El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha revelado un preocupante diagnóstico sobre el Sistema General de Regalías (SGR) que expone graves deficiencias en la gestión de los recursos destinados a proyectos en diversas regiones del país. Según el informe, $12,1 billones están en riesgo de pérdida debido a la suspensión de contratos y la expiración de la programación de 2.094 proyectos, lo que pone en evidencia la falta de control y las irregularidades que han afectado la adecuada ejecución de estos recursos.

Riesgo millonario en el Sistema de Regalías

El director del DNP, Alexander López Maya, manifestó su preocupación por el estado crítico del Sistema General de Regalías desde su llegada al cargo. Según el diagnóstico, las irregularidades en la gestión de los recursos han llevado a un deterioro sistemático que impacta negativamente a miles de colombianos, especialmente en las regiones más vulnerables. Obras inconclusas, proyectos disfuncionales y contratos suspendidos son algunas de las problemáticas identificadas, lo que refleja una clara falta de control y supervisión en la administración de los recursos.

El informe detalla que 1.497 proyectos, valorados en $9,2 billones, tienen vencido su plazo de ejecución, mientras que 301 proyectos, por un valor de $1,2 billones, cuentan con contratos suspendidos. Adicionalmente, 296 proyectos presentan tanto plazos vencidos como contratos suspendidos, lo que agrava aún más la situación.

Llamado a las entidades de control

Ante la magnitud de este problema, el DNP ha hecho un llamado urgente a organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen los proyectos en riesgo. La adecuada ejecución de estos recursos podría transformar la vida de miles de personas, resolviendo problemáticas críticas como el acceso al agua potable en regiones como La Guajira, Quibdó, Buenaventura y Tumaco.

El sistema de seguimiento GESPROY ha revelado que los recursos en peligro equivalen a soluciones definitivas para necesidades básicas insatisfechas en diversas áreas del país, lo que subraya la urgencia de tomar medidas para evitar la pérdida de estos fondos.

Desigualdad en la distribución de recursos

El diagnóstico del DNP también pone en evidencia la concentración de recursos en pocas entidades y municipios. De los $68,54 billones aprobados entre 2017 y 2024, solo 12.106 proyectos han sido finalizados, mientras que 6.631 proyectos están en ejecución y otros 656 aún no han sido contratados. Esto refleja la ineficiencia en la administración de los recursos de regalías.

Un aspecto alarmante es que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, destacando casos como Puerto Gaitán y Valledupar, que, a pesar de recibir más de $1,1 billones cada uno, siguen registrando altos índices de pobreza multidimensional. Esta distribución desigual resalta la falta de enfoque en la reducción de las brechas sociales.

Los mega contratistas del SGR

Otro punto crítico señalado en el informe es la concentración de contratos en un pequeño grupo de entidades. Solo 11 contratistas concentran $6,6 billones en proyectos del SGR, entre los que se encuentran la Agencia de Infraestructura del Meta, la Fundación Universidad del Valle y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, todos con antecedentes de irregularidades en la gestión de recursos.

El DNP ha implementado medidas para enfrentar esta situación, como la expedición de una circular conjunta con la Procuraduría y la Contraloría para endurecer los controles, y un convenio con la Fiscalía para capacitar a sus equipos en temas del SGR y compartir información en tiempo real. Estas acciones buscan proteger los recursos y asegurar que los proyectos se ejecuten de manera adecuada.

Urgencia de una reforma en el sistema de regalías

El panorama revelado por el DNP deja claro que es necesario implementar una reforma profunda en la administración del Sistema General de Regalías. La falta de control, sumada a la concentración de recursos y la ineficiencia en la ejecución de proyectos, pone en riesgo la oportunidad de transformar la calidad de vida en las regiones más afectadas de Colombia.

Si bien se han tomado algunas medidas correctivas, la magnitud del problema exige un cambio estructural que garantice que los recursos de regalías lleguen efectivamente a las comunidades que más los necesitan. Solo así se podrá evitar la pérdida de millonarios fondos y asegurar que estos se utilicen de manera eficiente para reducir las brechas de desigualdad en el país.

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