El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, expidió por decreto el presupuesto general de la nación para 2025, tras la negativa del Congreso de aprobar el proyecto presentado. El monto final asciende a 511 billones de pesos, lo que representa un recorte de 12 billones en comparación con la propuesta inicial.

Contexto: Un presupuesto sin aprobación legislativa

Por primera vez en 20 años, el Congreso no logró aprobar el presupuesto general presentado por el Gobierno dentro del plazo establecido, lo que activó el recurso de decreto. Según lo estipulado en el artículo 348 de la Constitución Política y el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Ejecutivo está facultado para emitir el presupuesto con fuerza material de ley.

El monto inicial propuesto por el Gobierno ascendía a 523 billones de pesos, de los cuales 12 billones eran considerados contingentes, es decir, dependían de la aprobación de una reforma tributaria que finalmente fue archivada. Este rechazo marcó una de las principales derrotas políticas del gobierno de Petro en la actual legislatura.

Reforma tributaria: La clave del desfinanciamiento

El archivamiento de la reforma tributaria no solo significó un revés legislativo, sino que dejó al presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, la reforma buscaba no solo generar ingresos fiscales, sino también ofrecer beneficios como la reducción de impuestos corporativos y condonaciones en sanciones tributarias.

“Ni siquiera nos dieron la oportunidad de debatir. Esto es un golpe al proceso democrático”, expresó Guevara, quien también acusó a sectores de la oposición de bloquear la iniciativa sin analizar sus propuestas.

El archivo de la reforma tributaria fue impulsado principalmente por las comisiones económicas del Congreso, que, según declaraciones del presidente Petro, habrían sido influenciadas por intereses privados relacionados con los juegos de suerte y azar ilegales.

Ajustes inevitables en el gasto público

Ante la falta de financiación, el presidente Petro anunció que se aplazarán partidas clave de funcionamiento e inversión en 2025, hasta que se logre encontrar una fuente de recursos que compense el faltante. El decreto de liquidación del presupuesto especificará las áreas que se verán afectadas por estos recortes.

El mandatario calificó como «dolorosa» la situación, pero reiteró que el presupuesto debía expedirse tal como fue presentado originalmente al Congreso, en cumplimiento de las normativas vigentes.

Un escenario político adverso

El rechazo al presupuesto y la reforma tributaria evidencian las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcadas por una fragmentación política que ha dificultado la aprobación de proyectos clave.

Para el gobierno Petro, la falta de apoyo legislativo representa un desafío significativo en la implementación de su agenda económica y social. Este contexto político podría complicar aún más las negociaciones futuras para garantizar la estabilidad fiscal del país.

El debate sobre el presupuesto 2025 pone de manifiesto la necesidad de acuerdos políticos sólidos que permitan avanzar en soluciones financieras viables, sin comprometer las metas del Gobierno.

El presupuesto para 2025, aunque recortado, refleja la intención del Gobierno de priorizar las áreas más urgentes, pese a las restricciones fiscales. Sin embargo, el impacto de estos ajustes será una cuestión crítica para la ciudadanía y los sectores afectados.

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