El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ha hecho una serie de declaraciones importantes tras el reciente incidente en el que varios disidentes de las FARC fueron detenidos mientras se desplazaban en camionetas de la UNP. Este suceso ha generado gran controversia y preocupación sobre el uso de recursos del Estado y la seguridad nacional.

Detalles del Incidente

Durante un retén militar, varios disidentes de las FARC fueron interceptados mientras viajaban en camionetas asignadas por la UNP. Entre ellos se encontraban personas con órdenes de captura, como Alexander Mendoza, alias «Calarcá Córdoba», un cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), Andrey Avendaño, comandante del bloque del Magdalena Medio, y Érika Castro, considerada la mano derecha de «Calarcá».

Reacción del Director de la UNP

Augusto Rodríguez explicó que la UNP proporciona vehículos para Personas Protegidas por el Gobierno durante los procesos de paz. Sin embargo, durante la inspección, se descubrió que algunas personas a bordo de las camionetas no tenían este estatus y que dos de ellas tenían órdenes de captura. Además, tres individuos poseían armas, lo que llevó a su detención inmediata.

Normativas de Seguridad y Procedimientos

Según Rodríguez, la normativa permite a las Personas Protegidas permanecer en los vehículos durante una requisa, pero no pueden negarse a la misma. Los protocolos de la UNP indican que, en caso de un control, los vehículos deben ser llevados a una instalación militar o policial para realizar la identificación y revisión correspondientes. Durante este proceso, también se encontró una cantidad considerable de dinero, cuya procedencia y propósito están siendo investigados por la Fiscalía.

Contexto del Dinero Encontrado

El dinero hallado en las camionetas ha generado preguntas sobre su uso. Rodríguez mencionó que estos fondos podrían haber sido destinados para cubrir los gastos de desplazamiento de la delegación de paz, pero subrayó que la cantidad parecía excesiva, y se espera una explicación clara por parte de la delegación.

Amenazas contra el Director de la UNP

El director Rodríguez también aprovechó la ocasión para denunciar que ha sido blanco de amenazas de muerte. Recordó un atentado sufrido en marzo de 2023 y señaló que ciertos sindicatos han sugerido que, debido a su edad, no merece protección de la UNP. Esta situación subraya los riesgos y desafíos que enfrenta el personal de la UNP en su misión de proteger a individuos en situaciones delicadas.

Conclusión

Este incidente ha revelado problemas en la gestión de la seguridad y el uso de recursos por parte de la UNP. La detención de personas con órdenes de captura y la presencia de armas y dinero sin declarar han puesto en el centro de atención la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en los procesos de protección a delegaciones involucradas en los diálogos de paz.

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La reciente revelación de una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) transportando disidentes de las Farc ha generado una serie de controversias y críticas. La senadora Paloma Valencia y el estratega político José Obdulio Gaviria han cuestionado severamente al gobierno por este incidente, que ha resaltado irregularidades en el manejo de la seguridad y los recursos destinados a la protección de personas vinculadas a actividades subversivas.

Reacciones ante el Escándalo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en alertar sobre la presencia de miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc dentro de una caravana de la UNP en las vías de Antioquia. Este hecho desencadenó una serie de eventos que culminaron en la captura de varios de los integrantes de la caravana, entre ellos, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, un destacado comandante del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Críticas de Valencia y Gaviria

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el estratega político José Obdulio Gaviria han manifestado su indignación a través de redes sociales y declaraciones públicas. Valencia ha señalado que el uso de recursos de la UNP para proteger a disidentes de las Farc es un acto de corrupción y una violación de la ley. Por su parte, Gaviria ha relacionado el incidente con posibles contactos con Venezuela, sugiriendo que el país vecino podría estar involucrado en la movilización de estos insurgentes.

Defensa del Gobierno y Reacciones

Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz, ha defendido la caravana como parte de las actividades acordadas en las negociaciones entre el gobierno y las disidencias. González Posso ha afirmado que la movilización estaba enmarcada dentro de los términos acordados en el quinto ciclo de negociaciones y que la caravana se dirigía a una reunión en Caquetá. Sin embargo, la defensa del Gobierno ha sido insuficiente para calmar las críticas de la oposición y de algunos sectores políticos.

Consecuencias para el Proceso de Paz

La controversia generada por la caravana de la UNP plantea serias preguntas sobre la transparencia y la eficacia del proceso de paz en curso. Las acusaciones de que los disidentes estaban en posesión de grandes sumas de dinero y oro, y los vínculos potenciales con Venezuela, han avivado el debate sobre la legitimidad del proceso de paz. La situación también ha destacado las deficiencias en la protección de funcionarios locales y la gestión de los recursos destinados a la seguridad.

Resumen del Incidente y Repercusiones

La caravana de la UNP que transportaba disidentes de las Farc ha desencadenado una serie de críticas y cuestionamientos hacia el Gobierno. Las reacciones de políticos como Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria han puesto en evidencia las tensiones alrededor del proceso de paz y el manejo de los recursos de seguridad. El futuro de las negociaciones y la seguridad en la región podrían verse afectados por este controversial suceso.

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