El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció públicamente tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, ha generado una fuerte respuesta por parte de Leyva, quien acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia un proceso disciplinario viciado. En sus declaraciones, Leyva cuestiona la autonomía de la Procuraduría, asegurando que sus acciones responden a intereses ajenos y presiones políticas.

Sanción y Acusaciones de Falta de Autonomía

Álvaro Leyva fue sancionado tras una investigación de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, en la que se le acusa de haber violado los principios de la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes habría perjudicado, según la Procuraduría, el interés público. La sanción, impuesta por el procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Jesús Espinosa, incluye inhabilitación por 10 años, acusando a Leyva de actuar con dolo.

En respuesta, Leyva cuestionó abiertamente la independencia de la procuradora Cabello, afirmando que “no es autónoma” y actúa en beneficio de quienes están detrás de ella. Este señalamiento se centra en una supuesta falta de imparcialidad en el proceso disciplinario, que, según el excanciller, estaría influenciado por intereses externos.

Denuncia de Irregularidades en el Proceso

Leyva denuncia que el fallo de la Procuraduría era “previsible”, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su defensa. Según él, la procuradora Cabello habría incurrido en prejuzgamiento, ya que, de manera anticipada, declaró públicamente que el caso tendría un desenlace antes de enero de 2023, un acto que Leyva considera como una prueba de la parcialidad en su contra.

Además, argumenta que la Procuraduría habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, una competencia que corresponde a los jueces contenciosos. Para Leyva, este tipo de actuaciones representan un “precedente peligroso” que afecta la legitimidad de la Procuraduría.

Procedimientos sin Transparencia

El excanciller también señaló que las audiencias de su caso se llevaron a cabo sin acceso al público ni posibilidad de seguimiento en modalidad virtual. Según Leyva, esta falta de acceso vulnera el derecho a la transparencia, recordando la prohibición de la “justicia sin rostro” establecida por la ONU y la Corte Constitucional de Colombia. Esta restricción en la visibilidad de las audiencias es, a su juicio, una señal de irregularidades y una limitación a los derechos fundamentales de los acusados.

Crítica al Proceso de Licitación de Pasaportes

Uno de los puntos más controversiales en la sanción es la licitación para la emisión de pasaportes, proceso que Leyva asegura fue manipulado para beneficiar a un único contratista. El excanciller señala que el diseño de los pliegos de condiciones favorecía a un proveedor específico, eliminando la competencia. Este aspecto del proceso ha sido una de las principales justificaciones de Leyva para declarar desierta la licitación, argumentando que su actuación buscaba asegurar transparencia y adherirse a los principios constitucionales.

Además, menciona que durante el proceso recibió advertencias por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en un intento de frenar las irregularidades detectadas. Estos señalamientos, según Leyva, demuestran que su decisión de cancelar la licitación se fundamentó en la legalidad.

La Respuesta de Leyva ante la Sanción

Leyva, en su comunicado, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y, en caso necesario, acudirá a los jueces de la República, a quienes considera como “autónomos e independientes”, en contraste con el proceder de la Procuraduría. Además, subrayó la necesidad de que este organismo retome un rol verdaderamente independiente, alejado de intereses políticos y enfocado en la moralidad pública en Colombia.

Leyva también reiteró su compromiso con las iniciativas de paz en el país, citando su papel en los acuerdos de La Habana y abogando por reformas políticas y sociales que promuevan un “gran acuerdo político nacional”.

Reflexión Final y Futuro del Caso

El caso de Álvaro Leyva plantea una profunda reflexión sobre la independencia y transparencia en los organismos de control en Colombia. Las declaraciones del excanciller, así como sus acusaciones contra la procuradora Cabello, han puesto en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría y el impacto de posibles intereses políticos en sus decisiones.

Leyva ha sido una figura destacada en el ámbito político y de paz en Colombia, y su sanción, acompañada de las críticas al sistema de licitaciones y la falta de transparencia, podría repercutir en futuros procesos de contratación pública y en la evaluación de la gestión de la Procuraduría.

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El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, reveló que Colombia enfrenta un panorama preocupante en la lucha contra la corrupción, con un total de 695 alertas enviadas a las principales instituciones del Estado, pero solo una fracción de ellas ha recibido una respuesta adecuada. Este hecho genera inquietud sobre la capacidad de respuesta y acción por parte de las entidades encargadas de investigar y sancionar estos casos. La ciudadanía, en medio de este contexto, comienza a perder confianza en las autoridades.

Escasa respuesta de las instituciones

En su intervención, Idarraga destacó que, de las 695 alertas remitidas a la Procuraduría, únicamente 23 han obtenido alguna respuesta. La Procuraduría no es la única institución con este problema, ya que la Fiscalía solo ha respondido 13 de las 315 alertas de presuntos delitos contra la administración pública, y la Contraloría ha dado respuesta a 14 de las 324 alertas recibidas. Esta falta de respuesta, según el secretario, pone en duda la efectividad de las instituciones para combatir el problema de la corrupción en el país.

Idarraga señaló que la inactividad judicial genera una creciente desconfianza en la ciudadanía, lo que compromete aún más la legitimidad del sistema en un momento donde la lucha contra la corrupción es crucial para el desarrollo del país.

Casos emblemáticos de corrupción

Uno de los casos más preocupantes mencionados por Idarraga es la denuncia sobre la alcaldía de Purificación, en el departamento de Tolima. En este caso, se registró la pérdida de 11.000 millones de pesos. Aunque se logró un fallo de primera instancia en contra del alcalde saliente, el secretario hizo énfasis en que se necesitan respuestas más rápidas y efectivas por parte de las autoridades competentes para evitar la impunidad en estos casos.

Además, la reconstrucción de Providencia tras el paso del huracán Iota también ha estado marcada por la corrupción. Idarraga denunció que en la compra de madera para las obras de reconstrucción estuvo involucrado el Clan del Golfo, grupo criminal que representa una amenaza para el orden público en varias regiones del país. El caso de Providencia ha encendido las alarmas por la falta de control en la contratación pública.

La corrupción detrás de los contratos públicos

Otro caso que llamó la atención del secretario de Transparencia fue el rápido crecimiento de una empresa, la cual inició con un capital de tres millones de pesos y, en menos de cuatro años, obtuvo contratos por más de 5.300 millones de pesos. Idarraga advirtió que este tipo de fenómenos puede ser indicativo de entramados criminales que operan detrás de la contratación pública y que se aprovechan de la falta de vigilancia para desviar recursos estatales.

Este tipo de casos no solo afectan la economía del país, sino también la credibilidad de las instituciones públicas que permiten que tales irregularidades sucedan sin una supervisión adecuada.

Recursos para la paz, en peligro

La falta de transparencia no solo afecta las obras de infraestructura o las administraciones locales, sino también los fondos destinados a la paz. Según explicó Idarraga, se han identificado irregularidades en contratos vinculados a los fondos mixtos destinados a proyectos de paz, lo que plantea serias dudas sobre el uso eficiente de los recursos en una nación que intenta superar décadas de conflicto armado. Estas irregularidades han motivado a la administración a implementar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, con el fin de garantizar una mayor transparencia en la ejecución de estos proyectos.

Obras clave en Bogotá bajo escrutinio

Idarraga también mencionó que la Secretaría de Transparencia ha solicitado información sobre los retrasos y sobrecostos en obras emblemáticas como el metro y Transmilenio en Bogotá. Estos proyectos, fundamentales para la movilidad de la capital, han sido objeto de escrutinio debido a las constantes demoras y los elevados costos, lo que genera un impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos.

El secretario pidió que el alcalde de Bogotá brinde explicaciones claras sobre estos inconvenientes y sus posibles soluciones, pues es necesario recuperar la confianza de los bogotanos en la gestión de los recursos públicos.

El reto de desmantelar estructuras criminales

A medida que se destapan más casos de corrupción, el mayor desafío para el gobierno es desmantelar las estructuras criminales que operan dentro de las instituciones del Estado. Idarraga concluyó que, pese a los escándalos recientes, la lucha contra la corrupción es una prioridad innegociable para la administración actual, que no puede permitir que estas redes criminales sigan afectando la credibilidad y estabilidad del país.

Colombia enfrenta un panorama complejo, donde la inacción de las instituciones y la creciente corrupción minan la confianza de la ciudadanía. La lucha contra este flagelo demanda respuestas rápidas y contundentes para poder desmantelar las redes criminales que afectan al país.

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Dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido encarcelados tras revelarse un presunto esquema de corrupción que favoreció a contratistas en Colombia. Las autoridades han señalado que estos actos ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque, afectando procesos contractuales relacionados con la mitigación de desastres y adquisición de bienes para emergencias.

La investigación y los cargos

Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, enfrentan graves acusaciones por su participación en un esquema de corrupción que habría generado millonarios sobrecostos en los contratos de la UNGRD. Ambos fueron enviados a un centro carcelario por orden de una juez penal en Bogotá, en respuesta a las pruebas presentadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía ha imputado a los exfuncionarios delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documentos y concierto para delinquir. Sin embargo, los acusados no han aceptado los cargos imputados. A pesar de esto, la Fiscalía continúa consolidando su caso con pruebas sólidas.

El rol de Luis Carlos Barreto Gantiva

Según la investigación, Luis Carlos Barreto Gantiva habría sido un actor clave en este esquema. Barreto gestionó el desvío de 100 mil millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los recursos destinados originalmente a proyectos de mitigación de riesgos fueron redirigidos para beneficiar a contratistas específicos a cambio de un porcentaje del valor de los contratos adjudicados.

Este esquema de desvío de fondos resultó en sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos, según los informes de la Fiscalía. Las evidencias indican que los procesos contractuales estaban diseñados para favorecer a ciertos contratistas, lo que aumentaba considerablemente los costos de las obras y adquisiciones.

El papel de Pedro Andrés Rodríguez Melo

Por su parte, Pedro Andrés Rodríguez Melo es señalado por haber filtrado información privilegiada a contratistas antes de la publicación de los procesos de contratación. En particular, Rodríguez Melo habría entregado datos sensibles al contratista Luis Eduardo López Rosero, lo que permitió que este obtuviera seis órdenes de proveeduría para la compra de carrotanques en La Guajira.

Este acceso a información previa a la apertura de los contratos resultó en sobrecostos superiores a los 14.163 millones de pesos. Además, se estima que Rodríguez Melo habría recibido sobornos por mil millones de pesos a cambio de asegurar estos contratos para el mencionado contratista.

Evidencias y repercusiones

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transacciones bancarias y pagos en efectivo, las cuales refuerzan las acusaciones de corrupción contra los exfuncionarios. Estos elementos han sido fundamentales para sustentar los cargos y justificar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en los procesos de contratación pública, especialmente en áreas tan sensibles como la gestión de riesgos y emergencias. La UNGRD, cuyo objetivo es reducir el impacto de los desastres en Colombia, se ha visto empañada por este tipo de irregularidades que comprometen no solo la eficiencia en la ejecución de recursos, sino también la confianza pública en sus operaciones.

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El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), emitió un comunicado condenando las recientes amenazas de muerte dirigidas al Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Estas amenazas se producen en un contexto donde la lucha contra la corrupción es una de las prioridades fundamentales del presidente Gustavo Petro.

El compromiso del Gobierno en la lucha anticorrupción

El presidente Gustavo Petro ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera clave de su gobierno, y las recientes amenazas no cambiarán su postura firme en este aspecto. En el comunicado oficial emitido el 17 de septiembre de 2024, el Gobierno condenó enérgicamente las intimidaciones contra el doctor Andrés Idárraga, quien lidera la Secretaría de Transparencia, creada con el objetivo de erradicar la corrupción en todas sus formas.

Estas amenazas no solo ponen en riesgo la vida de un funcionario clave, sino que también subrayan los riesgos que enfrentan quienes lideran los esfuerzos anticorrupción en Colombia. A pesar de estas intimidaciones, el Gobierno ha dejado claro que su misión de combatir la corrupción se mantendrá sin tregua ni descanso.

ATENCIÓN: Mediante un comunicado el @ContactoDapre condenó enérgicamente las amenazas de muerte recientes dirigidas al @STransparencia, @Aidarragaf. El Gobierno @petrogustavo reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción.

Conéctate ahora:https://t.co/oeZQpX1NJ1 pic.twitter.com/2hy4MR5UPU

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 17, 2024

Investigación en curso para hallar a los responsables

El comunicado emitido por DAPRE también resaltó que las autoridades competentes ya han sido informadas de las amenazas y se han iniciado investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. El Gobierno reafirma su confianza en las instituciones encargadas de la justicia y asegura que no se permitirá que estos actos queden impunes.

De igual manera, el presidente Petro instó a la ciudadanía a colaborar en esta lucha, subrayando la importancia de que cualquier persona con información relevante la presente ante las autoridades competentes. La participación ciudadana es crucial para avanzar en la construcción de un país libre de corrupción y violencia.

La Secretaría de Transparencia: una institución firme en sus propósitos

A pesar de las amenazas, la Secretaría de Transparencia ha reafirmado su compromiso de continuar su trabajo sin descanso. Esta entidad, creada específicamente para enfrentar la corrupción, no se dejará intimidar por actos de violencia o intimidación, y seguirá adelante con su misión de descubrir y exponer cualquier acto ilícito que afecte al país.

En el comunicado oficial, se destacó que el compromiso de la Secretaría de Transparencia se mantiene firme: «Seguiremos persiguiendo la corrupción de manera implacable, sin tregua ni descanso». Esta declaración demuestra la determinación del Gobierno en continuar su esfuerzo por un país más transparente y justo.

Un llamado a la ciudadanía para reforzar la lucha

Además de condenar las amenazas y reafirmar su compromiso, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a esta lucha contra la corrupción. Se destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este proceso, y se instó a los colombianos a reportar cualquier acto o información que pueda ser relevante para combatir la corrupción.

La corrupción ha sido un problema estructural en Colombia por décadas, pero el actual gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias para reducir su impacto y garantizar una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. El apoyo de la ciudadanía en la denuncia y vigilancia es esencial para el éxito de estas medidas, y el Gobierno espera que más personas se sumen a este esfuerzo conjunto.

Un desafío que no detendrá la misión anticorrupción

Las amenazas contra Andrés Idárraga representan un desafío para quienes lideran los esfuerzos anticorrupción, pero el Gobierno ha dejado claro que estos ataques no detendrán su trabajo. La lucha contra la corrupción es una prioridad y continuará con mayor fuerza.

La Secretaría de Transparencia, con el respaldo del presidente Petro, seguirá adelante con su misión. A pesar de los riesgos, el compromiso del Gobierno de garantizar un manejo transparente de los recursos públicos se mantiene inquebrantable, y las amenazas solo refuerzan su determinación de erradicar este mal que afecta al país.

La corrupción será perseguida con determinación, y el Gobierno espera que la ciudadanía y las instituciones trabajen de la mano para construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.

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Reclamos de Transparencia y Debida Notificación

En medio de este panorama, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, ha levantado la voz, señalando que nunca fue notificado sobre los objetivos específicos de la visita realizada por la Procuraduría. Esta falta de notificación, según Leal, genera dudas sobre si la inspección tenía un carácter preventivo o disciplinario, lo cual es crucial para garantizar un proceso justo y transparente.

Vigilancia y Protección de los Usuarios de EPS

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado su compromiso de vigilar de cerca la intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS. Esta vigilancia tiene como objetivo principal asegurar que los derechos de los usuarios de estas entidades no se vean afectados durante este proceso de intervención. Además, en respuesta a una queja presentada por Keralty, la propietaria de Sanitas, la Procuraduría está evaluando la posibilidad de abrir un proceso disciplinario contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, lo que agrega un componente adicional de supervisión y responsabilidad en este caso.

En resumen

La denuncia de irregularidades por parte de la Supersalud refleja la importancia de garantizar procesos transparentes y debidamente notificados en la gestión de entidades de salud. La vigilancia anunciada por la Procuraduría debe buscar proteger los derechos de los usuarios y la correcta destinación de los recursos públicos.

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