En medio de preocupaciones por la calidad del servicio eléctrico en Colombia, Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta, ha emprendido una acción popular para que el estado colombiano adquiera la totalidad de las acciones de Electricaribe. Esta iniciativa busca no solo mejorar la infraestructura y las redes eléctricas, sino también garantizar subsidios del 100% de la tarifa a usuarios de estratos 1 y 2, así como a sectores subnormales.

En su propuesta, Caicedo plantea que el estado vuelva a ser el dueño de Electricaribe, siguiendo las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Esta medida busca asegurar que los recursos públicos se destinen eficientemente para mejorar el servicio y atender las necesidades de los usuarios.

Garantizando subsidios y mejoras en la infraestructura

El objetivo central de la acción popular es destinar recursos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas, permitiendo así una prestación de servicio más eficiente y confiable. Asimismo, se busca tramitar una ley que otorgue subsidios del 100% de la tarifa a usuarios de estratos 1 y 2 y a sectores subnormales, alineándose con principios de equidad y accesibilidad.

Respuesta ciudadana y fundamentos legales

Caicedo, quien es precandidato presidencial y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, fundamenta su propuesta en la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994, destacando la responsabilidad del estado en garantizar servicios básicos a toda la población. La acción popular también invita a los ciudadanos a acompañar la instalación de la acción el jueves en la oficina judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla, mostrando así un compromiso con la participación ciudadana y la defensa de intereses colectivos.

Para resumir

La acción popular liderada por Carlos Eduardo Caicedo representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones para mejorar el servicio eléctrico en Colombia. Al recuperar el control estatal sobre Electricaribe y garantizar subsidios para los estratos más bajos, se abre la posibilidad de una prestación de servicio más equitativa y eficiente. El respaldo ciudadano a esta iniciativa demuestra la importancia de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones que impactan directamente en su bienestar y calidad de vida.

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