Con 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó la implementación de una nueva tasa de seguridad que se cobrará mediante facturas de servicios públicos. El gobernador Andrés Julián Rendón logró superar la oposición y garantizar recursos para proyectos clave en seguridad. Sin embargo, la medida ha generado tensiones con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció que no permitirá su aplicación en la ciudad.

La polémica en la aprobación de la tasa

La tasa de seguridad fue discutida en una sesión extraordinaria de la Asamblea de Antioquia, marcada por enfrentamientos entre sectores públicos y privados. Durante el debate, gremios empresariales y algunos diputados argumentaron que la medida no fue concertada y que afectará a ciudadanos y empresas. A pesar de las críticas, el gobernador Rendón defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para financiar proyectos estratégicos.

Rechazo desde Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez expresó su oposición a la tasa, afirmando: “No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”. También advirtió que, como presidente de la Junta Directiva de EPM, no permitirá que el cobro se realice a través de las facturas de servicios públicos. Esta postura abrió interrogantes sobre posibles acciones legales por parte del Distrito o de EPM para cuestionar la viabilidad de la ordenanza.

En noviembre, EPM ya había señalado riesgos legales en la implementación del tributo. El gerente de EPM, John Maya Salazar, advirtió sobre posibles conflictos jurídicos y normativos, lo que podría generar inseguridad jurídica para la compañía y sus usuarios.

Destinación de los recursos y justificación de la Gobernación

Con la aprobación de la tasa, la Gobernación espera recaudar $1,1 billones entre 2025 y 2027. Los recursos serán invertidos en cinco áreas clave, destacándose $600.000 millones para cámaras de seguridad y $300.000 millones para infraestructura deportiva. Además, se destinarán $194.000 millones a la construcción de una cárcel departamental y $156.000 millones para dotar al Ejército y la Policía.

Argumentos del gobernador Rendón

Rendón defendió la medida asegurando que: “Medellín es una ciudad con un gran presupuesto, pero la realidad fuera de ella es muy difícil”. Según el mandatario, el 85% de los suscriptores residenciales no pagarán la tasa, mientras que el 60% de los no residenciales tendrán un cargo menor a $30.000 mensuales.

Rendón también cuestionó los argumentos legales de EPM, señalando que la empresa aplica tributos similares en otros departamentos a través de sus filiales.

Reacciones en la Asamblea

El debate dejó en evidencia las divisiones políticas dentro de la Asamblea de Antioquia. Por el sí votaron las bancadas del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático y ASI, mientras que los diputados de Creemos, Alianza Verde, Mira, el Pacto Histórico y otros independientes votaron en contra.

Gremios y alcaldes municipales

Mientras que agremiaciones como Fenalco Antioquia reiteraron que los empresarios no soportan más impuestos, varios alcaldes de municipios como Girardota, Amagá y Anzá insistieron en la urgencia de invertir en seguridad. “Las inversiones en materia de seguridad no dan espera”, señalaron los mandatarios locales.

La medida también enfrentó oposición en julio pasado, cuando una ponencia negativa presentada por el movimiento Creemos bloqueó el proyecto. Sin embargo, el gobernador Rendón retomó la iniciativa en noviembre, logrando finalmente su aprobación.

Un debate que continúa

Aunque la tasa ya fue aprobada, persisten las dudas sobre su implementación en Medellín y su viabilidad jurídica. Las declaraciones del alcalde Gutiérrez y las advertencias de EPM podrían derivar en nuevas disputas legales. Mientras tanto, la Gobernación avanza en los preparativos para su aplicación, argumentando que los recursos son esenciales para garantizar la seguridad del departamento.

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Un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda La Plancha, municipio de Anorí, Antioquia, dejó como saldo tres militares muertos y seis personas heridas, entre ellas un civil. El hecho se registró en medio de operaciones del Ejército para mantener la estabilidad en esta región del Nordeste antioqueño, fuertemente impactada por el conflicto armado.

Entre las víctimas mortales se cuentan un suboficial y dos soldados profesionales, mientras que los heridos, incluyendo cinco uniformados, están siendo atendidos en centros asistenciales locales. Las autoridades trabajan en su traslado a hospitales de mayor capacidad debido a la gravedad de las lesiones.

Contexto del ataque y acciones del ELN

El atentado fue atribuido al Frente Héroes y Mártires de Anorí, adscrito al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Según los reportes iniciales, los guerrilleros emplearon artefactos explosivos improvisados lanzados desde plataformas, una táctica recurrente para generar daño masivo y dificultar la respuesta militar.

Zona simbólica y en disputa

La vereda La Plancha, escenario del ataque, corresponde al Área de Capacitación y Reincorporación (AETCR) del mismo nombre, una zona que en el pasado simbolizó esfuerzos de desmovilización y paz. No obstante, en los últimos años ha sido blanco de reactivación violenta por parte de grupos armados ilegales que buscan el control territorial.

El Ejército Nacional respondió al ataque movilizando refuerzos hacia el área, con el despliegue de dos pelotones adicionales para reforzar las operaciones de control y garantizar la seguridad de la población.

Impacto en el proceso de paz

Este atentado ocurre en un momento crítico para el país, mientras avanzan con dificultad las negociaciones de paz con el ELN. Hechos como este generan cuestionamientos sobre la voluntad de diálogo por parte de esta guerrilla, al tiempo que agravan la situación humanitaria en las zonas rurales.

Mientras tanto, las comunidades del Nordeste antioqueño continúan enfrentando el impacto del conflicto, atrapadas entre los operativos militares y las acciones violentas de los grupos armados.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha planteado una serie de medidas contundentes para combatir la inseguridad en la región, destacando la necesidad de construir una megacárcel departamental y de incrementar el pie de fuerza policial. Estas propuestas se expusieron durante un reciente consejo de seguridad, donde se discutieron tanto las falencias en infraestructura como la falta de personal para cubrir todas las funciones necesarias en temas de orden público y vigilancia. La administración de Rendón apuesta por un enfoque integral que incluye tecnología avanzada, nuevas políticas para reducir la violencia intrafamiliar y la participación activa de la ciudadanía.

Necesidad de una megacárcel departamental en Antioquia

La iniciativa de construir una megacárcel departamental con capacidad para mil detenidos fue una de las propuestas centrales del gobernador Rendón. La falta de espacio en las instalaciones actuales ha sobrecargado a las estaciones de policía, donde, en muchos casos, los detenidos deben permanecer por tiempos prolongados. Esta situación obliga a los agentes a dividir su tiempo entre la vigilancia de estas personas y sus labores de patrullaje.

Objetivos de la nueva cárcel

El gobernador subrayó que esta infraestructura permitiría no solo descongestionar las estaciones de policía, sino también liberar a los agentes para que se enfoquen exclusivamente en la prevención y reacción ante la delincuencia. “La construcción de una cárcel departamental con mil nuevos cupos sería un gran alivio”, afirmó Rendón, argumentando que esta medida es indispensable para mejorar el orden público en el departamento. Este proyecto requerirá tanto el apoyo del gobierno nacional como la asignación de recursos adicionales para su construcción y posterior administración.

Aumento de pie de fuerza en la región

Además de la megacárcel, el gobernador solicitó un aumento de la fuerza pública en Antioquia. Según Rendón, la escasez de personal hace que los agentes disponibles deban cumplir funciones adicionales que no están dentro de su misión principal, como la custodia de detenidos en estaciones de policía. Esto afecta directamente la capacidad de patrullaje y reacción de los agentes frente a situaciones de emergencia.

Propuesta de refuerzos policiales

La propuesta de incrementar el pie de fuerza incluye la solicitud de un número mayor de efectivos en áreas críticas de la región, donde la incidencia de delitos y actos de violencia ha aumentado en los últimos meses. De acuerdo con el gobernador, contar con más agentes disponibles es esencial para restaurar la percepción de seguridad y fortalecer el control en las zonas urbanas y rurales de Antioquia.

Implementación de tecnología avanzada en seguridad

Rendón también destacó la importancia de la tecnología en la vigilancia y prevención del delito. Durante el consejo de seguridad, se discutió la necesidad de instalar más cámaras de vigilancia en áreas estratégicas de Antioquia, una medida que el mandatario considera prioritaria para disuadir el crimen y reaccionar de manera más rápida y efectiva ante incidentes.

Estrategias de monitoreo con cámaras de vigilancia

La propuesta incluye la instalación de cámaras con capacidades avanzadas de monitoreo, que podrían ayudar a identificar patrones de actividad criminal y reforzar la labor de los cuerpos de seguridad. Para el gobernador, esta inversión en tecnología es una apuesta a largo plazo para hacer de Antioquia una región más segura y con herramientas de última generación para combatir el crimen.

Enfoque social: lucha contra la violencia intrafamiliar

Durante el consejo de seguridad, el gobernador abordó otro tema de relevancia: la violencia intrafamiliar. Rendón hizo un llamado a las familias de Antioquia para que participen en los programas sociales que ofrece la gobernación, con el objetivo de prevenir y combatir este flagelo que afecta a muchas personas en el departamento.

Programas de apoyo a la comunidad

La administración de Rendón promueve iniciativas de sensibilización y apoyo psicológico para las familias, así como espacios seguros donde las personas puedan buscar ayuda en caso de ser víctimas de violencia en el hogar. Estos programas pretenden generar una mayor cohesión social y reducir los índices de violencia intrafamiliar en el departamento.

Integración de medidas para fortalecer la seguridad y convivencia

En conjunto, las propuestas de Andrés Julián Rendón apuntan a construir un entorno más seguro para los ciudadanos de Antioquia. El aumento de fuerza pública, la construcción de una megacárcel y la implementación de tecnología avanzada son vistas por la administración departamental como herramientas clave para combatir la delincuencia y mejorar la convivencia en la región.

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