La polémica en torno al software de espionaje Pegasus, adquirido durante el gobierno de Iván Duque, ha escalado en una investigación que apunta a posibles prácticas de espionaje político y lavado de activos en Colombia. Además de las dudas sobre quién controla y usa actualmente este software, el caso ha puesto en evidencia una presunta red de corrupción que involucra tanto a actores nacionales como internacionales. El uso irregular de Pegasus y su posible financiamiento opaco han provocado una crisis política y judicial, mientras el país espera respuestas sobre su paradero y propósito actual.

Adquisición de Pegasus en Colombia: sospechas y dudas

Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el software de espionaje Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles, fue adquirido bajo circunstancias poco transparentes. Fuentes de alto nivel han señalado que esta herramienta fue utilizada para espionaje político en Colombia, sin embargo, no existen contratos o registros oficiales que respalden la compra del software. Esto ha llevado a cuestionamientos serios sobre si la transacción involucró lavado de activos o un financiamiento ilegal que habría tenido el objetivo de evitar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

La falta de documentación contractual ha intensificado las sospechas. El senador Antonio Correa, líder en la investigación del caso, sostiene que NSO Group, la empresa israelí desarrolladora de Pegasus, pudo haber sido engañada sobre el origen del dinero empleado en la transacción. Correa señala que no se usaron fondos públicos en esta adquisición, sino que, supuestamente, provino de empresarios y contratistas con intereses específicos en el contexto político de Colombia.

Espionaje político: el alcance de Pegasus en América Latina

El caso Pegasus no es exclusivo de Colombia. En países como México, El Salvador y Panamá, este software ha sido utilizado con fines políticos y de espionaje, generando múltiples denuncias internacionales. En México, por ejemplo, Pegasus fue empleado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a políticos de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Casos similares se han reportado en El Salvador, donde se señala que el presidente Nayib Bukele empleó Pegasus para vigilar a periodistas y críticos de su administración, específicamente al equipo de investigación del medio El Faro.

Panamá también es parte de la lista de países en los que Pegasus ha sido utilizado en prácticas de espionaje, y actualmente se han identificado a tres colombianos implicados en la estructura de venta de este software en territorio panameño. La presunta relación de Colombia con una red de corrupción transnacional amplifica las preocupaciones sobre el uso indebido de Pegasus en la región, conectando diversos escándalos de espionaje con una estructura de comercialización ilegal de tecnologías de vigilancia.

Debate de control político: la urgencia de una investigación en profundidad

El senador Correa ha convocado a un debate de control político en el Congreso de Colombia para esclarecer el paradero y uso actual de Pegasus en el país. Correa ha solicitado la comparecencia de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para que den explicaciones sobre la compra y la posible utilización del software en operativos de espionaje interno.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, ha afirmado que Pegasus fue utilizado para espiar a opositores y activistas durante el Paro Nacional de 2021. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes sobre quién posee el control del software hoy en día, lo que aumenta las sospechas de que sigue operando bajo una estructura irregular.

Redes de corrupción y posibles implicaciones democráticas

Más allá del espionaje político, las investigaciones señalan una sofisticada red de corrupción que involucra a instituciones del Estado colombiano, incluyendo la posible participación de la Policía de narcóticos. Según se informa, fondos desconocidos y vuelos con grandes cantidades de dinero fueron empleados para encubrir esta operación, utilizando instalaciones militares para evitar el escrutinio público. La falta de transparencia y la implicación de fuerzas de seguridad estatales sugieren una trama profunda de corrupción con fines políticos y económicos.

Líderes políticos y analistas coinciden en que este tipo de prácticas representan una amenaza directa para la democracia en Colombia. La presunta utilización de Pegasus para vigilar a ciudadanos y opositores afecta las libertades civiles y puede derivar en una crisis de derechos humanos si no se toman medidas contundentes.

Escenarios posibles: la importancia de respuestas claras

Este caso plantea dos grandes preguntas que aún no tienen respuesta: ¿dónde está actualmente el software Pegasus y quién está utilizándolo? Estas interrogantes, además de la ausencia de transparencia en la adquisición y manejo del software, han generado una crisis de confianza en las instituciones y han llevado a una serie de investigaciones en el Congreso.

La resolución de estos interrogantes será crucial para determinar si el uso de Pegasus se limitó a un caso de espionaje político irregular o si estamos ante una red de corrupción más amplia, con ramificaciones profundas y peligrosas para la institucionalidad del país. Las decisiones que se tomen al respecto serán fundamentales para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos en Colombia.

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El senador Antonio José Correa reveló ante el Senado de la República una denuncia que ha causado conmoción política y social: cerca de 100 billones de pesos habrían sido malversados durante la gestión de la pandemia de COVID-19 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Las acusaciones apuntan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su manejo de los recursos destinados a enfrentar la crisis sanitaria. Tras las revelaciones, el presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva sobre la entidad.

La UNGRD por su capacidad de contratación directa en emergencia ha sido un instrumento del robo del dinero público por billones. El debate del senador Correa implica una investigación a fondo d ela fiscalía desde la fundación de la entidad. El actual director Carrillo prepara…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2024

Denuncias de corrupción en la adquisición de insumos médicos

Durante el debate de control político, Correa describió cómo se realizaron contrataciones con empresas sin experiencia ni idoneidad para suministrar insumos médicos esenciales. Entre las compañías mencionadas, algunas se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, lo que ha generado una fuerte crítica por la falta de control y supervisión en el proceso de selección.

Uno de los ejemplos más alarmantes fue la compra de batas médicas a una empresa especializada en la reparación de vehículos. A esto se suman las importaciones masivas de tapabocas desde China, realizadas en un momento en que la población esperaba el apoyo del Estado para acceder a los elementos de protección necesarios.

Crece la indignación por las revelaciones del senador @AntonioJCorreaJ, con las que se conocieron los detalles de cómo se perdieron 100 billones de pesos durante el gobierno de @IvanDuque, para atender la emergencia del COVID-19. pic.twitter.com/kZl0ogfg1E

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 21, 2024

Falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos

El senador Correa también señaló que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), encargado de gestionar los recursos durante la pandemia, suscribió contratos por más de 40 billones de pesos entre 2020 y 2021. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido el destino de 9.8 billones de pesos de esos fondos, y otros 20 billones, asignados a la atención en salud, también permanecen sin justificación clara.

La falta de transparencia en la ejecución de estos recursos ha generado una creciente indignación en el ámbito político y social, con actores que exigen una investigación rigurosa y sanciones para los responsables.

Respuesta del Contralor General y otras reacciones políticas

Ante la gravedad de las denuncias, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo de élite denominado «Ruta del Dinero de la Salud», cuya misión será rastrear el paradero de los recursos malversados y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Rodríguez destacó que se revisarán a fondo todos los contratos firmados bajo la administración de la UNGRD durante el periodo de 2020 a 2024.

Por su parte, la senadora Clara López hizo un llamado enérgico a la justicia, señalando que «debe ser sancionada por la sociedad y la justicia venga de donde venga». Su declaración refleja el clamor de gran parte de la opinión pública por medidas inmediatas que aseguren la rendición de cuentas.

Investigaciones en marcha y posibles implicaciones legales

El presidente Petro ha pedido que las investigaciones sobre la UNGRD no se limiten solo a los últimos años, sino que abarque todo el periodo desde su creación. Esta solicitud busca garantizar que las irregularidades históricas en la gestión de la entidad también sean esclarecidas.

Hasta el momento, ya se han producido capturas de personas implicadas en los escándalos de corrupción relacionados con la UNGRD, lo que indica que las investigaciones avanzan con celeridad. No obstante, se espera que, en los próximos meses, nuevas revelaciones salgan a la luz y se determinen más responsabilidades en los altos mandos del gobierno anterior.

El senador Correa ha sido contundente al afirmar que lo denunciado representa uno de los casos más graves de corrupción en el manejo de recursos públicos en Colombia. Sus declaraciones han encendido un debate que podría tener consecuencias profundas para el sistema de contratación pública y la gestión de emergencias en el país.

La ciudadanía y la clase política esperan respuestas contundentes ante lo que muchos consideran un abuso flagrante de los fondos destinados a mitigar los efectos devastadores de la pandemia.

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