El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) ha emitido una resolución que modifica el esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. A pesar de que Gutiérrez se encuentra en una categoría de riesgo calificado como extraordinario, la decisión reduce significativamente su protección. De tres vehículos blindados y cinco agentes de seguridad, pasará a contar con solo un vehículo blindado y un agente de protección. La medida ha generado controversia y ha llevado a la administración municipal a tomar acciones legales.

Decisión del CERREM

La decisión de la UNP de reducir el esquema de seguridad de Federico Gutiérrez se basa en una evaluación detallada del riesgo. La reducción implica una disminución significativa de los recursos asignados para la protección del alcalde, a pesar de la alta valoración del riesgo. La UNP notificó a Gutiérrez en mayo de 2024, y la falta de respuesta o acción de reposición por parte del mandatario dejó la resolución en firme.

Contexto de la Evaluación de Riesgo

El CERREM es responsable de analizar y recomendar medidas de seguridad para individuos en riesgo, especialmente aquellos en posiciones de alto perfil como alcaldes. El proceso de evaluación es riguroso y busca balancear la asignación de recursos con el nivel de amenaza. Sin embargo, la decisión de reducir la seguridad de Gutiérrez ha sido recibida con preocupación por parte de la administración local y algunos sectores de la sociedad.

Respuesta de la Alcaldía de Medellín

Ante la decisión de la UNP, la Alcaldía de Medellín ha presentado una apelación formal. El objetivo de esta acción es revisar la decisión en otra mesa de evaluación y considerar la reinstauración de un esquema de protección más robusto. La administración argumenta que la reducción de seguridad no corresponde con la realidad de las amenazas enfrentadas por el alcalde.

Apoyo de la Policía Nacional

En respuesta a la situación, la Seccional de Protección y Servicios Especiales MEVAL de la Policía Nacional ha decidido implementar un esquema de protección tipo G para Federico Gutiérrez. Este esquema incluye un conjunto de medidas y protocolos diseñados para garantizar la seguridad de personas en riesgo debido a su perfil o situación particular. La coordinación con la Policía Nacional es una medida adicional para asegurar la protección del alcalde mientras se resuelve la apelación.

Reacciones y Análisis

La decisión de reducir el esquema de seguridad ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre los expertos en seguridad. Algunos consideran que es una medida necesaria para la optimización de recursos, mientras que otros lo ven como un riesgo innecesario. El debate continúa mientras se espera la resolución de la apelación presentada por la Alcaldía.

Implicaciones Futuras

Las decisiones sobre la seguridad de figuras públicas siempre generan un delicado balance entre la protección adecuada y el uso eficiente de los recursos. El caso de Federico Gutiérrez podría sentar un precedente para futuros casos y decisiones en el ámbito de la seguridad pública. Será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas adicionales se tomarán para garantizar la seguridad del alcalde.

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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ha hecho una serie de declaraciones importantes tras el reciente incidente en el que varios disidentes de las FARC fueron detenidos mientras se desplazaban en camionetas de la UNP. Este suceso ha generado gran controversia y preocupación sobre el uso de recursos del Estado y la seguridad nacional.

Detalles del Incidente

Durante un retén militar, varios disidentes de las FARC fueron interceptados mientras viajaban en camionetas asignadas por la UNP. Entre ellos se encontraban personas con órdenes de captura, como Alexander Mendoza, alias «Calarcá Córdoba», un cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), Andrey Avendaño, comandante del bloque del Magdalena Medio, y Érika Castro, considerada la mano derecha de «Calarcá».

Reacción del Director de la UNP

Augusto Rodríguez explicó que la UNP proporciona vehículos para Personas Protegidas por el Gobierno durante los procesos de paz. Sin embargo, durante la inspección, se descubrió que algunas personas a bordo de las camionetas no tenían este estatus y que dos de ellas tenían órdenes de captura. Además, tres individuos poseían armas, lo que llevó a su detención inmediata.

Normativas de Seguridad y Procedimientos

Según Rodríguez, la normativa permite a las Personas Protegidas permanecer en los vehículos durante una requisa, pero no pueden negarse a la misma. Los protocolos de la UNP indican que, en caso de un control, los vehículos deben ser llevados a una instalación militar o policial para realizar la identificación y revisión correspondientes. Durante este proceso, también se encontró una cantidad considerable de dinero, cuya procedencia y propósito están siendo investigados por la Fiscalía.

Contexto del Dinero Encontrado

El dinero hallado en las camionetas ha generado preguntas sobre su uso. Rodríguez mencionó que estos fondos podrían haber sido destinados para cubrir los gastos de desplazamiento de la delegación de paz, pero subrayó que la cantidad parecía excesiva, y se espera una explicación clara por parte de la delegación.

Amenazas contra el Director de la UNP

El director Rodríguez también aprovechó la ocasión para denunciar que ha sido blanco de amenazas de muerte. Recordó un atentado sufrido en marzo de 2023 y señaló que ciertos sindicatos han sugerido que, debido a su edad, no merece protección de la UNP. Esta situación subraya los riesgos y desafíos que enfrenta el personal de la UNP en su misión de proteger a individuos en situaciones delicadas.

Conclusión

Este incidente ha revelado problemas en la gestión de la seguridad y el uso de recursos por parte de la UNP. La detención de personas con órdenes de captura y la presencia de armas y dinero sin declarar han puesto en el centro de atención la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en los procesos de protección a delegaciones involucradas en los diálogos de paz.

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En la vía Medellín-Anorí, Antioquia, el Ejército Nacional interceptó el pasado martes una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a varios combatientes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. El hecho ha generado una ola de críticas y controversias, especialmente por el hallazgo de un menor de edad dentro de los vehículos, lo que plantea serias preocupaciones sobre el uso indebido de los esquemas de protección de la UNP.

Interceptación de la Caravana de la UNP

Hallazgo del Menor de Edad

El descubrimiento del menor, quien según informes había sido reclutado desde los 12 años por el Frente 36 de las disidencias de las Farc, ha causado consternación. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el niño fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), destacando la gravedad del caso como un ejemplo claro de reclutamiento infantil, considerado un crimen de guerra.

Críticas y Reacciones

María Fernanda Cabal se Pronuncia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó abiertamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por haber ordenado la suspensión de órdenes de captura contra tres cabecillas de la organización criminal que se encontraban en la caravana. Cabal cuestionó si la Fiscal estaba al tanto de que en los vehículos se encontraba un menor de edad, lo que sumó una nueva dimensión de ilegalidad al incidente.

Controversia por la Suspensión de Órdenes de Captura

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, justificó la suspensión de las órdenes de captura como una medida para facilitar los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc. Esta decisión ha sido ampliamente criticada por diversos sectores, quienes argumentan que otorga impunidad a los miembros de grupos armados, incluso en casos de flagrancia. Según un documento oficial, esta suspensión incluye a Erlinson Echavarría Escobar, alias «Ramiro», líder de la estructura 18 de las disidencias, quien a pesar de haber sido capturado por porte ilegal de armas, fue liberado.

Implicaciones y Futuro del Proceso de Paz

Opiniones Divididas

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), criticó duramente la medida, calificándola de una concesión excesiva hacia los actores armados. Según Lafaurie, estas acciones pueden socavar la confianza en el proceso de paz y enviar un mensaje equivocado sobre la impunidad de delitos graves.

Impacto en la Opinión Pública

El caso ha generado un amplio debate público sobre la permisividad del Gobierno hacia los grupos armados en el marco de los diálogos de paz. El uso indebido de los vehículos de la UNP y la presencia de un menor de edad han aumentado la preocupación sobre el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos.

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