Daniel Ortega y Rosario Murillo acusados de crímenes de lesa humanidad
Argentina emite orden de captura internacional contra Ortega y Murillo por violaciones a derechos humanos.
31 de diciembre de 2024
Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo, y de una docena de colaboradores por la presunta violación sistemática de derechos humanos en el país centroamericano. Esta medida se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde hayan ocurrido.
Orden de captura y fundamento legal
El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la emisión de órdenes de detención internacional contra Ortega y Murillo. Según Darío Richarte, abogado impulsor del caso, esta resolución es el resultado de casi dos años y medio de investigaciones exhaustivas.
Richarte, quien es profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, explicó que el caso se fundamenta en graves crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y traslados forzosos de población, entre otros. Esta denuncia se presentó ante los Tribunales Federales de Argentina el 26 de agosto de 2022, con el apoyo de estudiantes de Derecho de dicha universidad.
Acusaciones contra el régimen de Ortega
El abogado calificó al gobierno de Ortega y Murillo como «la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente». Además, destacó que el proceso judicial incluye testimonios de víctimas bajo reserva de identidad y un análisis detallado del contexto social y político de Nicaragua desde abril de 2018.
La denuncia también identifica las etapas de lo que se describe como un «plan criminal de represión», el cual se ha intensificado con el paso del tiempo. «Un poco de justicia para tantas víctimas», expresó Richarte al referirse a esta resolución judicial.
El rol de la comunidad académica
Este caso surgió como iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes, junto a sus profesores, impulsaron una denuncia probono. Richarte señaló que, desde el inicio, el compromiso de los estudiantes y docentes ha sido clave para avanzar en el caso, enfrentándose al horror de las violaciones cometidas por el régimen nicaragüense.
A lo largo de los dos años de investigación, el equipo académico amplió la acción judicial conforme se identificaron nuevas violaciones a los derechos humanos. La implicación de las estructuras estatales, policiales, militares y paramilitares también forma parte del caso, dado que se considera que estas entidades han sido responsables de los crímenes documentados.
Nicaragua bajo control absoluto
En un contexto político adverso, el Congreso nicaragüense, completamente alineado con el oficialismo, aprobó el 22 de noviembre de 2024 una reforma constitucional que consolidó el control absoluto de Ortega y Murillo sobre los poderes del Estado. Esta reforma, según expertos, refuerza el autoritarismo y dificulta aún más cualquier intento de oposición.
Mientras tanto, el gobierno nicaragüense ha enfrentado condenas internacionales por parte de organismos de derechos humanos y países democráticos que exigen el fin de las represiones y la liberación de presos políticos.
El caso impulsado desde Argentina representa una luz de esperanza para las víctimas y sus familias, que han luchado durante años por justicia. La orden de captura internacional marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad en América Latina.
Un proceso con impacto regional
El principio de jurisdicción universal aplicado en este caso podría abrir la puerta a investigaciones similares en otros países. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de esta resolución como una herramienta clave para combatir crímenes de lesa humanidad en regímenes autoritarios.
Richarte subrayó que este es solo un paso en un camino largo, pero necesario, para garantizar que las víctimas encuentren justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
