Esto, atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el 27 de julio de 2022 emitió decisión positiva en el caso Integrantes de la Unión Patriótica VS.  Colombia. En el documento, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político desde 1984 y por casi 20 años.

Fue justamente la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica la instancia que convocó el espacio, como encargada del proceso de revisión de quiénes deben ser reparados. Mientras, la Unidad para las Víctimas, como entidad ejecutora de los recursos, acompañó el encuentro de los militantes y sus familiares.

Las y los asistentes vieron este escenario como una oportunidad de resarcir el dolor causado y la reivindicación de sus luchas. “Todo esto es también como hacerle un homenaje a estas víctimas que entregaron sus vidas por defender unas ideas, un partido político, un pueblo, por esas razones fueron asesinados. Traigo puesta hoy la camiseta y traje mi bandera porque es en honor a ellos y por ellos que estamos reunidos hoy y seguiremos en defensa del partido donde quiera que esté y resarcir el buen nombre de nuestros compañeros”, dijo Esneda López, integrante de la UP.

Más de 6.900 víctimas fueron reconocidas en los tres anexos de la sentencia de la Corte IDH. No obstante, la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica calcula que son más de 21.000 víctimas y familiares a las que deben revisar su identidad y relación con el movimiento político. Hasta ahora, la Unidad para las Víctimas ha entregado la medida indemnizatoria a 72 personas y otras 75 ya cuentan con resolución para recibir el pago. Existen 34 casos que se encuentran en análisis preliminares y otro porcentaje en radicación y remisión dentro de los aspectos de la ruta que se articulan con la Comisión.

Según las y los asistentes al espacio, la militancia de la UP en el Urabá se dispersó por cuenta de las hostilidades vividas en la época del exterminio. Ahora, con el fallo, ven “la posibilidad de fortificar su legado”. “He hecho el ejercicio de buscar en todo el territorio y hablar de que la Unión Patriótica está vigente, que estamos vivos, que estamos reclamando ante la Corte IDH y he encontrado familias con muchos miedos, pero ya se están allegando la documentación y soltando los miedos”, concluyó López.

El procedimiento de constatación consta de los siguientes pasos:

Presentación de la solicitud que puede ser a través de la página web de la Comisión httpswww.comisionidentificacionup.conoticia-1, por correo electrónico o de manera física en la sede de la Comisión.

El aporte de los documentos las víctimas deben aportar sus documentos que establezcan la identidad y aquellos que demuestren la relación de parentesco con las victimas incluidas en los anexos I, II o III de la Sentencia. No se deben aportar pruebas del hecho violatorio.

Estándar de prueba flexible serán valorados de manera flexible los documentos aportados, sin que se requiera su autenticación o la formalidad de estos.

La Comisión puede decretar pruebas para:

Completar la documentación que hace parte del proceso y así realizar la constatación de identidad yo parentesco.

Verificar la autenticidad de la documentación aportada.

Subsanar la información suministrada por la víctima, entre otros.

Las solicitudes de constatación de los anexos II y III se trasladan al Estado el Estado tiene un plazo de 60 días para presentar prueba fehaciente con el fin de excluir víctimas de los anexos II y III.

Pago de la reparación económica Conforme la Comisión efectúe las constataciones de identidad Y/O parentesco comunicará al Estado, a la Unidad para las Víctimas, y a las víctimas Y/O beneficiarios. La Unidad deberá hacer efectivas las reparaciones económicas a favor de los solicitantes conforme a los parámetros ordenados por la sentencia de la Corte IDH.

(Fuente- Unidad para las Víctimas de Urabá)

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Estas indemnizaciones son parte de las compensaciones ordenadas por el Estado colombiano para reparar los daños sufridos durante el conflicto.

En Riosucio se entregan 432 indemnizaciones judiciales, mientras que, en Turbo se entregarán 235. Estas indemnizaciones están incluidas en las sentencias de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera del Bloque ‘Elmer Cárdenas’ y Rodrigo Alberto Zapata del Bloque Suroeste de las AUC.

Durante este periodo de Gobierno se han entregado $14.555 millones en 820 indemnizaciones judiciales en los dos municipios de la subregión de Urabá.

La primera entrega se realizó en Riosucio, donde se indemnizaron 432 víctimas con una inversión de $7.173 millones del Presupuesto General de la Nación. Este evento representa una de las indemnizaciones judiciales más grandes realizadas en el municipio.?

Demetria Salas, una de las víctimas indemnizadas, dijo: ‘Las víctimas tenemos que seguir siendo resilientes para salir de cualquier adversidad. Tenemos muchas dificultades, pero los sueños no terminan aquí y no podemos dejar que la violencia arruine nuestros propósitos de vida’.

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En un esfuerzo por alcanzar la verdad y la reconciliación, las Organizaciones Sociales Defensoras de los Derechos Humanos de Antioquia han dirigido una petición clara a Salvatore Mancuso. La llegada del exjefe paramilitar a Colombia ha avivado las expectativas de las víctimas, quienes anhelan respuestas sobre los hechos violentos que han marcado la subregión del Urabá a lo largo de las décadas pasadas.

1. Compromiso con la Verdad: La Expectativa de las Víctimas

Las Organizaciones Sociales Defensoras de los Derechos Humanos de Antioquia han solicitado a Salvatore Mancuso su compromiso en revelar la verdad detrás de los eventos violentos en el Urabá. La región ha sido testigo de masacres y crímenes que han dejado cicatrices profundas en la comunidad. La expectativa es que, como compareciente ante la Jurisdicción Especial de Paz, Mancuso contribuirá de manera significativa al esclarecimiento de estos hechos.

2. La Oportunidad de la Verdad y la Justicia

La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia representa una oportunidad crucial para las víctimas en Antioquia. Menderson Mosquera, Integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, destaca la importancia de obtener respuestas a las interrogantes que han perseguido a la comunidad durante demasiado tiempo. «La llegada de Mancuso a Colombia nos permitirá esclarecer los hechos que tanto hemos buscado entender y encontrar a los responsables de las violaciones e infracciones a los derechos humanos», expresó Mosquera.

3. Revelando Alianzas y Connivencias: En Busca de la Verdad

Además de buscar detalles sobre las masacres y crímenes, las víctimas y las organizaciones sociales de Antioquia esperan que Mancuso revele las alianzas y la connivencia entre empresarios, fuerza pública y otros actores armados en la subregión de Urabá. Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuro, subraya la importancia de esta revelación: «Reiteramos la importancia de que nombre las alianzas y la connivencia de empresarios, fuerza pública y demás actores armados en los territorios a nivel nacional y especialmente en el Urabá en la confesión de hechos».

En este contexto, es imperativo que Mancuso detalle cómo estas alianzas contribuyeron a la comisión de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La verdad, en este sentido, se convierte en una herramienta esencial para la construcción de un futuro más justo y equitativo en Antioquia.

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El tractor entregado a la Asociación de Administradores y empleados de fincas bananeras, Asafibu, cuenta con arado de disco, vertedera, corta maleza con una inversión cercana a los 280 millones de pesos, como medida del Plan de Reparación Colectiva dijo la institución.

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