La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la entrega de varias propiedades rurales en el municipio de Sahagún, Córdoba, destinadas a comunidades campesinas. Entre los terrenos destaca la finca Nuevo México, con una extensión de 497 hectáreas, que anteriormente pertenecía al exsenador Musa Besaile Fayad, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht. Esta entrega forma parte de un esfuerzo gubernamental para redistribuir tierras incautadas y promover el desarrollo rural en la región.

Transferencia de tierras para revitalizar el campo

La finca Nuevo México, cuyo valor se estima en más de 5.000 millones de pesos, fue entregada a la organización Asocamila mediante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo es reactivar la producción agrícola en la región, beneficiando a los campesinos locales y convirtiendo un terreno anteriormente improductivo en un espacio productivo. Esta propiedad, conocida en la región por su participación en corralejas, ahora será utilizada para fines agrícolas en beneficio de las comunidades campesinas.

Entrega de otras propiedades rurales en Córdoba

Además de la finca Nuevo México, la SAE también transfirió otras cuatro fincas rurales en Córdoba: Maragón, Tengo Amores, Las Monitas y Tucunare. Estas tierras suman un total de 1.378 hectáreas que anteriormente estuvieron vinculadas a actividades ilegales y ahora serán aprovechadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

La finca Maragón, con 710 hectáreas aptas para la producción de alimentos, fue entregada a la organización Los Laureles. Este predio tiene el potencial de convertirse en un motor agrícola para la región, aportando significativamente a la seguridad alimentaria local. Por su parte, la finca Tengo Amores, de 40 hectáreas, se destinó a proyectos de piscicultura y agricultura.

Resistencia en la recuperación de tierras

El proceso de recuperación de las propiedades no estuvo exento de desafíos. Durante la diligencia de entrega de la finca Nuevo México, funcionarios de la SAE fueron víctimas de hostigamientos por parte de abogados que representaban a ocupantes irregulares. Estos abogados obstaculizaron el ingreso de los camiones destinados a trasladar el ganado presente en la finca y agredieron verbalmente a los funcionarios.

Incluso, personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público que acompañaban la diligencia reportaron dificultades en el desempeño de sus funciones debido a la actitud violenta de los abogados. Este incidente refleja las tensiones que persisten en el proceso de restitución de tierras en Colombia, donde aún se enfrentan desafíos por parte de quienes buscan mantener el control sobre propiedades obtenidas de manera irregular.

Compromiso gubernamental con el desarrollo rural

La entrega de estas tierras responde al compromiso del Gobierno Nacional de restituir terrenos a quienes más lo necesitan y convertir estos espacios en motores de desarrollo rural. Los terrenos entregados estaban relacionados con delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción, y ahora serán utilizados para impulsar la economía rural y mejorar las condiciones de vida en la región. La transferencia busca transformar estos espacios improductivos en zonas agrícolas activas, generando empleo y estabilidad para las comunidades campesinas.

Transformando la economía rural en Córdoba

Con estas entregas, el gobierno reafirma su política de redistribución de tierras, devolviendo a las comunidades rurales terrenos que en el pasado fueron utilizados para fines ilícitos. La esperanza es que, con la adecuada gestión y el apoyo institucional, estas tierras se conviertan en un pilar para el desarrollo económico y social de Córdoba, promoviendo la equidad y el bienestar en el campo.

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