El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instruido a todas las entidades del Estado a que suministren información relacionada con la compra del software de espionaje Pegasus a la Fiscalía General de la Nación. La directriz presidencial se da tras la publicación de un informe de Señal Investigativa, en el que se detallan los vuelos y transacciones involucradas en la adquisición de este polémico software, utilizado para espiar a la oposición y a líderes juveniles en el país.

Petro denuncia espionaje y lavado de activos

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro confirmó la existencia de dos vuelos israelíes que llegaron a Bogotá, transportando dinero en efectivo utilizado para la compra de Pegasus. Estos vuelos aterrizaron en los hangares de la Policía Nacional, y según Petro, los pagos fueron realizados en dólares, lo que sugiere un procedimiento clandestino. El presidente ha descrito esta operación como un «Watergate monumental con lavado de activos incluido», destacando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.

Efectivamente dos aviones israelíes vinieron a Colombia, y despegaron con rumbo a Tel Aviv , en los días que según el informe de la agencia de inteligencia israelí sobre lavado de activos dijo que se habían llevado los pagos en efectivo y en dólares para comprar el software… https://t.co/X00WiseneK

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2024

La ruta de los aviones

El primer vuelo involucrado, un bombardier Challenger M-ABGG, salió de Tel Aviv el 25 de junio de 2021 y aterrizó en Bogotá tras hacer escalas en las islas Canarias y en Isla Margarita, Venezuela. La aeronave permaneció en el aeropuerto El Dorado durante 21 horas antes de despegar hacia Tel Aviv. Poco después de este vuelo, el Banco de Israel reportó una transacción de 5.5 millones de dólares, confirmando así la primera parte del pago por el software Pegasus. Amir Sade, piloto del avión y experto en ciberseguridad, fue señalado por liderar la operación.

El segundo vuelo, un jet privado T7CPX, llegó a Bogotá el 18 de septiembre de 2021, con una escala en Santo Domingo. Al igual que el vuelo anterior, el jet transportó dinero para completar la transacción de Pegasus. El piloto de este vuelo, Yaniv Hait, también está vinculado a empresas de tecnología militar, lo que resalta la participación de actores clave en la industria militar israelí.

El uso de Pegasus en Colombia

Petro ha denunciado que el software Pegasus fue utilizado en Colombia para espiar a la oposición política y a líderes juveniles populares durante más de seis meses. Estas revelaciones sugieren un uso del software con fines políticos, violando los derechos fundamentales de varios sectores de la población. El presidente ha insistido en la necesidad de identificar a las personas involucradas en los vuelos y transacciones que permitieron la compra del software.

La respuesta del gobierno de Iván Duque

El gobierno del expresidente Iván Duque ha negado repetidamente la adquisición de Pegasus, pero los documentos revelados por Señal Investigativa y las transacciones bancarias contradicen estas afirmaciones. A pesar de las negativas, las pruebas presentadas indican que las autoridades de esa administración estuvieron directamente involucradas en la compra.

Petro también mencionó que los medios de comunicación del «establecimiento» intentaron desacreditar su denuncia, pero reafirmó que la información sobre los vuelos y la adquisición de Pegasus es verídica y está respaldada por documentos oficiales.

El papel de la Policía Nacional

El presidente Petro ha solicitado a la Policía Nacional que conserve todos los registros relacionados con la llegada de los vuelos, incluidos los datos de los pasajeros y tripulantes. Además, Petro recordó que tiene la facultad de desclasificar información secreta si considera que la seguridad nacional o los derechos humanos están en juego. La medida tiene como objetivo garantizar que todos los detalles relevantes sobre la compra de Pegasus sean investigados y se mantengan disponibles para la Fiscalía.

Futuras investigaciones

Uno de los puntos clave pendientes, según el presidente, es identificar públicamente a las personas que estuvieron involucradas en los vuelos y su relación con la compra del software. Petro ha subrayado que la investigación debe continuar hasta que se aclaren todas las circunstancias alrededor de este caso de espionaje y lavado de activos.

Este caso no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional, dada la participación de empresas y pilotos vinculados a la industria militar israelí. Se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones, con base en la información que las entidades del Estado han sido instruidas a entregar.

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Dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido encarcelados tras revelarse un presunto esquema de corrupción que favoreció a contratistas en Colombia. Las autoridades han señalado que estos actos ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque, afectando procesos contractuales relacionados con la mitigación de desastres y adquisición de bienes para emergencias.

La investigación y los cargos

Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, enfrentan graves acusaciones por su participación en un esquema de corrupción que habría generado millonarios sobrecostos en los contratos de la UNGRD. Ambos fueron enviados a un centro carcelario por orden de una juez penal en Bogotá, en respuesta a las pruebas presentadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía ha imputado a los exfuncionarios delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documentos y concierto para delinquir. Sin embargo, los acusados no han aceptado los cargos imputados. A pesar de esto, la Fiscalía continúa consolidando su caso con pruebas sólidas.

El rol de Luis Carlos Barreto Gantiva

Según la investigación, Luis Carlos Barreto Gantiva habría sido un actor clave en este esquema. Barreto gestionó el desvío de 100 mil millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los recursos destinados originalmente a proyectos de mitigación de riesgos fueron redirigidos para beneficiar a contratistas específicos a cambio de un porcentaje del valor de los contratos adjudicados.

Este esquema de desvío de fondos resultó en sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos, según los informes de la Fiscalía. Las evidencias indican que los procesos contractuales estaban diseñados para favorecer a ciertos contratistas, lo que aumentaba considerablemente los costos de las obras y adquisiciones.

El papel de Pedro Andrés Rodríguez Melo

Por su parte, Pedro Andrés Rodríguez Melo es señalado por haber filtrado información privilegiada a contratistas antes de la publicación de los procesos de contratación. En particular, Rodríguez Melo habría entregado datos sensibles al contratista Luis Eduardo López Rosero, lo que permitió que este obtuviera seis órdenes de proveeduría para la compra de carrotanques en La Guajira.

Este acceso a información previa a la apertura de los contratos resultó en sobrecostos superiores a los 14.163 millones de pesos. Además, se estima que Rodríguez Melo habría recibido sobornos por mil millones de pesos a cambio de asegurar estos contratos para el mencionado contratista.

Evidencias y repercusiones

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transacciones bancarias y pagos en efectivo, las cuales refuerzan las acusaciones de corrupción contra los exfuncionarios. Estos elementos han sido fundamentales para sustentar los cargos y justificar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en los procesos de contratación pública, especialmente en áreas tan sensibles como la gestión de riesgos y emergencias. La UNGRD, cuyo objetivo es reducir el impacto de los desastres en Colombia, se ha visto empañada por este tipo de irregularidades que comprometen no solo la eficiencia en la ejecución de recursos, sino también la confianza pública en sus operaciones.

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El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha reavivado una controversia en torno a la adquisición del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Petro denunció públicamente esta compra, señalando que el software de espionaje fue adquirido por un monto de 11 millones de dólares de una empresa israelí, en circunstancias que aún generan más dudas que respuestas. Este software, utilizado para espiar teléfonos móviles, solo puede ser adquirido por gobiernos, y su uso ha levantado graves cuestionamientos, especialmente en el contexto del estallido social vivido en Colombia en ese mismo año.

¿Qué es la Dipol y cuál es su función?

La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) es una entidad adscrita a la Policía Nacional de Colombia, cuya principal misión es la producción de inteligencia estratégica y operacional. Este organismo se encarga de recopilar y analizar información sobre amenazas, criminalidad y desafíos sociales, para apoyar la toma de decisiones de los altos mandos del gobierno en materia de seguridad y defensa. La Dipol juega un papel crucial en la orientación de políticas de seguridad en Colombia, respondiendo a los problemas que afectan el orden público. En 2021, la Dipol estaba bajo la dirección del general Jorge Luis Vargas, quien también ocupaba el cargo de director general de la Policía Nacional en ese momento.

La adquisición de Pegasus y el contexto social

En junio de 2021, en plena crisis social provocada por el estallido de protestas en Colombia, la Dipol cerró un acuerdo con NSO Group, la empresa israelí creadora del software Pegasus. Este contrato, valorado en 11 millones de dólares, fue denunciado recientemente por el presidente Petro, quien afirmó que la compra incluyó una serie de irregularidades financieras. Según Petro, un banco israelí reportó una transacción sospechosa de 5.5 millones de dólares en julio de ese mismo año, lo que levantó sospechas sobre el manejo de estos fondos y su relación con la compra del software.

El contexto en el que se realizó la adquisición ha generado especial preocupación. Durante las protestas sociales, en las que hubo denuncias de abusos de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones de derechos humanos, el uso de herramientas como Pegasus podría haber sido utilizado para espiar a líderes sociales y opositores políticos. Esto ha incrementado las dudas sobre el alcance y los fines de dicha compra.

Las graves denuncias de Petro

El presidente Petro fue contundente en su denuncia: «Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos, espionaje interno sin orden judicial y corrupción». Según sus declaraciones, la compra de Pegasus no solo involucró irregularidades financieras, sino que también pudo haber sido parte de un aparato de espionaje ilegal montado en medio de la crisis social de 2021. Petro señaló que la transacción, realizada en efectivo y con la participación de entidades extranjeras, fue parte de un esquema que podría tener repercusiones legales tanto a nivel nacional como internacional.

Además, Petro mencionó la participación de altos mandos del gobierno de Duque en esta operación, apuntando directamente al general Jorge Luis Vargas, entonces director de la Policía Nacional, y al general Mojica, director de la Dipol. Según el presidente, estos funcionarios podrían enfrentar cargos graves, incluyendo delitos extranjeros que podrían llevar a la extradición.

Implicaciones para el gobierno anterior

El gobierno de Iván Duque ha sido señalado en varias ocasiones por su manejo de la seguridad y la represión durante el estallido social. La compra de Pegasus, según las denuncias de Petro, añade una nueva capa de complejidad a estas acusaciones. La posibilidad de que el software se haya utilizado para espiar a líderes sociales y figuras de la oposición durante uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia pone en entredicho las prácticas de inteligencia del gobierno anterior.

El general Jorge Luis Vargas, uno de los principales señalados por Petro, ha defendido en otras ocasiones las acciones de la Policía durante las protestas, pero estas nuevas revelaciones podrían traer consecuencias legales y políticas para quienes participaron en la adquisición de Pegasus. La comunidad internacional también está atenta a estos desarrollos, especialmente dado que el software Pegasus ha sido objeto de polémica en otros países por su uso indebido para fines de vigilancia interna.

¿Qué sigue para la Dipol y el gobierno actual?

Las denuncias de Petro no solo ponen bajo escrutinio a los actores del pasado, sino que también plantean preguntas sobre el futuro de la Dipol y sus prácticas. El presidente ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus y ha asegurado que este tipo de prácticas no tendrán cabida en su administración. Sin embargo, la sombra de las denuncias sigue presente, y será crucial para el gobierno actual demostrar transparencia y responsabilidad en el manejo de la inteligencia policial.

Al mismo tiempo, la oposición ha pedido respuestas claras sobre cómo se utilizaron los recursos destinados a la compra de Pegasus y qué medidas se tomarán para garantizar que este tipo de operaciones no se repitan en el futuro. La Dipol, por su parte, deberá enfrentar un proceso de revisión interna que permita aclarar su papel en estos eventos y restaurar la confianza pública en sus acciones.

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El presidente Gustavo Petro confirmó recientemente la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque, señalando que este programa podría haber sido utilizado para espiar a oponentes políticos y periodistas. Ante estos hechos, Petro ha solicitado a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la compra y el uso de este software, que ha generado gran polémica tanto en el ámbito político como en el de los medios de comunicación.

Reuniones secretas y la compra de Pegasus

De acuerdo con una investigación revelada por Señal Investigativa, en octubre de 2021, durante un viaje a Israel del expresidente Iván Duque y varios altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se llevaron a cabo reuniones confidenciales. En estas reuniones, un viceministro de Defensa y altos mandos militares se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien dio el visto bueno a la transacción del software Pegasus.

Se presume que este software fue adquirido para intervenir hasta 2.600 líneas telefónicas en Colombia, lo que habría tenido un costo de 50 mil dólares por cada 10 líneas intervenidas. Las reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la investigación de Señal Investigativa reveló fotos y documentos que evidencian la presencia de altos funcionarios colombianos durante estas negociaciones.

La incertidumbre sobre el control actual de Pegasus

Uno de los puntos más críticos del escándalo es que no se sabe en manos de quién está actualmente Pegasus, ni cuál es su propósito en estos momentos. Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó a finales de junio de 2024 que Pegasus no está bajo el control del actual gobierno de Petro. Esto ha despertado gran preocupación, ya que el software podría estar siendo utilizado por militares retirados o grupos con intereses oscuros para espiar a ciudadanos y desestabilizar al Estado.

La Fiscalía General de la Nación ha asumido la tarea de investigar a varios generales retirados, conocidos como «generales criminales», quienes están señalados de haber participado en un plan para destruir la inteligencia estatal colombiana. Estos generales habrían estado involucrados en la adquisición de Pegasus y ahora son objeto de investigaciones por parte de un grupo especial de la Fiscalía.

Rumores de interceptaciones y chuzadas en Colombia

Desde junio de 2024, varios medios de comunicación y figuras públicas han expresado su preocupación por el posible regreso de las chuzadas en Colombia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, denunció que su teléfono había sido intervenido, lo que generó un gran revuelo en la opinión pública. Aunque más tarde se retractó de la denuncia, su declaración inicial fue suficiente para que surgieran rumores sobre nuevas interceptaciones telefónicas en el país.

El senador David Luna, un opositor al gobierno Petro, también denunció que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas, aunque no presentó pruebas al respecto. Las acusaciones de chuzadas han alimentado un ambiente de desconfianza y especulaciones sobre quién podría estar utilizando el software Pegasus.

¿Qué sigue para el software Pegasus?

La gran pregunta que queda por responder es quién tiene ahora el control de Pegasus y para qué se está utilizando. Aunque el gobierno de Petro ha sido señalado por algunos sectores de la oposición, la evidencia apunta a que Pegasus podría estar siendo operado por grupos que no están vinculados al actual gobierno, sino a actores que buscan desestabilizar la administración actual.

A medida que la Fiscalía avanza en sus investigaciones y se revelan más detalles sobre la compra y el uso de Pegasus, la expectativa es que se logre identificar a los responsables de la utilización ilegal de este software. La falta de transparencia sobre el destino de Pegasus y su posible uso en la interceptación de teléfonos de periodistas y figuras políticas sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad colombiana.

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El presidente Gustavo Petro reavivó la polémica en redes sociales al responder a las críticas de su predecesor, Iván Duque, sobre la figura de la inversión forzosa. Petro no solo calificó a Duque de “mentiroso”, sino que también lo acusó de promover «calumnias» a través de su red de extrema derecha. El actual mandatario defendió la medida, señalando que busca fomentar la inversión en sectores productivos, mientras acusa a la oposición de haber implementado estrategias similares en el pasado.

El expresidente Duque de nuevo le miente al país. Difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2024

La inversión forzosa: ¿una forma de expropiación?

El debate sobre la inversión forzosa se ha convertido en un tema central de discusión en Colombia. Petro insistió en que esta medida no debe confundirse con una expropiación, como asegura la oposición, sino como una herramienta para redirigir los recursos financieros hacia sectores que generen producción, empleo y crecimiento económico.

En su declaración, Petro recordó que durante el gobierno de Iván Duque, se planteó un proyecto similar a través del decreto 562. Este decreto establecía una inversión obligatoria dirigida a apoyar proyectos específicos, lo que, según el actual presidente, contradice las críticas que hoy hacen los sectores afines a Duque.

Argumentos de la oposición y la defensa de Petro

Para la oposición, la propuesta de inversión forzosa es vista como una intervención estatal que podría distorsionar el libre mercado. Sin embargo, Petro replicó que este tipo de medidas se han aplicado con éxito en el sector agrícola durante décadas y que, en esta ocasión, se pretende extenderlas a industrias como la exportación no tradicional, el mejoramiento de vivienda y el turismo.

“Es una falacia afirmar que esta medida es una forma de expropiación,” expresó Petro en su cuenta de X (antes Twitter). Además, señaló que la extrema derecha es “cínica” al criticar una propuesta que, según él, ellos mismos impulsaron cuando Duque estaba en el poder.

El impacto de la propuesta en la economía colombiana

El gobierno de Gustavo Petro ha defendido esta iniciativa como parte de su estrategia para reactivar la economía nacional. La inversión forzosa busca garantizar que los recursos financieros se utilicen para proyectos productivos en lugar de alimentar la especulación financiera. De esta manera, el Ejecutivo busca incentivar sectores clave que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país.

No obstante, los críticos argumentan que este tipo de medidas podría ahuyentar la inversión extranjera y generar un clima de incertidumbre entre los empresarios, quienes verían limitada su libertad para decidir dónde colocar sus capitales.

El contexto político detrás del debate

El intercambio entre Petro y Duque no solo refleja una diferencia de enfoque económico, sino también un enfrentamiento político de larga data. La discusión se enmarca en un contexto en el que la polarización sigue siendo un factor predominante en la política colombiana. Ambos líderes representan visiones contrapuestas: mientras Petro promueve un modelo de intervención estatal para garantizar el bienestar social, Duque y sus aliados defienden una economía de mercado con menor injerencia gubernamental.

El cruce de declaraciones ha sido particularmente intenso en redes sociales, donde Petro acusó a la oposición de “Fake News” y de desinformar a sus seguidores, creando una narrativa errónea sobre las intenciones del gobierno.

Perspectivas a futuro

El debate sobre la inversión forzosa está lejos de concluir. Con sectores divididos entre quienes ven en esta medida una oportunidad para dinamizar la economía y quienes la consideran una amenaza para la libertad empresarial, el gobierno de Petro tendrá que enfrentar múltiples desafíos para llevar adelante su propuesta. La viabilidad de esta estrategia dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ejecutivo para generar confianza tanto en los actores económicos nacionales como internacionales.

El presidente Gustavo Petro ha dejado claro que no dará marcha atrás en su intención de implementar políticas que, según él, están orientadas a beneficiar al país en su conjunto. Mientras tanto, la oposición continúa alerta y crítica ante cualquier intento de modificar las reglas del juego económico.

La entrada Petro compartió el decreto 562, el gobierno de Duque propuso un proyecto similar de inversión obligatoria. se publicó primero en El Pregonero del Darién.

La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de introducir inversiones forzosas en la economía colombiana ha generado una ola de reacciones entre diferentes actores políticos. La iniciativa, que busca ser presentada ante el Congreso, tiene como objetivo reactivar la economía a través de la inyección de capital en sectores productivos específicos. Sin embargo, figuras como Julián Peinado, Iván Duque y Mauricio Cárdenas han manifestado su firme oposición a esta medida, argumentando que podría tener consecuencias negativas para el país.

Julián Peinado renuncia a su rol en el Congreso

El congresista del Partido Liberal, Julián Peinado, fue uno de los primeros en pronunciarse contra la propuesta de Petro. Peinado, quien hasta hace poco era el coordinador ponente del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2025, decidió renunciar a su cargo en señal de protesta. Según Peinado, no está dispuesto a apoyar un proyecto que, a su juicio, fomenta la maquinaria burocrática en lugar de promover una reactivación económica basada en la infraestructura y en el apoyo a las regiones a través de alcaldes y gobernadores.

Las razones detrás de la renuncia

En sus declaraciones, Peinado fue enfático al afirmar que no puede respaldar un presupuesto que prioriza el gasto administrativo en detrimento de la inversión social. Para el congresista, la inversión en infraestructura y en proyectos liderados por las autoridades locales es crucial para la reactivación económica del país, una visión que, según él, no se ve reflejada en la propuesta de inversiones forzosas.

Iván Duque alerta sobre un posible «exprópiese» de los ahorros

El expresidente Iván Duque también expresó su rechazo a la iniciativa, calificando las inversiones forzosas como el inicio de un proceso de expropiación de los ahorros de los ciudadanos en los bancos. En un mensaje claro y directo, Duque advirtió sobre los peligros de esta medida, comparándola con políticas similares implementadas en Venezuela. Duque hizo un llamado al Congreso y a las Cortes para que examinen detenidamente la propuesta y protejan los derechos de los ciudadanos.

Comparaciones con la situación venezolana

En su mensaje, Duque acompañó sus declaraciones con un video en el que aparecen frases del expresidente venezolano Hugo Chávez, haciendo alusión a la reelección, los medios de comunicación, la constituyente y la expropiación. Esta comparación refuerza su crítica, sugiriendo que la propuesta de Petro podría llevar a Colombia por un camino similar al de Venezuela, donde las políticas de expropiación han tenido un impacto devastador en la economía y en los derechos de los ciudadanos.

Mauricio Cárdenas: la banca pública versus la privada

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas fue otro de los críticos de la propuesta de inversiones forzosas. A través de un análisis comparativo, Cárdenas mostró una gráfica que revela cómo la calidad de cartera del Banco Agrario es inferior a la del sistema financiero privado. Según Cárdenas, este dato refuta la tesis de que la banca pública pueda prestar mejor que la privada, cuestionando así la lógica detrás de la propuesta de Petro.

Subsidios y transparencia

En su mensaje final, Cárdenas instó al presidente Petro a que, si realmente desea subsidiar el crédito a ciertos sectores, lo haga de manera transparente y directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. Esta recomendación busca evitar que se utilicen métodos que, según Cárdenas, podrían ser menos claros y más perjudiciales para la economía.

El futuro de la propuesta en manos del Congreso

A pesar de las críticas recibidas, el futuro de la propuesta de inversiones forzosas de Gustavo Petro está ahora en manos del Congreso y de las entidades responsables de su aprobación o rechazo. La presentación oficial del proyecto será clave para determinar si esta iniciativa tiene viabilidad política y económica en el contexto actual del país.

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