El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, ha sido destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante nueve años, como resultado de irregularidades detectadas en un contrato de alumbrado público adjudicado durante su primer mandato. La decisión, que fue ratificada por un fallo de segunda instancia, señala fallas en la licitación que vulneraron principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia.

Destitución por irregularidades en la contratación pública

La Procuraduría General de la Nación informó el 12 de septiembre de 2024 que la sanción contra Leonardo Donoso fue confirmada tras una revisión exhaustiva del proceso licitatorio relacionado con el servicio de alumbrado público en Chía, durante su gestión entre 2016 y 2019. El fallo de segunda instancia evidenció que Donoso participó directamente en las etapas precontractual y contractual, omitiendo verificar que los documentos presentados cumplieran con los requisitos legales exigidos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran falencias en los análisis sectoriales y en los estudios financieros que formaban parte de los requisitos previos del proceso. Estos fueron aprobados de manera deficiente, lo que se reflejó en el pliego de condiciones, afectando la transparencia, la economía y la objetividad en la selección del contratista.

Exsecretario de Obras también fue sancionado

Además del alcalde Donoso, la Procuraduría extendió la sanción a Jorge Wilmar Torres Porras, quien se desempeñaba como secretario de Obras de Chía durante el mismo periodo. Torres Porras fue destituido e inhabilitado por nueve años debido a su participación en las irregularidades del proceso licitatorio.

El exsecretario aprobó documentos técnicos y financieros sin garantizar que cumplieran con los requisitos necesarios para una selección justa y transparente de las empresas oferentes. Esto generó un impacto negativo en la competencia y afectó la legitimidad del proceso, vulnerando los principios de la contratación pública.

Consecuencias para el futuro político de Donoso

A pesar de haber sido reelegido para un segundo mandato como alcalde de Chía (2024-2027), Donoso podrá continuar en su cargo mientras el Consejo de Estado revisa el caso. El alcalde tiene la opción de solicitar medidas cautelares que le permitan seguir ejerciendo sus funciones mientras se resuelve su situación legal.

En caso de que el Consejo de Estado rechace las medidas cautelares, el gobernador de Cundinamarca deberá nombrar a un alcalde encargado para terminar el periodo constitucional, lo que llevaría a la realización de nuevas elecciones para definir quién ocupará el cargo hasta 2027.

Impacto en la gestión pública y la confianza ciudadana

Este caso de destitución genera un fuerte impacto en la percepción de la gestión pública en Chía y en la confianza ciudadana en las autoridades locales. Las sanciones emitidas por la Procuraduría subrayan la importancia de garantizar que los procesos de contratación pública se lleven a cabo con total transparencia, economía y objetividad.

El hecho de que un alcalde, a pesar de ser reelegido, esté enfrentando sanciones de esta magnitud pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración pública para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

La ciudadanía y las instituciones deben estar vigilantes para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y que se cumplan los principios de legalidad y equidad en cada proceso administrativo.

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