Con el apoyo de alcaldes de diversos municipios de Antioquia, incluido el actual alcalde de Carepa Agapito Murillo y otros más de la subregión de Urabá, el gobernador Andrés Julián Rendón ratificó su compromiso de implementar el impuesto de seguridad, defendiendo su legalidad y viabilidad a pesar de los reparos de empresarios, gremios políticos y el presidente Gustavo Petro.

El respaldo de los alcaldes: clave en un debate crítico

La controversia en torno al impuesto de seguridad alcanzó su punto más álgido este lunes durante la sesión de la Comisión Primera de la Asamblea Departamental, encargada de discutir la propuesta. El gobernador Rendón se presentó con el respaldo de alcaldes de distintas regiones, quienes expresaron públicamente su apoyo a la medida.

El mandatario enfatizó que el impuesto no afectará al 85% de los antioqueños, ya que los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, y las tarifas para la mayoría de los usuarios industriales y comerciales no superarán los $30.000 mensuales. Rendón defendió su proyecto afirmando que está enfocado en garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos:
«Estamos haciendo lo correcto, tengo esa convicción. Lo que está en discusión refleja mi compromiso político y mi trayectoria».

Argumentos legales y críticas de EPM

Una de las principales objeciones provino de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cuestionó la legalidad del impuesto al argumentar posibles repercusiones negativas en su recaudo y el riesgo de sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Frente a esto, Martha Patricia Correa Taborda, secretaria general de la Gobernación, sostuvo que la iniciativa está respaldada por la sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual validó la implementación de tasas de seguridad en todos los departamentos. Según Correa, esta decisión judicial otorga a la Gobernación la autoridad para aplicar la medida:
«La Corte Constitucional, en su papel supremo, declaró exequible la Ley 2271, artículo 12. Este fallo debe ser acatado por todos».

No obstante, gremios como Fenalco Antioquia, la Andi y el Comité Intergremial de Antioquia se han mostrado escépticos, advirtiendo que la medida podría impactar negativamente la economía regional.

Un proyecto que divide opiniones

El debate sobre este impuesto no es nuevo. En julio pasado, Rendón tuvo que retirar una versión previa del proyecto luego de recibir una ponencia negativa del movimiento político Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez. En esa ocasión, las críticas se centraron en el posible impacto económico del tributo.

Pese a la reiterada oposición de Creemos y otros sectores, Rendón dejó claro que esta vez no dará marcha atrás. Según el mandatario, las preocupaciones sobre posibles cobros excesivos a las empresas son infundadas. Afirmó que el tributo será manejado de forma justa y transparente para beneficiar la seguridad en el departamento.

¿Qué sigue para el impuesto de seguridad?

Luego de la rueda de prensa, los alcaldes que apoyan la medida acudieron a la sesión en la Asamblea Departamental para presenciar el debate. Allí, los 26 diputados tendrán la responsabilidad de decidir si el proyecto avanza.

Aunque la discusión legal sigue siendo un punto de choque, el gobernador Rendón se mostró confiado en que la iniciativa prosperara y contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en Antioquia.

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