En un importante operativo liderado por la Policía Nacional, fueron destruidos 33 laboratorios de coca en San Miguel, Putumayo, debilitando las estructuras del narcotráfico en esta región estratégica. Estas acciones, enmarcadas en el plan ‘Narcos Invisibles 2.0’, también resultaron en la captura de un peligroso capo colombo-ecuatoriano, consolidando un golpe contundente contra las redes criminales.

Operativo en San Miguel: debilitamiento de estructuras financieras

La Dirección de Antinarcóticos lideró las labores de interdicción aérea que permitieron la destrucción de 33 laboratorios destinados a la producción de pasta base de coca. Según el coronel Felipe Ardila, jefe del Servicio de Policía contra el Narcotráfico, estas acciones lograron afectar las finanzas de las estructuras criminales en aproximadamente $390 millones.

Durante los operativos, se incautaron 246 kilos de base de cocaína, 4.306 galones de insumos líquidos y 2.995 kilos de insumos sólidos, además de 9.448 kilos de hoja de coca, evidenciando la capacidad logística de las redes desarticuladas.

Incautaciones récord en 2024

El operativo en Putumayo se suma a otros logros recientes en la lucha contra el narcotráfico, como la incautación de 500 paquetes de clorhidrato de cocaína en un contenedor de cacao en Cartagena. En 2024, Colombia alcanzó un récord en incautaciones, decomisando 848,5 toneladas de cocaína, un incremento del 14% respecto al año anterior, lo que supone una pérdida de $30.794 millones para las redes de narcotráfico.

Captura de un capo internacional: alias ‘El Indio’

Paralelamente a la destrucción de laboratorios, las autoridades capturaron a Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, alias ‘El Indio’ o ‘Memo’, un poderoso narcotraficante colombo-ecuatoriano. Este individuo, requerido por la Corte del Distrito Sur de California, lideraba una red logística especializada en el transporte de cocaína hacia centros de acopio en Buenaventura y zonas clandestinas en Nariño, Cauca y Ecuador.

El rol estratégico de alias ‘El Indio’

‘El Indio’ aprovechaba su doble nacionalidad para fortalecer redes criminales en zonas costeras estratégicas y trazaba rutas a través de los ríos Caquetá y Putumayo, aprovechando la disputa territorial entre grupos armados. Su captura representa un golpe significativo a las operaciones del narcotráfico en estas regiones.

Desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico

Aunque los resultados de estos operativos son alentadores, el narcotráfico en Colombia sigue enfrentando múltiples retos. En 2023, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reportó la presencia de 50.343 hectáreas de cultivos de coca en Putumayo y 64.990 en Nariño, lo que demuestra la persistencia del problema.

Factores que complican el panorama

La complejidad del narcotráfico en Colombia está ligada a factores sociales, económicos y geográficos que hacen del país un punto clave para la producción y tráfico de cocaína. Además, las disidencias armadas y otros grupos ilegales continúan disputándose el control de estas zonas estratégicas, dificultando los esfuerzos para erradicar el problema.

Colombia ha demostrado un compromiso significativo en la lucha contra el narcotráfico, pero los esfuerzos deben complementarse con estrategias integrales que incluyan desarrollo social y económico para las comunidades afectadas.

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La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

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