La ADRES tomó medidas contundentes contra la corrupción en el sistema de salud, denunciando a 10 IPS ante la Fiscalía General de la Nación por reclamar pagos de 25.000 millones de pesos sin operar físicamente. Estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la atención médica de los colombianos.

Instituciones bajo investigación

Las 10 IPS denunciadas forman parte de un grupo de 52 auditadas, mayoritariamente en el Atlántico, tras detectarse irregularidades en sus operaciones. Las entidades señaladas son:

• Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.
• IPS Biotech de Colombia S.A.S.
• Confiansalud IPS L&M S.A.S.
• N&L Servicios de Salud S.A.S.
• IPS Premium Salud M&A S.A.S.
• Previmed Clinic S.A.S.
• Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.
• IPS Saddai Salud 7 S.A.S.
• VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.
• Suites Medical IPS S.A.S.

Las visitas de verificación evidenciaron la inexistencia de las instalaciones físicas declaradas, un requisito fundamental para operar como prestadoras de servicios médicos.

Proceso de auditoría y seguimiento

Félix Martínez, director general de la ADRES, destacó que, de las 52 instituciones auditadas, nueve lograron demostrar su existencia física, lo que permitió el descongelamiento de sus recursos. Sin embargo, estas continuarán bajo supervisión estricta y auditorías regulares para prevenir futuros riesgos.

Adicionalmente, la entidad tiene abiertos 33 procesos de investigación: cuatro en estudio de recursos de reposición y 29 en fase de notificación. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos destinados al sistema de salud colombiano.

La ADRES reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo las medidas de control para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación al bienestar de los usuarios.

La entrada ADRES denuncia a 10 IPS por fraude de 25.000 millones: no tienen existencia física se publicó primero en El Pregonero del Darién.

En un operativo de gran envergadura, la Fiscalía General de la Nación ocupó 136 bienes, valorados en más de 109.000 millones de pesos, que presuntamente fueron adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico. Los inmuebles, ubicados en diversas regiones de Colombia, pertenecen a Helmann Yesid Novoa Gómez, conocido como alias ‘El Socio’, quien es señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo y las disueltas FARC-EP.

Red de Bienes Ilícitos

Alias ‘El Socio’, un individuo que durante años logró permanecer en el anonimato, tejió una red de adquisiciones ilícitas a través de terceros y empresas fachada. Las investigaciones, adelantadas de manera articulada entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, revelaron que Novoa Gómez utilizó a familiares y personas de confianza para figurar como propietarios de los bienes, con el objetivo de evadir los controles de las autoridades.

Alias de El Socio, habría recurrido a familiares y personas de su confianza para que figuraran como propietarios de los inmuebles y así evadir los controles que sobre los predios pudieran ejercer las autoridades.

Información completa aquí: https://t.co/1LWVKcMpvI pic.twitter.com/e9Y9Ks3ene

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2024

La Estructura de la Red

Los bienes ocupados se encuentran distribuidos en varias zonas del país, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Barbosa, Cajicá, Fusagasugá, Silvania, Palestina, Melgar e Ipiales. Entre los activos ocupados se destacan 92 inmuebles, entre ellos un edificio de 11 pisos en Barranquilla, fincas en Tolima y Caldas, oficinas, locales comerciales, apartamentos, garajes, lotes y casas. Además, la Fiscalía encontró dos inmobiliarias, 32 títulos valores, nueve vehículos y tres establecimientos de comercio, todos presuntamente adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Operativo de Extinción de Dominio

El operativo de extinción de dominio fue ejecutado por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien ordenó medidas cautelares sobre los bienes en cuestión. El valor preliminar de los activos supera los 109.390 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud de las operaciones ilegales realizadas por alias ‘El Socio’. Estos bienes han sido puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su administración mientras se resuelve la situación jurídica del implicado.

Vínculos y Antecedentes de ‘El Socio’

Helmann Yesid Novoa Gómez, alias ‘El Socio’, fue condenado en 2013 a cinco años y once meses de prisión por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir agravado. Se le acusa de haber mantenido nexos con el Clan del Golfo y las entonces FARC-EP, y de participar en actividades de lavado de dinero a través de operaciones financieras en Ecuador y Panamá. Aunque actualmente se encuentra en libertad tras cumplir su condena, las investigaciones en su contra continúan, debido a la magnitud de sus operaciones criminales.

Impacto del Operativo

Este operativo es parte de los esfuerzos continuos de la Fiscalía para desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico y asegurar que los recursos ilícitos no sigan financiando actividades delictivas. La ocupación de los bienes de alias ‘El Socio’ no solo representa un golpe significativo a su red, sino que también envía un mensaje claro a otros actores involucrados en el narcotráfico: el Estado colombiano seguirá persiguiendo a aquellos que intenten ocultar sus actividades ilegales bajo un manto de legalidad.

Perspectivas a Futuro

Con la ocupación de estos bienes, se espera que la Sociedad de Activos Especiales pueda gestionar adecuadamente los recursos para que no regresen al control de organizaciones criminales. La labor conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional refuerza la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado en todas sus formas, y demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

El resultado de este proceso legal será determinante para el futuro de las operaciones de extinción de dominio en el país, y marcará un precedente en la estrategia de debilitamiento de las finanzas criminales.

La entrada Fiscalía ocupa bienes por 109 mil millones de pesos a narco vinculado al Clan del Golfo se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

La entrada Coronel y 23 militares encarcelados por masacre en Putumayo se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El presidente Gustavo Petro expresó su profunda preocupación ante el reciente escándalo de corrupción que involucra a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Petro, a través de sus redes sociales, insistió en que los responsables deben devolver la totalidad de los recursos sustraídos. El mandatario se pronunció desde París, donde asiste a la inauguración de los Juegos Olímpicos, destacando que el monto robado podría superar los mil millones de pesos.

Imputación de cargos

Detalles del proceso judicial

El 25 de julio, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, respectivamente. Durante la diligencia, se presentaron pruebas que sugieren que López habría desviado $724 millones y Pinilla $342 millones. Ambos enfrentan cargos por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, y falsedad en documentos.

Contrato fraudulento

Sobrecostos y sobornos

El escándalo se centra en un contrato de $46.800 millones para la adquisición de 40 vehículos, el cual presentó sobrecostos de $14.163 millones. De estos, $7.821 millones fueron entregados como sobornos. El contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como «el Pastuso», es señalado como el intermediario que facilitó la entrega de estos pagos ilegales.

Implicaciones y distribución de sobornos

Beneficiarios y acusaciones adicionales

Según la Fiscalía, los sobornos incluyeron pagos a varias personas, entre ellas Iván Name, expresidente del Congreso, quien habría recibido $3.000 millones, y Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara, quien recibió $1.000 millones. Olmedo López y Sneyder Pinilla también se beneficiaron directamente con $742 millones y $342 millones, respectivamente.

Respuesta oficial y próximas acciones

La Fiscalía continúa investigando el caso, identificando órdenes de pago que superan los $228.844 millones, no solo en la Ungrd sino también en otras entidades gubernamentales. El presidente Petro ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la justicia, instando a que se recupere todo el dinero malversado.

La entrada Petro exige devolución de fondos robados en la Ungrd se publicó primero en El Pregonero del Darién.