El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este sábado a las críticas realizadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. En su pronunciamiento, Petro enfatizó la importancia de priorizar a las personas sobre los bienes materiales, desatando un debate que ha captado la atención de diversos sectores en el país.

Las críticas de Rendón hacia el Gobierno Nacional

El gobernador Andrés Julián Rendón expresó públicamente su preocupación por las decisiones del Gobierno liderado por Petro, señalando una “falta de juicio” en la gestión de las políticas públicas. Según Rendón, esta situación ha generado incertidumbre en los gremios y empresarios de Antioquia, quienes temen por el impacto que estas medidas puedan tener en la economía regional.

A través de sus redes sociales, Rendón destacó que tanto él como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han trabajado de manera conjunta con los sectores productivos del departamento para enfrentar lo que describió como un contexto complejo.

“Las personas están por encima de las mercancías”

Nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías. https://t.co/FupzKxZmld

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2025

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de un contundente mensaje, el mandatario afirmó que “nunca aprendieron que las personas están por encima de las mercancías”, subrayando así su postura frente a las prioridades del Gobierno.

Este comentario refleja la visión de Petro en la que las políticas sociales y el bienestar humano tienen mayor relevancia que los intereses económicos. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones entre quienes apoyan sus medidas y quienes las consideran perjudiciales para la estabilidad del país.

El temor de los gremios y empresarios

Uno de los puntos más destacados en las declaraciones de Rendón fue el temor manifestado por los gremios y agricultores de la región. El gobernador aseguró que estos sectores sienten una “alerta ante la capacidad destructiva del presidente Petro”, lo que pone en evidencia la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los líderes regionales.

Además, Rendón advirtió que la situación actual podría dejar a Antioquia “en la cuerda floja”, lo que ha sido interpretado como un llamado de atención a la administración central para reconsiderar sus políticas económicas y sociales.

Un debate que divide opiniones

Las declaraciones cruzadas entre Petro y Rendón reflejan las diferencias ideológicas que existen en Colombia sobre la relación entre desarrollo económico y bienestar social. Mientras el presidente aboga por un modelo que prioriza a las personas, algunos sectores consideran que esto se ha traducido en decisiones que afectan la productividad y la inversión.

Este debate no solo involucra a los líderes políticos, sino también a los ciudadanos, quienes observan con atención cómo las decisiones del Gobierno impactan sus vidas y el futuro del país.

El llamado de Petro a priorizar a las personas y las críticas de Rendón sobre el impacto en el sector productivo representan dos visiones que deben encontrar un punto de equilibrio para garantizar el desarrollo de las regiones y el bienestar de sus habitantes.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha respondido enérgicamente a las críticas del presidente Gustavo Petro respecto al referendo que busca otorgar mayor autonomía fiscal a las regiones. Rendón calificó los argumentos de Petro como «una inocentada» y defendió la iniciativa que pretende modificar el artículo 298 de la Constitución para que los impuestos de renta y patrimonio sean administrados directamente por los departamentos.

Contexto del referendo de autonomía fiscal

La propuesta liderada por el gobernador Rendón busca que los tributos de renta y patrimonio permanezcan en las regiones, fortaleciendo así su autonomía financiera sin comprometer la unidad nacional. Según proyecciones oficiales, Antioquia podría generar más de 23 billones de pesos en impuestos de renta y patrimonio el próximo año, de los cuales recibiría al menos 12 billones bajo este nuevo esquema. En el caso de Bogotá, de 37 billones recaudados, la capital obtendría aproximadamente 9 billones.

Críticas del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro ha expresado su oposición al referendo, argumentando que, de aprobarse, solo Bogotá y Medellín contarían con finanzas públicas sostenibles, dejando al resto de los departamentos sin la capacidad de financiar servicios esenciales como la fuerza pública. Petro afirmó que «si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín».

Respuesta del gobernador Rendón

En respuesta, el gobernador Rendón cuestionó la efectividad del actual sistema de transferencias, señalando que la reciente reforma aprobada por el Congreso mantiene la dependencia del nivel central y establece un período de transición de 12 años. Rendón afirmó que «las regiones serían las dueñas de los tributos, pero no se quedarán con la totalidad de los ingresos que allí se generen». Además, enfatizó que el gobierno central mantendría funciones esenciales como seguridad nacional, relaciones internacionales, justicia y manejo macroeconómico.

El gobernador también destacó que «las regiones de Colombia han padecido el centralismo durante buena parte de su vida republicana. Sin embargo, nunca lo habían sufrido tanto como en su gobierno», dirigiéndose al presidente Petro. Rendón concluyó haciendo un llamado a evitar que el debate se enmarque en una lucha ideológica de clases.

Este enfrentamiento entre el gobierno nacional y las autoridades regionales refleja las tensiones en torno a la descentralización fiscal en Colombia, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos meses y que promete seguir siendo objeto de debate en el futuro cercano.

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Los roces entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se intensifican debido a diferencias en la asignación de recursos públicos. Mientras Petro cuestiona el destino de 100 billones de pesos en infraestructura vial, Rendón señala incumplimientos del Gobierno Nacional en proyectos clave para la región, como el acueducto de Urabá.

Las prioridades de inversión pública: ¿Carreteras o agua potable?

Durante un evento público, el presidente Petro planteó críticas sobre las decisiones de inversión en Colombia: «¿Por qué nos gastamos 100 billones en carreteras y no nos gastamos 100 billones en agua potable?». Este comentario fue dirigido al gobernador de Antioquia en un contexto de tensiones sobre las obras de infraestructura vial y la ausencia de avances significativos en proyectos de agua potable.

Rendón respondió defendiendo que es posible desarrollar ambas iniciativas simultáneamente, pero subrayó que la administración nacional ha fallado en cumplir sus compromisos con el departamento. «El Gobierno Nacional no prioriza para Antioquia ni lo uno ni lo otro», aseguró, recordando que en marzo Petro prometió un acueducto para la región bananera, promesa que no se reflejó en el presupuesto de 2024.

La vía Medellín-Mar y su controversia

El debate también se centró en la ejecución de la vía Medellín-Mar, una doble calzada que conecta con el estratégico Puerto Antioquia. Petro criticó la rapidez de las obras 4G hacia el mar frente a los 20 años de retraso en proyectos similares en Medellín, dejando entrever una posible falta de equidad en la ejecución de obras en la región.

Por su parte, Rendón reiteró su compromiso con Antioquia al declarar: «De eso se trata gobernar», mostrando su disposición para avanzar tanto en las carreteras como en el acueducto de Urabá.

Más allá de las obras: tensiones políticas

Este intercambio de declaraciones refleja una relación tensa entre el gobierno nacional y la administración departamental, marcada por debates sobre las prioridades de inversión pública y la ejecución de proyectos clave en Antioquia. Las críticas de ambos líderes evidencian las dificultades para lograr consensos que beneficien a las comunidades más vulnerables de la región.

¿Qué opinas sobre estas tensiones entre el gobierno nacional y el departamental? Comparte tu punto de vista en los comentarios.

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Con el apoyo de alcaldes de diversos municipios de Antioquia, incluido el actual alcalde de Carepa Agapito Murillo y otros más de la subregión de Urabá, el gobernador Andrés Julián Rendón ratificó su compromiso de implementar el impuesto de seguridad, defendiendo su legalidad y viabilidad a pesar de los reparos de empresarios, gremios políticos y el presidente Gustavo Petro.

El respaldo de los alcaldes: clave en un debate crítico

La controversia en torno al impuesto de seguridad alcanzó su punto más álgido este lunes durante la sesión de la Comisión Primera de la Asamblea Departamental, encargada de discutir la propuesta. El gobernador Rendón se presentó con el respaldo de alcaldes de distintas regiones, quienes expresaron públicamente su apoyo a la medida.

El mandatario enfatizó que el impuesto no afectará al 85% de los antioqueños, ya que los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, y las tarifas para la mayoría de los usuarios industriales y comerciales no superarán los $30.000 mensuales. Rendón defendió su proyecto afirmando que está enfocado en garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos:
«Estamos haciendo lo correcto, tengo esa convicción. Lo que está en discusión refleja mi compromiso político y mi trayectoria».

Argumentos legales y críticas de EPM

Una de las principales objeciones provino de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cuestionó la legalidad del impuesto al argumentar posibles repercusiones negativas en su recaudo y el riesgo de sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Frente a esto, Martha Patricia Correa Taborda, secretaria general de la Gobernación, sostuvo que la iniciativa está respaldada por la sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual validó la implementación de tasas de seguridad en todos los departamentos. Según Correa, esta decisión judicial otorga a la Gobernación la autoridad para aplicar la medida:
«La Corte Constitucional, en su papel supremo, declaró exequible la Ley 2271, artículo 12. Este fallo debe ser acatado por todos».

No obstante, gremios como Fenalco Antioquia, la Andi y el Comité Intergremial de Antioquia se han mostrado escépticos, advirtiendo que la medida podría impactar negativamente la economía regional.

Un proyecto que divide opiniones

El debate sobre este impuesto no es nuevo. En julio pasado, Rendón tuvo que retirar una versión previa del proyecto luego de recibir una ponencia negativa del movimiento político Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez. En esa ocasión, las críticas se centraron en el posible impacto económico del tributo.

Pese a la reiterada oposición de Creemos y otros sectores, Rendón dejó claro que esta vez no dará marcha atrás. Según el mandatario, las preocupaciones sobre posibles cobros excesivos a las empresas son infundadas. Afirmó que el tributo será manejado de forma justa y transparente para beneficiar la seguridad en el departamento.

¿Qué sigue para el impuesto de seguridad?

Luego de la rueda de prensa, los alcaldes que apoyan la medida acudieron a la sesión en la Asamblea Departamental para presenciar el debate. Allí, los 26 diputados tendrán la responsabilidad de decidir si el proyecto avanza.

Aunque la discusión legal sigue siendo un punto de choque, el gobernador Rendón se mostró confiado en que la iniciativa prosperara y contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en Antioquia.

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