La elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional marcó un hito en el Senado colombiano este martes, luego de una jornada que estuvo en el centro del debate público. Con 57 votos a favor, Polo Rosero venció a Claudia Dangond, quien obtuvo 47 votos, en un proceso empañado por polémicas y cuestionamientos sobre su transparencia.

La polémica de la papeleta extra

Durante la votación inicial del lunes, apareció una papeleta de más, generando suspicacias entre diversos sectores y forzando a una nueva sesión. Este hecho provocó que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ordenara medidas adicionales de control en el ingreso a la plenaria del Senado.

Miguel Polo Rosero, tras ser elegido, dirigió un mensaje a los senadores en el que destacó su compromiso con la Constitución: «Quiero hacer una férrea defensa de lo que es la Corte Constitucional y cada uno de sus magistrados… De mi parte no pueden esperar nada distinto a mi sujeción a la Constitución», afirmó.

La influencia del Gobierno

El resultado fue interpretado como un triunfo del Gobierno en el Senado, una cámara que anteriormente le había propiciado varias derrotas importantes al presidente Gustavo Petro. La Casa de Nariño realizó intensas gestiones para que el resultado fuera favorable a Polo Rosero, desplazando las proyecciones iniciales que favorecían a Dangond.

Se presume que Roy Barreras, embajador en Londres y exlíder del Congreso, tuvo un papel clave en esta jugada política. A través de su cuenta de X, Barreras se refirió al proceso diciendo: «La Corte Constitucional es la garante de los Derechos de cada Colombiano. Incluso es el Polo a tierra de las decisiones de las otras ramas del poder».

Los factores decisivos

La votación, que contó con la presencia de 104 senadores, evidenció fracturas internas en algunos partidos. En el Partido Liberal, sectores liderados por César Gaviria apoyaron a Polo Rosero, mientras que los disidentes respaldaron a Dangond. Este desbalance fue crucial en un proceso que, hasta el lunes por la mañana, parecía inclinarse a favor de la abogada conservadora.

Además, la alianza entre partidos como Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y buena parte de La U no fue suficiente para contrarrestar el trabajo político del Gobierno, que terminó sumando votos de independientes y sectores liberales.

Reacciones al nombramiento

El presidente Gustavo Petro celebró la elección de Polo Rosero en su cuenta de X, describiéndola como «un gran triunfo». Este nombramiento no solo fortalece la presencia del Gobierno en una Corte clave para el país, sino que también marca un cambio en la dinámica de poder dentro del Congreso.

Por otro lado, sectores de la oposición expresaron su descontento, señalando las irregularidades del proceso como un reflejo de las tensiones políticas actuales.

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La Corte Constitucional de Colombia ha dado un golpe significativo a una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro, al declarar inexequible el Decreto 1961 de 2023. Este decreto permitía la contratación directa para la construcción y mejora de vías terciarias con comunidades indígenas, campesinas y las Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras organizaciones sociales. Con esta decisión, el plan de empoderar a estas comunidades en la ejecución de obras de infraestructura ha sido detenido.

La decisión de la Corte Constitucional

El fallo de la Corte fue unánime, aunque los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Antonio José Lizarazo aclararon su voto en ciertos puntos del decreto. La Corte concluyó que el presidente Petro se extralimitó en sus funciones, al modificar el régimen de contratación estatal más allá de lo permitido por el artículo 368 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este artículo daba pautas para la construcción de vías regionales, pero no para cambiar las reglas de contratación, otorgando capacidad jurídica a organizaciones sociales para contratar directamente con el Estado.

Implicaciones del fallo

Según el tribunal, la modificación que proponía el decreto alteraba el sistema de contratación vigente, lo que requeriría ajustes legislativos que no podían hacerse mediante un decreto presidencial. La Corte resaltó la necesidad de que el mandatario se mantenga dentro de las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, y que no sobrepase los límites en cuanto a los poderes de contratación estatal.

La defensa de Petro

A pesar de este revés, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de contratación directa, argumentando que hacía más transparente el proceso y empoderaba a las comunidades para gestionar obras públicas esenciales. Petro ha propuesto que las JAC y otras organizaciones sociales desempeñen un papel más activo en la ejecución de proyectos clave, como la pavimentación de vías, la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), e incluso la generación de energía y la instalación de internet de fibra óptica.

La apuesta de Petro por la economía popular

El objetivo del presidente ha sido transformar a las Juntas de Acción Comunal en gestoras de obras millonarias como parte de su enfoque hacia la economía popular. Esta estrategia se basa en la participación activa de las comunidades en la ejecución de proyectos que beneficien a sus propios territorios. Un ejemplo de esta visión se dio en Sincelejo, donde los vecinos del barrio La Independencia pavimentaron una calle de 275 metros, marcando un precedente de lo que Petro pretendía replicar a nivel nacional.

Un futuro incierto para las JAC

Con la anulación del Decreto 1961 de 2023, el futuro de la participación de las Juntas de Acción Comunal en proyectos de infraestructura y otros servicios queda en duda. Aunque Petro ha prometido continuar buscando vías para empoderar a las comunidades, el fallo de la Corte limita significativamente sus opciones. Ahora, se requerirá una nueva estrategia legislativa que permita avanzar en la construcción de vías terciarias y otros proyectos, sin caer en la misma controversia jurídica.

El presidente Petro enfrenta un desafío complejo: ¿cómo impulsar su agenda de economía popular sin vulnerar los límites constitucionales?

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En respuesta a las recientes denuncias de espionaje, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que su gobierno no está involucrado en actividades de interceptación telefónica. Estas declaraciones surgen después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una investigación sobre posibles escuchas ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Petro ha asegurado que su administración se diferencia de las anteriores al prohibir expresamente el uso de la inteligencia estatal contra opositores, prensa o cortes.

Denuncias y Respuesta Presidencial

La Fiscalía abrió una investigación tras recibir denuncias de posibles interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional. Estas denuncias, reveladas inicialmente por el diario El Tiempo, señalan que algunos magistrados sospechan que están siendo espiados. Posteriormente, la revista Semana informó que José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, entregó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que se denuncia una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

Gustavo Petro, en su cuenta de X, respondió contundentemente: «Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado». El mandatario enfatizó que desde el primer día de su administración se ordenó a los organismos de inteligencia no utilizar sus capacidades contra la oposición, la prensa o las cortes. Petro también destacó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no cuenta con equipos para interceptar servicios de telefonía privada.

Acciones de la Fiscalía

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía ha iniciado una investigación inmediata tras las denuncias presentadas por los magistrados de la Corte Constitucional. Entre las pruebas se incluye información sobre presuntas interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles.

Las funciones de los magistrados incluyen examinar si las reformas del gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Esto aumenta la gravedad de las denuncias, ya que cualquier intento de espionaje podría interpretarse como una interferencia directa en el poder judicial y en la independencia de sus funciones.

Contexto y Antecedentes

El escándalo actual evoca recuerdos de un caso similar durante la presidencia de Álvaro Uribe, donde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue descubierto instalando micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptando teléfonos de jueces, periodistas y opositores. Este escándalo resultó en condenas para varios responsables, incluyendo a Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados culpables de varios delitos.

En septiembre de 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado a más de siete años de prisión por su participación en estas actividades de espionaje, que incluían interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden judicial. Este oscuro capítulo de la historia colombiana resuena en el presente, alimentando las preocupaciones sobre la posible repetición de estos actos.

Declaraciones de los Magistrados

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, junto con otros magistrados, ha expresado su preocupación por las presuntas actividades de espionaje. En una carta entregada a la fiscal general, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que él y su esposa son víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal. Esta persecución supuestamente incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes, lo que ha sido denominado coloquialmente como «chuzadas» en Colombia.

La gravedad de estas denuncias ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha planteado serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones del gobierno en relación con el uso de la inteligencia estatal. La claridad y contundencia en la respuesta del presidente Petro serán cruciales para abordar estas preocupaciones y mantener la confianza en las instituciones.

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