Catatumbo: El recrudecimiento de la violencia y los restos de la Paz Total

Análisis de la noticia Razón Pública/ Elizabeth Dickinson*/El Pregonero del Darién  

La crisis 

Normalmente en Tibú, los pájaros llegan en bandada a despedir al atardecer, pero en estos últimos días, en los cuatro albergues de refugio en el centro, el ruido impide escucharlos; en su lugar se oye la desesperación de gente con hambre, sed y cansancio; miles de personas han sido desplazadas por la cascada de violencia, “dejando atrás lo que han construido”, me dice un líder comunitario.

En cuestión de días, la guerra en el Catatumbo ha alcanzado una intensidad que no se veía en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. Se han registrado ataques armados en nueve puntos a lo largo del Norte de Santander. Más de 36.000 personas han abandonado sus casas y se registran más de 80 muertes, incluyendo asesinatos selectivos de firmantes de paz y líderes sociales. La ONU y la Fuerza Pública han tenido que evacuar cientos de personas heridas o en riesgo de exterminio. 

Un caso de éxito

Hasta hace pocos días, el Catatumbo había sido considerado como un ‘caso exitoso’ de la Paz Total, la estrategia del gobierno Petro para poner fin al conflicto mediante el diálogo con grupos armados y criminales. 

Desde el 2022 había estado en vigencia una tregua entre los dos grupos dominantes en el Norte de Santander: el ELN y el Frente 33, una disidencia de las FARC. En el plano nacional, ambas organizaciones expresaron su disposición a negociar y se sentaron en la mesa con el gobierno. Pero en el plano local los grupos siguieron explotando a la población; aun así, los dos grupos encontraron una forma de convivencia en el Catatumbo: se repartieron el territorio y sus rentas de manera bastante detallada, se sabía dónde extorsionaba cada grupo, dónde reclutaba y dónde compraba la pasta base de coca.

Por qué estalló la crisis

Pero el ELN cambió el rumbo del conflicto en esta región y en el país entero cuando rompió la tregua el pasado 16 de enero. 

Una de las consecuencias imprevistas de la Paz Total consiste en que muchos grupos armados y criminales empezaron a emplear estrategias más discretas: evitaron enfrentamientos armados y optaron por ejercer más presión sobre la sociedad civil, aumentando el reclutamiento y forzando el desplazamiento gota a gota. Así, un poco bajo el radar de la opinión pública, estos grupos se expandieron, profundizaron sus raíces y lograron aumentar su control social: este fue el caso en el Catatumbo.

El ELN frente a la Paz Total

El ELN fue el primer grupo armado en entrar a la Paz Total en 2022, despertando la esperanza de poner punto final a uno de los conflictos más antiguos de Colombia. 

Pero la esperanza se fue diluyendo tan pronto empezaron las conversaciones. Con el paso del tiempo, las prioridades del ELN se volvieron más claras y no incluían ni el diálogo ni el fin del conflicto. Sus prioridades eran primero, fortalecer su posición territorial y, segundo, defender la integridad y unidad de la organización.

Al principio, la negociación sirvió para unificar a la organización, reafirmando el control del Comando Central (COCE) sobre las decisiones. El cese al fuego alivió la presión de las fuerzas militares cuando el ELN veía aumentar la ofensiva de otros grupos armados, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). 

Pero los cálculos del ELN cambiaron a partir de 2024, cuando los Comuneros del Sur, una facción del grupo guerrillero, empezó a hablar con el gobierno de manera independiente. Esto causó alarma en el COCE, que veía la amenaza de fragmentación interna con mucha preocupación. 

Hacia mediados del año pasado la posición táctica del ELN empezó a cambiar, sobre todo en su corredor de movilidad más crítico: la frontera con Venezuela. Para el ELN, el poder de sus rivales en el Catatumbo, el Frente 33, habían aumentado demasiado, mientras otras facciones de la disidencia retomaban fuerza en Arauca. Las tensiones en ambos departamentos aumentaron en los últimos meses y tanto las comunidades como la Defensoría del Pueblo alertaron a las autoridades sin que haya habido una respuesta concreta por parte del Estado.

En enero quedó claro que el ELN había decidido apartarse de las negociaciones y apostarle a la guerra. El 6 de enero secuestraron a un firmante de paz en Arauca junto con toda su familia, un hecho que produjo alarma en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Filipinas, una comunidad que durante años había sido respetada por el ELN. 

Pocos días después, fortalecido por tropas desplegadas desde Arauca y Venezuela, el ELN empezó su campaña militar en el Catatumbo. “Fue un ataque sincronizado,” me dijo un líder comunitario que logró escapar a la violencia. Con listados de personas identificadas como “objetivos militares”, fueron casa por casa para asesinarles. “El ELN no ataca directamente a la Frente 33, sino [que va] con lista en la mano, vereda a vereda, buscando en las casas de los campesinos, líderes sociales, firmantes de paz. Empezaron a ejecutarlos fuera de sus casas, frente a sus hijos y sus familias.” Mataron al menos a seis firmantes de paz y hay aún siete desaparecidos.

Es fundamental entender la lógica del operativo del ELN, que no hace distinción entre combatientes y civiles, ni entre combatientes activos y aquellos que estuvieron en la guerrilla en el pasado. Durante décadas del conflicto, a las comunidades de esta región les ha tocado vivir en medio de todo tipo de grupos armados. La mera presencia del Frente 33 fue suficiente para que el ELN afirmara que los habitantes están asociados con la disidencia.  Organizaciones sociales que operan en estas zonas han sido estigmatizadas y sus miembros están en peligro. 

Según un clérigo de una iglesia local, el 25% de la población que vivía en la zona rural de Tibú se fue de sus casas, impulsados por el miedo de ser acusados por un grupo de tener afinidades con el otro. Incluso en los centros de refugio nadie se siente seguro. A susurros, los desplazados se refieren a infiltrados del ELN dentro los albergues. El miedo no es injustificado: líderes reportaron que la semana pasada secuestraron a una persona desplazada dentro uno de los albergues cerca de Ocaña.

La intención del ELN parece ser provocar una guerra con el Frente 33. Los comandantes de dicho grupo han reiterado que no quieren combates, pero el 20 de enero, después de los primeros cuatro días de ataques, el comandante alias “Andrey” dijo que su tropa tenía que empezar a “contrarrestar” la ofensiva del ELN. Para ello, el Frente 33 trajo a la zona a los comandantes Jhon Mechas y Richard, quienes fundaron la disidencia 33 en 2017 y hoy encabezan el Bloque Gentil Duarte, al cual pertenece tal Frente. Para hacer las cosas aún más difíciles, el EGC también ha querido entrar en el Catatumbo desde hace varios meses —un riesgo más en medio de los ríos revueltos del conflicto—. 

Incendio nacional

Entre los múltiples riesgos que trae la ofensiva en el Catatumbo, el mayor radica en que sea una chispa que detone varios conflictos que hasta ahora se mantienen en una tensa calma. 

El más claro es la guerra entre dos facciones de las disidencias: el Estado Mayor Central, dirigido por alias “Iván Mordisco” y el Estado Mayor de los Bloques, liderado por alias “Calarcá”. No parece ser una coincidencia que, con el Estado distraído por los hechos en el Catatumbo, se hayan dado las primeras confrontaciones entre estos dos grupos desde el 19 enero en Calamar, Guaviare. El resultado es dos docenas de combatientes muertos, entre ellos al menos seis menores de edad, y docenas de civiles desplazados. 

Tal como la crisis en el Catatumbo, la tragedia en el Guaviare fue anunciada. Desde que el Estado Mayor de los Bloques se separó del grupo encabezado por Mordisco en abril de 2024, las tensiones entre las dos facciones fueron aumentando. Las comunidades en el área, en conjunto con la organización que represento, anticiparon la confrontación: las dos facciones se acusaron de traición y de robos de oro, tierra y ganado. Ambos grupos pretendían ampliar el control sobre rutas de tráfico, sobre todo hacia Brasil. Comandantes locales de ambos grupos mandaron audios a las comunidades en áreas controladas por sus rivales avisando que iban a incursionar en ellas. 

Las comunidades en el Guaviare temen que este sea tan solo el comienzo. Son muy posibles las confrontaciones en otras regiones donde conviven ambas facciones, tales como Caquetá, Huila, Putumayo y Meta. El 19 enero, por ejemplo, el Bloque Martín Villa del EMC mandó un comunicado denunciando a Calarcá y advirtiendo a los comerciantes en Mesetas y La Uribe en el Meta que no deberían asociarse con el EMB. 

Si otros frentes de batalla llegaran a activarse podrían estallar varias regiones. En Antioquia y el sur de Córdoba el combate entre el EGC, por un lado, y ELN y EMB por el otro ya ha producido casi una docena de asesinatos selectivos en las últimas semanas. Los combates entre las facciones disidentes EMC, EMB, el Frente 57 y el ELN por el control del Cauca y el Valle del Cauca se han intensificado desde hace casi un año. De forma alarmante, estos mismos grupos podrían llevar su lucha al Eje Cafetero.

¿Qué hacer?

Con el anuncio de una declaración de conmoción interior para el Catatumbo, es evidente que el Estado está intentando controlar una situación que pronto puede salirse de control.  

Por ahora, la prioridad debe ser girar toda la maquinaria de la Paz Total – es decir, todos los canales de comunicación con grupos a lo largo del país – hacia un objetivo fundamental: el desescalamiento. El gran desafío es evitar que la situación se salga de las manos.

Por ejemplo, esfuerzos del equipo negociador del gobierno y de la comunidad internacional han logrado moderar la reacción inicial del Frente 33 a la ofensiva del ELN, aunque es cada vez más difícil frenarla por completo.

Esfuerzos parecidos se deberían hacer con todos los grupos: con el EMB en la Amazonía, con el EGC en el centro del país y la costa atlántica, con los grupos que antes se llamaban la Segunda Marquetalia en el suroccidente, y así con todos los demás. Si aún quedan líneas de comunicación con el EMC de Mordisco, ahora es el momento para emplearlas. 

Petro ha dejado en claro cuál es la posición del gobierno frente a las negociaciones: «Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del ‘amor eficaz’: será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia, será enfrentado.»

Es indudable la necesidad de una respuesta contundente frente a los grupos que, como el ELN, deciden tomar el camino de la guerra. Pero debe hacerse considerando cuidadosamente los riesgos para la población civil.

En primer lugar, la fuerza militar debe tener en cuenta que, en zonas históricas del conflicto como el Catatumbo o el Guaviare, cuando los soldados se acercan a la población, los civiles quedan señalados como informantes por parte de los grupos armados, quienes tienen extensas redes de vigilancia en las comunidades. Cosas tan sencillas como pedir agua o entrar a una casa pueden poner en riesgo la vida de los civiles que ayudan a los soldados. 

Segundo, los civiles son civiles. Por la naturaleza del conflicto, a poblaciones enteras les ha tocado vivir bajo un control armado no estatal, pero eso no quiere decir que sean cómplices o simpatizantes de los armados. El Estado no puede caer en los mismos patrones de señalamientos infundados que hace el ELN. 

Por último, hay que tener presente que las operaciones contra grupos armados pueden aumentar la violencia en el corto plazo. Las capturas, por ejemplo, pueden ocasionar vacíos de poder que resultan en luchas internas por controlar la organización. Estos arrestos también pueden motivar represalias contra las comunidades cercanas por supuesta colaboración con los cuerpos estatales.

Dadas estas complejidades, la prioridad para la Fuerza Pública debería ser un enfoque en las condiciones básicas de seguridad: la comunidad pide corredores humanitarios para salir de sus zonas —algo que ha sido muy complicado en los primeros días de confrontación—. Las fuerzas militares también deben contemplar medidas para asegurar los cascos urbanos, dado que muchos de los asesinatos selectivos han ocurrido durante incursiones en las cabeceras municipales. El primer paso es salvaguardar el poco espacio de calma que queda para contemplar los pasos hacia adelante.

* Elizabeth Dickinson-Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.