El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció públicamente tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, ha generado una fuerte respuesta por parte de Leyva, quien acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia un proceso disciplinario viciado. En sus declaraciones, Leyva cuestiona la autonomía de la Procuraduría, asegurando que sus acciones responden a intereses ajenos y presiones políticas.

Sanción y Acusaciones de Falta de Autonomía

Álvaro Leyva fue sancionado tras una investigación de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, en la que se le acusa de haber violado los principios de la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes habría perjudicado, según la Procuraduría, el interés público. La sanción, impuesta por el procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Jesús Espinosa, incluye inhabilitación por 10 años, acusando a Leyva de actuar con dolo.

En respuesta, Leyva cuestionó abiertamente la independencia de la procuradora Cabello, afirmando que “no es autónoma” y actúa en beneficio de quienes están detrás de ella. Este señalamiento se centra en una supuesta falta de imparcialidad en el proceso disciplinario, que, según el excanciller, estaría influenciado por intereses externos.

Denuncia de Irregularidades en el Proceso

Leyva denuncia que el fallo de la Procuraduría era “previsible”, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su defensa. Según él, la procuradora Cabello habría incurrido en prejuzgamiento, ya que, de manera anticipada, declaró públicamente que el caso tendría un desenlace antes de enero de 2023, un acto que Leyva considera como una prueba de la parcialidad en su contra.

Además, argumenta que la Procuraduría habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, una competencia que corresponde a los jueces contenciosos. Para Leyva, este tipo de actuaciones representan un “precedente peligroso” que afecta la legitimidad de la Procuraduría.

Procedimientos sin Transparencia

El excanciller también señaló que las audiencias de su caso se llevaron a cabo sin acceso al público ni posibilidad de seguimiento en modalidad virtual. Según Leyva, esta falta de acceso vulnera el derecho a la transparencia, recordando la prohibición de la “justicia sin rostro” establecida por la ONU y la Corte Constitucional de Colombia. Esta restricción en la visibilidad de las audiencias es, a su juicio, una señal de irregularidades y una limitación a los derechos fundamentales de los acusados.

Crítica al Proceso de Licitación de Pasaportes

Uno de los puntos más controversiales en la sanción es la licitación para la emisión de pasaportes, proceso que Leyva asegura fue manipulado para beneficiar a un único contratista. El excanciller señala que el diseño de los pliegos de condiciones favorecía a un proveedor específico, eliminando la competencia. Este aspecto del proceso ha sido una de las principales justificaciones de Leyva para declarar desierta la licitación, argumentando que su actuación buscaba asegurar transparencia y adherirse a los principios constitucionales.

Además, menciona que durante el proceso recibió advertencias por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en un intento de frenar las irregularidades detectadas. Estos señalamientos, según Leyva, demuestran que su decisión de cancelar la licitación se fundamentó en la legalidad.

La Respuesta de Leyva ante la Sanción

Leyva, en su comunicado, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y, en caso necesario, acudirá a los jueces de la República, a quienes considera como “autónomos e independientes”, en contraste con el proceder de la Procuraduría. Además, subrayó la necesidad de que este organismo retome un rol verdaderamente independiente, alejado de intereses políticos y enfocado en la moralidad pública en Colombia.

Leyva también reiteró su compromiso con las iniciativas de paz en el país, citando su papel en los acuerdos de La Habana y abogando por reformas políticas y sociales que promuevan un “gran acuerdo político nacional”.

Reflexión Final y Futuro del Caso

El caso de Álvaro Leyva plantea una profunda reflexión sobre la independencia y transparencia en los organismos de control en Colombia. Las declaraciones del excanciller, así como sus acusaciones contra la procuradora Cabello, han puesto en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría y el impacto de posibles intereses políticos en sus decisiones.

Leyva ha sido una figura destacada en el ámbito político y de paz en Colombia, y su sanción, acompañada de las críticas al sistema de licitaciones y la falta de transparencia, podría repercutir en futuros procesos de contratación pública y en la evaluación de la gestión de la Procuraduría.

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