Glifosato, erradicación y certificación
El gobierno prometió eliminar el glifosato, pero la compra del herbicida, el fracaso de la sustitución y la amenaza de la descertificación revelan una política atrapada entre la urgencia y la incoherencia.
Sandra Liliana Mejía*/Análisis de la noticia/RazónPública/El Pregonero del Darién
Volvemos al glifosato
El anuncio sobre el posible regreso del glifosato contradice la promesa del presidente Petro a las comunidades cocaleras, a los ambientalistas y al país: no volver a usar un herbicida que ha causado graves daños a la salud humana y animal, ha contaminado fuentes hídricas, deteriorado suelos, afectado la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Sin embargo, el pasado 26 de febrero, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional inició un proceso de contratación para comprar glifosato por 7.700 millones de pesos. Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las aspersiones se harían de manera manual y con concertación previa con las comunidades.
¿Qué había dicho el gobierno?
La Política Nacional de Drogas 2023-2033, titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, promueve un modelo de transición hacia economías lícitas. Las comunidades deben reducir de forma progresiva los cultivos ilícitos hasta eliminarlos, siempre que el Estado cumpla su parte en el desarrollo territorial.
El ministro de Defensa ha asegurado que hay plena coherencia entre las acciones del gobierno y esta política. El enfoque, dice, es atacar las raíces sociales del narcotráfico, hacer inviable lo ilícito y viable lo lícito. Y esto implica sustituir cultivos ilícitos de forma voluntaria, erradicar manualmente y desmontar toda la cadena del narcotráfico, no solo “la mata”.
Según el ministro, en 2025 se ha destruido un laboratorio de cocaína cada dos horas, se han incautado 228 toneladas, se han extraditado 86 narcotraficantes invisibles y se han bombardeado estructuras de los principales carteles. También menciona avances en sustitución: en Vichada se habrían reemplazado 1.200 hectáreas de coca por siembras de cacao.
En este contexto, el glifosato sería un complemento para acelerar la erradicación voluntaria, logrando en un mes lo que tomaría siete meses, pero siempre con acuerdo de los cultivadores.
Problemas de la sustitución
El último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su nombre en inglés) reportó 253.000 hectáreas sembradas con coca en 2023, con aumentos del 10 % frente a 2022.
Las zonas más afectadas siguen siendo Tumaco, Putumayo, Catatumbo y Cauca. La producción de clorhidrato de cocaína alcanzó un récord de 2.664 toneladas, un 53 % más que el año anterior.
como el principal productor mundial de cocaína.
La explicación no es nueva: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha sido un fracaso. Bajo la dirección de Felipe Tascón, ejecutó apenas el 5,8 % del presupuesto asignado: $44.669 millones de $768.900 millones, pese a que el gobierno Petro triplicó los recursos frente a los de Santos y Duque.
El PNIS nació mal: el simple anuncio del programa disparó en cinco veces el área sembrada. A lo largo de sus nueve años, no ha logrado formalizar los acuerdos, ni articularse con otras entidades, ni garantizar los recursos necesarios.
El caso del Catatumbo
Tras la crisis humanitaria en el Catatumbo y el Consejo de ministros del 10 de marzo, la nueva directora del programa, Gloria Miranda, anunció un plan para sustituir 25.000 hectáreas de coca. La propuesta incluye pagos mensuales de $1.280.000 por un año a cada familia cocalera, junto con el impulso de una economía legal basada en la transformación de productos, logística de transporte y comercialización.
La estrategia se complementa con la adecuación de vías y con el Pago por Servicios Ambientales, a cargo del Ministerio de Ambiente. El objetivo, dice la funcionaria, es establecer una economía legal sostenible.
Pero el contexto territorial es adverso. Las zonas de cultivo se encuentran en regiones abandonadas por el Estado, sin vías, escuelas ni servicios de salud, y con fuerte presencia de actores armados.
Programas como el de la Agencia de Renovación del Territorio resultan insuficientes frente a esta realidad. Así las cosas, ni el PNIS ni ninguna otra estrategia de desarrollo alternativo ha logrado recuperar el control político y social de esos territorios.
La amenaza de descertificación
La cooperación antidrogas con Estados Unidos está atada al proceso anual de certificación. Esta práctica, establecida por la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y las Leyes Antidrogas de 1986 y 1988, obliga al presidente de Estados Unidos a evaluar cada septiembre si los países cumplen sus compromisos antidrogas.
Si Colombia fuera descertificada, perdería acceso a fondos clave para la interdicción, el desmonte de organizaciones criminales y la seguridad rural. Y aunque las incautaciones alcanzaron un récord de 960 toneladas en 2024, el área sembrada de coca sigue aumentando, lo que deja al país en una posición frágil.
¿Nuevo enfoque internacional?
A pesar del riesgo de descertificación, Colombia ha dado señales claras de querer cambiar el enfoque.
El pasado 14 de marzo, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND), Colombia presentó una resolución sin precedentes: propuso revisar de forma externa y profunda los tratados internacionales sobre drogas y eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias más peligrosas.
Apenas tres países (Argentina, Estados Unidos y Rusia) votaron en contra; 30 apoyaron la resolución y 18 se abstuvieron. Este resultado abre la puerta a un nuevo paradigma global: menos punitivo, más centrado en la salud pública, la reducción de daños y las alternativas regulatorias.
Colombia también ha asumido compromisos en la COP16 y será sede de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2026. Este escenario ofrece una oportunidad para consolidar una agenda internacional que respalde un cambio estructural en la política global de drogas.
¿Y los campesinos?
Es claro que la sustitución ha sido desordenada, mal administrada y poco efectiva. Pero una eventual descertificación también puede ser una oportunidad para reforzar una agenda más realista y justa.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que la dignificación de los campesinos cocaleros —que votaron por el proyecto político del actual gobierno— se quede en los discursos del realismo mágico.
* Politóloga, MSc.. en Medio Ambiente y Desarrollo, investigadora de la Corporación Bioregión.
