La ADRES tomó medidas contundentes contra la corrupción en el sistema de salud, denunciando a 10 IPS ante la Fiscalía General de la Nación por reclamar pagos de 25.000 millones de pesos sin operar físicamente. Estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la atención médica de los colombianos.

Instituciones bajo investigación

Las 10 IPS denunciadas forman parte de un grupo de 52 auditadas, mayoritariamente en el Atlántico, tras detectarse irregularidades en sus operaciones. Las entidades señaladas son:

• Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.
• IPS Biotech de Colombia S.A.S.
• Confiansalud IPS L&M S.A.S.
• N&L Servicios de Salud S.A.S.
• IPS Premium Salud M&A S.A.S.
• Previmed Clinic S.A.S.
• Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.
• IPS Saddai Salud 7 S.A.S.
• VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.
• Suites Medical IPS S.A.S.

Las visitas de verificación evidenciaron la inexistencia de las instalaciones físicas declaradas, un requisito fundamental para operar como prestadoras de servicios médicos.

Proceso de auditoría y seguimiento

Félix Martínez, director general de la ADRES, destacó que, de las 52 instituciones auditadas, nueve lograron demostrar su existencia física, lo que permitió el descongelamiento de sus recursos. Sin embargo, estas continuarán bajo supervisión estricta y auditorías regulares para prevenir futuros riesgos.

Adicionalmente, la entidad tiene abiertos 33 procesos de investigación: cuatro en estudio de recursos de reposición y 29 en fase de notificación. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos destinados al sistema de salud colombiano.

La ADRES reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo las medidas de control para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación al bienestar de los usuarios.

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La exministra de Salud, Carolina Corcho, ha vuelto a encender las alarmas en el sistema de salud colombiano al revelar un nuevo y preocupante hallazgo: según los estados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), faltan 13 billones de pesos adicionales a los 11.3 billones ya denunciados por la Contraloría. Estas cifras alarmantes, correspondientes al periodo 2020-2024, plantean serias dudas sobre la gestión y el control de los recursos públicos en el sector salud.

Un escándalo que crece: nuevas cifras salen a la luz

La noticia sobre los 11.3 billones de pesos robados por las EPS, revelada recientemente por la Contraloría, ya había causado un gran impacto en la opinión pública. Sin embargo, Carolina Corcho ha advertido que esta cifra solo representa la punta del iceberg, ya que los estados financieros de las EPS muestran la desaparición de otros 13 billones de pesos, correspondientes al mismo periodo. Estos fondos, que debían estar destinados a la atención médica durante la pandemia, aparentemente han sido utilizados en actividades ajenas a la salud, como fiestas, bonos, clases de yoga y pilates.

La falta de control: un problema sistemático

La exministra ha señalado que este desfalco es posible debido a la falta de control y auditoría en el manejo de los recursos públicos asignados a las EPS. Según Corcho, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) entrega estos fondos de manera anticipada, y solo después de haber sido utilizados, las EPS presentan sus informes financieros. Esto crea un ambiente propicio para el mal uso de los recursos, ya que «no hay una auditoría que garantice el correcto destino de estos fondos,» afirmó Corcho.

Implicaciones para el sistema de salud

Las implicaciones de estas revelaciones son profundas. El sistema de salud colombiano, ya afectado por múltiples problemas estructurales, se enfrenta a un nuevo reto que amenaza la sostenibilidad de sus finanzas. La falta de recursos adecuados para enfrentar emergencias como la pandemia del 2020 pone en riesgo la salud de millones de colombianos y debilita la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.

¿Qué sigue para las EPS?

Ante estos hallazgos, surge la pregunta: ¿qué medidas se tomarán para recuperar estos fondos y evitar que algo similar vuelva a ocurrir? La responsabilidad recae tanto en el gobierno como en las entidades de control, que deberán actuar con prontitud y rigor para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.

Perspectivas futuras: el camino hacia la transparencia

La denuncia de Carolina Corcho subraya la necesidad urgente de reformar el sistema de control y auditoría en la administración de los recursos de salud. Es imperativo implementar mecanismos más estrictos y transparentes que aseguren que los fondos lleguen a donde más se necesitan: los pacientes. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema y garantizar un futuro más saludable para todos los colombianos.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que las autoridades tomen medidas decisivas para aclarar estos hechos y sancionar a los responsables. La salud de millones de colombianos depende de ello.

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