El paro camionero decretado a nivel nacional desde el pasado 30 de agosto sigue en pie, afectando todos los renglones de la economía y actividades rutinarias de los colombianos.

En la región de Urabá se han registrado bloqueos esporádicos en Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, interfiriendo seriamente la producción bananera, la actividad educativa y la producción en general ante la falta de una adecuada y segura movilidad.

Augura (Asociación de bananeros de Colombia) por ejemplo, rechazó el bloqueo de vías y pidió al gobierno nacional medidas urgentes

“El bloqueo de estas vías principales ha generado una interrupción significativa en el transporte de toda la cadena agroindustrial de las regiones, incluyendo el transporte de banano, una fruta perecedera y uno de los productos de exportación más representativos de Colombia.

Asi mismo, afecta la movilidad de sus trabajadores y demás actores de la cadena agroindustrial.

“El sector bananero genera empleo para más de 150,000 personas en la zona, y su funcionamiento depende en gran medida de la fluidez en la logística y el transporte”, explicó este gremio en su pronunciamiento. Se calcula que por lo menos medio millón de cajas de la fruta se han visto afectadas por este paro en Urabá y Magdalena.

Reclamos el gremio

Las siguientes son las reclamaciones de los distintos voceros de los gremios que agrupan el transporte de carga en Colombia:

Derogar el decreto de aumento del diésel en $1.903.

Expedición de un régimen laboral para el transportador colombiano.

Fortalecer la regulación económica del sector con un SICE-TAC “que se actualice en tiempo real”. El SICE-TAC es el sistema de información del Ministerio de Transporte que permite medir o calcular los costos de la operación del transporte, de acuerdo a las características propias de cada viaje (tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros factores).

Implementar un régimen de sanciones para aquellos actores del sector transporte que no cumplan con las regulaciones establecidas.

Establecer un Fondo Nacional de Transporte destinado a financiar la reposición de vehículos y otros recursos necesarios para todas las modalidades de transporte

Acciones contra la ilegalidad en el transporte, como decretos que obliguen a las autoridades a actuar en este sentido.

Promover una ley de peajes.

Un decreto que reglamente las fotomultas y que se implemente un programa de cámaras de seguridad en carretera.

Lo que plantea el gobierno

Por su parte la posición del gobierno plantea los siguientes elementos:

La decisión de ajustar el precio de los combustibles busca evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) siga creciendo.

Con el ajuste en el precio del ACPM que entró en vigencia la semana pasada, el costo por galón pasó de $9.456 a $11.360.

Vale recordar que, en 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones, de los cuales $20 billones correspondían al diésel. En 2023, el déficit fue de $20 billones, con $15,2 billones por el diésel. Este año, sin ajustes, se habrían necesitado $11,6 billones. La ministra de Transporte informó que el incremento de $1.904 por galón, definido el pasado viernes, permitirá ahorrar $1,6 billones este año.

La ministra García agregó que, con el incremento en el diésel, no se trata de “sacarle el dinero del bolsillo al usuario final o al transportador, el déficit de $12 billones al año es real»

Los diálogos

Hoy miércoles se completan tres ciclos de conversaciones entre las partes sin acuerdo a la vista, dado la complejidad y al gran número de organizaciones gremiales del sector, a la primera reunión llegaron 800 delegados de los transportadores, quienes para colmo están divididos en varias tendencias y acusaciones entre ellos, incluyendo a quienes advierten desde el mismo gremio que se trata de “un paro político contra el gobierno”

Entre tanto los bloqueos continúan convirtiendo en verdaderos infiernos capitales como Bogotá y Medellín, entre otras.

Algunos gremios

Los siguientes son algunos de los medios en le mesa de negociación con el gobierno:

Cámara Intergremial del Transporte – Unidos, y Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar),  Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Defensa para el transporte terrestre de carga (Defencarga),  Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), Servicio Especial de Transporte, Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Asociación Nacional de Transportadores (ANT), Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), Asamblea Nacional del Transporte, Sindicato Nacional De Conductores Y Propietarios (Sinalco)

Acciones del gobierno

Por su parte desde el gobierno nacional han anunciado algunas medidas tendientes a mitigar los efectos del paro, el Ministerio de Agricultura y el propio presidente de la República instalaron puesto de mandos unificados

En este sentido, el Ministerio instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) del sector, que trabaja en coordinación permanente con el Ministerio de Transporte para monitorear la situación de abastecimiento alimentario a nivel nacional. 

Este monitoreo pretende identificar rápidamente las áreas afectadas y activar planes de contingencia, rutas alternas y corredores de abastecimiento, con el objetivo de minimizar el impacto en productores y consumidores.

“El presidente Gustavo por su parte lidera el Puesto de Mando Unificado en la atención al paro camionero que comenzó el pasado viernes 30 de agosto en el país. 

Allí está escuchando las propuestas y pliego de peticiones que hacen diferentes gremios, además de las soluciones y consensos con los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Transporte y Energía.

Los pequeños transportadores dicen que hay situaciones que les preocupa más que el incremento en los precios del ACPM en Colombia. Entre las principales preocupaciones están las inconsistencias en los pagos de los fletes, la saturación del mercado de vehículos y la posible presencia de lavado de activos en el sector.
Uno de los problemas más acuciantes es la discrepancia en los pagos de fletes. Los transportadores han señalado que la actual estructura de pagos no refleja adecuadamente el costo de los servicios prestados” dijo la Casa de Nariño.

Mintransporte

María Constanza García, ministra de Transporte aseguró que está abierta al diálogo y en espera de contrapropuesta por parte del gremio de transportadores.

Por lo pronto se reanudaron las conversaciones sobre las 2:00 p.m. de hoy 4 de septiembre en Bogotá. 

El presidente Gustavo Petro se pronunció de nuevo en medio de la jornada del paro camionero que hay en el país desde el pasado 30 de agosto, por el aumento del precio del ACPM. 

El mandatario hizo una sugerencia para los trabajadores del transporte, en medio del paro: la creación de un sindicato. También en la democratización del transporte y resolver la agenda de los pequeños camioneros del país. 

Estos camioneros denuncian que son sometidos a injustas subastas para contratar sus servicios y no les pagan el valor establecido de los fletes, explicó el mandatario de los colombianos. (fotos Potafolio-El Espectador-RTVC)

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En la mañana del martes, 30 de julio, se reabrió la vía Medellín-Urabá luego de intensos enfrentamientos entre transportadores de carga y comunidades indígenas en el sector Las Partidas de Frontino. El bloqueo, organizado por el Cabildo Mayor Indígena de Frontino, había interrumpido el tránsito en esta ruta clave desde hace varios días, generando tensiones y conflictos.

Bloqueo y Exigencias Indígenas

Las comunidades indígenas de Frontino, representadas por el Cabildo Mayor, llevaron a cabo este bloqueo en protesta por la negación de derechos relacionados con la posesión de los cabildos locales y el gobernador indígena. Los resguardos de Chaquenodá, Murry Pantano y Nusido participaron activamente en esta manifestación, destacando el descontento generalizado con la administración local.

Demandas No Atendidas

Los manifestantes exigen el cumplimiento de compromisos previamente acordados con las autoridades de Frontino. Según los líderes indígenas, la administración local ha incumplido con las promesas de reconocimiento y posesión de sus autoridades tradicionales, lo que motivó la acción de protesta. Este conflicto subraya la compleja relación entre las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales en la región.

Respuesta de los Transportadores

La situación se tornó crítica cuando los transportadores de carga, afectados por el bloqueo, decidieron enfrentar a los manifestantes. Frustrados por la interrupción del tránsito, los transportadores se organizaron y confrontaron a las comunidades indígenas, logrando finalmente la reapertura de la vía. Este acto puso fin a la paralización de la ruta, esencial para la conectividad entre Medellín y Urabá.

Impacto en la Región

El bloqueo de la vía no solo afectó a los transportadores, sino también a la economía local y regional. El tránsito de mercancías y el acceso a servicios esenciales se vieron seriamente afectados, exacerbando la tensión entre los diferentes actores involucrados. La reapertura de la carretera marca un alivio temporal, aunque las demandas de las comunidades indígenas siguen sin resolverse.

Perspectivas Futuras

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de un diálogo efectivo entre las comunidades indígenas y las autoridades locales. La falta de cumplimiento de los acuerdos y la respuesta violenta a las protestas indican un deterioro en las relaciones y la necesidad de abordar los problemas subyacentes. Es esencial que se establezcan mecanismos de comunicación y negociación para evitar futuros conflictos y garantizar el respeto de los derechos de todas las partes.

Posibles Soluciones

Para evitar futuros bloqueos y enfrentamientos, se propone la creación de una mesa de diálogo permanente entre las comunidades indígenas y las autoridades locales. Este espacio podría facilitar la resolución de disputas y asegurar que los compromisos sean respetados, promoviendo la paz y la estabilidad en la región.

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