La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, confirmó que el país realizó una transacción de 11 millones de dólares para adquirir el software de vigilancia Pegasus. No obstante, la Fiscalía aún desconoce quién tiene en su poder la herramienta y con qué fin se adquirió. Las declaraciones de Camargo en una entrevista reciente revelan la preocupación en torno a una tecnología que, a pesar de su costo elevado y su potencial de monitoreo, no ha sido rastreada en ninguna de las entidades oficiales hasta la fecha.

Confirman compra, pero persisten interrogantes sobre Pegasus

La fiscal Luz Adriana Camargo fue clara en sus declaraciones al ratificar que la adquisición de Pegasus se llevó a cabo en 2021, respaldada por documentos oficiales provenientes de Israel. Estos documentos indican que la transacción se realizó mediante dos pagos de 5,5 millones de dólares en diferentes momentos del año, sumando un total de 11 millones de dólares, cancelados directamente a NSO Group, la empresa israelí creadora de Pegasus.

Camargo detalló que, aunque la compra está documentada, no se tiene certeza sobre quién autorizó la adquisición ni el propósito específico de este software en Colombia. Esta falta de claridad se da en medio de una ruptura diplomática con Israel, lo cual añade complejidad a las gestiones para obtener información adicional directamente de la empresa.

La investigación y los posibles implicados

La Fiscalía ha puesto en marcha un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se realizó la compra del software Pegasus. Este esfuerzo se ha enfocado en determinar si exfuncionarios del gobierno de Iván Duque o integrantes de la Fuerza Pública tuvieron alguna responsabilidad en la adquisición de esta herramienta, que ha sido objeto de controversia mundial por su uso potencial en espionaje.

Entre los investigados se encuentran el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, y el exviceministro Jairo García, quienes han sido entrevistados en el marco de esta pesquisa. A través de estas indagaciones, la Fiscalía busca determinar si algún ente del Estado colombiano tiene actualmente en su poder el software Pegasus y si hubo alguna autorización oficial para su uso en actividades de inteligencia o interceptación.

Ausencia de rastros en entidades oficiales

Uno de los aspectos más sorprendentes revelados por Camargo es que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que el software Pegasus esté en poder de ninguna entidad estatal. La fiscal ha confirmado que, tras realizar múltiples pesquisas y entrevistas, no se ha detectado su presencia en la Fiscalía General, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía ni el Ministerio de Defensa.

La fiscal aclaró que, en caso de estar en posesión de alguna entidad oficial, el uso del software debería estar sujeto a estrictas regulaciones legales, en vista de que la Fiscalía no tiene licencia para operar Pegasus ni la intención de instalar plataformas de interceptación no autorizadas.

Impacto de la ruptura diplomática con Israel

El proceso de investigación también se ha visto afectado por la situación diplomática actual entre Colombia e Israel, un hecho que complica la comunicación directa con NSO Group. La Fiscalía está evaluando la posibilidad de establecer otros canales de comunicación con la empresa, aunque la ruptura de relaciones diplomáticas ha entorpecido la colaboración en este sentido.

Camargo explicó que este obstáculo impide un acceso expedito a información relevante sobre el software, sus características y, posiblemente, el uso que podría haberse planeado en el país. La situación ha generado un clima de incertidumbre sobre el verdadero propósito de la adquisición y su implementación en Colombia.

Transparencia en la Fiscalía

En sus declaraciones, Luz Adriana Camargo enfatizó que la Fiscalía ha llevado este caso con la mayor transparencia posible, resaltando que la entidad no tiene interés alguno en utilizar herramientas de interceptación ilegal. Aseguró que, de hecho, la Fiscalía se limita al uso de plataformas de interceptación legales y autorizadas, las cuales están diseñadas para operar bajo el marco regulatorio colombiano.

“Sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales”, declaró Camargo, dejando claro que la investigación se desarrolla bajo un compromiso firme de transparencia y ética. Este enfoque es fundamental para disipar las inquietudes sobre la posible existencia de una infraestructura ilegal de vigilancia en el país.

La fiscal finalizó indicando que se continúa indagando exhaustivamente sobre el destino y posesión actual del software Pegasus, así como sobre las circunstancias que rodearon su compra, en aras de esclarecer si se violaron o no los protocolos de seguridad y privacidad que rigen las actividades de inteligencia en Colombia.

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La polémica en torno al software de espionaje Pegasus, adquirido durante el gobierno de Iván Duque, ha escalado en una investigación que apunta a posibles prácticas de espionaje político y lavado de activos en Colombia. Además de las dudas sobre quién controla y usa actualmente este software, el caso ha puesto en evidencia una presunta red de corrupción que involucra tanto a actores nacionales como internacionales. El uso irregular de Pegasus y su posible financiamiento opaco han provocado una crisis política y judicial, mientras el país espera respuestas sobre su paradero y propósito actual.

Adquisición de Pegasus en Colombia: sospechas y dudas

Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el software de espionaje Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles, fue adquirido bajo circunstancias poco transparentes. Fuentes de alto nivel han señalado que esta herramienta fue utilizada para espionaje político en Colombia, sin embargo, no existen contratos o registros oficiales que respalden la compra del software. Esto ha llevado a cuestionamientos serios sobre si la transacción involucró lavado de activos o un financiamiento ilegal que habría tenido el objetivo de evitar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

La falta de documentación contractual ha intensificado las sospechas. El senador Antonio Correa, líder en la investigación del caso, sostiene que NSO Group, la empresa israelí desarrolladora de Pegasus, pudo haber sido engañada sobre el origen del dinero empleado en la transacción. Correa señala que no se usaron fondos públicos en esta adquisición, sino que, supuestamente, provino de empresarios y contratistas con intereses específicos en el contexto político de Colombia.

Espionaje político: el alcance de Pegasus en América Latina

El caso Pegasus no es exclusivo de Colombia. En países como México, El Salvador y Panamá, este software ha sido utilizado con fines políticos y de espionaje, generando múltiples denuncias internacionales. En México, por ejemplo, Pegasus fue empleado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a políticos de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Casos similares se han reportado en El Salvador, donde se señala que el presidente Nayib Bukele empleó Pegasus para vigilar a periodistas y críticos de su administración, específicamente al equipo de investigación del medio El Faro.

Panamá también es parte de la lista de países en los que Pegasus ha sido utilizado en prácticas de espionaje, y actualmente se han identificado a tres colombianos implicados en la estructura de venta de este software en territorio panameño. La presunta relación de Colombia con una red de corrupción transnacional amplifica las preocupaciones sobre el uso indebido de Pegasus en la región, conectando diversos escándalos de espionaje con una estructura de comercialización ilegal de tecnologías de vigilancia.

Debate de control político: la urgencia de una investigación en profundidad

El senador Correa ha convocado a un debate de control político en el Congreso de Colombia para esclarecer el paradero y uso actual de Pegasus en el país. Correa ha solicitado la comparecencia de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para que den explicaciones sobre la compra y la posible utilización del software en operativos de espionaje interno.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, ha afirmado que Pegasus fue utilizado para espiar a opositores y activistas durante el Paro Nacional de 2021. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes sobre quién posee el control del software hoy en día, lo que aumenta las sospechas de que sigue operando bajo una estructura irregular.

Redes de corrupción y posibles implicaciones democráticas

Más allá del espionaje político, las investigaciones señalan una sofisticada red de corrupción que involucra a instituciones del Estado colombiano, incluyendo la posible participación de la Policía de narcóticos. Según se informa, fondos desconocidos y vuelos con grandes cantidades de dinero fueron empleados para encubrir esta operación, utilizando instalaciones militares para evitar el escrutinio público. La falta de transparencia y la implicación de fuerzas de seguridad estatales sugieren una trama profunda de corrupción con fines políticos y económicos.

Líderes políticos y analistas coinciden en que este tipo de prácticas representan una amenaza directa para la democracia en Colombia. La presunta utilización de Pegasus para vigilar a ciudadanos y opositores afecta las libertades civiles y puede derivar en una crisis de derechos humanos si no se toman medidas contundentes.

Escenarios posibles: la importancia de respuestas claras

Este caso plantea dos grandes preguntas que aún no tienen respuesta: ¿dónde está actualmente el software Pegasus y quién está utilizándolo? Estas interrogantes, además de la ausencia de transparencia en la adquisición y manejo del software, han generado una crisis de confianza en las instituciones y han llevado a una serie de investigaciones en el Congreso.

La resolución de estos interrogantes será crucial para determinar si el uso de Pegasus se limitó a un caso de espionaje político irregular o si estamos ante una red de corrupción más amplia, con ramificaciones profundas y peligrosas para la institucionalidad del país. Las decisiones que se tomen al respecto serán fundamentales para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos en Colombia.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instruido a todas las entidades del Estado a que suministren información relacionada con la compra del software de espionaje Pegasus a la Fiscalía General de la Nación. La directriz presidencial se da tras la publicación de un informe de Señal Investigativa, en el que se detallan los vuelos y transacciones involucradas en la adquisición de este polémico software, utilizado para espiar a la oposición y a líderes juveniles en el país.

Petro denuncia espionaje y lavado de activos

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro confirmó la existencia de dos vuelos israelíes que llegaron a Bogotá, transportando dinero en efectivo utilizado para la compra de Pegasus. Estos vuelos aterrizaron en los hangares de la Policía Nacional, y según Petro, los pagos fueron realizados en dólares, lo que sugiere un procedimiento clandestino. El presidente ha descrito esta operación como un «Watergate monumental con lavado de activos incluido», destacando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.

Efectivamente dos aviones israelíes vinieron a Colombia, y despegaron con rumbo a Tel Aviv , en los días que según el informe de la agencia de inteligencia israelí sobre lavado de activos dijo que se habían llevado los pagos en efectivo y en dólares para comprar el software… https://t.co/X00WiseneK

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2024

La ruta de los aviones

El primer vuelo involucrado, un bombardier Challenger M-ABGG, salió de Tel Aviv el 25 de junio de 2021 y aterrizó en Bogotá tras hacer escalas en las islas Canarias y en Isla Margarita, Venezuela. La aeronave permaneció en el aeropuerto El Dorado durante 21 horas antes de despegar hacia Tel Aviv. Poco después de este vuelo, el Banco de Israel reportó una transacción de 5.5 millones de dólares, confirmando así la primera parte del pago por el software Pegasus. Amir Sade, piloto del avión y experto en ciberseguridad, fue señalado por liderar la operación.

El segundo vuelo, un jet privado T7CPX, llegó a Bogotá el 18 de septiembre de 2021, con una escala en Santo Domingo. Al igual que el vuelo anterior, el jet transportó dinero para completar la transacción de Pegasus. El piloto de este vuelo, Yaniv Hait, también está vinculado a empresas de tecnología militar, lo que resalta la participación de actores clave en la industria militar israelí.

El uso de Pegasus en Colombia

Petro ha denunciado que el software Pegasus fue utilizado en Colombia para espiar a la oposición política y a líderes juveniles populares durante más de seis meses. Estas revelaciones sugieren un uso del software con fines políticos, violando los derechos fundamentales de varios sectores de la población. El presidente ha insistido en la necesidad de identificar a las personas involucradas en los vuelos y transacciones que permitieron la compra del software.

La respuesta del gobierno de Iván Duque

El gobierno del expresidente Iván Duque ha negado repetidamente la adquisición de Pegasus, pero los documentos revelados por Señal Investigativa y las transacciones bancarias contradicen estas afirmaciones. A pesar de las negativas, las pruebas presentadas indican que las autoridades de esa administración estuvieron directamente involucradas en la compra.

Petro también mencionó que los medios de comunicación del «establecimiento» intentaron desacreditar su denuncia, pero reafirmó que la información sobre los vuelos y la adquisición de Pegasus es verídica y está respaldada por documentos oficiales.

El papel de la Policía Nacional

El presidente Petro ha solicitado a la Policía Nacional que conserve todos los registros relacionados con la llegada de los vuelos, incluidos los datos de los pasajeros y tripulantes. Además, Petro recordó que tiene la facultad de desclasificar información secreta si considera que la seguridad nacional o los derechos humanos están en juego. La medida tiene como objetivo garantizar que todos los detalles relevantes sobre la compra de Pegasus sean investigados y se mantengan disponibles para la Fiscalía.

Futuras investigaciones

Uno de los puntos clave pendientes, según el presidente, es identificar públicamente a las personas que estuvieron involucradas en los vuelos y su relación con la compra del software. Petro ha subrayado que la investigación debe continuar hasta que se aclaren todas las circunstancias alrededor de este caso de espionaje y lavado de activos.

Este caso no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional, dada la participación de empresas y pilotos vinculados a la industria militar israelí. Se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones, con base en la información que las entidades del Estado han sido instruidas a entregar.

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La fiscal Angélica Monsalve realizó graves denuncias a través de sus redes sociales sobre el uso del software Pegasus en la Fiscalía General de la Nación. Según Monsalve, este controversial programa de interceptación, conocido por su capacidad para realizar vigilancia masiva, fue adquirido con dinero proveniente de lavado de activos, generando serias dudas sobre la legalidad de su implementación.

Pegasus activo en la Fiscalía

Monsalve afirmó que el software Pegasus, utilizado por el grupo de interceptaciones de control telemático, continúa activo en la Fiscalía. La fiscal detalló que los recursos para la compra del software en 2022 provendrían de actividades ilícitas. Además, expresó sus dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos y las circunstancias en que se adquirió esta herramienta de vigilancia.

PEGASUS ESTÁ VIVITO Y CHUZANDO!

Según información que me allegó un ingeniero de las TICS, el software Pegasus está licenciado a la @FiscaliaCol , y es la plataforma usada por el grupo de interceptación de control telemático

Este post va como derecho de petición al insulso e…

— Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) October 16, 2024

Cuestionamientos al exfiscal Barbosa y viajes a Israel

La fiscal también hizo referencia a los viajes a Israel relacionados con la compra de Pegasus. En particular, cuestionó el viaje realizado por el exdirector del CTI, Alberto Acevedo, quien fue comisionado para viajar a dicho país bajo la excusa administrativa de “vacaciones”. Acevedo fue acompañado por Luis Fernando Lozano Mier, subdirector nacional de TIC, y Gineth Romero, directora de Control Telemático, quienes, según Monsalve, realizaron este desplazamiento con presupuesto financiado por la embajada de Israel.

Monsalve también solicitó explicaciones al exfiscal general Francisco Barbosa sobre su participación en este proceso de adquisición y sobre los fondos empleados, subrayando que el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas para la compra de Pegasus es un hecho que debe ser investigado de manera rigurosa.

Derecho de petición en la Fiscalía

Angélica Monsalve presentó un derecho de petición ante la Fiscalía para que se investiguen a fondo las irregularidades relacionadas con la adquisición del software. En su denuncia, también subrayó la necesidad de que se revisen los mecanismos de control interno de la entidad, ya que este tipo de operaciones podrían vulnerar no solo la legalidad, sino también la confianza pública en las instituciones.

La denuncia ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político del país, poniendo nuevamente en el centro de la discusión el uso de herramientas tecnológicas para el control y seguimiento de ciudadanos, y los riesgos que esto conlleva si se utilizan de manera ilegal.

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El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha reavivado una controversia en torno a la adquisición del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Petro denunció públicamente esta compra, señalando que el software de espionaje fue adquirido por un monto de 11 millones de dólares de una empresa israelí, en circunstancias que aún generan más dudas que respuestas. Este software, utilizado para espiar teléfonos móviles, solo puede ser adquirido por gobiernos, y su uso ha levantado graves cuestionamientos, especialmente en el contexto del estallido social vivido en Colombia en ese mismo año.

¿Qué es la Dipol y cuál es su función?

La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) es una entidad adscrita a la Policía Nacional de Colombia, cuya principal misión es la producción de inteligencia estratégica y operacional. Este organismo se encarga de recopilar y analizar información sobre amenazas, criminalidad y desafíos sociales, para apoyar la toma de decisiones de los altos mandos del gobierno en materia de seguridad y defensa. La Dipol juega un papel crucial en la orientación de políticas de seguridad en Colombia, respondiendo a los problemas que afectan el orden público. En 2021, la Dipol estaba bajo la dirección del general Jorge Luis Vargas, quien también ocupaba el cargo de director general de la Policía Nacional en ese momento.

La adquisición de Pegasus y el contexto social

En junio de 2021, en plena crisis social provocada por el estallido de protestas en Colombia, la Dipol cerró un acuerdo con NSO Group, la empresa israelí creadora del software Pegasus. Este contrato, valorado en 11 millones de dólares, fue denunciado recientemente por el presidente Petro, quien afirmó que la compra incluyó una serie de irregularidades financieras. Según Petro, un banco israelí reportó una transacción sospechosa de 5.5 millones de dólares en julio de ese mismo año, lo que levantó sospechas sobre el manejo de estos fondos y su relación con la compra del software.

El contexto en el que se realizó la adquisición ha generado especial preocupación. Durante las protestas sociales, en las que hubo denuncias de abusos de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones de derechos humanos, el uso de herramientas como Pegasus podría haber sido utilizado para espiar a líderes sociales y opositores políticos. Esto ha incrementado las dudas sobre el alcance y los fines de dicha compra.

Las graves denuncias de Petro

El presidente Petro fue contundente en su denuncia: «Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos, espionaje interno sin orden judicial y corrupción». Según sus declaraciones, la compra de Pegasus no solo involucró irregularidades financieras, sino que también pudo haber sido parte de un aparato de espionaje ilegal montado en medio de la crisis social de 2021. Petro señaló que la transacción, realizada en efectivo y con la participación de entidades extranjeras, fue parte de un esquema que podría tener repercusiones legales tanto a nivel nacional como internacional.

Además, Petro mencionó la participación de altos mandos del gobierno de Duque en esta operación, apuntando directamente al general Jorge Luis Vargas, entonces director de la Policía Nacional, y al general Mojica, director de la Dipol. Según el presidente, estos funcionarios podrían enfrentar cargos graves, incluyendo delitos extranjeros que podrían llevar a la extradición.

Implicaciones para el gobierno anterior

El gobierno de Iván Duque ha sido señalado en varias ocasiones por su manejo de la seguridad y la represión durante el estallido social. La compra de Pegasus, según las denuncias de Petro, añade una nueva capa de complejidad a estas acusaciones. La posibilidad de que el software se haya utilizado para espiar a líderes sociales y figuras de la oposición durante uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia pone en entredicho las prácticas de inteligencia del gobierno anterior.

El general Jorge Luis Vargas, uno de los principales señalados por Petro, ha defendido en otras ocasiones las acciones de la Policía durante las protestas, pero estas nuevas revelaciones podrían traer consecuencias legales y políticas para quienes participaron en la adquisición de Pegasus. La comunidad internacional también está atenta a estos desarrollos, especialmente dado que el software Pegasus ha sido objeto de polémica en otros países por su uso indebido para fines de vigilancia interna.

¿Qué sigue para la Dipol y el gobierno actual?

Las denuncias de Petro no solo ponen bajo escrutinio a los actores del pasado, sino que también plantean preguntas sobre el futuro de la Dipol y sus prácticas. El presidente ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus y ha asegurado que este tipo de prácticas no tendrán cabida en su administración. Sin embargo, la sombra de las denuncias sigue presente, y será crucial para el gobierno actual demostrar transparencia y responsabilidad en el manejo de la inteligencia policial.

Al mismo tiempo, la oposición ha pedido respuestas claras sobre cómo se utilizaron los recursos destinados a la compra de Pegasus y qué medidas se tomarán para garantizar que este tipo de operaciones no se repitan en el futuro. La Dipol, por su parte, deberá enfrentar un proceso de revisión interna que permita aclarar su papel en estos eventos y restaurar la confianza pública en sus acciones.

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El software de espionaje Pegasus ha generado una gran controversia a nivel mundial. Desarrollado por la empresa israelí NSO Group, este programa ha sido utilizado para interceptaciones ilegales con fines políticos, afectando a políticos, periodistas y activistas. El presidente Gustavo Petro ha denunciado el uso de esta tecnología en Colombia, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance y los peligros de este tipo de herramientas de vigilancia.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es una aplicación de ciberespionaje que se instala en dispositivos móviles o computadoras aprovechando las vulnerabilidades del sistema operativo. A través de un simple enlace, el software se introduce en el dispositivo, quedando activo en segundo plano y permitiendo que el atacante monitoree todas las actividades del usuario sin que este lo sepa. Esta herramienta es especialmente sofisticada, pues ofrece control total sobre el dispositivo infectado, desde acceso a información almacenada hasta la posibilidad de activar funciones como la cámara o el micrófono.

Origen y desarrollo

NSO Group, una empresa de origen israelí, fue la encargada de desarrollar Pegasus. Con una reputación de crear herramientas de ciberespionaje avanzadas, NSO asegura que la venta de Pegasus se realiza únicamente a gobiernos. Según la compañía, el propósito de este software es combatir el crimen organizado, tales como redes de pedofilia, terrorismo y tráfico de drogas. Sin embargo, su uso ha levantado sospechas por su aplicación en casos de espionaje político.

Casos de espionaje con Pegasus

El caso más relevante sobre la existencia de Pegasus se dio a conocer en 2016, cuando Ahmed Mansoor, un activista de derechos humanos de los Emiratos Árabes, reveló que su celular había sido infectado por este software. A partir de ese momento, múltiples denuncias comenzaron a surgir en otros países, revelando una amplia red de espionaje político que afectó a figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.

Las víctimas del espionaje con Pegasus han sido, en su mayoría, opositores a los gobiernos que lo han utilizado. Esto incluye a políticos críticos, líderes de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La utilización de Pegasus en contextos de represión política ha puesto en duda los controles y regulaciones que debería tener su exportación y venta.

¿Cómo opera Pegasus?

El software actúa como un «control remoto» para el atacante, permitiéndole acceder a todas las funciones del dispositivo infectado. Esto incluye la capacidad de ver fotos, videos, documentos, correos electrónicos, e incluso escuchar llamadas o leer mensajes de texto. Lo más alarmante es que Pegasus puede activar la cámara y el micrófono del dispositivo sin el conocimiento del usuario, lo que expone a las víctimas a un monitoreo completo y constante.

Este tipo de espionaje no deja rastro, lo que dificulta su detección por las víctimas. En muchos casos, las personas afectadas no se enteran de que han sido espiadas hasta que expertos en seguridad digital realizan análisis forenses en sus dispositivos. Esta sofisticación tecnológica es lo que hace que Pegasus sea una de las herramientas de espionaje más temidas en el mundo.

Controversias y denuncias recientes

La exportación de Pegasus está controlada por el gobierno de Israel, quien supervisa las ventas y determina a qué países se les permite adquirir esta tecnología. Sin embargo, las denuncias sobre su mal uso han hecho que muchos cuestionen los criterios de distribución de este software.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció el uso de Pegasus para espiar a políticos y activistas, lo que ha generado un fuerte rechazo y llamado a investigaciones. El uso de este tipo de tecnologías en democracias es especialmente preocupante, ya que vulnera la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El impacto de Pegasus ha sido tal que organizaciones de derechos humanos han exigido mayores regulaciones y transparencia en la venta y uso de este tipo de herramientas. El control que ofrece sobre los dispositivos de los usuarios es total, lo que lo convierte en una amenaza real para la privacidad y la seguridad digital.

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El presidente Gustavo Petro confirmó recientemente la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque, señalando que este programa podría haber sido utilizado para espiar a oponentes políticos y periodistas. Ante estos hechos, Petro ha solicitado a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la compra y el uso de este software, que ha generado gran polémica tanto en el ámbito político como en el de los medios de comunicación.

Reuniones secretas y la compra de Pegasus

De acuerdo con una investigación revelada por Señal Investigativa, en octubre de 2021, durante un viaje a Israel del expresidente Iván Duque y varios altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se llevaron a cabo reuniones confidenciales. En estas reuniones, un viceministro de Defensa y altos mandos militares se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien dio el visto bueno a la transacción del software Pegasus.

Se presume que este software fue adquirido para intervenir hasta 2.600 líneas telefónicas en Colombia, lo que habría tenido un costo de 50 mil dólares por cada 10 líneas intervenidas. Las reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la investigación de Señal Investigativa reveló fotos y documentos que evidencian la presencia de altos funcionarios colombianos durante estas negociaciones.

La incertidumbre sobre el control actual de Pegasus

Uno de los puntos más críticos del escándalo es que no se sabe en manos de quién está actualmente Pegasus, ni cuál es su propósito en estos momentos. Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó a finales de junio de 2024 que Pegasus no está bajo el control del actual gobierno de Petro. Esto ha despertado gran preocupación, ya que el software podría estar siendo utilizado por militares retirados o grupos con intereses oscuros para espiar a ciudadanos y desestabilizar al Estado.

La Fiscalía General de la Nación ha asumido la tarea de investigar a varios generales retirados, conocidos como «generales criminales», quienes están señalados de haber participado en un plan para destruir la inteligencia estatal colombiana. Estos generales habrían estado involucrados en la adquisición de Pegasus y ahora son objeto de investigaciones por parte de un grupo especial de la Fiscalía.

Rumores de interceptaciones y chuzadas en Colombia

Desde junio de 2024, varios medios de comunicación y figuras públicas han expresado su preocupación por el posible regreso de las chuzadas en Colombia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, denunció que su teléfono había sido intervenido, lo que generó un gran revuelo en la opinión pública. Aunque más tarde se retractó de la denuncia, su declaración inicial fue suficiente para que surgieran rumores sobre nuevas interceptaciones telefónicas en el país.

El senador David Luna, un opositor al gobierno Petro, también denunció que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas, aunque no presentó pruebas al respecto. Las acusaciones de chuzadas han alimentado un ambiente de desconfianza y especulaciones sobre quién podría estar utilizando el software Pegasus.

¿Qué sigue para el software Pegasus?

La gran pregunta que queda por responder es quién tiene ahora el control de Pegasus y para qué se está utilizando. Aunque el gobierno de Petro ha sido señalado por algunos sectores de la oposición, la evidencia apunta a que Pegasus podría estar siendo operado por grupos que no están vinculados al actual gobierno, sino a actores que buscan desestabilizar la administración actual.

A medida que la Fiscalía avanza en sus investigaciones y se revelan más detalles sobre la compra y el uso de Pegasus, la expectativa es que se logre identificar a los responsables de la utilización ilegal de este software. La falta de transparencia sobre el destino de Pegasus y su posible uso en la interceptación de teléfonos de periodistas y figuras políticas sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad colombiana.

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