El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, acudió este lunes a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria. El proceso está relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se investigan presuntos sobornos a congresistas. Peinado expresó confianza en la imparcialidad de la justicia y su disposición a esclarecer los hechos.

Investigación por corrupción en la UNGRD

El caso de la UNGRD involucra el uso indebido de recursos públicos. Según las investigaciones, estos fondos habrían sido entregados como sobornos a congresistas con el objetivo de asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso. Julián Peinado es uno de los nueve legisladores señalados en este esquema de corrupción.

En julio, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema abrir investigaciones formales contra estos congresistas. Peinado, al igual que los demás implicados, está acusado de haber recibido beneficios indebidos a cambio de su apoyo legislativo.

Disposición del congresista ante la Corte

A su llegada a la Corte Suprema, Julián Peinado destacó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. “Venimos a rendir todas las explicaciones que sean del caso”, declaró el congresista, quien aseguró estar tranquilo y dispuesto a colaborar.

El magistrado Misael Rodríguez, quien lidera el proceso, fue señalado por Peinado como un garante de imparcialidad. “Creo que hay un magistrado completamente garantista, quien nos ha permitido resolver inquietudes y formular nuestras preguntas”, subrayó.

Expectativas y confianza en la justicia

El representante manifestó confianza en que la diligencia permita esclarecer las acusaciones en su contra. “Estoy seguro de que, con la información que brindaremos, se podrá llegar a la verdad sobre este caso”, afirmó.

El proceso ante la Corte Suprema marcará un momento crucial para la investigación, que busca determinar si hubo participación activa de los congresistas en el manejo indebido de los recursos asignados a la UNGRD.

El escándalo ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que estos hechos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.

El desenlace de este caso será determinante no solo para el futuro político de los congresistas investigados, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.

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La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de introducir inversiones forzosas en la economía colombiana ha generado una ola de reacciones entre diferentes actores políticos. La iniciativa, que busca ser presentada ante el Congreso, tiene como objetivo reactivar la economía a través de la inyección de capital en sectores productivos específicos. Sin embargo, figuras como Julián Peinado, Iván Duque y Mauricio Cárdenas han manifestado su firme oposición a esta medida, argumentando que podría tener consecuencias negativas para el país.

Julián Peinado renuncia a su rol en el Congreso

El congresista del Partido Liberal, Julián Peinado, fue uno de los primeros en pronunciarse contra la propuesta de Petro. Peinado, quien hasta hace poco era el coordinador ponente del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2025, decidió renunciar a su cargo en señal de protesta. Según Peinado, no está dispuesto a apoyar un proyecto que, a su juicio, fomenta la maquinaria burocrática en lugar de promover una reactivación económica basada en la infraestructura y en el apoyo a las regiones a través de alcaldes y gobernadores.

Las razones detrás de la renuncia

En sus declaraciones, Peinado fue enfático al afirmar que no puede respaldar un presupuesto que prioriza el gasto administrativo en detrimento de la inversión social. Para el congresista, la inversión en infraestructura y en proyectos liderados por las autoridades locales es crucial para la reactivación económica del país, una visión que, según él, no se ve reflejada en la propuesta de inversiones forzosas.

Iván Duque alerta sobre un posible «exprópiese» de los ahorros

El expresidente Iván Duque también expresó su rechazo a la iniciativa, calificando las inversiones forzosas como el inicio de un proceso de expropiación de los ahorros de los ciudadanos en los bancos. En un mensaje claro y directo, Duque advirtió sobre los peligros de esta medida, comparándola con políticas similares implementadas en Venezuela. Duque hizo un llamado al Congreso y a las Cortes para que examinen detenidamente la propuesta y protejan los derechos de los ciudadanos.

Comparaciones con la situación venezolana

En su mensaje, Duque acompañó sus declaraciones con un video en el que aparecen frases del expresidente venezolano Hugo Chávez, haciendo alusión a la reelección, los medios de comunicación, la constituyente y la expropiación. Esta comparación refuerza su crítica, sugiriendo que la propuesta de Petro podría llevar a Colombia por un camino similar al de Venezuela, donde las políticas de expropiación han tenido un impacto devastador en la economía y en los derechos de los ciudadanos.

Mauricio Cárdenas: la banca pública versus la privada

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas fue otro de los críticos de la propuesta de inversiones forzosas. A través de un análisis comparativo, Cárdenas mostró una gráfica que revela cómo la calidad de cartera del Banco Agrario es inferior a la del sistema financiero privado. Según Cárdenas, este dato refuta la tesis de que la banca pública pueda prestar mejor que la privada, cuestionando así la lógica detrás de la propuesta de Petro.

Subsidios y transparencia

En su mensaje final, Cárdenas instó al presidente Petro a que, si realmente desea subsidiar el crédito a ciertos sectores, lo haga de manera transparente y directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. Esta recomendación busca evitar que se utilicen métodos que, según Cárdenas, podrían ser menos claros y más perjudiciales para la economía.

El futuro de la propuesta en manos del Congreso

A pesar de las críticas recibidas, el futuro de la propuesta de inversiones forzosas de Gustavo Petro está ahora en manos del Congreso y de las entidades responsables de su aprobación o rechazo. La presentación oficial del proyecto será clave para determinar si esta iniciativa tiene viabilidad política y económica en el contexto actual del país.

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