10 de febrero de 2025

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre los recientes ataques del exmandatario Álvaro Uribe en torno al Acuerdo de Paz y su relación con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes. En un video de más de ocho minutos, Santos rechazó las acusaciones de Uribe y le instó a no desviar la atención de su juicio con «calumnias y ataques infundados». Además, defendió los logros del proceso de paz y cuestionó la forma en que sus sucesores han manejado la seguridad del país.

La respuesta de Santos a Uribe

Críticas a la postura del exmandatario

Santos afirmó que Uribe lleva 14 años atacándolo y que, hasta ahora, había preferido no responder a sus críticas. «No hay nada más patético que los expresidentes peleando», sostuvo, y agregó que Uribe sigue «aferrado al poder» y necesita confrontaciones para mantenerse vigente.

También se refirió al proceso judicial que enfrenta el exmandatario por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno de testigos. «Todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado», declaró Santos.

Acusaciones sobre el magistrado César Reyes

Uribe cuestionó la imparcialidad del magistrado César Reyes, asegurando que este había trabajado en proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) durante el gobierno de Santos. El exmandatario rechazó esta afirmación y señaló que su antecesor busca desacreditar el proceso judicial en su contra.

Defensa del Acuerdo de Paz

El Plan Colombia y su transformación

Uno de los puntos de discusión entre ambos exmandatarios fue el Plan Colombia, un programa de cooperación con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Uribe aseguró que el plan desapareció bajo el mandato de Santos. El expresidente desmintó esta versión, afirmando que el programa se transformó en Paz Colombia por iniciativa del presidente Barack Obama. Santos también indicó que los recursos destinados a la seguridad del país no se redujeron y que, en 2017, Colombia vivió «el año más seguro de los últimos 50 años».

Situación de seguridad en el país

El exmandatario recordó que, durante su administración, se registró una mejora en la seguridad en regiones históricamente afectadas por la violencia, como Cauca, Chocó, Nariño, Arauca y el Catatumbo. Santos atribuyó estos resultados a una estrategia basada en «la guerra limpia sobre la guerra sucia», el respeto a los derechos humanos y la inteligencia efectiva contra los criminales. Sin embargo, advirtió que la situación ha empeorado debido a la falta de continuidad en las políticas de seguridad.

Disidencias y grupos criminales

La situación de las FARC y el Clan del Golfo

Santos aseguró que, al finalizar su gobierno, las disidencias de las FARC estaban reducidas a «un pequeño grupo de traquetos exFarc» y que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encontraba debilitado. También destacó que el Clan del Golfo había sido severamente afectado por la Operación Agamenón. «El deterioro en la seguridad no es consecuencia del Acuerdo de Paz, sino de la falta de voluntad para implementarlo correctamente», afirmó.

Responsabilidad de sus sucesores

En su mensaje, Santos responsabilizó a los gobiernos de Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026) por el retroceso en materia de seguridad. Señaló que ambos optaron por «el nefasto adanismo», es decir, desechar las políticas de administraciones anteriores en lugar de mejorarlas. También citó un informe del Consejo de Seguridad de la ONU que indica que la falta de implementación del Acuerdo de Paz ha contribuido a la crisis de seguridad actual.

Un llamado a la unidad y al diálogo

Superar la polarización política

Santos cerró su mensaje con un llamado a la unidad y a superar la polarización política en Colombia. «Nosotros hicimos todo lo contrario con su gobierno. Corregimos lo que venía mal, pero decidimos construir sobre lo bueno que usted había hecho», dijo en referencia a Uribe.

Finalmente, reafirmó su disposición para debatir con cifras y argumentos, aunque enfatizó que lo más importante es encontrar soluciones a la crisis del país. Citó a Nelson Mandela para recordar que «la mejor arma es sentarse a dialogar», y aseguró que siempre estará dispuesto a hacerlo.

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha intensificado su postura frente a la crisis política en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En sus redes sociales, ha cuestionado el papel de organismos internacionales como la ONU y ha pedido el reconocimiento inmediato de Edmundo González como presidente electo, resaltando la urgencia de proteger a los líderes opositores María Corina Machado y González de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

La seguridad de la oposición venezolana en la mira

Álvaro Uribe cuestionó la inacción de la ONU y otros organismos internacionales en garantizar la seguridad de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático enfatizó la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger a quienes, según él, representan la resistencia democrática en Venezuela.

“Organismos internacionales como la ONU, tan costosos, que intervinieron tanto en Colombia en favor de la claudicación ante el terrorismo, ¿qué pueden hacer para proteger a María Corina, al presidente electo Edmundo y a sus seguidores? Por favor, esto es urgente”, expresó Uribe.

Además, destacó que la presión popular en las calles es clave para enfrentar la dictadura. Según el exmandatario, la organización electoral liderada por Machado y González ha logrado enfrentar los abusos del régimen, demostrando que la voluntad popular puede superar incluso la opresión más severa.

Críticas al régimen de Maduro

Uribe calificó al régimen de Nicolás Maduro como responsable de la mayor tragedia económica y social moderna en el continente. «Venezuela enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, con siete millones de desplazados y la pérdida de una bonanza petrolera de un trillón de dólares», afirmó.

También mencionó que la dictadura ha apoyado a grupos narco-criminales como las FARC y el ELN, perpetuando la inestabilidad en la región. En sus publicaciones, el expresidente destacó que la comunidad internacional debe asumir un papel más activo, reconociendo a los líderes opositores y presionando por un cambio político en el país.

Llamado a los gobiernos internacionales

Uribe fue enfático en su mensaje hacia los gobiernos del mundo, a quienes instó a reconocer oficialmente a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. «Los conciertos no sirvieron, los acuerdos de Barbados fueron burlados», señaló, aludiendo a los intentos fallidos de negociación con el régimen de Maduro.

En su opinión, «el mínimo que deben hacer los gobiernos respetables es reconocer a Edmundo y a María Corina YA» y tomar todas las acciones necesarias para garantizar la libertad de Venezuela. Subrayó que limitarse a exhortar la publicación de actas ya vencidas es un error histórico y moral.

Iván Duque respalda la postura de Uribe

El expresidente Iván Duque también se sumó al debate, criticando la falta de reconocimiento de la comunidad internacional hacia González. Según Duque, las encuestas a boca de urna y los testimonios de miles de ciudadanos confirman el triunfo del presidente electo.

«Los que guardaron silencio cómplice por días quieren darle tiempo a la dictadura para alterar actas y seguir manipulando a todo un pueblo», expresó Duque, al tiempo que instó a condenar el régimen de Maduro y reconocer a González sin dilaciones.

Un mensaje de esperanza para el pueblo venezolano

Uribe concluyó sus publicaciones con un mensaje dirigido a los ciudadanos de Venezuela, destacando que el futuro del país está en sus manos. «Ojalá la actividad en redes sirva para darles algo de ánimo, porque está claro que ante la tibieza del mundo democrático, el futuro de Venezuela solo está en manos de su ciudadanía», afirmó.

El expresidente reiteró que la movilización popular y la resistencia pacífica serán fundamentales para superar la dictadura y garantizar la libertad del país.

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El debate judicial sobre las interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena ha llegado nuevamente al Tribunal Superior de Bogotá. La defensa del exmandatario y la Procuraduría insisten en que estas grabaciones vulneran el secreto profesional y deben ser excluidas como pruebas en el juicio que enfrenta el líder político.

La apelación y sus fundamentos

Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, presentó una apelación ante el Tribunal Superior, argumentando que las grabaciones fueron obtenidas de manera irregular. Granados enfatizó que las interceptaciones violan el derecho al secreto profesional, al incluir comunicaciones privadas entre Uribe y su equipo legal. Estas grabaciones, interceptadas al entonces senador por orden de la Corte, han sido declaradas legales en instancias judiciales previas, pero la defensa insiste en su exclusión.

Por su parte, Bladimir Cuello, delegado de la Procuraduría, respaldó esta solicitud al señalar que 28 de las interceptaciones contienen información protegida por la confidencialidad abogado-cliente. Según Cuello, permitir que estas grabaciones sean utilizadas como pruebas atenta contra derechos fundamentales, un argumento que el Ministerio Público ya había expuesto en solicitudes previas.

Errores en la interpretación de la ley

La defensa de Uribe también cuestiona la interpretación de las normas legales por parte de la jueza del caso, afirmando que ha cometido errores al validar las grabaciones como pruebas. Según Granados, los magistrados deben evaluar nuevamente la legalidad de estas interceptaciones, que forman parte central de las acusaciones contra el expresidente.

El abogado subrayó que los errores cometidos en la interpretación legal han generado una vulneración adicional de los derechos de su cliente. «Nos referimos al primer grupo de interceptaciones que involucran comunicaciones del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuyo contenido no debería ser utilizado en este juicio», afirmó Granados.

El papel del Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá tiene ahora la responsabilidad de decidir si las interceptaciones pueden mantenerse como pruebas en el proceso judicial. Esta decisión es crucial, dado que estas grabaciones han sido utilizadas para sustentar acusaciones clave en el caso.

En caso de que el Tribunal determine que las pruebas no son válidas, el proceso podría dar un giro significativo, debilitando la posición de la Fiscalía. Sin embargo, si se ratifica su legalidad, la defensa de Uribe enfrentará un escenario más complejo para desestimar las acusaciones en su contra.

Implicaciones del caso

Este nuevo capítulo en el juicio contra Álvaro Uribe podría marcar un precedente sobre el manejo del secreto profesional en casos judiciales de alto perfil. El debate no solo abarca la legalidad de las pruebas, sino también la integridad del sistema judicial al garantizar que los derechos de los acusados no sean vulnerados.

La controversia en torno a estas interceptaciones refleja las tensiones entre los derechos individuales y las herramientas investigativas del sistema judicial. Mientras la defensa y la Procuraduría insisten en la exclusión de las grabaciones, las instancias judiciales deberán equilibrar los intereses legales y éticos del caso.

El Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra en esta etapa del proceso, una decisión que podría redefinir el curso del juicio contra el expresidente.

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El Tribunal Superior de Bogotá ha fallado a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta manipulación de testigos. La decisión del tribunal fue emitida en respuesta a una tutela interpuesta por su defensa, que argumentaba que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso, la defensa y la contradicción. Esta resolución ordena la reanudación de la audiencia preparatoria, lo que permitirá a la defensa del exmandatario presentar pruebas clave que habían sido aplazadas.

El fallo del Tribunal Superior

El fallo del Tribunal Superior instruye a la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que reanude la audiencia preparatoria. En esta audiencia, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, podrá presentar pruebas esenciales y oponerse a las presentadas por la Fiscalía. Este proceso había sido objeto de controversia luego de que la defensa argumentara que la Fiscalía no entregó el material probatorio en el tiempo adecuado, afectando así la preparación del caso.

El testigo clave: Juan Guillermo Monsalve

La acusación contra el expresidente Uribe se centra en la presunta manipulación de testigos, en particular, de Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido una figura clave en el caso. Monsalve es un exparamilitar que ha señalado a Uribe de haber ordenado actos ilícitos durante su presidencia, pero el equipo de defensa de Uribe ha cuestionado la credibilidad de sus declaraciones. Según la defensa, la jueza del caso no concedió el plazo de siete días solicitado para revisar los dispositivos relacionados con Monsalve, lo que comprometió la adecuada preparación de la estrategia legal.

Vulneración de derechos

El Tribunal Superior determinó que se vulneraron los derechos de Álvaro Uribe al no permitirle un acceso oportuno al material probatorio. Esta falta de acceso, según el fallo, afectó el debido proceso y la defensa del expresidente, quien ha mantenido su inocencia a lo largo del proceso judicial. Por esta razón, el Tribunal ordenó que, dentro de las próximas 48 horas, se programe una nueva sesión donde la defensa podrá descubrir y solicitar las pruebas necesarias para sustentar su caso.

Consecuencias del fallo

El fallo del Tribunal Superior representa un respiro para el expresidente Uribe, quien ha sido objeto de una investigación judicial que ha captado gran atención mediática y política en Colombia. No obstante, la decisión también supone un nuevo reto para la Fiscalía, que deberá ajustar su estrategia en un proceso judicial que sigue siendo de alto perfil.

El caso ha generado múltiples debates sobre la integridad del sistema judicial y los alcances del poder político en Colombia, aumentando la polarización en la opinión pública. El expresidente Uribe ha reiterado su inocencia y ha señalado que el caso en su contra es un intento de desprestigiar su legado.

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El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa avanzando, luego de que el tribunal negara una nueva solicitud de aplazamiento presentada por su abogado defensor. Jaime Granados, quien lidera la defensa de Uribe, había solicitado un retraso de siete días calendario para las audiencias preparatorias del juicio, argumentando no haber tenido acceso completo al material probatorio. Sin embargo, la corte decidió mantener el calendario establecido, dado que los tiempos son ajustados y el caso prescribiría en octubre de 2025. Esta decisión añade presión a una defensa que busca garantizar un juicio justo para el exmandatario.

El caso avanza sin demoras

La negativa del tribunal a postergar las audiencias implica que el proceso judicial seguirá sin retrasos adicionales. Este hecho es relevante, ya que el juicio tiene un límite temporal claro: el caso prescribirá el 8 de octubre de 2025. La defensa ha insistido en que no ha contado con el tiempo suficiente para analizar todas las pruebas que se le han presentado, lo que ha generado tensiones entre las partes. A pesar de esto, el tribunal ha determinado que no existen fundamentos suficientes para justificar un nuevo aplazamiento.

El caso contra Uribe ha generado una gran expectativa pública, no solo por la figura que representa el expresidente en la política colombiana, sino también por la gravedad de las acusaciones que enfrenta. Uribe ha sido acusado formalmente de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, cargos que el expresidente ha negado rotundamente.

Álvaro Uribe se retira de la audiencia

Durante el desarrollo de las últimas audiencias, Álvaro Uribe abandonó intempestivamente la sesión. Alegó que no conocía todas las pruebas en su contra y que su abogado requería más tiempo para revisar el material probatorio. Antes de su retiro, la juez que lleva el caso le preguntó si se declaraba culpable de los delitos que se le imputan, a lo que Uribe respondió: “Señora juez, por Dios”, antes de retirarse de la audiencia que se realizaba de manera virtual.

Esta acción ha generado un fuerte debate en la opinión pública, dado que muchos ven este retiro como una táctica dilatoria por parte de la defensa. La presión mediática y pública sobre este caso sigue en aumento, lo que coloca al expresidente y a su equipo legal en una situación complicada.

Las acusaciones contra el expresidente

Los cargos que enfrenta Álvaro Uribe son graves. El expresidente ha sido acusado de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Estos cargos se derivan de un proceso judicial que ha estado en curso durante varios años y que ha tenido un alto impacto en la política y la justicia colombiana.

Uribe ha mantenido su inocencia y ha afirmado que las acusaciones en su contra son infundadas. A pesar de esto, las pruebas que han salido a la luz en el transcurso del proceso han generado un debate considerable sobre su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

La defensa bajo presión

La defensa de Álvaro Uribe, liderada por Jaime Granados, ha manifestado su intención de garantizar que el juicio sea justo. Sin embargo, la negativa del tribunal a conceder un aplazamiento añade presión a un equipo legal que ya se encuentra trabajando contra el tiempo. Granados ha reiterado que su cliente no ha tenido acceso a toda la información necesaria para preparar una defensa adecuada.

La jueza del caso, sin embargo, ha considerado que el proceso debe avanzar, atendiendo a los plazos legales y la necesidad de cumplir con los tiempos establecidos. Esto obliga a la defensa a ajustar su estrategia y prepararse para las audiencias preparatorias que ya están en marcha.

La expectativa pública

El caso contra Álvaro Uribe ha captado la atención del público y de los medios desde su inicio. Como expresidente de Colombia, Uribe sigue siendo una figura de gran relevancia política en el país, y cualquier decisión judicial que lo involucre tiene implicaciones de gran alcance. Este proceso ha generado un intenso debate en torno a la justicia, la política y el poder en Colombia.

El desarrollo de las audiencias preparatorias será clave para definir el futuro del proceso judicial. Los próximos meses serán determinantes para Uribe y su defensa, que se enfrentan a un calendario ajustado y a una presión pública cada vez mayor.

Retos y expectativas

El avance del juicio contra Álvaro Uribe pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema judicial colombiano en la gestión de casos de alta relevancia mediática y política. La negativa a aplazar las audiencias es un mensaje claro de que el tribunal busca avanzar con celeridad, pese a las complejidades del proceso.

La defensa de Uribe deberá ahora ajustarse al cronograma vigente y preparar su estrategia para las audiencias que se avecinan. Mientras tanto, el país seguirá atento al desenlace de un caso que ha marcado un antes y un después en la política colombiana.

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La reciente reforma a la salud, presentada el pasado 20 de septiembre, ha generado intensos debates. Uno de los principales opositores es el expresidente Álvaro Uribe, quien ha señalado que esta propuesta representa un claro retroceso para el sistema de salud del país. Uribe defiende los logros alcanzados con la Ley 100 de 1993, la cual, según él, ofreció grandes beneficios tanto a los usuarios como a los profesionales del sector salud.

La Ley 100: un modelo exitoso para Uribe

En su defensa de la Ley 100, el expresidente destacó que esta normativa abrió importantes oportunidades para los profesionales de la salud, permitió la renovación de hospitales y facilitó el acceso a equipos médicos de última generación. «La Ley 100 abrió oportunidades a médicos, auxiliares, trabajadores, y mejoró los hospitales», afirmó Uribe a través de su cuenta en la red social ‘X’ (anteriormente Twitter). Además, mencionó que esta ley permitió un mejor acceso a los servicios de salud para los usuarios.

Para Uribe, el actual sistema, basado en la Ley 100, ha sido un pilar para el desarrollo del sector salud en Colombia. Cree que las modificaciones propuestas en la reforma reciente socavarían los avances obtenidos desde 1993. En este contexto, el exmandatario recalca que la reforma no se asemeja en lo absoluto a su propuesta original, y que, de hecho, busca la estatización del servicio de salud.

Reforma a la salud: ¿un retroceso?

Uno de los puntos más controversiales de la nueva reforma a la salud es la tendencia hacia la centralización y control estatal. Uribe advierte que con esta reforma «se confirma la estatización segmentada de los niveles de atención», lo que significa que para acceder a un servicio médico de mayor complejidad, los pacientes necesitarían la autorización del Estado.

Este enfoque preocupa a diversos sectores, que temen que la burocratización del sistema de salud termine afectando la rapidez y eficiencia en la atención de los pacientes. Las críticas de Uribe apuntan directamente a este aspecto, ya que considera que la intervención estatal excesiva puede generar cuellos de botella en el acceso a servicios médicos especializados.

Preocupación en el Congreso

No solo el expresidente ha expresado su desacuerdo con la reforma. Varios senadores, como Norma Hurtado del Partido de la U, han mostrado preocupación por el hecho de que la reforma fue radicada sin modificaciones significativas respecto a propuestas anteriores, especialmente la de 2023, que ya generaba inquietudes similares.

Hurtado ha insistido en que el enfoque de estatización del sistema podría limitar la capacidad de los colombianos para acceder a servicios de salud de manera oportuna y eficiente. El hecho de que el proyecto de ley se presentara «a puerta cerrada» también ha generado dudas sobre la transparencia del proceso y las motivaciones detrás de esta propuesta.

Análisis pendiente y futuro incierto

A pesar de las críticas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido la reforma, asegurando que no introduce novedades significativas y que busca mejorar el sistema de salud del país. No obstante, los sectores que se oponen al proyecto han señalado que, precisamente, la falta de cambios en comparación con propuestas anteriores es una de las principales causas de preocupación.

Ahora, la reforma deberá ser leída y analizada en el Congreso, donde se espera un intenso debate. A pesar de la resistencia de ciertos sectores, el futuro de la reforma aún es incierto, y los próximos meses serán clave para determinar si esta propuesta se convierte en ley o si, como en ocasiones anteriores, es revisada o descartada.

La postura de Uribe refleja una preocupación más amplia sobre el impacto de las políticas estatistas en la calidad y accesibilidad del servicio de salud en Colombia. Aunque el gobierno insiste en la necesidad de modificar el sistema actual, los detractores, liderados por figuras como el expresidente, consideran que los riesgos de una estatización excesiva superan los beneficios que podrían derivarse de la reforma.

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El expresidente Álvaro Uribe ha causado una ola de reacciones luego de agradecer públicamente al presidente Gustavo Petro por la cesión de vías estratégicas en Antioquia. Esta decisión fue anunciada tras una reunión entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la ministra de Transporte, María Constanza Ramírez, donde se acordó que parte del Túnel del Toyo, una obra clave para la conectividad del departamento con el mar, quedará bajo administración regional.

La cesión de las vías y sus implicaciones para Antioquia

El gobierno nacional ha cedido al Departamento de Antioquia 4.2 km de vías correspondientes al sector 1 del tramo 2 del Túnel del Toyo, una obra que había estado a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según lo acordado, la gobernación finalizará 2.8 km de vía a cielo abierto, un puente de 200 metros y un túnel de 1.500 metros. El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión, describiéndola como un paso esencial para la conectividad de Antioquia con el mar.

Rendón destacó que este logro permitirá al departamento inyectar 330 mil millones de pesos para la finalización de la obra. “Estamos cada vez más cerca del mar”, expresó el gobernador, enfatizando los beneficios económicos y logísticos que traerá la obra tanto para los antioqueños como para el resto del país.

Debe agradecerse esta decisión al Presidente Petro y a la Ministra Constanza García.

Con el liderazgo del Gobernador Andrés Julián y del Alcalde Federico podría buscarse una sociedad donde participemos todos los antioqueños y compatriotas de otras regiones. El capital de esa… https://t.co/uT1RNgPNVX

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 7, 2024

La inesperada reacción de Uribe

En un movimiento que sorprendió a muchos, Álvaro Uribe agradeció al presidente Petro y a la ministra Ramírez por esta decisión, resaltando la importancia del liderazgo del gobernador Rendón y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para avanzar en el desarrollo de la región. A través de su cuenta en «X» (antes Twitter), Uribe sugirió la creación de una sociedad en la que participen los antioqueños y otros ciudadanos del país, con el objetivo de financiar la gestión de las vías mediante un peaje y la explotación comercial de la infraestructura.

Uribe también planteó la posibilidad de que los transportadores se conviertan en socios de esta iniciativa, lo que fortalecería la colaboración público-privada en la administración de las vías cedidas.

Críticas desde sus propias filas

Sin embargo, el mensaje de Uribe no fue bien recibido por algunos de sus seguidores, quienes le recriminaron los agradecimientos al actual mandatario. “No respetado Presidente, no hay nada que agradecerle a Petro”, fue uno de los comentarios que reflejan el malestar entre sectores que tradicionalmente apoyan a Uribe y que ven con desconfianza cualquier reconocimiento hacia el gobierno de Petro.

Otros usuarios de redes sociales señalaron que la cesión de las vías era inevitable debido a la situación financiera y de administración de la obra. “El dinero se lo malgastaron o se lo robaron, o ambas cosas”, comentaron algunos, en referencia a las dificultades que ha enfrentado el proyecto del Túnel del Toyo en los últimos años.

La visión de futuro para Antioquia

A pesar de las críticas, tanto el gobernador Rendón como el expresidente Uribe han enfatizado que la cesión de estas vías representa una oportunidad para que Antioquia se conecte de manera más efectiva con el comercio marítimo y avance hacia un futuro de mayor desarrollo económico. La participación del sector privado, sumada a la colaboración de los gobiernos local y nacional, podría marcar una nueva etapa en la gestión de proyectos de infraestructura en la región.

Un desafío para la gobernación

La administración de los 4.2 km cedidos al departamento supone un reto técnico y financiero significativo para la gobernación, que ahora tendrá la responsabilidad de concluir la obra en los próximos años. El gobernador Rendón ha expresado su confianza en que, con los recursos asignados y el apoyo de la ciudadanía, el proyecto se completará en los plazos previstos.

En resumen, aunque la decisión ha generado controversia en el ámbito político, la cesión de estas vías representa una oportunidad única para Antioquia, no solo en términos de conectividad sino también de desarrollo económico regional.

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El Centro Democrático salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras las recientes críticas lanzadas por el presidente Gustavo Petro. El partido opositor destacó los logros alcanzados durante el mandato de Uribe en materia de seguridad, particularmente en la reducción de la violencia y la desmovilización de grupos armados ilegales, y cuestionó la efectividad de la actual política de «Paz Total» del gobierno de Petro.

Respuesta del Centro Democrático a las críticas de Petro

Las declaraciones de Gustavo Petro se dieron en el marco de una respuesta al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien había expresado su desacuerdo con los ceses al fuego propuestos por el gobierno con estructuras criminales como el Clan del Golfo. Petro, en su respuesta, recordó que un presidente antioqueño—en referencia a Uribe—también negoció con los peores criminales del país, refiriéndose al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el mandato de Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe, conocido por su postura firme contra los grupos armados ilegales, no tardó en responder a través de sus redes sociales. En su mensaje, Uribe enfatizó que, bajo su administración, se logró una significativa reducción en los indicadores de violencia y que se protegió la integridad del entonces senador Gustavo Petro de posibles atentados por parte de paramilitares.

Logros de la administración Uribe en seguridad

El Centro Democrático, en su defensa de Uribe, resaltó la desmovilización de más de 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros durante los ocho años de su presidencia. El partido subrayó que, gracias a estas políticas, se logró llevar a la casi extinción a varias de las principales organizaciones ilegales que operaban en Colombia, incluidas las AUC.

Contrario a lo que consideran una «tragedia humanitaria» bajo la actual administración, el Centro Democrático señaló que la política de seguridad democrática de Uribe permitió reducir significativamente las masacres, secuestros y otras formas de violencia en el país. Además, el partido recordó que, durante el gobierno de Uribe, Petro mismo pudo recorrer el país sin temor a represalias por parte de grupos paramilitares.

Críticas a la política de «Paz Total» de Petro

El Centro Democrático criticó duramente la política de «Paz Total» de Gustavo Petro, señalando que ha llevado a un aumento en la actividad criminal y a un deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Según el partido, el Clan del Golfo, ahora conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), intimida actualmente a los habitantes del 75% del territorio nacional. Además, destacó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han aumentado su presencia en municipios que previamente habían sido pacificados.

El partido también se refirió a las cifras de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, que revelaron un aumento del 37% en el desplazamiento forzado masivo en los primeros meses de este año. Estas cifras, según el Centro Democrático, demuestran el fracaso de la actual política de paz del gobierno.

En su contundente mensaje final, el Centro Democrático advirtió que «no se debe confundir la desmovilización de terroristas producto de una política de seguridad con una impunidad total», refiriéndose a lo que consideran un grave error en la estrategia de paz del presidente Petro.

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El Tribunal Superior de Bogotá ha dado un paso clave en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. El magistrado Manuel Antonio Merchán confirmó la decisión de rechazar la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exmandatario, permitiendo que el juicio siga su curso. Uribe enfrenta acusaciones de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal, en un proceso que ha captado la atención nacional desde 2018.

La decisión del Tribunal Superior

El magistrado Merchán ratificó la decisión tomada previamente por la juez 44 de conocimiento de Bogotá, quien había negado la nulidad solicitada por la defensa de Uribe. Esta nulidad se fundamentaba en supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía durante la formulación de la acusación, en particular, el cambio del enfoque de dolo eventual a dolo directo. No obstante, el Tribunal consideró que no se vulneró el derecho al debido proceso ni se afectaron las garantías de defensa y contradicción.

Con esta resolución, el proceso penal continúa en su fase preparatoria, dando luz verde para que la juez a cargo convoque a las partes y avance con las audiencias correspondientes. El expresidente Uribe, primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal, se defiende de señalamientos graves que han puesto en entredicho su legado político.

Contexto del caso

El caso contra Álvaro Uribe tiene sus raíces en una disputa legal con el senador Iván Cepeda, quien ha sido un crítico constante del exmandatario. Según la Fiscalía, Uribe habría buscado presionar a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios y lo desvincularan de actividades paramilitares en Antioquia. Uno de los testimonios clave es el de Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró haber sido contactado por Diego Cadena, abogado de Uribe, con el objetivo de retractarse.

El proceso, abierto en 2018, ha pasado por distintas instancias. Inicialmente fue manejado por la Corte Suprema de Justicia debido a la condición de senador de Uribe en ese momento. La situación dio un giro cuando el expresidente renunció a su curul, lo que permitió que su caso fuera asumido por la Fiscalía General.

La estrategia fallida de la defensa

La defensa de Álvaro Uribe centró sus esfuerzos en argumentar que durante la imputación se cometieron errores de procedimiento que afectaron el derecho al debido proceso. Su principal alegato fue que la Fiscalía modificó el “núcleo fáctico” de la imputación, cambiando de dolo eventual a dolo directo sin respetar las garantías legales del acusado. Sin embargo, tanto la juez de conocimiento como el Tribunal Superior consideraron que los argumentos presentados carecían de fundamento para anular la acusación.

El fallo del magistrado Merchán no solo confirma la validez de la acusación, sino que también ordena devolver la actuación a la juez de conocimiento para que se continúe con el trámite procesal, lo que marca un nuevo capítulo en este prolongado caso.

¿Qué sigue en el proceso?

Con la nulidad descartada, el juicio entra en una etapa clave. La juez encargada deberá convocar a las partes para preparar la audiencia donde se definirán las pruebas y testimonios que se presentarán durante el juicio. Este proceso es crucial para determinar la estrategia de defensa de Uribe, quien ha sostenido su inocencia y asegura ser víctima de una persecución política.

El país sigue expectante ante los avances de este caso, que no solo tiene implicaciones para el futuro de Uribe, sino también para la credibilidad de las instituciones judiciales en Colombia.

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El Tribunal Superior de Bogotá ha fijado una audiencia clave para el próximo martes, 27 de agosto, donde se resolverá la apelación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta diligencia determinará si se anula o no la acusación en su contra por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión del tribunal podría cambiar significativamente el rumbo de este proceso judicial que ha captado la atención del país.

Un caso con alta repercusión mediática

El caso contra el expresidente Uribe ha generado un gran impacto tanto en el ámbito político como en la opinión pública. La acusación se centra en las presuntas gestiones realizadas para manipular testigos a favor de Uribe en procesos anteriores. Según la defensa del exmandatario, existen inconsistencias en la formulación de la acusación, por lo cual han solicitado su anulación. De aprobarse esta solicitud, el proceso judicial retornaría a la etapa de imputación, lo que implicaría una reconfiguración en la estrategia de la Fiscalía.

¿Qué puede suceder el 27 de agosto?

Durante la audiencia del próximo martes, el tribunal tendrá la responsabilidad de evaluar los argumentos presentados tanto por la defensa como por la parte acusatoria. La anulación de la acusación no solo impactaría en los aspectos legales, sino que también abriría un nuevo capítulo en este prolongado litigio. Si la decisión favorece a la defensa, el caso retrocedería a una fase inicial. En cambio, si se mantiene la acusación, se avanzaría hacia la preparatoria de un juicio, lo que pondría a Álvaro Uribe en una situación aún más compleja.

Contexto del proceso judicial

El origen de este proceso judicial se remonta a las investigaciones por presunta manipulación de testigos a favor de Uribe. La defensa ha argumentado que existen vicios de procedimiento y falta de pruebas sólidas que sustenten la acusación. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente. Esta situación ha polarizado aún más el debate público en torno a la figura de Uribe, un líder político que sigue teniendo un gran peso en el país.

Impacto en la política nacional

El desarrollo de este caso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que también afecta el panorama político de Colombia. El expresidente Uribe continúa siendo una figura influyente en su partido, el Centro Democrático, y el desenlace de esta audiencia podría repercutir en las decisiones y movimientos políticos de la colectividad. En un contexto donde la opinión pública está cada vez más dividida, cualquier resolución del tribunal será observada con atención tanto por sus seguidores como por sus detractores.

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