El hundimiento de la Consulta Popular

Camilo Cruz Merchan*/Análisis de la Noticia/razonpublica/El Pregonero del Darién

El país necesita reformas estructurales en el ámbito social; más allá de si la iniciativa presidencial era o no la correcta para las realidades del mercado laboral contemporáneo, el que se aplace la discusión arriesga el desinterés de la ciudadanía por la política electoral como vía para la solución de controversias públicas.

El hundimiento

El fracaso de la reforma laboral y de la consulta popular constituye un episodio más de las tensiones entre el Gobierno y el Legislativo, especialmente con el Senado, tensiones que no solo marcan un claro escenario de gobierno dividido, una situación extraña para nuestra democracia caracterizada por la inalterable condición de gobiernos de coalición, sino que sin duda marca una confrontación directa entre ambos poderes. 

Pero, a diferencia de otros espacios de confrontación, con la votación y las imágenes de la accidentada sesión ya decantadas, la reflexión en torno a este episodio conduce a considerar un riesgo a largo plazo: la frustración del electorado ante la incapacidad política del Ejecutivo y del Legislativo para dar respuesta a las necesidades del país.

El mandato de las dificultades (autoinfligidas)

Para un gobierno que desde el día uno ha gobernado en un contexto de constantes crisis internas y de confrontación con los demás poderes públicos, con la prensa, los sectores empresariales e incluso, por momentos, con el gobierno de Estados Unidos, un escenario de fracaso de su agenda legislativa, como lo es el hundimiento de la consulta popular, marca a un año largo del fin del período presidencial, sin duda el agotamiento de las posibilidades de dejar un legado simbólico.

De haber iniciado el mandato con una coalición mayoritaria, la relación Ejecutivo- Legislativo ha pasado a estar dominada por una postura categorizable como recalcitrante   desde el Senado a las iniciativas del Gobierno. La última gran victoria del Ejecutivo en el Legislativo, la Reforma al Sistema General de Participaciones, tuvo su origen como iniciativa parlamentaria, lo cual en la práctica es una rareza para un Congreso tradicionalmente reactivo. 

La ruptura de la relación se ha caracterizado por un inusitado y poco institucional lenguaje despectivo del presidente hacia el presidente del Congreso y en general hacia los senadores. Pero también por una también inusitada celebración de los integrantes de la Cámara alta de sus negativas a las iniciativas presidenciales. Ya había ocurrido cuando, sin debate previo, los ponentes de la Comisión séptima prefirieron hundir la Reforma Laboral. 

También el fracaso de la posibilidad de la consulta deja en duda el valor de la incorporación de Armando Benedetti, quien con su llegada provocó un cisma profundo entre el mandatario y el ala de izquierda del gabinete. Si bien la tarea del ministro de Interior a estas alturas del período presidencial resulta compleja, más centrada en las futuras elecciones de 2026, sin duda la consulta era una pieza clave en la movilización electoral, pero por sobre todo en la posibilidad de reconstruir el aura de cambio que movilizó Petro en 2022. 

Por ahora, la figura de Benedetti solo ha resultado en costos políticos. Cuestión que, más allá de las desavenencias que entre la ciudadanía pueda o no generar el ministro, deja en entredicho la capacidad del Ejecutivo por construir sólidos equipos de gabinete y sobre todo, de leer el país político y la función administrativa. 

El problema principal radica en que, a diferencia de otras reformas del Ejecutivo que han fracasado, la Reforma Laboral tuvo un amplio proceso de discusión y concertación pública, de la mano de la capacidad consensual de la exministra Gloria Inés Ramírez, artífice de la mayor victoria del Ejecutivo, la Reforma Pensional, aún pendiente de aprobación por la Corte Constitucional.

Si bien en su momento los gremios expresaron la falta de mayores consensos, el trámite en la Cámara baja permitió la construcción de acuerdos parciales entre partidos políticos, sectores gremiales y el Gobierno. E incluso desde ámbitos multilaterales como la OCDE existieron pronunciamientos a favor del aumento de las garantías laborales en el país.

Con un escenario de este tipo, el que el ministro de Interior no haya logrado en primer lugar impedir el hundimiento de la Reforma en la Comisión séptima del Senado y posteriormente hubiera fracasado en la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre el tema, es una muestra de su falta de capacidad para construir consensos e incluso, para controlar efectivamente a la bancada de gobierno.

La fracasomanía de la oposición

También es importante resaltar la actitud que ha caracterizado a la oposición política, la cual está empeñada en confrontar de manera constante y directa a la Presidencia. Actitud que, si bien es normal y característica de un sano esquema de Gobierno-oposición, tiene como contraparte la falta de un relato sobre 2026. 

Pues más allá de defender una justificada crítica a los problemas de ejecución del Gobierno, a los escándalos de corrupción alrededor de la Presidencia o la falta de formas e incluso confrontaciones directas entre funcionarios del Ejecutivo, no han logrado construir una imagen sobre el proyecto de país deseado y se conforman con hablar un lenguaje fracasómano  sobre el estado de la sociedad colombiana, panorama que, más que llevar a una indignación y evaluación crítica de la ciudadanía al Ejecutivo, puede a largo plazo conducir a un desinterés o frustración del electorado con los procesos político-electorales.

El país necesita reformas estructurales en el ámbito social; más allá de si la iniciativa presidencial era o no la correcta para las realidades del mercado laboral contemporáneo, el que se aplace la discusión de la transformación de las garantías para la clase trabajadora arriesga no un estallido social, como el que cada bando –Gobierno u oposición– teme o añora, sino un destino más grave, el completo desinterés de la ciudadanía por la política electoral como vía para la solución de las controversias públicas.

El riesgo a largo plazo es que recorra el país una dinámica semejante a la del sistema político de Perú, en donde un Legislativo cada vez más distante de la opinión pública sabe que no tiene responsabilidad alguna ante el electorado, a la vez que puede confrontar Presidencias débiles no bajo un principio de “frenos y contrapesos”, sino como medida de negociación bajo presión. Ruta que a la larga ha marcado para aquel país una abismal distancia entre las instituciones político representativas nacionales con la ciudadanía, lo que deja en las evaluaciones de opinión pública recientes tanto al Congreso como la Presidencia con el 2% de aprobación. 

Por ahora, la tarea en demostrar su valía está en el Legislativo, ya que entre el 19 de mayo y el 22 de junio del presente año deberán probar que la agenda no es únicamente el bloqueo sino la capacidad efectiva de tramitar agendas nacionales. Si no ocurre nada y la reforma agoniza de nuevo, el juicio de su acción ya no será compartido con el Ejecutivo sino enteramente propio. 

Si el revivir la Reforma fue asumido por el Legislativo solo como una estrategia para deslegitimar el llamado a consulta popular, será una estrategia de filibusterismo  muy arriesgada pues, aunque legítimas, este tipo de “jugadas” no son comprendidas por la opinión pública, a quien no le interesa el entretejido de la dinámica interna del Legislativo, sino los resultados. 

El problema es que una cosa es ser un Legislativo de bloqueo, y otra, un hacedor de políticas públicas, peor aún, de una reforma que como está moviliza a una parte del electorado, pero tiene la resistencia directa de una gran parte de los financiadores de campañas políticas, y sin la cubierta del Ejecutivo el costo político de la actuación lo deberá asumir cada uno de los y las legisladoras. 

* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.