerrado, dirigido específicamente a suboficiales y patrulleros dentro de la institución. Este proceso asegurará que el ascenso en la Policía se base en el mérito y no en la capacidad de pago, fomentando así un ambiente más equitativo y justo dentro de la institución.

Impacto en la Policía Nacional y sus miembros

La implementación de esta ley es un paso significativo hacia la dignificación de la Policía Nacional. Contrario a las acusaciones de que el gobierno estaba en contra de la policía, esta normativa demuestra un compromiso claro con el bienestar y las garantías para sus miembros. El senador David Racero subrayó que la ley busca mejorar las condiciones de los policías, asegurando un entorno laboral más justo y con mayores oportunidades de crecimiento profesional.

A diciembre de 2023, se estima que 19.500 patrulleros pertenecientes al estrato 1 ahora podrán aspirar a un ascenso sin preocuparse por su nivel económico. Esta cifra refleja el gran impacto que la ley tendrá en la institución, permitiendo que un número significativo de jóvenes, hasta ahora marginados por barreras económicas, puedan alcanzar puestos de mayor responsabilidad y liderazgo en la Policía Nacional.

Futuro de la Policía Nacional bajo esta nueva ley

La aprobación de esta ley representa un cambio estructural en la forma en que se entiende y se gestiona el ascenso en la Policía Nacional. El enfoque en la meritocracia y la eliminación de barreras económicas es un paso hacia una institución más inclusiva y representativa de la diversidad del país. Además, el hecho de que la ley contemple criterios objetivos para el ascenso refuerza la transparencia y la justicia en estos procesos.

A largo plazo, se espera que esta ley contribuya a un mejor desempeño de la Policía Nacional, ya que permitirá que los oficiales más capacitados y comprometidos, independientemente de su origen económico, puedan ocupar roles de liderazgo. Este enfoque podría mejorar la moral dentro de la institución y fortalecer la confianza pública en la Policía, al percibirla como una entidad más justa y accesible.

En resumen, la ley del Pacto Histórico no solo democratiza el acceso a la carrera de oficiales en la Policía Nacional, sino que también marca un compromiso del gobierno con la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento institucional. Esta normativa promete cambiar de manera significativa la composición y el funcionamiento de la Policía, abriendo nuevas posibilidades para miles de jóvenes colombianos.

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Colombia continúa posicionándose como uno de los líderes mundiales en la exportación de cannabis. Con la reciente apertura del mercado en Macedonia del Norte, el país suma ya más de 12 naciones a las que envía este producto, incluyendo varios países de la Unión Europea y América Latina. Este logro subraya la importancia de la industria del cannabis para el crecimiento económico y el desarrollo rural en Colombia, impulsado por estrictos controles de calidad y apoyo gubernamental.

Expansión del mercado del cannabis colombiano

La exportación más reciente desde el municipio de La Ceja, Antioquia, consistió en el envío de 180 plántulas de cannabis sativa a Macedonia del Norte. Estas plántulas, certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cumplen con los requisitos fitosanitarios exigidos por el país receptor, lo que demuestra el compromiso de Colombia con la calidad y la regulación internacional. El proceso fue gestionado desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, garantizando altos estándares tanto locales como internacionales.

Este envío, realizado por la empresa Richmond Seeds S.A.S., no solo abre un nuevo mercado para el cannabis colombiano, sino que también reafirma la capacidad del país para cumplir con las exigencias regulatorias de los destinos internacionales. La compañía ha estado trabajando durante años para posicionar su producto en mercados internacionales para fines medicinales y científicos, lo que ha permitido a Colombia acceder a una red global en constante expansión.

La apuesta por la legalización del cannabis en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha instado al Congreso a dar un paso más hacia la legalización del cannabis en el país. Según el mandatario, la legalización podría representar un avance significativo para la economía colombiana, ya que aprovecharía el potencial completo del mercado mundial del cannabis. Esto no solo beneficiaría a la balanza comercial, sino que también crearía nuevas oportunidades para los productores locales y contribuiría al bienestar rural.

Actualmente, Colombia ya exporta cannabis a más de doce países, incluyendo naciones de Europa, América Latina y Asia. El mercado global de cannabis ofrece una oportunidad única que Colombia está en posición de aprovechar. Petro destaca que la legalización completa no solo permitiría una mayor expansión de las exportaciones, sino que también fortalecería la industria a nivel nacional, beneficiando a pequeños y medianos productores.

El impacto económico y social de la industria del cannabis

El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, subraya la importancia económica y social de esta industria emergente. Roa Ortiz destacó que el ICA otorga Certificados Fitosanitarios que garantizan el cumplimiento de todas las normativas requeridas para la exportación, asegurando que los productos lleguen a su destino en óptimas condiciones. Además, resaltó que la industria del cannabis genera divisas, empleo y bienestar en el campo colombiano, aspectos clave para el desarrollo rural.

El respaldo gubernamental ha sido esencial para que empresas como Richmond Seeds S.A.S. logren consolidarse en el mercado internacional. Felipe Rojas, gerente de la empresa, señaló que el apoyo de los entes gubernamentales ha sido fundamental para cumplir con los estándares de calidad y las exigencias regulatorias, lo que ha permitido que el cannabis colombiano gane reconocimiento en mercados tan exigentes como el europeo.

Nuevas oportunidades para el cannabis colombiano

Gracias a las regulaciones fitosanitarias desarrolladas en Colombia, el país tiene la capacidad de exportar tanto plántulas como semillas sexuales a diversos destinos internacionales. Entre los países a los que Colombia puede exportar se encuentran Suiza, Uruguay, Tailandia, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra y Perú. Este alcance global subraya el potencial de la industria del cannabis para diversificar la economía colombiana y ofrecer nuevas fuentes de ingreso para el país.

Richmond Seeds S.A.S. ha jugado un papel crucial en este proceso, impulsando la adopción de estándares fitosanitarios que han abierto nuevas oportunidades de exportación. El éxito de esta empresa refleja el potencial que tiene Colombia para consolidarse como un actor clave en la industria global del cannabis, tanto para fines medicinales como científicos.

Colombia se encuentra en un punto clave para aprovechar el crecimiento de esta industria, que no solo tiene un impacto económico, sino que también puede mejorar el bienestar de comunidades rurales. Con el respaldo del gobierno y la adopción de regulaciones estrictas, el país está en camino de convertirse en un referente mundial en la exportación de cannabis.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la entrega de varias propiedades rurales en el municipio de Sahagún, Córdoba, destinadas a comunidades campesinas. Entre los terrenos destaca la finca Nuevo México, con una extensión de 497 hectáreas, que anteriormente pertenecía al exsenador Musa Besaile Fayad, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht. Esta entrega forma parte de un esfuerzo gubernamental para redistribuir tierras incautadas y promover el desarrollo rural en la región.

Transferencia de tierras para revitalizar el campo

La finca Nuevo México, cuyo valor se estima en más de 5.000 millones de pesos, fue entregada a la organización Asocamila mediante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo es reactivar la producción agrícola en la región, beneficiando a los campesinos locales y convirtiendo un terreno anteriormente improductivo en un espacio productivo. Esta propiedad, conocida en la región por su participación en corralejas, ahora será utilizada para fines agrícolas en beneficio de las comunidades campesinas.

Entrega de otras propiedades rurales en Córdoba

Además de la finca Nuevo México, la SAE también transfirió otras cuatro fincas rurales en Córdoba: Maragón, Tengo Amores, Las Monitas y Tucunare. Estas tierras suman un total de 1.378 hectáreas que anteriormente estuvieron vinculadas a actividades ilegales y ahora serán aprovechadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

La finca Maragón, con 710 hectáreas aptas para la producción de alimentos, fue entregada a la organización Los Laureles. Este predio tiene el potencial de convertirse en un motor agrícola para la región, aportando significativamente a la seguridad alimentaria local. Por su parte, la finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, se destinó a proyectos de piscicultura y agricultura.

Resistencia en la recuperación de tierras

El proceso de recuperación de las propiedades no estuvo exento de desafíos. Durante la diligencia de entrega de la finca Nuevo México, funcionarios de la SAE fueron víctimas de hostigamientos por parte de abogados que representaban a ocupantes irregulares. Estos abogados obstaculizaron el ingreso de los camiones destinados a trasladar el ganado presente en la finca y agredieron verbalmente a los funcionarios.

Incluso, personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público que acompañaban la diligencia reportaron dificultades en el desempeño de sus funciones debido a la actitud violenta de los abogados. Este incidente refleja las tensiones que persisten en el proceso de restitución de tierras en Colombia, donde aún se enfrentan desafíos por parte de quienes buscan mantener el control sobre propiedades obtenidas de manera irregular.

Compromiso gubernamental con el desarrollo rural

La entrega de estas tierras responde al compromiso del Gobierno Nacional de restituir terrenos a quienes más lo necesitan y convertir estos espacios en motores de desarrollo rural. Los terrenos entregados estaban relacionados con delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, y ahora serán utilizados para impulsar la economía rural y mejorar las condiciones de vida en la región. La transferencia busca transformar estos espacios improductivos en zonas agrícolas activas, generando empleo y estabilidad para las comunidades campesinas.

Transformando la economía rural en Córdoba

Con estas entregas, el gobierno reafirma su política de redistribución de tierras, devolviendo a las comunidades rurales terrenos que en el pasado fueron utilizados para fines ilícitos. La esperanza es que, con la adecuada gestión y el apoyo institucional, estas tierras se conviertan en un pilar para el desarrollo económico y social de Córdoba, promoviendo la equidad y el bienestar en el campo.

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