Santiago Uribe Vélez absuelto de homicidio agravado y concierto para delinquir
En un fallo emitido por el Juzgado Primero Penal de Antioquia, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión ha generado una respuesta inmediata de la representación de las víctimas, quienes han anunciado su intención de apelar.

Acusaciones iniciales y contexto del caso

En el 2021, Santiago Uribe Vélez fue acusado formalmente por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus en Yarumal, Antioquia, presuntamente asesinado como parte de las actividades de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia. Las investigaciones involucraron a Uribe en la creación y participación activa de este grupo en los años 90, en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra el crimen y la insurgencia.

La Hacienda La Carolina como base de operaciones

Uno de los testimonios clave en el caso fue el de Jairo Rodríguez Venegas, exagente de la Policía Nacional y antiguo comandante encargado en Yarumal. Según sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe Vélez y ubicada cerca del corregimiento Llano de Cuivá, servía como base de operaciones para “Los doce apóstoles”. Entre 1993 y 1994, Rodríguez detalló cómo la hacienda era empleada para el entrenamiento y organización de las actividades del grupo paramilitar.

Revelaciones de la JEP sobre «Los doce apóstoles»

La JEP ha revelado importantes hallazgos sobre la estructura y el impacto de “Los doce apóstoles” en el norte de Antioquia. En un informe reciente, se indicó que este grupo fue responsable de al menos 525 homicidios entre los años 1992 y 1996. Entre los nombres señalados como integrantes del grupo, además de Santiago Uribe Vélez, se encuentran otros individuos como Gonzalo Palacios, Pedro Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero y Hernán Darío Zapata, quienes participaron en lo que se definió como una campaña de limpieza social.

Objetivo inicial y evolución de «Los doce apóstoles»

Los documentos de la JEP y testimonios de exintegrantes revelaron que el objetivo inicial del grupo era la lucha contra la delincuencia y la contrainsurgencia. No obstante, sus acciones derivaron en una serie de asesinatos que, según las pruebas presentadas, excedieron con creces esa misión inicial. La violencia en las zonas rurales y urbanas de Antioquia se intensificó, lo que llevó a múltiples denuncias sobre abusos y excesos cometidos en nombre de esta “limpieza social”.

Reacción de las víctimas y posible apelación

Tras la decisión judicial, la representación de las víctimas de “Los doce apóstoles” expresó su rechazo y anunció que tomarán acciones legales. Según sus abogados, la absolución de Santiago Uribe no les brinda justicia y consideran que aún existen pruebas relevantes que deberían ser examinadas en instancias superiores. La apelación se ha convertido en un proceso que no solo busca revertir la decisión, sino también garantizar que se dé un reconocimiento formal a las víctimas del grupo.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo en favor de Santiago Uribe Vélez ha planteado preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial colombiano en casos de gran envergadura y relevancia política. Algunos sectores han criticado la absolución, sugiriendo que la influencia política puede jugar un papel en decisiones judiciales de alto perfil. Este caso, al involucrar al hermano de un expresidente, también destaca la importancia de la independencia judicial y la capacidad de las instituciones para abordar temas de derechos humanos y justicia transicional.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado iniciar investigaciones sobre un grupo de exsenadores, exgobernadores y militares, quienes fueron señalados de tener presuntos vínculos con paramilitares por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo. Este desarrollo surge tras el testimonio que ‘Otoniel’ entregó a la JEP desde una cárcel en Estados Unidos, en el que proporcionó una lista de 63 colaboradores de estos grupos ilegales.

‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos, reveló información crucial que ha llevado a la JEP a compulsar copias para que las autoridades competentes inicien investigaciones contra varios funcionarios de alto perfil en Colombia, algunos de los cuales ocupan cargos públicos desde hace décadas.

Señalamientos de ‘Otoniel’ y el papel de la JEP

El testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como uno de los líderes más poderosos del crimen organizado en Colombia, ha sido clave para la apertura de estas investigaciones. ‘Otoniel’ mencionó a políticos y exfuncionarios de distintas regiones del país que, según él, colaboraron directa o indirectamente con el Clan del Golfo y otras organizaciones paramilitares.

Entre los nombres más relevantes que figuran en esta lista se encuentran:

• Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, acusado de haber ordenado el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento.
• Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, señalado de haber recibido financiamiento de los paramilitares del Casanare.
• Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, quien presuntamente obtuvo apoyo de grupos paramilitares a cambio de respaldo político.

Investigaciones se expanden a nivel regional

Las investigaciones no solo se centran en excongresistas y exgobernadores. La JEP ha extendido su análisis a otros funcionarios locales y regionales, cuyos presuntos nexos con paramilitares son ahora objeto de escrutinio.

Uno de los casos más destacados es el de Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, vinculado al Bloque Centauros, uno de los grupos paramilitares más violentos de la región. Además, Rueda participó en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018, lo que añade un ángulo político a esta investigación.

Asimismo, Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, está acusado de haber utilizado su cargo para realizar contratos que favorecían a los paramilitares. La investigación también abarca a Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare, y se extiende a toda la Asamblea Departamental de Casanare durante el período 2000-2003.

La cúpula militar también bajo la lupa

La JEP ha decidido investigar a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, así como a la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que estuvo al mando entre los años 2000 y 2006. Estos altos mandos militares son investigados por su posible colaboración con paramilitares durante el conflicto armado en esta región del país, conocida por la presencia activa de grupos ilegales.

Este tipo de relaciones entre el poder político y militar y los grupos armados ilegales no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero el testimonio de ‘Otoniel’ proporciona nuevas evidencias que podrían transformar el curso de las investigaciones que ya llevan años en curso.

Implicaciones de esta investigación para el país

La decisión de la JEP de investigar estos nexos políticos tiene graves implicaciones para la justicia transicional y para el futuro de la reconciliación en Colombia. Estos vínculos con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares reflejan la complejidad de la violencia en el país y su profunda conexión con actores políticos y militares de alto rango.

La cooperación de ‘Otoniel’ con las autoridades colombianas marca un punto de inflexión en la lucha por esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y sus implicaciones políticas. La justicia transicional enfrenta el reto de llegar a la verdad, sin importar cuán incómoda sea, y procesar a aquellos que contribuyeron a perpetuar la violencia desde dentro del sistema.

El futuro de la JEP y el camino hacia la verdad

Con estos nuevos hallazgos, la JEP se enfrenta al desafío de procesar la información entregada por ‘Otoniel’ y de coordinar con la justicia ordinaria para que las investigaciones avancen sin contratiempos. Este proceso también es fundamental para asegurar que se esclarezcan las relaciones entre el poder político y los grupos paramilitares, un tema que ha afectado la legitimidad de muchas instituciones en Colombia.

Este caso será clave para definir el futuro de la paz en el país, y su desenlace tendrá un impacto significativo en cómo se percibe la lucha contra la impunidad. La participación de figuras políticas y militares de alto nivel en actos criminales demuestra que el conflicto armado colombiano no solo se ha librado en el campo de batalla, sino también en los corredores del poder.

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