El consorcio ganador fue Estructura Plural Línea Férrea, que tendrá a su cargo la reactivación férrea por este corredor durante los próximos diez años.

De acuerdo con la ANI, Estructura Plural Línea Férrea obtuvo la más alta calificación en la evaluación técnica y financiera, así como la mayor calificación en la oferta económica que superó los $2,27 billones, la más alta entre los oferentes que participaron en el concurso de méritos.

El consorcio ganador lo integran las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos SA, que tienen el 75 % de participación en Estructura Plural Línea Férrea; Transporte Ferroportuario de Colombia – Transferport SAS, que tiene el 15 %, y CI y Colombian Natural Resources I SAS

«Hoy es un día histórico para Colombia. Estamos dando un gran impulso al desarrollo de nuestro país, cumplimos con uno de los compromisos más importantes del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Este proyecto potenciará la intermodalidad con los puertos. Llevamos a cabo un proceso transparente y riguroso», aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

«Atendiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro, el Gobierno logró la reactivación del tren en Colombia. Fue un proceso transparente que permitirá impulsar la intermodalidad en el país, generando empleo y riqueza para los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, en 25 municipios», aseguró Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

El corredor, de 522 kilómetros de extensión, va desde La Dorada (Caldas) y atraviesa los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Cocorná, Puerto Nare y Puerto Berrío (Antioquia); Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro (Santander); San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná, (Cesar).

El corredor férreo

El ganador de la licitación tendrá que realizar, entre otras, las siguientes obras: el cambio de 210 km de riel de 75 lb/yd a 115 lb/yd, cambio de traviesas de concreto, mejoramiento de balasto, puesta a punto de material rodante, construcción de un edificio administrativo, un Centro de Control Operativo, dos talleres para el mantenimiento de trenes y un Centro de Transferencia de Carga que estará ubicado en el municipio de La Dorada desde donde se implementará el sistema de señalización, comunicación y control de trenes de alta tecnología.

La APP La Dorada-Chiriguaná, que tiene una inversión proyectada de $ 3,4 billones (a precios de diciembre/2023), generará 32 mil empleos directos e indirectos; Permitirá disminuir 37 mil toneladas de CO2 al año, y beneficiará a 400 mil habitantes de 25 municipios de los departamentos por los que atraviesa el corredor: Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.

También se tiene prevista la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches, y la reubicación de dos instituciones educativas: Santo Domingo y San José, en Cimitarra (Santander), que se encuentran dentro de la franja operativa del proyecto.

Estas obras de infraestructura permitirán que el Gobierno nacional impulse la estrategia intermodal de aprovechar al máximo los modos carretero, aeroportuario, fluvial y portuario, en complementariedad con la red férrea, desde el centro del país hasta los puertos del Caribe colombiano.

Además, mejorará la logística con la reducción hasta en 20 % los costos del transporte de carga y en mejores condiciones de operatividad.

Precisamente, el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná conectará el interior del país con los puertos del Caribe colombiano. En 2022 por este corredor se movilizaron 89.336 toneladas de carga; en 2023 la cifra aumentó a 182.810 toneladas de carga, y en 2024 más de 225.000 toneladas, la cifra más alta de carga transportada por vía férrea en los últimos 5 años.

El Gobierno aspira a que en los diez años de la licitación el transporte de mercancías supere los 2,8 millones de toneladas anuales.

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Los transportadores de carga en Antioquia confirmaron que no habrá paro camionero durante el puente de Reyes, a pesar de la difícil situación que enfrenta el gremio. Aunque persisten en asamblea permanente, han garantizado que los desplazamientos y retornos de los viajeros no se verán afectados en esta temporada. Sin embargo, las tensiones en el sector aumentan por los altos costos de operación, como el alza en los peajes y el precio del combustible.

Transportadores garantizan normalidad durante el puente de Reyes

A través de un comunicado oficial, el gremio de transportadores de carga en Antioquia aseguró que los valores del transporte no presentarán alteraciones y que los viajeros podrán movilizarse sin inconvenientes durante el puente festivo. Esta decisión busca evitar mayores tensiones en un contexto en el que el malestar entre los transportadores ha ido en aumento.

Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, explicó que aunque la situación es compleja, aún no se ha declarado una “hora cero” para iniciar un paro nacional. Sin embargo, enfatizó que el gremio sigue evaluando las acciones a tomar dependiendo de las respuestas que brinde el Gobierno Nacional.

Protestas intermitentes y demandas al Gobierno

En las últimas horas, se registró un bloqueo intermitente en la vía Medellín-El Santuario, específicamente en la entrada Zamora, como una forma de protesta. Estas acciones, aunque limitadas, buscan visibilizar las dificultades económicas que afectan al gremio, entre las cuales destacan el aumento en los costos operativos y la falta de soluciones concretas por parte del Gobierno.

Los transportadores han insistido en la necesidad de acciones inmediatas para mitigar los efectos de los altos precios de los peajes y el combustible, que están golpeando la estabilidad del sector. Según Quiceno, las reuniones que se han llevado a cabo son un primer paso, pero el comportamiento del gremio dependerá de la efectividad de las soluciones planteadas por el Ejecutivo.

La incertidumbre se extiende a otras regiones del país

Aunque en Antioquia se ha descartado un paro inmediato, algunos gremios en otras regiones del país aún consideran esta posibilidad, lo que mantiene la incertidumbre en el sector. Las decisiones que tome el Gobierno Nacional durante las próximas semanas serán determinantes para evitar un colapso en la cadena de transporte y distribución de carga.

En este sentido, el gremio transportador insiste en la importancia de que las autoridades no solo atiendan las demandas de los camioneros, sino que también establezcan políticas a largo plazo que garanticen la estabilidad del transporte en el país.

El puente de Reyes será un momento clave para medir el impacto de las decisiones tomadas hasta ahora. La disposición de los transportadores de no afectar la movilidad durante este periodo festivo refleja el compromiso del gremio con la ciudadanía, pero también evidencia la urgencia de soluciones estructurales.

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En un comienzo de año turbulento, el gremio de transportadores de carga en Colombia ha anunciado un paro nacional a partir del 6 de enero a las 12:00 de la medianoche. Esta medida, que amenaza con afectar el flujo de mercancías y la movilidad en todo el país, se debe al presunto incumplimiento de un acuerdo nacional por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: La manzana de la discordia

El alza en el precio del diésel (ACPM) es el principal detonante del paro.

El gremio de transportadores argumenta que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de revisar la fórmula para determinar el precio del diésel, la cual, según ellos, no refleja los costos reales de operación. Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), denuncia que «nos quieren cobrar en dólares cuando ganamos en pesos», haciendo referencia a la intención del Gobierno de equiparar el precio del combustible al valor internacional.

Un historial de tensiones y acuerdos incumplidos

Las negociaciones entre el Gobierno y los transportadores se han caracterizado por la falta de consenso.

Durante 2024, se llevaron a cabo más de 10 mesas de negociación sin llegar a un acuerdo definitivo. En agosto del mismo año, un paro camionero obligó al Ejecutivo a retroceder en un aumento de $1.900 en el precio del galón de ACPM. El acuerdo firmado en ese momento incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que entró en vigor en diciembre de 2024. Sin embargo, los transportadores alegan que el Gobierno no ha cumplido con otros puntos del acuerdo, como la revisión del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-tac).

Incertidumbre ante nuevos incrementos

A pesar de las tensiones, el 1 de enero de 2025 el precio del ACPM subió $169 por galón, mientras que la gasolina aumentó $91 por galón.

Aunque el Gobierno ha justificado estas alzas como «indexaciones reglamentadas», los transportadores las consideran un agravio a su situación económica. La posibilidad de un nuevo paro camionero se mantiene latente, lo que genera incertidumbre en un país que aún se recupera de las consecuencias del paro de 2024. La falta de diálogo efectivo ha erosionado la confianza del gremio transportador. Es fundamental que se retomen las negociaciones y se busquen soluciones que atiendan las demandas de los transportadores sin afectar la economía nacional.

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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha presentado un borrador con las tarifas propuestas para el Soat de 2025. Este documento preliminar busca establecer las nuevas tarifas que regirán desde el 1 de enero de 2025 y está abierto a observaciones ciudadanas antes de su aprobación definitiva.

¿Qué es el Soat y por qué es obligatorio?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es una póliza indispensable para todos los vehículos que circulan por el territorio colombiano. Su función principal es garantizar la atención médica a las víctimas de accidentes de tránsito, ya sea que el conductor responsable cuente con seguro o no.

La SFC tiene la responsabilidad de fijar las tarifas máximas que los aseguradores pueden cobrar por este seguro. El valor del Soat varía según el tipo de vehículo y su antigüedad, lo que permite ajustar los costos a las características específicas de cada medio de transporte.

Tarifas preliminares para el Soat en 2025

La propuesta de la Superintendencia incluye ajustes para motos, carros familiares, camperos, vehículos de carga y otros tipos de transporte. A continuación, se presentan algunas de las tarifas estimadas:

Tarifas para motocicletas

• Ciclomotores: $76.200
• Menos de 100 c.c.: $158.800
• De 100 a 200 c.c.: $213.300
• Más de 200 c.c.: $497.100

Tarifas para camperos y camionetas

• Menos de 1.500 c.c. (0-9 años): $517.800 | (+10 años): $622.700
• Entre 1.500 y 2.500 c.c. (0-9 años): $618.500 | (+10 años): $733.000
• Más de 2.500 c.c. (0-9 años): $725.800 | (+10 años): $833.000

Estas cifras son preliminares y estarán sujetas a ajustes tras el periodo de comentarios de la ciudadanía.

Tarifas para otros tipos de vehículos

Vehículos de carga

• Menos de 5 toneladas: $580.400
• Entre 5 y 15 toneladas: $838.600
• Más de 15 toneladas: $1.060.800

Carros familiares

• Menos de 1.500 c.c. (0-9 años): $291.400 | (+10 años): $386.900
• Entre 1.500 y 2.500 c.c. (0-9 años): $355.200 | (+10 años): $442.200
• Más de 2.500 c.c. (0-9 años): $415.100 | (+10 años): $492.600

Transporte público

• Urbano (buses y busetas): Tarifa única de $419.700
• Intermunicipal (menos de 10 pasajeros): $414.900 | (10 o más pasajeros): $602.400

Período de observaciones y ajustes

La Superintendencia Financiera ha abierto un plazo para que la ciudadanía presente observaciones al borrador antes de emitir la versión definitiva de las tarifas. Este proceso busca garantizar que los costos del Soat sean equitativos y reflejen los cambios en los costos asociados al servicio.

El ajuste anual del Soat genera amplio interés entre los conductores colombianos, pues impacta directamente en sus finanzas y en la seguridad de las víctimas de accidentes viales.

Lo que viene para el Soat 2025

Se espera que las tarifas definitivas sean anunciadas en los próximos días, una vez concluya el periodo de comentarios. El nuevo esquema de precios entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025, permitiendo a los conductores actualizar sus pólizas conforme a las disposiciones establecidas.

La importancia del Soat como herramienta de protección para los usuarios de las vías sigue siendo un tema de debate. La necesidad de encontrar un balance entre tarifas justas y una cobertura efectiva continúa siendo un desafío para las autoridades y las aseguradoras.

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El gobierno de Gustavo Petro ha presentado un ambicioso proyecto para construir un corredor férreo que conectará el puerto de Tumaco, en el Pacífico, con el río Orinoco, creando una alternativa estratégica al Canal de Panamá. Este plan, considerado una de las apuestas más importantes para la modernización del transporte en Colombia, promete impactar la logística nacional y posicionar al país como un nodo clave en el comercio global.

Una conexión estratégica entre océanos

El corredor férreo Tumaco-Orinoco busca unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de un sistema ferroviario que atraviesa el Valle del Patía y el piedemonte amazónico. Este proyecto pretende convertirse en una opción más rápida y cercana que el Canal de Panamá para el transporte de carga internacional.

Según el presidente Gustavo Petro, la primera fase del proyecto se enfocará en el tramo Villavicencio-Puerto Gaitán, cuyos estudios iniciales ya están avanzados. “Tratar de pasar el nudo de los Pastos sería costosísimo, pero es posible descender lentamente por el piedemonte hasta conectar con las salidas hacia la Orinoquía y el Orinoco”, explicó Petro en Cartagena.

El proyecto tiene como objetivo principal reducir los costos logísticos en Colombia y aumentar la competitividad de las exportaciones nacionales. Esta ruta multimodal incluirá la conexión con el río Meta, lo que fortalecerá las capacidades del país para transportar grandes volúmenes de mercancías a menores costos.

Una región agroalimentaria con potencial global

El trazado del corredor férreo atraviesa una región identificada como una de las más prometedoras para la producción agroalimentaria en América del Sur. Con características comparables a Ucrania, pero con mayores recursos hídricos y sin vulnerabilidades geopolíticas, esta zona podría convertirse en un motor económico para el país.

Petro destacó que esta iniciativa no solo beneficiará el transporte, sino que potenciará el desarrollo agroindustrial en una región estratégica. Con acceso mejorado a mercados nacionales e internacionales, los agricultores y empresarios locales tendrán la oportunidad de aumentar su productividad y competitividad.

Además, este proyecto contribuirá a descentralizar el desarrollo económico, impulsando la inversión y el crecimiento en zonas históricamente marginadas.

Infraestructura militar y electrificación

La construcción del tramo Villavicencio-Puerto Gaitán estará a cargo del Batallón de Ingenieros Militares, el cual ha recibido capacitación especializada para ejecutar este tipo de obras civiles. Este segmento establecerá un sistema de transporte multimodal que combine la red férrea con el transporte fluvial, conectando directamente con el río Meta.

Otro aspecto clave del proyecto es la electrificación del sistema ferroviario, lo que no solo mejorará la eficiencia energética, sino que también reducirá el impacto ambiental del transporte de carga. Este enfoque sostenible se alinea con las políticas del gobierno para modernizar la infraestructura del país y promover el desarrollo económico sostenible.

Implicaciones estratégicas para Colombia

Este proyecto no solo tiene implicaciones económicas, sino también estratégicas para Colombia. Al ofrecer una alternativa al Canal de Panamá, el corredor férreo Tumaco-Orinoco podría reposicionar al país como un actor clave en el comercio global.

Aunque la construcción de esta infraestructura enfrenta desafíos técnicos significativos, como el cruce de la cordillera, el gobierno confía en que la inversión de 60 billones de pesos en vigencias futuras garantizará su viabilidad.

Petro subrayó que esta iniciativa refleja el legado de “los abuelos pastuzos”, quienes visualizaron esta conexión como una solución a los problemas geográficos que limitan el desarrollo logístico del país.

Un paso hacia la transformación logística

Con la implementación de este proyecto, el gobierno busca transformar de manera integral el sistema de transporte en Colombia, reduciendo costos, aumentando la eficiencia y fortaleciendo la competitividad de las exportaciones. La apuesta por un corredor férreo interoceánico marca un hito en la visión estratégica de infraestructura del país, y sus efectos podrían consolidar a Colombia como una potencia logística en la región.

¿Qué opinas sobre este ambicioso proyecto ferroviario? Comparte tus comentarios y perspectivas.

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En una medida que busca promover la equidad entre motociclistas y conductores de vehículos en Colombia, el Congreso de la República sancionó una nueva ley que elimina la inmovilización de motocicletas por infracciones menores de tránsito. La iniciativa, impulsada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y sancionada a pesar de una objeción del presidente Gustavo Petro, modifica la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y es vista como un cambio significativo en la regulación del tránsito en el país.

Nueva ley prohíbe inmovilización de motos por infracciones menores

La sanción de esta nueva ley, impulsada por Cepeda, fue anunciada como un esfuerzo por “saldar una deuda de equidad con los motociclistas del país”. A través de esta medida, se busca reducir los costos y los inconvenientes que generan las inmovilizaciones de motocicletas por infracciones menores, promoviendo a la vez una mayor igualdad frente a la normativa que rige el tránsito tanto para motociclistas como para conductores de vehículos.

El presidente del Senado enfatizó la importancia de esta reforma en la legislación, señalando que “se trata de un cambio necesario para evitar las cargas desproporcionadas sobre los motociclistas”. Esta iniciativa, según Cepeda, refleja un compromiso por equilibrar los derechos y las responsabilidades de los conductores, sin recurrir a sanciones excesivas.

Detalles de las infracciones menores que ya no conllevan inmovilización

La nueva ley establece una lista de infracciones menores de tránsito por las cuales las motos ya no podrán ser inmovilizadas. Entre estas se encuentran:

• Transitar en contravía: Una infracción que, aunque sigue siendo sancionada, no implica la retención del vehículo.
• No detenerse ante una luz amarilla o roja: Situaciones comunes en las vías urbanas, que ahora se abordan sin inmovilización.
• Estacionamiento en sitios prohibidos: Las motos que se dejen en áreas no autorizadas no serán inmovilizadas, aunque los conductores serán responsables de la infracción.
• Conducción en aceras: Aunque se considera una infracción que puede afectar la seguridad peatonal, su sanción no incluirá la retención del vehículo.
• Adelantamiento en túneles o curvas: Situaciones que ponen en riesgo la seguridad vial, pero que no justificarán la inmovilización de la moto.

Estas modificaciones promueven la educación y la responsabilidad en la conducción sin recurrir a sanciones que afecten gravemente la movilidad y la economía de los conductores de motocicletas.

Modificaciones en el Código Nacional de Tránsito

La ley aprobada realiza cambios específicos en los artículos 135 y 136 de la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el objetivo de actualizar las sanciones en función de su impacto real sobre la seguridad vial y la economía de los motociclistas.

Al modificar estos artículos, el Congreso busca establecer una legislación que, aunque mantiene las sanciones correspondientes a infracciones, elimina la necesidad de inmovilizar vehículos por faltas que no representan una amenaza inmediata para la seguridad vial.

Respuesta del Gobierno y perspectivas de seguridad vial

A pesar de la objeción inicial presentada por el presidente Gustavo Petro, el Congreso avanzó en la sanción de esta ley con una perspectiva de mejoría en la relación entre el Gobierno y los motociclistas del país. Para el Gobierno, es fundamental que esta reforma esté acompañada de un esfuerzo por parte de los motociclistas para respetar las normas y evitar infracciones.

En este sentido, el presidente del Senado destacó que “el compromiso en adelante es avanzar hacia una mayor responsabilidad como conductores que contribuya a la seguridad vial”. Esta afirmación subraya que, aunque se eliminan ciertas sanciones, la responsabilidad sigue recayendo en los conductores, quienes deberán respetar la normativa para garantizar la convivencia en las vías.

Impacto en la movilidad y en la economía de los motociclistas

La eliminación de la inmovilización por infracciones menores de tránsito representa una reducción de los costos para los motociclistas, quienes ya no tendrán que cubrir los gastos asociados con la retención de sus vehículos, como tarifas de patios y trámites administrativos. Este cambio no solo facilita la movilidad de quienes dependen de sus motos para desplazarse, sino que también representa un alivio económico importante en un contexto en el que muchas personas utilizan motocicletas como medio de trabajo y transporte.

Con esta nueva legislación, se espera que la seguridad vial se fortalezca a través de una mayor educación y concienciación en lugar de sanciones estrictas que afecten la movilidad.

Esta reforma marca un paso importante hacia una normatividad de tránsito más equitativa y ajustada a las realidades de los motociclistas en Colombia.

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El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha tomado una decisión trascendental para reactivar la infraestructura férrea del país. El Ejército Nacional ha sido designado para construir el ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán, un proyecto de gran envergadura que busca conectar la región del Pacífico con la Orinoquía. Este corredor ferroviario es parte de un plan multimodal cuyo objetivo es mejorar la conectividad interna y fomentar el comercio entre las diferentes regiones del país.

Un proyecto clave para la conectividad

El ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán será inicialmente destinado al transporte de carga, aunque se proyecta que a largo plazo también pueda ser utilizado para el transporte de pasajeros. Esta obra, que constituye una parte fundamental del plan de infraestructura del Gobierno, permitirá no solo dinamizar el comercio en la región, sino también ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y sostenible.

El proyecto ha sido bien recibido por varios sectores, que ven en esta iniciativa un avance significativo para la reactivación del sistema ferroviario en Colombia. La conexión entre Villavicencio y Puerto Gaitán es esencial para integrar al oriente colombiano con el Pacífico, facilitando el intercambio comercial y reduciendo los tiempos de transporte.

El Ejército toma el mando de la construcción

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la participación del Ejército Nacional en la construcción del ferrocarril. La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, confirmó que los ingenieros militares asumirán la responsabilidad de esta obra estratégica, lo que refuerza la capacidad del Ejército en materia de infraestructura.

El comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, brigadier general Ricardo Roque Salcedo, anunció que el batallón asignado a esta tarea será activado formalmente el 4 de octubre. Este batallón especializado estará conformado por 1.200 militares, capacitados en México por expertos que trabajaron en la construcción del Tren Maya, una obra de gran envergadura en ese país. La experiencia adquirida por los militares será clave para asegurar el éxito del proyecto colombiano.

Capacitación y planificación

El entrenamiento y la planificación han sido aspectos clave para el éxito de este proyecto. El general Jorge Hernández, comandante de los ingenieros militares, señaló que han llevado a cabo amplios procesos de preparación para garantizar que los hombres y mujeres del Ejército estén adecuadamente capacitados para enfrentar los desafíos que plantea la construcción de este corredor férreo.

Aunque aún no se ha definido un cronograma exacto para el inicio de las obras, se sabe que el proyecto se desarrollará por fases, debido a las complejidades que presenta tanto en términos ambientales como sociales y económicos. No obstante, las autoridades han reiterado su compromiso de avanzar con firmeza en cada etapa de la construcción.

Un proyecto con historia

Este ambicioso proyecto no es nuevo. Hace una década, se realizaron estudios de prefactibilidad para la construcción del ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán, pero no se concretaron en su momento. Ahora, con el respaldo del Gobierno y el Ejército, se espera que esta obra finalmente tome forma y se convierta en una realidad.

La ministra García destacó la relevancia histórica de la participación del Ejército en este tipo de proyectos. En el siglo XX, el batallón Francisco José de Caldas jugó un rol crucial en la construcción de diversas infraestructuras férreas en Colombia. Con la activación del nuevo batallón de ingenieros, se recupera una capacidad histórica del Ejército para contribuir al desarrollo del país.

El ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán es solo una pieza del rompecabezas multimodal que el Gobierno planea implementar para conectar las diferentes regiones de Colombia. Esta obra se enmarca en un proyecto más amplio que busca impulsar el comercio y la integración territorial, lo que, en última instancia, beneficiará tanto a las comunidades locales como a la economía nacional.

Un futuro prometedor para el transporte férreo en Colombia

A medida que el Gobierno de Gustavo Petro avanza en la implementación de su plan de infraestructura, el proyecto del ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán destaca como uno de los pilares de esta estrategia. La participación del Ejército no solo garantiza un alto nivel de ejecución técnica, sino también un compromiso institucional con el desarrollo del país.

Con la construcción de este ferrocarril, se espera no solo facilitar el transporte de mercancías entre la Orinoquía y el Pacífico, sino también abrir nuevas oportunidades para la movilidad de pasajeros. Aunque el proyecto enfrenta desafíos, su importancia estratégica es innegable, y el respaldo del Gobierno asegura que se sigan dando pasos hacia su materialización.

Este proyecto ferroviario promete transformar la dinámica del transporte en Colombia y fortalecer la integración entre sus regiones, consolidando así la visión del presidente Petro de un país más conectado y competitivo a nivel internacional.

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Si bien el paro de los transportadores logró afectar amplios sectores de la economía nacional, no alcanzó el abastecimiento en los productos esenciales de la canasta familiar, aunque ya el Ministerio de Agricultura había expedido alertas en este sentido, además de advertir sobre brotes de especulación.

Sectores como el avícola reportaron muerte de animales ante la falta de alimentos, varios lecheros debieron botar el producto ante la imposibilidad del ingreso de los vehículos para su recolección, el gremio bananero también reportó serios problemas para el embarque de la fruta y el acceso de los trabajadores a las plantaciones.

La protesta de los transportadores se realizó en relativa calma, aunque en la tarde de hoy la intervención de la fuerza Pública en Santa Fe de Bogotá generó algunas afectaciones del orden público, sin consecuencias mayores.

Propuesta del Gobierno:

Se planteará hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes.

Se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero.

⁠Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones.

⁠El recambio de camiones en la chatarrización se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de flota.

De las 3.000 empresas intermediarias de carga se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Esas empresas serán investigadas por las Superintendencias y la DIAN.

⁠El precio del diésel subirá gradualmente, de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero.

En Urabá

La afectación en Urabá fue bastante notable especialmente en es sector bananero, muchos trabajadores no lograron llegar a sus puestos de trabajo y mucha fruta se quedó represada en los trancones.

El transporte de pasajeros Urabá-Medellín se vio interrumpida en varios tramos, así como hacia otros destinos del país. Los sitios bloqueados fueron: La vía Zungo Embarcadero, en Carepa, una ruta sensible para el trasporte del banano rumbo a los puertos y hacia el aeropuerto Los Cedros, sectores de Casa Verde, la vía Apartadó Turbo, Chigorodó Mutatá y Mutará-Dabeiba.

Exigencias de los camioneros:

Derogar el acto administrativo que autorizó el incremento del valor del diésel a $13,904 por galón en las estaciones de servicio del país.

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, debe reunirse con los representantes de las bases transportadoras para decidir sobre el futuro del sector y hacer un gran acuerdo nacional del transporte mediante la expedición de decretos presidenciales.

Expedición de un régimen laboral específico para el transportador colombiano.

Implementar un sistema de información de costos eficientes (SICETAC), actualizado en tiempo real, para vehículos de carga liviana y volquetas.

Crear un régimen sancionatorio que sea ejemplar y riguroso para los diferentes actores del transporte, especialmente generadores y empresas de transporte que no cumplan las normas.

Crear el Fondo Nacional del Transporte, que incluya el fondo de reposición para todas las modalidades de transporte.

Tomar acciones legales con la expedición de decretos que obliguen a las autoridades locales, departamentales y nacionales a cumplir lo establecido en la ley, promoviendo la formalidad en el sector.

Recuperar la seguridad en las vías del país.

Promover y aprobar una ley de peajes.

Retomar la política del uno a uno para estabilizar la oferta y la demanda.

Expedir un decreto que reglamente las fotomultas e implementar un programa de cámaras de seguridad en carretera.

Incluir a representantes de bases transportadoras en el Observatorio de Carga de Transporte por Carretera y modificar la resolución que convirtió al OTCC en un club exclusivo.

La Dirección de Transporte y Tránsito debe realizar reuniones regionales con los municipios para resolver la problemática de las restricciones a la carga y su articulación con los planes de movilidad y corredores logísticos.

Regular el servicio especial de pasajeros, sancionando el incumplimiento de la normatividad en la modalidad, así como la prestación del servicio público de pasajeros en vehículos de placa amarilla y el renting.

Realizar una mesa interinstitucional mensual con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y la Superintendencia de Transporte para garantizar que los acuerdos eventualmente suscritos con el presidente se cumplan de manera proactiva.

¿Qué lograron?:

Los siguientes son los aspectos fundamentales del acuerdo firmadlo entre las partes, lo que permitirá desmontar desde este momento el paro:

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El paro camionero decretado a nivel nacional desde el pasado 30 de agosto sigue en pie, afectando todos los renglones de la economía y actividades rutinarias de los colombianos.

En la región de Urabá se han registrado bloqueos esporádicos en Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, interfiriendo seriamente la producción bananera, la actividad educativa y la producción en general ante la falta de una adecuada y segura movilidad.

Augura (Asociación de bananeros de Colombia) por ejemplo, rechazó el bloqueo de vías y pidió al gobierno nacional medidas urgentes

“El bloqueo de estas vías principales ha generado una interrupción significativa en el transporte de toda la cadena agroindustrial de las regiones, incluyendo el transporte de banano, una fruta perecedera y uno de los productos de exportación más representativos de Colombia.

Asi mismo, afecta la movilidad de sus trabajadores y demás actores de la cadena agroindustrial.

“El sector bananero genera empleo para más de 150,000 personas en la zona, y su funcionamiento depende en gran medida de la fluidez en la logística y el transporte”, explicó este gremio en su pronunciamiento. Se calcula que por lo menos medio millón de cajas de la fruta se han visto afectadas por este paro en Urabá y Magdalena.

Reclamos el gremio

Las siguientes son las reclamaciones de los distintos voceros de los gremios que agrupan el transporte de carga en Colombia:

Derogar el decreto de aumento del diésel en $1.903.

Expedición de un régimen laboral para el transportador colombiano.

Fortalecer la regulación económica del sector con un SICE-TAC “que se actualice en tiempo real”. El SICE-TAC es el sistema de información del Ministerio de Transporte que permite medir o calcular los costos de la operación del transporte, de acuerdo a las características propias de cada viaje (tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros factores).

Implementar un régimen de sanciones para aquellos actores del sector transporte que no cumplan con las regulaciones establecidas.

Establecer un Fondo Nacional de Transporte destinado a financiar la reposición de vehículos y otros recursos necesarios para todas las modalidades de transporte

Acciones contra la ilegalidad en el transporte, como decretos que obliguen a las autoridades a actuar en este sentido.

Promover una ley de peajes.

Un decreto que reglamente las fotomultas y que se implemente un programa de cámaras de seguridad en carretera.

Lo que plantea el gobierno

Por su parte la posición del gobierno plantea los siguientes elementos:

La decisión de ajustar el precio de los combustibles busca evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) siga creciendo.

Con el ajuste en el precio del ACPM que entró en vigencia la semana pasada, el costo por galón pasó de $9.456 a $11.360.

Vale recordar que, en 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones, de los cuales $20 billones correspondían al diésel. En 2023, el déficit fue de $20 billones, con $15,2 billones por el diésel. Este año, sin ajustes, se habrían necesitado $11,6 billones. La ministra de Transporte informó que el incremento de $1.904 por galón, definido el pasado viernes, permitirá ahorrar $1,6 billones este año.

La ministra García agregó que, con el incremento en el diésel, no se trata de “sacarle el dinero del bolsillo al usuario final o al transportador, el déficit de $12 billones al año es real»

Los diálogos

Hoy miércoles se completan tres ciclos de conversaciones entre las partes sin acuerdo a la vista, dado la complejidad y al gran número de organizaciones gremiales del sector, a la primera reunión llegaron 800 delegados de los transportadores, quienes para colmo están divididos en varias tendencias y acusaciones entre ellos, incluyendo a quienes advierten desde el mismo gremio que se trata de “un paro político contra el gobierno”

Entre tanto los bloqueos continúan convirtiendo en verdaderos infiernos capitales como Bogotá y Medellín, entre otras.

Algunos gremios

Los siguientes son algunos de los medios en le mesa de negociación con el gobierno:

Cámara Intergremial del Transporte – Unidos, y Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar),  Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Defensa para el transporte terrestre de carga (Defencarga),  Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), Servicio Especial de Transporte, Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Asociación Nacional de Transportadores (ANT), Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), Asamblea Nacional del Transporte, Sindicato Nacional De Conductores Y Propietarios (Sinalco)

Acciones del gobierno

Por su parte desde el gobierno nacional han anunciado algunas medidas tendientes a mitigar los efectos del paro, el Ministerio de Agricultura y el propio presidente de la República instalaron puesto de mandos unificados

En este sentido, el Ministerio instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) del sector, que trabaja en coordinación permanente con el Ministerio de Transporte para monitorear la situación de abastecimiento alimentario a nivel nacional. 

Este monitoreo pretende identificar rápidamente las áreas afectadas y activar planes de contingencia, rutas alternas y corredores de abastecimiento, con el objetivo de minimizar el impacto en productores y consumidores.

“El presidente Gustavo por su parte lidera el Puesto de Mando Unificado en la atención al paro camionero que comenzó el pasado viernes 30 de agosto en el país. 

Allí está escuchando las propuestas y pliego de peticiones que hacen diferentes gremios, además de las soluciones y consensos con los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Transporte y Energía.

Los pequeños transportadores dicen que hay situaciones que les preocupa más que el incremento en los precios del ACPM en Colombia. Entre las principales preocupaciones están las inconsistencias en los pagos de los fletes, la saturación del mercado de vehículos y la posible presencia de lavado de activos en el sector.
Uno de los problemas más acuciantes es la discrepancia en los pagos de fletes. Los transportadores han señalado que la actual estructura de pagos no refleja adecuadamente el costo de los servicios prestados” dijo la Casa de Nariño.

Mintransporte

María Constanza García, ministra de Transporte aseguró que está abierta al diálogo y en espera de contrapropuesta por parte del gremio de transportadores.

Por lo pronto se reanudaron las conversaciones sobre las 2:00 p.m. de hoy 4 de septiembre en Bogotá. 

El presidente Gustavo Petro se pronunció de nuevo en medio de la jornada del paro camionero que hay en el país desde el pasado 30 de agosto, por el aumento del precio del ACPM. 

El mandatario hizo una sugerencia para los trabajadores del transporte, en medio del paro: la creación de un sindicato. También en la democratización del transporte y resolver la agenda de los pequeños camioneros del país. 

Estos camioneros denuncian que son sometidos a injustas subastas para contratar sus servicios y no les pagan el valor establecido de los fletes, explicó el mandatario de los colombianos. (fotos Potafolio-El Espectador-RTVC)

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A medida que se acerca la fecha prevista para el paro nacional de camioneros, la tensión en el sector del transporte en Colombia sigue en aumento. Representantes de los pequeños y medianos transportadores, que constituyen el 80% del gremio, han manifestado su rechazo a la movilización. Según ellos, esta huelga ha sido impulsada por grandes empresarios del sector, quienes además son responsables de la explotación laboral que muchos conductores enfrentan.

Rechazo al paro nacional de camioneros

El paro, que inicialmente fue convocado para protestar contra el incremento en los precios del ACPM, ha generado un fuerte debate dentro del gremio. Los pequeños y medianos transportadores, liderados por voceros como Arsi Ramírez, consideran que esta movilización no representa sus intereses. Ramírez ha sido enfático en señalar que «no estamos de acuerdo con este paro porque es convocado justamente por empresarios del transporte que han desplazado a los pequeños y medianos transportadores. Nosotros no podemos apoyar un paro en contra de los precios del ACPM; hay muchos factores que están afectando a las finanzas del Estado».

Denuncias de pagos para participar en el paro

Además de rechazar la huelga, los pequeños y medianos transportadores han denunciado irregularidades en su organización. Se han reportado casos en los que algunos conductores han recibido pagos de hasta 150.000 pesos para unirse a la manifestación. Según información que circula en grupos de WhatsApp, estos montos se ofrecen a quienes decidan sumarse al paro, lo que, según Ramírez, es un intento de coerción hacia los trabajadores. Muchos de ellos temen perder sus empleos si no se adhieren a la protesta.

Impacto económico del paro en la canasta familiar

Otro aspecto relevante en esta controversia es el impacto económico que el paro podría tener en la población. Luis Rodríguez, otro representante de los pequeños y medianos transportadores, ha subrayado que el efecto en la canasta familiar será mínimo, contrario a lo que han especulado algunos sectores. Rodríguez afirmó que «los especuladores se han valido de esto para subir indiscriminadamente los precios de la canasta familiar. Esperamos que el gobierno tome medidas para mitigar el aumento».

Debate sobre el precio del ACPM

El precio del ACPM ha sido el punto central de esta controversia. A pesar de que el costo de este combustible ha permanecido congelado durante los últimos 56 meses, algunos sectores han señalado que, considerando la inflación acumulada desde 2020, el precio por galón debería ser $3.600 más alto. Desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se ha propuesto la eliminación del subsidio al ACPM como una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal del país.

Implicaciones fiscales de mantener el subsidio al ACPM

El mantenimiento del subsidio al ACPM tiene implicaciones significativas para las finanzas públicas. Con la inflación en descenso y unas finanzas públicas en situación crítica, mantener el subsidio implicaría cubrir el déficit mediante un subsidio cruzado entre la gasolina y el ACPM, o forzar al gobierno a destinar recursos del Presupuesto General que podrían ser utilizados en otras áreas más urgentes. Esta situación plantea un dilema fiscal que el gobierno deberá resolver en el corto plazo.

El debate sobre el paro de camioneros en Colombia ha puesto de manifiesto las profundas divisiones dentro del gremio de transportadores. Mientras los grandes empresarios impulsan la movilización para protestar por los precios del ACPM, los pequeños y medianos transportadores, que constituyen la mayoría del sector, rechazan la huelga y denuncian las prácticas coercitivas que se están utilizando para garantizar su éxito. La situación plantea desafíos no solo para el sector del transporte, sino también para la sostenibilidad fiscal del país.

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