El Consejo de Estado emitió un fallo histórico respecto a la tragedia ocurrida el 18 de mayo de 2014 en Fundación, Magdalena, donde 33 niños y una mujer murieron calcinados dentro de un bus. Este dictamen establece responsabilidades y ordena indemnizaciones a las familias de las víctimas, cerrando un capítulo doloroso para la comunidad y el país.

Responsables identificados tras la tragedia

Según el fallo del Consejo de Estado, las entidades responsables del trágico suceso son el municipio de Fundación, el Instituto de Transporte y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estas instituciones deberán pagar una indemnización colectiva a los familiares de los fallecidos.

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumirá el 80 % del total del monto, equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales. Por su parte, el municipio de Fundación deberá cubrir el 10 %, que corresponde a 1.790 salarios mínimos legales mensuales. Este fallo busca garantizar que las familias afectadas reciban una reparación adecuada por los daños sufridos.

Detalles del trágico incidente

El fatídico suceso ocurrió un domingo 18 de mayo de 2014, cuando los niños asistían a una actividad religiosa organizada por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Durante el traslado, el bus que los transportaba, conducido por Jaime Gutiérrez Ospino, se incendió, dejando como saldo 33 menores y una mujer fallecidos.

Tanto el conductor como Manuel Salvador Ibarra, pastor y responsable de la actividad, fueron enviados inicialmente a prisión bajo cargos de homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo, en la modalidad de dolo eventual. Sin embargo, en 2017, una jueza de Santa Marta les otorgó la libertad.

Consecuencias y fallos posteriores

En mayo de 2021, el pastor Salvador Ibarra falleció debido a complicaciones por COVID-19 en Barranquilla. Ibarra, quien además era padre de una de las víctimas, defendió hasta su último día que lo ocurrido fue un accidente y no un acto deliberado.

El fallo del Consejo de Estado contempla que, además de las indemnizaciones a quienes participaron del proceso, los interesados que no hayan intervenido y que cumplan con los requisitos podrán presentar sus solicitudes para acceder a los beneficios. Esto garantiza que ninguna familia afectada quede sin posibilidad de reparación.

Impacto en la comunidad y cierre de un doloroso capítulo

El caso de Fundación ha sido un recordatorio constante de la necesidad de mejorar los estándares de seguridad en el transporte y la responsabilidad de las instituciones en garantizar el bienestar de la comunidad. Este fallo representa un paso hacia la justicia y la reparación para las familias de las víctimas, pero también deja importantes lecciones sobre la importancia de la supervisión adecuada en actividades que involucren a menores.

El dictamen del Consejo de Estado pone fin a más de una década de lucha de las familias afectadas, quienes han buscado justicia y reparación tras esta dolorosa tragedia que marcó a Fundación y a Colombia entera.

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