Las consecuencias del todo se vale
Hace años en Colombia hizo carrera la tesis del todo se vale para llegar al poder y hoy Apartadó, por ejemplo, se somete a consecuencias de alto costo político y económico.
El ejercicio político en nuestro país ha tomado ribetes anómalos incalculables, cuando la dirigencia opta por saltarse a brincos la normatividad vigente con el peligroso argumento del “todo se vale” y de la misma manera como se burlan de los topes en gastos en campaña, así como se burlan del electorado, se burlan de la ley, pero hay casos en que la pelota se devuelve con repercusiones terribles, sobre todo cuando hay autoridades que no toleran estos comportamientos.
Apartadó es un típico caso de estos, alcalde, personero y algunos concejales, se hicieron de la vista gorda, cuando incluso fueron advertidos públicamente por sus adversarios de los errores en que estaban cayendo, unos por doble militancia y otros por haber ejercido como contratistas del ente territorial en los tiempos en que la ley lo prohibía.
Mientras nos sigamos alejando de los básicos principios éticos y morales, estos hechos se seguirán repitiendo, hoy los electores se preguntan ¿cómo es que un candidato como Rangel, rodeado de un grupo de reconocidos abogados cae en tan elemental error, cuando incluso el vocero de Independientes en Urabá es abogado y es justamente por ahí por donde el Tribunal Administrativo de Antioquia encuentra el vacío jurídico para tomar tamaña decisión de anular su elección?
Justamente Independientes es un nuevo grupo político al que le acaban de cancelar su personería jurídica y de una escasa presencia en Urabá, más bien con un afán de aliarse a las carreras con candidatos ganadores para hacerse visibles y justamente por la parte más delgada es por donde se rompe la cuerda y el alcalde paga las consecuencias legales.
Con el caso del personero de Apartadó, todo el pueblo sabía que había sido contratista del municipio, fueron hechos públicos, él como abogado tenía que conocer su situación, como la conocían los concejales que lo apoyaron, esto es insólito que esté ocurriendo y como si algo faltara, también se cae la elección de la concejala, Geritza Echavarría, también por haber sido contratista de Asomura, un ente que agrupa a varios municipios de la región, entre ellos Apartadó.
Recordemos que en plenas elecciones el Consejo Nacional Electoral tumbó la inscripción del aspirante al Concejo de ese municipio, Alberto Villareal González, justamente por doble militancia, o sea que estaban preavisados, hoy el Tribunal Administrativo de Antioquia, tiene todas sus baterías enfiladas en Apartadó y resolverá en tiempos muy ajustados todos los procesos que hacen curso en ese despacho.
En cuanto a varias consultas de nuestros lectores sobre qué pasará en Apartadó en caso de quedar en firme la nulidad de la elección de su alcalde:
El Consejo de Estado recordó que: “siempre que se produce la falta absoluta de los gobernadores o alcaldes, quien lo remplace debe ser elegido popularmente y ese nombramiento solo se efectúa de manera interina”
El alto tribunal aclaró las finalidades del Acto Legislativo 02 del 2002 y precisó que allí no se dijo nada en relación con los nombramientos en interinidad de gobernadores y alcaldes en el lapso comprendido entre la falta absoluta y la elección del remplazo.
El Consejo advirtió que, en esos casos, la solución aplicable es la prescrita por el artículo 134 de la Ley 136 de 1994, que: “sigue siendo igualmente válida después de la vigencia del acto legislativo mencionado. Así, ante la falta absoluta de alcalde y mientras se cumple la elección para el resto del periodo, el gobernador debe nombrar en interinidad alguien que pertenezca al mismo movimiento y filiación política”
Entonces, para el caso que nos ocupa, el Partido Liberal enviará una terna al gobernador de Antioquia y de allí saldrá un alcalde encargado, mientras la organización electoral dispone de nuevas elecciones atípicas, ratificamos, esto en la eventualidad de quedar en firme la nulidad de la elección del alcalde de Apartadó, situación que será resuelta en los próximos días en el Consejo de Estado.