En una ceremonia realizada en Riohacha, La Guajira, el presidente Gustavo Petro tomó juramento anticipado a Gregorio Eljach como nuevo Procurador General de la Nación. Aunque el periodo de la actual procuradora, Margarita Cabello Blanco, finaliza el 15 de enero de 2025, Eljach asumirá formalmente sus funciones en esa fecha, con un mandato de cuatro años.

Trayectoria de Gregorio Eljach

Gregorio Eljach, oriundo de Fusagasugá, Cundinamarca, y criado en el departamento del Cesar, es abogado egresado de la Universidad del Cauca. Con una destacada carrera en el Congreso de la República, se desempeñó durante 12 años como secretario general del Senado, cargo que le permitió establecer relaciones cercanas con diversos sectores políticos.

Elección como Procurador General

El 2 de octubre de 2024, el Senado de la República eligió a Eljach como Procurador General con una abrumadora mayoría de 95 votos, superando a los candidatos Germán Varón Cotrino y Luis Felipe Henao. Su elección fue respaldada por partidos de diferentes tendencias, incluyendo el Pacto Histórico, los partidos Conservador, Liberal y de la U, así como el Centro Democrático.

Ceremonia de juramento en La Guajira

La ceremonia de juramento se llevó a cabo en la Casa de la Ciudadanía de Riohacha y contó con la presencia de altos funcionarios del Estado, entre ellos el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez; la fiscal General, Luz Adriana Camargo; la defensora del Pueblo, Iris Marín; y miembros de la bancada Caribe en el Congreso. Durante el evento, el presidente Petro destacó la trayectoria de Eljach, refiriéndose a él como «un jurista» y resaltando su experiencia en el Senado.

Desafíos y expectativas

Eljach asumirá la dirección de la Procuraduría General de la Nación en un contexto de grandes retos, entre los que se destacan la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en Colombia. Su elección ha sido interpretada como un movimiento estratégico del presidente Petro relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, buscando una mayor armonía y colaboración en la implementación de políticas públicas.

Reacciones políticas

La designación de Eljach ha generado diversas opiniones en el ámbito político. Mientras algunos senadores destacan su imparcialidad y capacidad para desempeñar el cargo, otros expresan reservas sobre su independencia, dado su estrecho vínculo con el Congreso. No obstante, la amplia mayoría obtenida en su elección refleja un consenso significativo en torno a su nombramiento.

Con la posesión anticipada de Gregorio Eljach como Procurador General, se espera que la Procuraduría inicie una nueva etapa enfocada en fortalecer la institucionalidad y enfrentar los desafíos que aquejan al país, en estrecha colaboración con las demás ramas del poder público.

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El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, ha sido destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante nueve años, como resultado de irregularidades detectadas en un contrato de alumbrado público adjudicado durante su primer mandato. La decisión, que fue ratificada por un fallo de segunda instancia, señala fallas en la licitación que vulneraron principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia.

Destitución por irregularidades en la contratación pública

La Procuraduría General de la Nación informó el 12 de septiembre de 2024 que la sanción contra Leonardo Donoso fue confirmada tras una revisión exhaustiva del proceso licitatorio relacionado con el servicio de alumbrado público en Chía, durante su gestión entre 2016 y 2019. El fallo de segunda instancia evidenció que Donoso participó directamente en las etapas precontractual y contractual, omitiendo verificar que los documentos presentados cumplieran con los requisitos legales exigidos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran falencias en los análisis sectoriales y en los estudios financieros que formaban parte de los requisitos previos del proceso. Estos fueron aprobados de manera deficiente, lo que se reflejó en el pliego de condiciones, afectando la transparencia, la economía y la objetividad en la selección del contratista.

Exsecretario de Obras también fue sancionado

Además del alcalde Donoso, la Procuraduría extendió la sanción a Jorge Wilmar Torres Porras, quien se desempeñaba como secretario de Obras de Chía durante el mismo periodo. Torres Porras fue destituido e inhabilitado por nueve años debido a su participación en las irregularidades del proceso licitatorio.

El exsecretario aprobó documentos técnicos y financieros sin garantizar que cumplieran con los requisitos necesarios para una selección justa y transparente de las empresas oferentes. Esto generó un impacto negativo en la competencia y afectó la legitimidad del proceso, vulnerando los principios de la contratación pública.

Consecuencias para el futuro político de Donoso

A pesar de haber sido reelegido para un segundo mandato como alcalde de Chía (2024-2027), Donoso podrá continuar en su cargo mientras el Consejo de Estado revisa el caso. El alcalde tiene la opción de solicitar medidas cautelares que le permitan seguir ejerciendo sus funciones mientras se resuelve su situación legal.

En caso de que el Consejo de Estado rechace las medidas cautelares, el gobernador de Cundinamarca deberá nombrar a un alcalde encargado para terminar el periodo constitucional, lo que llevaría a la realización de nuevas elecciones para definir quién ocupará el cargo hasta 2027.

Impacto en la gestión pública y la confianza ciudadana

Este caso de destitución genera un fuerte impacto en la percepción de la gestión pública en Chía y en la confianza ciudadana en las autoridades locales. Las sanciones emitidas por la Procuraduría subrayan la importancia de garantizar que los procesos de contratación pública se lleven a cabo con total transparencia, economía y objetividad.

El hecho de que un alcalde, a pesar de ser reelegido, esté enfrentando sanciones de esta magnitud pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración pública para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

La ciudadanía y las instituciones deben estar vigilantes para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y que se cumplan los principios de legalidad y equidad en cada proceso administrativo.

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