La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha salido al paso para desmentir las afirmaciones recientes sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, rechazando las acusaciones de que dicha propuesta implica una «expropiación express» y un reemplazo de funciones jurisdiccionales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En un contexto donde la desinformación puede generar confusión, la CCJ subraya que el proyecto en cuestión busca fortalecer la justicia agraria en Colombia, sin afectar de manera negativa los derechos de propiedad privada.

Jurisdicción Agraria: Una necesidad histórica

La Jurisdicción Agraria, propuesta en el reciente proyecto de ley, responde a una necesidad histórica de mejorar el acceso a la justicia para los campesinos colombianos. Esta propuesta, según la CCJ, es un avance necesario para saldar las deudas históricas que el Estado tiene con el sector rural, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos agrarios.

#Desinformación Hoy la congresista Katherine Miranda denunció que la radicación del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria contemplaba “expropiación express” y el supuesto reemplazo de funciones jurisdiccionales por la @AgenciaTierras. Le explicamos por qué esto NO es cierto: pic.twitter.com/lXigImxpuy

— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) August 27, 2024

Katherine Miranda, congresista, había manifestado en redes sociales que el proyecto implicaba una «expropiación express», un argumento que la CCJ ha desmentido categóricamente. Según la CCJ, este proyecto no altera la función de la propiedad privada en Colombia, la cual sigue estando protegida por la Constitución, particularmente en su Artículo 58, que establece las condiciones bajo las cuales puede afectarse la propiedad privada.

El rol de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Contrario a lo que se ha sugerido, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no verá sus funciones reemplazadas por el nuevo proyecto de ley. La CCJ explica que la ANT ya tiene facultades para resolver, en sede administrativa, procesos agrarios especiales según la Ley 160 de 1994. Esta capacidad se refuerza con los decretos 2363 de 2015 y 902 de 2017, lo que demuestra que no hay una alteración radical de las funciones jurisdiccionales.

El proyecto de ley propone que, en lugar de ser revisadas por un juez contencioso, estas decisiones agrarias pasen a ser revisadas por un juez agrario, lo cual, según la CCJ, no representa una «expropiación express». Esta modificación, lejos de ser un debilitamiento del sistema, busca especializar la justicia en el ámbito agrario, garantizando una resolución más efectiva y acorde a las necesidades del sector rural.

Fortalecimiento de la función social y ecológica de la propiedad

Un aspecto central del debate ha sido el concepto de la función social y ecológica de la propiedad agraria. La CCJ señala que este no es un principio nuevo; ha estado presente en la legislación colombiana desde 1936 y ha sido un pilar fundamental para asegurar que la propiedad agraria cumpla con un propósito más allá del beneficio individual, contribuyendo al bienestar social y ambiental del país.

Este principio está claramente protegido por la Constitución, y el proyecto de ley no lo modifica, sino que lo reafirma. La propiedad privada, en este contexto, sigue siendo un derecho protegido, pero se reconoce que debe cumplir con una función que beneficie al conjunto de la sociedad, especialmente en un país con profundas desigualdades en la distribución de la tierra.

Un avance constitucional en favor del campesinado

Para la CCJ, quienes apoyan el proyecto de ley están defendiendo un avance constitucional que es necesario para asegurar la justicia agraria en Colombia. El campesinado ha sido históricamente uno de los sectores más vulnerables en términos de acceso a la tierra y justicia, y este proyecto busca cambiar esa realidad.

La creación de una Jurisdicción Agraria especializada es vista como un paso fundamental para garantizar que los derechos de los campesinos sean protegidos de manera efectiva y en el marco legal actual. Este avance es crucial para corregir las desigualdades históricas y asegurar que la justicia llegue a todas las regiones del país, especialmente a aquellas que han sido marginadas.

La Comisión Colombiana de Juristas insiste en que este proyecto de ley no es una amenaza para los derechos de propiedad privada, sino una oportunidad para fortalecer la justicia en un área crítica para el desarrollo social y económico de Colombia. Los argumentos de «expropiación express» carecen de fundamento, y el verdadero objetivo es asegurar que la propiedad agraria cumpla con su función social y ecológica, en beneficio de toda la sociedad.

La entrada Comisión Colombiana de Juristas desmiente mitos sobre Jurisdicción Agraria y la ANT se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la entrega de varias propiedades rurales en el municipio de Sahagún, Córdoba, destinadas a comunidades campesinas. Entre los terrenos destaca la finca Nuevo México, con una extensión de 497 hectáreas, que anteriormente pertenecía al exsenador Musa Besaile Fayad, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht. Esta entrega forma parte de un esfuerzo gubernamental para redistribuir tierras incautadas y promover el desarrollo rural en la región.

Transferencia de tierras para revitalizar el campo

La finca Nuevo México, cuyo valor se estima en más de 5.000 millones de pesos, fue entregada a la organización Asocamila mediante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo es reactivar la producción agrícola en la región, beneficiando a los campesinos locales y convirtiendo un terreno anteriormente improductivo en un espacio productivo. Esta propiedad, conocida en la región por su participación en corralejas, ahora será utilizada para fines agrícolas en beneficio de las comunidades campesinas.

Entrega de otras propiedades rurales en Córdoba

Además de la finca Nuevo México, la SAE también transfirió otras cuatro fincas rurales en Córdoba: Maragón, Tengo Amores, Las Monitas y Tucunare. Estas tierras suman un total de 1.378 hectáreas que anteriormente estuvieron vinculadas a actividades ilegales y ahora serán aprovechadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

La finca Maragón, con 710 hectáreas aptas para la producción de alimentos, fue entregada a la organización Los Laureles. Este predio tiene el potencial de convertirse en un motor agrícola para la región, aportando significativamente a la seguridad alimentaria local. Por su parte, la finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, se destinó a proyectos de piscicultura y agricultura.

Resistencia en la recuperación de tierras

El proceso de recuperación de las propiedades no estuvo exento de desafíos. Durante la diligencia de entrega de la finca Nuevo México, funcionarios de la SAE fueron víctimas de hostigamientos por parte de abogados que representaban a ocupantes irregulares. Estos abogados obstaculizaron el ingreso de los camiones destinados a trasladar el ganado presente en la finca y agredieron verbalmente a los funcionarios.

Incluso, personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público que acompañaban la diligencia reportaron dificultades en el desempeño de sus funciones debido a la actitud violenta de los abogados. Este incidente refleja las tensiones que persisten en el proceso de restitución de tierras en Colombia, donde aún se enfrentan desafíos por parte de quienes buscan mantener el control sobre propiedades obtenidas de manera irregular.

Compromiso gubernamental con el desarrollo rural

La entrega de estas tierras responde al compromiso del Gobierno Nacional de restituir terrenos a quienes más lo necesitan y convertir estos espacios en motores de desarrollo rural. Los terrenos entregados estaban relacionados con delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, y ahora serán utilizados para impulsar la economía rural y mejorar las condiciones de vida en la región. La transferencia busca transformar estos espacios improductivos en zonas agrícolas activas, generando empleo y estabilidad para las comunidades campesinas.

Transformando la economía rural en Córdoba

Con estas entregas, el gobierno reafirma su política de redistribución de tierras, devolviendo a las comunidades rurales terrenos que en el pasado fueron utilizados para fines ilícitos. La esperanza es que, con la adecuada gestión y el apoyo institucional, estas tierras se conviertan en un pilar para el desarrollo económico y social de Córdoba, promoviendo la equidad y el bienestar en el campo.

La entrada La SAE entrega 1300 hectáreas a campesinos para revitalizar el campo en Córdoba se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está implementando una serie de estrategias económicas que están comenzando a mostrar resultados positivos. En un reciente discurso, Petro destacó la importancia del campesinado en la economía nacional, la doble moral de los medios de comunicación y los desafíos de la reforma agraria.

El Resurgir del Campesinado Colombiano

Reconociendo el Valor del Campesinado

En un emotivo discurso, el presidente Petro resaltó que la mayoría de los colombianos provienen de familias campesinas y subrayó la importancia de brindar oportunidades a este sector. «Por primera vez nos creemos que nosotros, los campesinos, tenemos una importancia en toda la economía de este país,» afirmó Petro. Este reconocimiento se ha materializado en eventos como la primera feria de agricultura familiar campesina y comunitaria, inspirada en un modelo brasileño.

Una Feria Inspirada en Brasil

La feria, inspirada en un ejemplo de Bahía, Brasil, mostró cómo la transferencia de tecnología y la cooperación internacional pueden impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales. «Hemos traído 13 instituciones brasileñas, 13 empresas y cooperativas de agricultura familiar,» explicó el presidente, destacando la importancia de este intercambio para el desarrollo del sector agrícola colombiano.

La Doble Moral de los Medios de Comunicación

Críticas a los Medios Tradicionales

Petro también criticó la narrativa de los medios de comunicación tradicionales, que según él, presentan una visión negativa de la economía colombiana. «Los medios tradicionales de comunicación afectos a la derecha se concentran en generar una sensación de que todo va mal,» afirmó Petro. Sin embargo, señaló que los dueños de estos medios continúan obteniendo beneficios económicos y que sus empresas siguen operando con normalidad en Colombia.

Una Realidad Optimista desde el Estado

Contrariamente a esta visión, los medios oficiales del estado presentan una realidad más optimista. Petro destacó indicadores económicos alentadores, como el crecimiento del transporte aéreo de pasajeros en un 17% entre enero y mayo, y un aumento del turismo internacional. «Seguimos creciendo, esto se ajusta al entorno de crecimiento de todo el país, específicamente en los temas de turismo,» enfatizó el presidente.

Desafíos y Avances en la Reforma Agraria

La Reforma Agraria bajo Amenaza

La reforma agraria es uno de los pilares del gobierno de Petro, pero enfrenta resistencia significativa. «La procuraduría se abalanza contra los funcionarios que hacen la reforma agraria para asustarlos e impedir que sigan entregando tierra a los campesinos,» denunció Petro. A pesar de estos obstáculos, el gobierno ha logrado algunos avances en la distribución de tierras.

El Problema de la Tenencia de la Tierra

Petro explicó que la distribución feudal de la tierra en Colombia es una de las principales causas de la violencia y la pobreza rural. «El problema de la tenencia de la tierra y su forma antidemocrática excluye a millones de campesinos y los arroja a la pobreza,» subrayó. La reforma agraria busca corregir esta injusticia histórica, aunque hasta ahora solo se han entregado 110,000 hectáreas de las 3 millones prometidas en el acuerdo de paz de 2016.

Cooperación Internacional y Desarrollo Agroindustrial

La Importancia de la Cooperación con Brasil

La cooperación con Brasil, ejemplificada en la feria de agricultura familiar, es un modelo que Petro busca replicar en Colombia. «La agricultura comercial y la agricultura familiar coexisten como parte de un único sistema agroalimentario que es uno de los motores del desarrollo brasileño,» explicó el presidente. Esta cooperación internacional es vital para impulsar la agroindustria y el desarrollo económico en las áreas rurales de Colombia.

Fomentando la Agroindustria Campesina

El desarrollo de la agroindustria campesina es una de las prioridades del gobierno de Petro. «Si logramos impulsar la agroindustria del campesinado de Colombia, estaremos fomentando el desarrollo del país,» afirmó. Esto incluye no solo la producción de alimentos, sino también su procesamiento y comercialización, lo que puede generar empleo y riqueza en las zonas rurales.

Conclusión

El presidente Gustavo Petro está implementando una serie de políticas económicas que buscan reconocer y potenciar el papel del campesinado en la economía colombiana. A pesar de enfrentar desafíos significativos, especialmente en la reforma agraria, los avances y la cooperación internacional muestran un camino prometedor hacia un desarrollo económico más inclusivo y equitativo. La transformación económica de Colombia bajo Petro parece estar en marcha, con el campesinado en el centro de esta nueva visión.

La entrada Petro impulsa la economía campesina se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La formación profesional permitirá a los futuros licenciados su vinculación como docentes, directivos docentes y líderes comunitarios, así como participar en el diseño de planes, proyectos, estrategias pedagógicas y comunitarias para el desarrollo del territorio, la solución de conflictos y el empoderamiento de grupos poblacionales en los entornos mencionados.

El programa tiene una duración de nueve semestres y fue aprobado bajo la metodología presencial y a distancia, lo que permitirá llegar a los territorios en todo el país.

Además, contempla la profundización en Proyectos pedagógicos productivos (agrícolas, pecuarios, huertas escolares, huertas comunitarias); Proyectos pedagógicos ambientales (manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, reforestación, recuperación y cuidado de cuencas, conservación de especies nativas en flora y fauna); Proyectos pedagógicos con familias y comunidades (escuela de padres, construcción comunitaria de la escuela, acompañamiento a las acciones comunales, emprendimiento comunidad, empresa y estado); Proyectos pedagógicos artísticos o deportivos (expresiones artísticas populares y tradicionales, pludiversidad cultural, deporte escolar, actividad física en la naturaleza), y Proyectos pedagógicos de convivencia y paz (convivencia y paz en la escuela, justicia social y educativa, restitución de derechos y paz, ciudadanía incluyente e intercultural). 

Al conocerse esta noticia nuestro analista, el médico, Luis Alfonso Ossa B, dijo:

¿No creen ustedes que se deberían aprovechar estos programas académicos diseñados para estudiantes del campo y tratar de llevarlos a nuestros territorios como por ejemplo San José de Apartadó, donde ya existe un Megacolegio relativamente subutilizado, pero que mediante un convenio interinstitucional con el I.T.A (Instituto Tecnológico de Antioquia) se podría potencializar su uso de manera más eficiente?

Sería muy importante que los alcaldes de Urabá por medio de sus secretarías de educación aprovechan esta oportunidad de llevar educación al campo, además de gratuita con tan variada oferta.

La entrada Abren puerta a Urabá para educación campesina y rural se publicó primero en El Pregonero del Darién.