La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado la cancelación de 1.038 cédulas de ciudadanía tramitadas por extranjeros que usaron identidades falsas en lo que va de 2024. Este hecho pone en alerta a las autoridades, ya que afecta la transparencia de los documentos oficiales y evidencia el incremento de actividades ilícitas relacionadas con la falsificación de identidad en el país. La mayoría de los involucrados provienen de República Dominicana, Venezuela y Ecuador, según los registros oficiales.

Las regiones más afectadas

La cancelación de cédulas fraudulentas no ha sido uniforme en todo el país. Las regiones más impactadas por este fenómeno son Atlántico, Córdoba, Bogotá y Cesar. Atlántico lidera la lista con 265 casos, seguido por Córdoba con 253, Bogotá con 139 y Cesar con 121 documentos anulados. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de ciertos territorios frente a redes criminales dedicadas a la falsificación y el tráfico de migrantes.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que se está trabajando estrechamente con las autoridades competentes para detectar nuevas formas de falsificación de documentos y evitar que este tipo de actividades continúe afectando la seguridad del país.

Redes de falsificación y tráfico de migrantes

Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades es la desarticulación de redes internacionales dedicadas al tráfico de migrantes y la falsificación de documentos en Colombia. Los migrantes, en su intento de regularizar su situación, son víctimas fáciles de estas organizaciones, que les ofrecen documentos falsos a cambio de sumas considerables de dinero. Este tipo de fraude no solo impacta la legalidad del proceso migratorio, sino también la seguridad nacional y la confianza en los documentos oficiales emitidos por el Estado colombiano.

Las investigaciones actuales apuntan a identificar los nexos entre estas redes y los funcionarios o intermediarios locales que facilitan la tramitación de estos documentos fraudulentos.

Colaboración con la Fiscalía

Para combatir este tipo de crímenes, la Registraduría ha enviado toda la información pertinente a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es avanzar en las investigaciones y desarticular completamente las redes dedicadas a la falsificación de documentos de identidad. El proceso implica no solo la cancelación de las cédulas, sino también acciones legales contra los responsables de estas actividades ilícitas, incluyendo a los extranjeros que han usado identidades falsas y a los ciudadanos colombianos involucrados en su facilitación.

El registrador Hernán Penagos destacó que la coordinación entre diferentes entidades del Estado es esencial para frenar este tipo de actividades criminales y proteger la integridad de los documentos oficiales.

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