El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció públicamente tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, ha generado una fuerte respuesta por parte de Leyva, quien acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia un proceso disciplinario viciado. En sus declaraciones, Leyva cuestiona la autonomía de la Procuraduría, asegurando que sus acciones responden a intereses ajenos y presiones políticas.

Sanción y Acusaciones de Falta de Autonomía

Álvaro Leyva fue sancionado tras una investigación de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, en la que se le acusa de haber violado los principios de la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes habría perjudicado, según la Procuraduría, el interés público. La sanción, impuesta por el procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Jesús Espinosa, incluye inhabilitación por 10 años, acusando a Leyva de actuar con dolo.

En respuesta, Leyva cuestionó abiertamente la independencia de la procuradora Cabello, afirmando que “no es autónoma” y actúa en beneficio de quienes están detrás de ella. Este señalamiento se centra en una supuesta falta de imparcialidad en el proceso disciplinario, que, según el excanciller, estaría influenciado por intereses externos.

Denuncia de Irregularidades en el Proceso

Leyva denuncia que el fallo de la Procuraduría era “previsible”, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su defensa. Según él, la procuradora Cabello habría incurrido en prejuzgamiento, ya que, de manera anticipada, declaró públicamente que el caso tendría un desenlace antes de enero de 2023, un acto que Leyva considera como una prueba de la parcialidad en su contra.

Además, argumenta que la Procuraduría habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, una competencia que corresponde a los jueces contenciosos. Para Leyva, este tipo de actuaciones representan un “precedente peligroso” que afecta la legitimidad de la Procuraduría.

Procedimientos sin Transparencia

El excanciller también señaló que las audiencias de su caso se llevaron a cabo sin acceso al público ni posibilidad de seguimiento en modalidad virtual. Según Leyva, esta falta de acceso vulnera el derecho a la transparencia, recordando la prohibición de la “justicia sin rostro” establecida por la ONU y la Corte Constitucional de Colombia. Esta restricción en la visibilidad de las audiencias es, a su juicio, una señal de irregularidades y una limitación a los derechos fundamentales de los acusados.

Crítica al Proceso de Licitación de Pasaportes

Uno de los puntos más controversiales en la sanción es la licitación para la emisión de pasaportes, proceso que Leyva asegura fue manipulado para beneficiar a un único contratista. El excanciller señala que el diseño de los pliegos de condiciones favorecía a un proveedor específico, eliminando la competencia. Este aspecto del proceso ha sido una de las principales justificaciones de Leyva para declarar desierta la licitación, argumentando que su actuación buscaba asegurar transparencia y adherirse a los principios constitucionales.

Además, menciona que durante el proceso recibió advertencias por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en un intento de frenar las irregularidades detectadas. Estos señalamientos, según Leyva, demuestran que su decisión de cancelar la licitación se fundamentó en la legalidad.

La Respuesta de Leyva ante la Sanción

Leyva, en su comunicado, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y, en caso necesario, acudirá a los jueces de la República, a quienes considera como “autónomos e independientes”, en contraste con el proceder de la Procuraduría. Además, subrayó la necesidad de que este organismo retome un rol verdaderamente independiente, alejado de intereses políticos y enfocado en la moralidad pública en Colombia.

Leyva también reiteró su compromiso con las iniciativas de paz en el país, citando su papel en los acuerdos de La Habana y abogando por reformas políticas y sociales que promuevan un “gran acuerdo político nacional”.

Reflexión Final y Futuro del Caso

El caso de Álvaro Leyva plantea una profunda reflexión sobre la independencia y transparencia en los organismos de control en Colombia. Las declaraciones del excanciller, así como sus acusaciones contra la procuradora Cabello, han puesto en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría y el impacto de posibles intereses políticos en sus decisiones.

Leyva ha sido una figura destacada en el ámbito político y de paz en Colombia, y su sanción, acompañada de las críticas al sistema de licitaciones y la falta de transparencia, podría repercutir en futuros procesos de contratación pública y en la evaluación de la gestión de la Procuraduría.

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El panorama político del Pacto Histórico ha comenzado a agitarse en medio de la preparación para las elecciones presidenciales de 2026. Durante la Segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana, se aprobó por unanimidad la idea de convertir esta coalición en un partido único, siguiendo el llamado del presidente Gustavo Petro. El objetivo principal es consolidar una fuerza política que mantenga el progresismo en el poder tras el fin de su mandato. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta fuertes resistencias dentro de los partidos que componen la coalición.

La propuesta de unificación y su respaldo

En la asamblea mencionada, se acordó por unanimidad avanzar hacia la conformación de un partido único o unitario. El representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, destacó la importancia de esta unidad para fortalecer la coalición de cara a los retos electorales de 2026. Según Toro, la propuesta cuenta con el respaldo absoluto de Colombia Humana y se espera que otros partidos se sumen a este esfuerzo.

Resistencia interna: partidos que rechazan la unificación

A pesar del consenso alcanzado en la asamblea, la iniciativa ha encontrado resistencia entre varios partidos. La Alianza Democrática Amplia (ADA), liderada por el senador Paulino Riascos, ha sido uno de los más críticos, negándose a perder su personería jurídica. Riascos argumenta que su colectividad tiene principios distintos y no está dispuesta a alinearse bajo una visión única, cuestionando además la falta de atención por parte del Gobierno Petro hacia sus aliados.

Otro partido que ha expresado su desacuerdo es el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La senadora Martha Peralta calificó la propuesta de inviable, señalando que su partido fue fundado con base en la Constitución Política de 1991, lo que dificulta su integración en un proyecto unificado.

Tensión con la Fuerza de la Paz y otras colectividades

La Fuerza de la Paz, encabezada por el actual embajador en Reino Unido, Roy Barreras, también ha mostrado reticencias hacia la unificación. Este partido, que ha sido un aliado clave en el Gobierno, no ve con buenos ojos la disolución de su identidad política en favor de un nuevo proyecto. La postura de Barreras refleja la preocupación de varias colectividades que temen perder su autonomía y peso político en un escenario dominado por una única estructura partidista.

En paralelo, la senadora Gloria Flórez, defensora de la propuesta de unificación, resaltó la necesidad de consolidar la cohesión y la unidad dentro del Pacto Histórico para asegurar la continuidad del progresismo. Flórez enfatizó que el compromiso desde los distintos territorios y sectores es clave para avanzar en la transformación que promueve Petro.

Preocupaciones desde la oposición

La propuesta de un partido único no solo ha generado debate dentro del Pacto Histórico, sino también reacciones desde la oposición. Sectores opositores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el presidente Petro esté buscando extender su influencia más allá de los cuatro años de su mandato, lo cual estaría en conflicto con los principios establecidos en la Constitución.

Este temor, alimentado por la propuesta de unificar a todas las colectividades progresistas bajo un solo partido, se suma a la incertidumbre sobre cómo se manejarán las dinámicas políticas en un eventual segundo gobierno de esta tendencia. Para los críticos, el riesgo reside en que la concentración de poder bajo una única estructura partidista pueda debilitar la pluralidad política.

En definitiva, la iniciativa de consolidar el Pacto Histórico en un partido único refleja tanto la necesidad de fortalecer una fuerza política en el contexto electoral de 2026 como las tensiones internas que esta propuesta genera. Con múltiples actores involucrados, será determinante observar si las negociaciones logran resolver las diferencias y alinear a las distintas colectividades bajo un mismo proyecto político.

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