La Contraloría General de la República ha dado un paso decisivo en el caso de corrupción que envuelve a la Unión Temporal Centros Poblados, ordenando la devolución de 87.027 millones de pesos al Estado. Este monto corresponde al valor desviado en el contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) durante el gobierno de Iván Duque, cuyo propósito era llevar conectividad a 15.000 escuelas rurales en todo el país. El contrato, que inicialmente prometía un avance significativo en la inclusión digital, terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

Centros Poblados y su responsabilidad fiscal

La Contraloría ha determinado que Centros Poblados es responsable de un detrimento patrimonial de 70 mil millones de pesos. Este detrimento se originó por la ineficiencia en la ejecución del contrato y la falta de cumplimiento en la entrega de los equipos necesarios para las escuelas. Según el informe del ente de control, la gestión fue calificada como «ineficiente e inoportuna», agravando la pérdida de recursos destinados a mejorar la conectividad de las zonas rurales más vulnerables.

La investigación reveló que la empresa Nuovo Security LLC, una de las compañías que conformaban la Unión Temporal, no cumplió con sus compromisos. Esta empresa, liderada por Juan Carlos Ángel Cáceres, omitió la entrega de equipos críticos para la implementación del proyecto, lo que llevó a la imputación de responsabilidad fiscal en su contra. Cáceres, además, ha sido señalado por la Fiscalía como un contratista que ha ejecutado contratos valorados en 111 mil millones de pesos, en su mayoría adjudicados sin competencia en las regiones de La Guajira y Norte de Santander.

Centros Poblados es responsable fiscal por un detrimento patrimonial de 70 mil millones de pesos debido a una gestión «ineficiente e inoportuna».

El contrato de internet y las irregularidades

El contrato, valorado en un billón de pesos, tenía como objetivo conectar miles de escuelas rurales a internet, un proyecto crucial para cerrar la brecha digital en las zonas más apartadas del país. Sin embargo, 70 mil millones de pesos del anticipo fueron desviados por los contratistas para su beneficio personal, en lugar de ser utilizados para cumplir con los objetivos del proyecto. La participación de Emilio Tapia, un empresario con antecedentes por corrupción, aumentó las sospechas desde el inicio, intensificando el escrutinio público sobre los manejos del contrato.

A pesar de los compromisos adquiridos, los avances en la conectividad rural nunca se materializaron, dejando a miles de estudiantes rurales sin acceso a las herramientas digitales necesarias para su educación. La falta de resultados ha provocado un amplio rechazo social y una serie de investigaciones que siguen abiertas.

El papel de la exministra Karen Abudinen

Uno de los aspectos más polémicos del caso ha sido la gestión de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien autorizó el anticipo millonario a pesar de las alertas sobre posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. Sin embargo, a pesar de las críticas, la Procuraduría General de la Nación decidió archivar la investigación en su contra, al no encontrar pruebas suficientes para vincularla directamente con el desfalco. Esta decisión, emitida el pasado 23 de septiembre, ha generado divisiones de opinión en el ámbito político y social.

Para muchos, la autorización del anticipo bajo su gestión sigue siendo una decisión cuestionada, especialmente considerando las señales tempranas de irregularidades. No obstante, el fallo de la Procuraduría dejó claro que no había evidencia contundente que permitiera su vinculación directa en el proceso.

A pesar de las críticas, la Procuraduría General archivó la investigación contra la exministra Karen Abudinen, al no encontrar pruebas suficientes que la vinculen directamente con el desfalco.

Consecuencias para el futuro de la conectividad rural

El escándalo de Centros Poblados ha dejado profundas cicatrices en la credibilidad de las instituciones encargadas de ejecutar proyectos de infraestructura tecnológica en el país. La falta de cumplimiento y el desvío de recursos han generado un impacto negativo en las comunidades rurales, donde la falta de conectividad sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo educativo y social.

Este caso también subraya la necesidad de establecer controles más rigurosos en la contratación pública, especialmente en proyectos que involucran recursos tan importantes para el desarrollo de la infraestructura del país. Las autoridades han enfatizado la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales y económicas de sus acciones.

A medida que continúan las investigaciones, la expectativa es que este tipo de irregularidades sirva como un ejemplo de lo que no debe repetirse en futuras adjudicaciones. La restitución de los recursos al Estado es solo un paso dentro de un proceso más amplio de reformas y lecciones aprendidas.

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