El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los colombianos indocumentados en Estados Unidos para que regresen al país, instándolos a abandonar sus empleos y acogerse a los incentivos del Gobierno. En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario destacó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ofrecerá créditos productivos a quienes decidan retornar e inscribirse en los programas oficiales. La declaración surge en medio de un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., donde se han intensificado las redadas y deportaciones.

Gobierno colombiano busca incentivar el retorno de migrantes

Petro pide a los indocumentados regresar al país

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje contundente: «Le solicito a las colombianas y colombianos sin documentos en EE.UU. dejar sus trabajos de inmediato y retornar a Colombia lo más pronto posible. La riqueza la produce solo el pueblo trabajador. Construyamos riqueza social en Colombia».

El mandatario reiteró su interés en que los ciudadanos que viven en condición de irregularidad retornen al país y aporten al desarrollo económico. Para ello, el Gobierno ofrecerá apoyo a los retornados a través del DPS, con la entrega de créditos productivos y otros beneficios para facilitar su reincorporación al mercado laboral colombiano.

Créditos y oportunidades para quienes regresen

El Departamento de Prosperidad Social será el encargado de canalizar los apoyos económicos a los migrantes que retornen e ingresen a los programas oficiales. Aunque aún no se han detallado los montos ni las condiciones específicas de estos créditos, la iniciativa busca garantizar que los colombianos que decidan volver cuenten con oportunidades productivas que les permitan generar ingresos de manera sostenible.

Aumento de redadas y condiciones inhumanas en las deportaciones

Endurecimiento de la política migratoria en EE.UU.

Las declaraciones del presidente Petro llegan en un momento crítico para los migrantes en Estados Unidos. Según informes de medios estadounidenses, el Gobierno de Donald Trump ha intensificado las redadas migratorias, con operativos en al menos tres ciudades por semana y con un objetivo de 1.200 a 1.500 detenciones diarias.

Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, ya que las deportaciones se han llevado a cabo bajo condiciones consideradas inhumanas, donde los migrantes son sometidos a esposas y grilletes, en un trato equiparado al de criminales.

Denuncias sobre tratos degradantes

Diversas organizaciones han documentado casos de migrantes colombianos deportados en condiciones indignas. Testimonios han revelado que los detenidos son esposados durante largos periodos de tiempo, trasladados en condiciones precarias y tratados como delincuentes, pese a que la irregularidad migratoria no constituye un delito penal, sino una infracción administrativa.

Diferencia entre una infracción migratoria y un delito penal

Migración irregular no es un crimen

Expertos en derecho internacional han enfatizado que la migración irregular no es equiparable a la comisión de un delito. En la mayoría de los países, incluyendo EE.UU., ingresar o permanecer sin documentos es una falta administrativa, lo que implica sanciones como multas, deportaciones o restricciones de reingreso, pero no penas de cárcel.

No obstante, en algunos discursos políticos y narrativas oficiales, se ha promovido la idea de que la migración irregular debe ser tratada como un crimen, lo que ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos.

Criminalización de los migrantes

Diversos analistas advierten que la criminalización de los migrantes contribuye a una percepción negativa de la población indocumentada y puede derivar en un trato discriminatorio. Comparar la migración irregular con delitos penales es una práctica cuestionada por organizaciones internacionales, que insisten en la necesidad de abordar el fenómeno migratorio con un enfoque de derechos humanos y políticas integrales de apoyo.

El llamado del presidente Petro ha generado diversas reacciones, tanto en el ámbito político como en la comunidad migrante. Mientras algunos ven en los incentivos una oportunidad para regresar al país, otros consideran que las condiciones económicas en Colombia no ofrecen garantías suficientes para abandonar sus empleos en EE.UU.

La discusión sobre la migración y las políticas de retorno sigue abierta, en un contexto global donde la movilidad humana se ha convertido en un desafío para los gobiernos. La implementación de medidas que respalden a los retornados será clave para el éxito de esta iniciativa.

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El Gobierno de Colombia ha anunciado que se ha logrado superar el reciente impasse diplomático con los Estados Unidos relacionado con los ciudadanos colombianos en proceso de deportación. El consenso se alcanzó mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambas naciones, estableciendo acuerdos para garantizar un retorno digno de los connacionales.

Acuerdos para el retorno de ciudadanos deportados

La Cancillería de Colombia informó que, tras el entendimiento con Estados Unidos, el país seguirá recibiendo a los ciudadanos retornados bajo la condición de deportados. El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar condiciones dignas y el pleno respeto de los derechos de las personas durante su retorno.

El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., donde se reunirán con altos funcionarios estadounidenses para afianzar los acuerdos alcanzados y definir estrategias de cooperación bilateral en el manejo de las deportaciones.

Uso de medidas excepcionales para los retornos

Como parte de los esfuerzos para garantizar un retorno adecuado, el presidente Gustavo Petro autorizó el uso del avión presidencial para facilitar la llegada de los colombianos afectados. Esta medida se implementó de manera inmediata para recibir a aquellos ciudadanos que estaban programados para regresar en vuelos de deportación en las últimas horas.

El comunicado oficial destacó que estas acciones buscan no solo atender la situación actual, sino también establecer un precedente que refuerce el respeto por los derechos humanos en procesos de deportación.

La posición de Colombia ante los deportados

El Gobierno colombiano ha enfatizado que el manejo de los deportados debe realizarse con dignidad y respeto. Las autoridades han manifestado que continuarán trabajando para garantizar la reintegración social y económica de los retornados al país.

En este contexto, se espera que las reuniones en Washington permitan avanzar en un diálogo constructivo que aborde no solo los aspectos operativos de las deportaciones, sino también temas relacionados con las políticas migratorias entre ambos países.

El compromiso de Colombia es claro: garantizar que ningún ciudadano sea sometido a condiciones indignas durante su retorno y promover acciones que fortalezcan los lazos bilaterales con Estados Unidos.

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