Las cortes convertidas en vulgares carteles
Gracias al periodista Gonzalo Guillén, siete supuestos honorables magistrados, aunque tardíamente, quedaron inhabilitados para votar en la elección de fiscal, por sus nexos con esta entidad.
Cuando la revista Semana y sus acólitos de otros medios, le meten la mano a un asunto de una manera tan perversa como la de trancar, torpedear, dilatar la elección de Fiscal General de la Nación, es porque algo huele mal en Dinamarca y no precisamente en favor de la justicia.
Podrían haber ternado a la Virgen del Carmen y esta sería objeto de las acusaciones más perversas para manchar su nombre y manipular al cartel de la toga en que tristemente terminó convertida la Honorable Corte Suprema de Justicia, un honorable que le queda grande, más bien como un alias o un apodo burdo, para que no la nombrara.
Simplemente le tienen miedo al menor asomo de justicia, en un país que justamente la falta de justicia lo lanzó al desbarrancadero, no es otra cosa, la Corte es un concierto de cuello blanco para delinquir, con pocas excepciones claro está, allí priman los negocios de cada magistrado, las cuotas burocráticas que se disputan en pública rapiña con los socios de los otros carteles en los que convirtieron la administración de justicia.
Allí me nombran a mis hermanos, esposas, concubinas, primos y sobrinos y nosotros nombramos a sus hermanos, esposas, concubinas, primos y sobrinos. Lo anterior, fuera de favorecer a los padrinos políticos con sus fallos y perseguir a quienes intenten desenmascararlos, destruyó la confianza en las llamadas altas cortes.
Esta tragedia no es nueva, la lista de fiscales al servicio del hampa, la venta de fallos en las altas cortes ya se hizo evidente, incluso con magistrados sancionados, el tristemente célebre procurador Alejandro Ordoñez, es recordado por haber fundado la Gestapo criolla, convertir la justicia en la policía política de Colombia, labor que hoy cumple con lujo de detalles la señora Margarita Cabello, del ex fiscal Barbosa y su socia Martha Mancera ni hablar, las pruebas, prontuarios y evidencias abundan por todas partes, periodistas de reconocida reputación y solvencia moral, no de carteles de la información al servicio delito, han hecho responsables investigaciones sobre este particular, cosa que desgraciadamente no hizo la autoridad correspondiente.
Tres décadas intentando reformar la justicia, pero el cruce de negocios entre las cortes y el Congreso lo han impedido, las cortes no pueden tener poderes extraterrestres incluso por encima del Jefe de Estado, del constituyente primario, su elección está viciada desde su nacimiento, ellos mismos manipulan el reglamento interno a su antojo, ya es más fácil elegir Papa en Roma que elegir un fiscal de tres hojas de vida, lo insólito de lo insólito, la realidad sigue superando la ficción.
Es imposible creer que en Colombia no quede una persona decente, digna de semejante cargo y tenga que ser un delincuente, socio de delincuentes para ser nombrado con prontitud allí, hasta los propios paramilitares se han jactado de haber comprado el nombramiento de un fiscal general. Sin justicia seguimos siendo un estado fallido.
Los últimos escándalos de la justicia, de las altas cortes que, de altas no tienen nada, sin dignidad, no hay altura, han demostrado la urgencia de una reforma profunda al aparato judicial y que el pueblo ya sabe quiénes son, como actúan, como negocian y la alcantarilla en que convirtieron sus cargos, repletos de privilegios por encima de todos los colombianos.
Consideramos que es la mayor ganancia que ha resultado de todo esto, quedaron al descubierto, fueron puestos en la picota publica, al menos por ahora, mientras obra la verdadera justicia; están recibiendo el castigo social de la prensa seria y en las redes sociales a cargo de ciudadanos hastiados de sus abusos y desmanes.
Fue justamente el periodista Gonzalo Guillén, quien logró inhabilitar a siete supuestos honorables magistrados en la elección de fiscal, ante el repugnante tráfico de influencias entre la Corte y la Fiscalía.
Además, se consideran intocables, si el pueblo, máxima autoridad de Colombia, les pide que cumplan con su deber, entonces salen de dignos a decir que con presiones no trabajan, para seguir manipulando sus sospechosas actuaciones.
Cada que alguien cuestiona el comportamiento de las cortes, entonces ponen el grito en el cielo y denuncian ante sus patrocinados y la comunidad internacional “la injerencia en el poder judicial”.
¿Además de qué justicia estamos hablando si la impunidad en Colombia sobrepasa el 90% y hace rato se impuso la perversa política del vencimiento de términos?
Ya pueden elegir fiscal cuando se les venga en gana, el constituyente primario les ganó el pulso, el país sabe quiénes son y a quienes obedecen y sirven.
A los magistrados que a lo largo y ancho de la nación cumplen con su deber al servicio de la patria, nuestra solidaridad, sabemos que hay excepciones y que justamente por esas excepciones, toda la estantería del poder judicial no se ha desplomado del todo.