La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado iniciar investigaciones sobre un grupo de exsenadores, exgobernadores y militares, quienes fueron señalados de tener presuntos vínculos con paramilitares por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo. Este desarrollo surge tras el testimonio que ‘Otoniel’ entregó a la JEP desde una cárcel en Estados Unidos, en el que proporcionó una lista de 63 colaboradores de estos grupos ilegales.

‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos, reveló información crucial que ha llevado a la JEP a compulsar copias para que las autoridades competentes inicien investigaciones contra varios funcionarios de alto perfil en Colombia, algunos de los cuales ocupan cargos públicos desde hace décadas.

Señalamientos de ‘Otoniel’ y el papel de la JEP

El testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como uno de los líderes más poderosos del crimen organizado en Colombia, ha sido clave para la apertura de estas investigaciones. ‘Otoniel’ mencionó a políticos y exfuncionarios de distintas regiones del país que, según él, colaboraron directa o indirectamente con el Clan del Golfo y otras organizaciones paramilitares.

Entre los nombres más relevantes que figuran en esta lista se encuentran:

• Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, acusado de haber ordenado el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento.
• Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, señalado de haber recibido financiamiento de los paramilitares del Casanare.
• Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, quien presuntamente obtuvo apoyo de grupos paramilitares a cambio de respaldo político.

Investigaciones se expanden a nivel regional

Las investigaciones no solo se centran en excongresistas y exgobernadores. La JEP ha extendido su análisis a otros funcionarios locales y regionales, cuyos presuntos nexos con paramilitares son ahora objeto de escrutinio.

Uno de los casos más destacados es el de Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, vinculado al Bloque Centauros, uno de los grupos paramilitares más violentos de la región. Además, Rueda participó en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018, lo que añade un ángulo político a esta investigación.

Asimismo, Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, está acusado de haber utilizado su cargo para realizar contratos que favorecían a los paramilitares. La investigación también abarca a Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare, y se extiende a toda la Asamblea Departamental de Casanare durante el período 2000-2003.

La cúpula militar también bajo la lupa

La JEP ha decidido investigar a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, así como a la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que estuvo al mando entre los años 2000 y 2006. Estos altos mandos militares son investigados por su posible colaboración con paramilitares durante el conflicto armado en esta región del país, conocida por la presencia activa de grupos ilegales.

Este tipo de relaciones entre el poder político y militar y los grupos armados ilegales no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero el testimonio de ‘Otoniel’ proporciona nuevas evidencias que podrían transformar el curso de las investigaciones que ya llevan años en curso.

Implicaciones de esta investigación para el país

La decisión de la JEP de investigar estos nexos políticos tiene graves implicaciones para la justicia transicional y para el futuro de la reconciliación en Colombia. Estos vínculos con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares reflejan la complejidad de la violencia en el país y su profunda conexión con actores políticos y militares de alto rango.

La cooperación de ‘Otoniel’ con las autoridades colombianas marca un punto de inflexión en la lucha por esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y sus implicaciones políticas. La justicia transicional enfrenta el reto de llegar a la verdad, sin importar cuán incómoda sea, y procesar a aquellos que contribuyeron a perpetuar la violencia desde dentro del sistema.

El futuro de la JEP y el camino hacia la verdad

Con estos nuevos hallazgos, la JEP se enfrenta al desafío de procesar la información entregada por ‘Otoniel’ y de coordinar con la justicia ordinaria para que las investigaciones avancen sin contratiempos. Este proceso también es fundamental para asegurar que se esclarezcan las relaciones entre el poder político y los grupos paramilitares, un tema que ha afectado la legitimidad de muchas instituciones en Colombia.

Este caso será clave para definir el futuro de la paz en el país, y su desenlace tendrá un impacto significativo en cómo se percibe la lucha contra la impunidad. La participación de figuras políticas y militares de alto nivel en actos criminales demuestra que el conflicto armado colombiano no solo se ha librado en el campo de batalla, sino también en los corredores del poder.

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La Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto con la Dirección Especializada de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, impuso medidas cautelares sobre 17 bienes vinculados a la extracción ilegal de materiales de construcción en Galapa, municipio ubicado en el Atlántico. Estos activos, valorados en más de 4.700 millones de pesos, incluyen terrenos, volquetas y maquinaria amarilla, que eran utilizados en actividades que causaron graves daños ambientales en la zona.

Extracción ilegal en Galapa

La investigación, liderada por la Seccional Atlántico, reveló que los implicados extraían arena y gravilla de un terreno conocido como El Socorro, sin contar con los permisos legales. Esta actividad, desarrollada en una zona forestal, ocasionó la remoción de la capa vegetal, alteraciones en el uso del suelo y deterioro de los ecosistemas locales.

El uso de maquinaria pesada para la extracción de estos materiales no solo facilitaba el transporte y comercialización de los recursos naturales, sino que aceleraba el deterioro del entorno, contribuyendo a un daño ambiental irreversible, según el reporte de la Fiscalía.

Acciones legales y sanciones

En junio de 2024, cuatro personas fueron juzgadas por su participación en estas actividades ilegales. Estas personas estaban involucradas en la extracción, traslado y comercialización de los materiales obtenidos en el terreno de El Socorro. La ocupación de los bienes se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, asegurando el éxito de la operación.

Los bienes afectados por el embargo incluyen cuatro terrenos, varias volquetas y maquinaria amarilla, que serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad será la encargada de gestionar dichos activos, como parte de las medidas adoptadas para prevenir el impacto continuo de las actividades ilegales.

Daños ambientales y medidas preventivas

El deterioro ambiental en la zona de Galapa ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades. Las actividades ilegales en terrenos protegidos han alterado el equilibrio ecológico, poniendo en riesgo los ecosistemas locales. La Fiscalía subrayó la importancia de implementar sanciones y medidas preventivas para evitar que estos delitos continúen afectando los recursos naturales del país.

El embargo de los bienes, además de ser una medida punitiva, tiene como objetivo proteger el entorno natural y detener las actividades que han causado un impacto negativo en el medio ambiente de la región. Las acciones tomadas refuerzan el compromiso del Estado colombiano en la protección del patrimonio ambiental y en la lucha contra los delitos que lo amenazan.

La importancia de preservar el medio ambiente

Las autoridades han destacado que la protección del medio ambiente es una prioridad para las instituciones del Estado. La Fiscalía ha asegurado que, en casos como el de Galapa, se buscarán sanciones ejemplares para los responsables, con el fin de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad en el uso de los recursos naturales. La remoción de la capa vegetal y el uso indebido del suelo son crímenes que afectan no solo a la comunidad local, sino al país en su conjunto.

Las acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional en este caso demuestran el esfuerzo coordinado para combatir la extracción ilegal de recursos naturales y asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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El Tribunal Superior de Bogotá ha fallado a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta manipulación de testigos. La decisión del tribunal fue emitida en respuesta a una tutela interpuesta por su defensa, que argumentaba que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso, la defensa y la contradicción. Esta resolución ordena la reanudación de la audiencia preparatoria, lo que permitirá a la defensa del exmandatario presentar pruebas clave que habían sido aplazadas.

El fallo del Tribunal Superior

El fallo del Tribunal Superior instruye a la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que reanude la audiencia preparatoria. En esta audiencia, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, podrá presentar pruebas esenciales y oponerse a las presentadas por la Fiscalía. Este proceso había sido objeto de controversia luego de que la defensa argumentara que la Fiscalía no entregó el material probatorio en el tiempo adecuado, afectando así la preparación del caso.

El testigo clave: Juan Guillermo Monsalve

La acusación contra el expresidente Uribe se centra en la presunta manipulación de testigos, en particular, de Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido una figura clave en el caso. Monsalve es un exparamilitar que ha señalado a Uribe de haber ordenado actos ilícitos durante su presidencia, pero el equipo de defensa de Uribe ha cuestionado la credibilidad de sus declaraciones. Según la defensa, la jueza del caso no concedió el plazo de siete días solicitado para revisar los dispositivos relacionados con Monsalve, lo que comprometió la adecuada preparación de la estrategia legal.

Vulneración de derechos

El Tribunal Superior determinó que se vulneraron los derechos de Álvaro Uribe al no permitirle un acceso oportuno al material probatorio. Esta falta de acceso, según el fallo, afectó el debido proceso y la defensa del expresidente, quien ha mantenido su inocencia a lo largo del proceso judicial. Por esta razón, el Tribunal ordenó que, dentro de las próximas 48 horas, se programe una nueva sesión donde la defensa podrá descubrir y solicitar las pruebas necesarias para sustentar su caso.

Consecuencias del fallo

El fallo del Tribunal Superior representa un respiro para el expresidente Uribe, quien ha sido objeto de una investigación judicial que ha captado gran atención mediática y política en Colombia. No obstante, la decisión también supone un nuevo reto para la Fiscalía, que deberá ajustar su estrategia en un proceso judicial que sigue siendo de alto perfil.

El caso ha generado múltiples debates sobre la integridad del sistema judicial y los alcances del poder político en Colombia, aumentando la polarización en la opinión pública. El expresidente Uribe ha reiterado su inocencia y ha señalado que el caso en su contra es un intento de desprestigiar su legado.

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El 3 de octubre de 2024, el Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, llevó a cabo un acto histórico al iniciar la mayor entrega de tierras en la historia del país. Esta iniciativa tiene como objetivo devolver tierras que fueron arrebatadas por grupos armados ilegales a más de 572 familias campesinas en los departamentos de Magdalena y Córdoba. Durante la ceremonia, dos exlíderes paramilitares, Salvatores Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», realizaron emotivos discursos donde pidieron perdón a las víctimas del conflicto armado, marcando un paso significativo hacia la reparación y reconciliación en Colombia.

Un esfuerzo por la reparación y la reforma agraria

El evento simboliza un esfuerzo del Gobierno colombiano por implementar la Reforma Agraria, que busca restablecer derechos a los campesinos. En total, se entregarán aproximadamente 8.430 hectáreas, que incluyen terrenos expropiados o adquiridos por el Estado. El presidente Gustavo Petro lideró la ceremonia, subrayando la importancia de este acto no solo en términos de reparación a las víctimas, sino también como un componente crucial en la búsqueda de la paz en el país.

La entrega de tierras se llevará a cabo a lo largo de octubre y forma parte de un proceso más amplio destinado a devolver propiedades que fueron usurpadas por grupos paramilitares. Este proceso es fundamental para dignificar a las comunidades afectadas por la violencia y ofrecerles una oportunidad para reconstruir sus vidas.

El perdón de Mancuso y su compromiso con la paz

Uno de los momentos más destacados del evento fue el emotivo discurso de Salvatore Mancuso, quien ofreció disculpas sinceras a las víctimas del conflicto armado. «Me di cuenta del dolor que causamos. Ya no soy esa misma persona», afirmó Mancuso, quien destacó su compromiso con la causa de la paz y la reconciliación. En su intervención, enfatizó que «nunca más estos hechos se volverán a repetir,» indicando su deseo de reparar el daño causado en uno de los períodos más oscuros de la historia colombiana.

"Frente a ustedes, asumo la responsabilidad que me corresponde, por tanto, dolor, sufrimiento y lágrimas, por el despojo de tierras. Desde lo más profundo de mi corazón les pido perdón", Salvatore Mancuso.

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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 3, 2024

Mancuso también hizo un llamado al Gobierno para que no desista en sus esfuerzos por la restitución de tierras, a pesar de los obstáculos que puedan surgir. «Los tiempos no nos acompañan, pero la creatividad sí,» comentó, reconociendo que el tiempo representa uno de los principales enemigos de estos esfuerzos.

La visión de «Macaco» sobre justicia y transparencia

Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», también habló durante el evento, subrayando la importancia de la restitución de tierras como un símbolo de reparación. En su intervención, Jiménez recordó que hace 17 años entregó tierras y otros activos a la acción social, aunque expresó su preocupación por la desaparición de esos bienes a lo largo del tiempo. «Hoy, más que nunca, se necesita hacer justicia y transparencia,» enfatizó, destacando su disposición a colaborar en el proceso de reparación para mitigar el sufrimiento de las víctimas.

"Quiero decirles que para mí este acto es un paso a mi propia reparación, este proceso de devolverle a las familias lo que por justicia les corresponde me permite mitigar el dolor que causé", Carlos Mario Jiménez, alías "Macaco". pic.twitter.com/6U3KlgD4pA

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 3, 2024

Su mensaje resuena con un llamado a la responsabilidad y la transparencia en estos procesos, enfatizando que la justicia debe ser parte integral de cualquier esfuerzo de reparación. Jiménez expresó su deseo de que este acto no solo represente una reparación hacia las víctimas, sino también una forma de reparación personal por los daños causados durante el conflicto.

Liderazgo del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ha jugado un papel fundamental en la implementación de esta histórica entrega de tierras. En su discurso, resaltó el significado de este acto no solo para las familias beneficiarias, sino también para la construcción de una paz duradera en Colombia. «Con esto se dignifica y se restituyen los derechos de los campesinos en Colombia,» afirmó Petro, reafirmando su compromiso con la Reforma Agraria y la lucha por la justicia social.

El evento en Montería, donde tuvo lugar la ceremonia, no solo marcó un hito en la restitución de tierras, sino que también se convirtió en un acto simbólico de perdón por parte de los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este acto de reconocimiento y reconciliación es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las víctimas del conflicto puedan encontrar un camino hacia la sanación.

El proceso de restitución de tierras está lejos de ser sencillo y enfrenta múltiples desafíos, pero la voluntad de los exparamilitares de asumir su responsabilidad es un paso significativo. «La violencia no es el camino,» reflexionó Mancuso, quien ahora busca ser un ejemplo de lo que no debe repetirse en la historia del país.

Las palabras de ambos exlíderes paramilitares marcan un punto de inflexión en el reconocimiento del daño infligido y la necesidad de construir un futuro en paz. La entrega de tierras no es solo un acto de restitución, sino una oportunidad para restaurar la confianza en las instituciones y en el proceso de paz.

El camino hacia la paz y la reconciliación

La entrega de tierras y las disculpas de Mancuso y Jiménez son pasos importantes hacia la reconciliación y el perdón en un país marcado por años de conflicto. La reparación integral es «nuestra única posibilidad de redención,» afirmó Mancuso, señalando la urgencia de abordar las heridas profundas que ha dejado el conflicto armado.

A medida que avanza este proceso, es crucial que el Gobierno continúe trabajando en la implementación de políticas que apoyen a las víctimas y aseguren que no se repitan los errores del pasado. La paz en Colombia no solo se logrará a través de acuerdos políticos, sino también mediante acciones concretas que dignifiquen a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.

La ceremonia del 3 de octubre se erige como un símbolo de esperanza para muchas comunidades que han padecido el conflicto. Las tierras que se restituyen representan más que solo un terreno; simbolizan un nuevo comienzo, un espacio donde las familias pueden reconstruir sus vidas y alcanzar sus sueños.

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En un reciente operativo de la Policía de Antioquia, se logró la incautación de 200 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión de servicio público. El hecho ocurrió en una vía cercana al municipio de La Pintada, donde las autoridades llevaron a cabo una inspección como parte de un control rutinario de tránsito y transporte.

El operativo en La Pintada

Durante el operativo, la Dirección de Tránsito y Transporte del departamento realizó una inspección detallada al camión que circulaba por la carretera. El vehículo presentaba una estructura modificada con una caleta tipo doble techo, lo que llamó la atención de los agentes. Al realizar la revisión, encontraron 400 paquetes rectangulares que contenían marihuana, con un peso total aproximado de 200 kilos.

Este tipo de operativos es común en la zona debido al alto tránsito de vehículos que utilizan rutas alternas para evadir controles en vías principales. Las autoridades han intensificado las medidas de control con el objetivo de reducir el tráfico de sustancias ilícitas.

La captura del conductor

El conductor del camión fue capturado en flagrancia durante el procedimiento. Se enfrenta a cargos por tráfico de estupefacientes, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación colombiana. La identidad del conductor no ha sido revelada por las autoridades, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

La captura y posterior incautación del vehículo constituyen un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en la región, un problema que ha afectado históricamente al departamento de Antioquia y sus alrededores.

Investigación en curso

Actualmente, la Policía de Antioquia está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar el origen y destino de la droga. Se sospecha que el cargamento estaba destinado a ser distribuido en otras regiones del país o posiblemente exportado a través de rutas clandestinas.

Las autoridades consideran que este operativo representa un golpe significativo contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los esfuerzos conjuntos entre diferentes unidades policiales han sido claves para lograr este tipo de resultados.

Reforzamiento de los controles en la región

La incautación de los 200 kilos de marihuana forma parte de un plan integral de las autoridades para reforzar la seguridad en las vías de Antioquia. En los últimos meses, se ha incrementado la presencia policial en puntos estratégicos, con el fin de combatir el tráfico de drogas y otros delitos que afectan la región.

La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie actividades sospechosas y contribuya a las acciones contra el crimen organizado. Las autoridades recalcan que la cooperación entre la población y las fuerzas de seguridad es fundamental para enfrentar este flagelo.

El impacto del narcotráfico en la región

El narcotráfico ha sido un problema recurrente en el suroeste antioqueño, afectando tanto la seguridad como la economía local. La lucha contra este fenómeno requiere de acciones constantes y una coordinación efectiva entre diferentes fuerzas del orden, tanto a nivel local como nacional.

Las incautaciones como esta son un recordatorio de la complejidad del narcotráfico en Colombia, y de los esfuerzos necesarios para frenarlo. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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A 25 años del asesinato de Jaime Garzón, la justicia sigue sin respuestas claras y efectivas. Pese a la conmoción nacional y a los numerosos esfuerzos judiciales, muchos de los implicados en su muerte continúan sin ser condenados, dejando una sensación de impunidad y frustración entre sus familiares y seguidores.

El asesinato de Jaime Garzón

El 13 de agosto de 1999, Jaime Hernando Garzón Forero fue asesinado en Bogotá. A las 5:45 de la mañana, mientras conducía su camioneta Cherokee verde, dos sicarios en una motocicleta blanca lo detuvieron y le dispararon cinco veces. Este trágico evento marcó el inicio de un largo proceso judicial en busca de la verdad y justicia.

Investigaciones y procesos judiciales

Desde el asesinato de Garzón, el proceso judicial ha estado lleno de obstáculos y controversias. José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, es la única persona condenada hasta ahora, cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, en Facatativá. Esta situación ha generado indignación entre la familia de Garzón y la opinión pública, ya que Narváez no ha pasado ni un solo día en una cárcel regular.

Complicidad y montajes

En 1998, el general Jorge Enrique Mora Rangel solicitó investigar a Jaime Garzón por su papel como mediador en la liberación de secuestrados. El comandante de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, realizó seguimientos ilegales y construyó un montaje contra Garzón. Esta información falsa fue entregada al jefe de las AUC, Carlos Castaño, por José Miguel Narváez, lo que finalmente llevó a la orden de asesinar a Garzón.

La participación de los paramilitares

Carlos Castaño, basándose en la información proporcionada por Narváez, ordenó a alias ‘Don Berna’, jefe del bloque Cacique Nutibara de las AUC, organizar el asesinato. Alias ‘Don Berna’ ordenó a la banda de sicarios La Terraza ejecutar el homicidio, cumpliendo con la orden el 13 de agosto de 1999.

Obstáculos en la justicia

La Fiscalía ha enfrentado numerosos retos en el caso de Garzón. En 2002, se inició una investigación para establecer la responsabilidad del coronel Mauricio Santoyo, entonces director del F2 en Medellín. En 2004, Carlos Castaño fue condenado a 38 años de prisión por el crimen, pero permanecía ausente. Posteriormente, en 2011, José Miguel Narváez fue llamado a juicio y finalmente condenado en 2018.

Rechazo de la justicia transicional

En 2022, la JEP negó la libertad transitoria a José Miguel Narváez y lo expulsó del sistema de justicia transicional, reafirmando la condena de 30 años de prisión. A pesar de los avances judiciales, muchos de los implicados siguen sin enfrentar una condena efectiva, manteniendo la sensación de impunidad.

Indignación de la familia y la sociedad

La familia de Jaime Garzón y la sociedad colombiana siguen demandando justicia plena. En 2023, la Fiscalía negó la petición de la familia para profundizar en la complicidad del Estado en el desvío de la investigación. Testimonios recientes, como el de Darwin Betancourt, señalan a Plazas Acevedo como responsable, mientras que otros, como el coronel Mauricio Santoyo, niegan los hechos.

El caso de Jaime Garzón refleja la complejidad y los desafíos del sistema judicial colombiano. A 25 años de su asesinato, la búsqueda de justicia continúa, enfrentando obstáculos y resistencias que impiden una resolución definitiva. La memoria de Garzón y su lucha por la verdad y la justicia siguen vivas en la sociedad colombiana.

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En una audiencia realizada el 10 de agosto en Neiva, 74 militares del Ejército Nacional confesaron su participación en el asesinato de 200 personas, presentadas falsamente como bajas en combate, entre los años 2005 y 2008. Este acto se enmarca dentro del subcaso Huila del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. La audiencia fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y contó con la presencia de organizaciones de víctimas que exigieron la no repetición de estos crímenes y un proceso de reconciliación.

Reconocimiento de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Entre los 74 militares que comparecieron ante la JEP, 28 fueron identificados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los crímenes aceptados por estos militares, quienes pertenecieron a la novena brigada del Ejército Nacional, incluyeron la ejecución extrajudicial de personas inocentes, las cuales fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como los ‘falsos positivos’.

El coronel retirado Carlos Salamanca, quien fue el comandante del batallón Cacique Pigoanza, admitió su responsabilidad al ordenar que informantes establecieran contacto con grupos armados ilegales para facilitar el traslado de las víctimas a los pelotones. En su testimonio, Salamanca reconoció que su intención era asegurar que estas personas, quienes no tenían ningún vínculo con el conflicto armado, fueran asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Impacto y Respuesta de las Víctimas

Durante la audiencia, las organizaciones de víctimas hicieron un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre estos hechos y asegurar que no se repitan. Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) y representante de las víctimas, subrayó la importancia de este reconocimiento por parte del Ejército colombiano como un paso hacia la reconciliación nacional.

Asimismo, el soldado retirado Andrés Morales, otro de los comparecientes, admitió su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Morales expresó su arrepentimiento y reconoció que participó en el asesinato de personas inocentes que no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

El Patrón Criminal en Huila

El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, ofreció detalles adicionales sobre el patrón criminal en la región de Huila, revelando que en los últimos 30 años se han documentado 157 asesinatos con 307 víctimas, de las cuales 22 eran menores de edad y 9 mujeres. Según Ramelli, la existencia de este patrón apunta a la participación de, al menos, 640 presuntos responsables en estos crímenes.

La confesión de los militares ante la JEP es vista como un avance significativo en el proceso de verdad y justicia en Colombia. Sin embargo, las víctimas y sus representantes continúan exigiendo medidas concretas para garantizar la no repetición de estos hechos y un compromiso genuino con la reparación integral.

Hacia la Reconciliación y la No Repetición

La audiencia en Neiva representa un hito en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos en Colombia. El reconocimiento de culpabilidad por parte de estos militares, aunque doloroso, es un paso necesario para que las víctimas puedan comenzar a sanar sus heridas.

La sociedad colombiana está ante una oportunidad histórica para reflexionar sobre el pasado y asegurar que estos crímenes no se repitan nunca más. Las organizaciones de víctimas han enfatizado que la verdadera justicia no solo radica en el reconocimiento de los crímenes, sino en la implementación de medidas efectivas que eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir.

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La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

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Lo anterior en cumplimiento de la sentencia de La Corte Interamericana de Derechos del

27 de julio de 2022 en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs

Colombia, la cual dispuso la creación de la Comisión para la Constatación de la

Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de la UP, con el fin de acreditar a más

de 21mil víctimas y familiares como beneficiarias de las medidas de reparación

dispuestas en su sentencia.

Dicha jornada es apoyada por la Oficina de Atención a las Víctimas de Urabá.

Nos aclaran que la jornada de mañana sábado, sera en la Institución Universitaria FESU de Apartadó.

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Las 4 caras del fallo

El fallo judicial contra la multinacional bananera Chiquita Brands International, Inc. es valioso en tanto establece la responsabilidad civil de la empresa por haber financiado a grupos paramilitares en el Urabá. Es insuficiente porque apenas responde a las demandas de justicia de nueve familias, que lograron acceder a la administración de justicia estadounidense. 

Además, es excepcional porque representa un porcentaje exiguo de las víctimas de los crímenes perpetuados por los paramilitares, realizados gracias a la financiación de la empresa. 

Finalmente, es lejano en tanto es un fallo judicial proferido fuera de Colombia – como sucede con otros muchos casos (Vbr. Corte Interamericana de Derechos Humanos) -, que determina la responsabilidad de empresas en el financiamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra líderes sociales, campesinos, indígenas y civiles, así como otras violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares.

El fallo

Los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense.

Después de 17 años de litigio en EEUU y las múltiples estrategias de la empresa para desestimar los cargos, la justicia civil estadounidense estableció, mediante fallo judicial, que la multinacional pagó 1,7 millones de dólares al paramilitarismo, entre 1997 y 2004. 

Estableció que los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense. Los fiscales federales llegaron a expresar en el juicio que Chiquita Brands obtuvo USD 49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004.

Este fallo ordenó el pago de indemnizaciones de entre 2 y 2,7 millones, beneficiando a ocho de las nueve familias demandantes, que por ahora no recibirán el pago en tanto la empresa anunció la apelación de la decisión. No obstante, se esperan fallos similares en casos a juzgar en el devenir. Son cientos las familias demandantes contra la misma empresa en EE.UU.

El fallo no debería ser sorpresivo

No es menester ir hasta la masacre de las bananeras para soportar la relación de algunas empresas con las graves violaciones a los DDHH. El caso de Chiquita Brands (antigua United Fruit Company) no es excepcional. 

La lista es muy larga. Solamente en lo que tiene que ver con el proceso especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) hubo más 17 mil compulsas de copias a la fiscalía general de la Nación, donde apenas tienen abiertas 2.300 investigaciones por las versiones de los paramilitares sobre las alianzas con empresas en todo el país. 

En 2007, la empresa bananera fue investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y admitió ante un tribunal federal haber pagado 1,7 millones de dólares a las AUC, alegando que fue para proteger a sus trabajadores. Las autoridades estadounidenses le impusieron una multa de 25 millones de dólares, pero este dinero no fue destinado a las víctimas.

Además de los procesos judiciales en Colombia y EEUU, son sendas las investigaciones académicas, denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y víctimas que han documentado las alianzas entre empresas bananeras y palmicultoras – entre otras – con el paramilitarismo en Urabá y otras regiones del país. 

Un texto hito es “La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política”, escrito por Mauricio Romero Vidal y publicado por Editorial Debate en 2011. Más recientemente también han aparecido los informes de organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Y qué pasa con la justicia en Colombia?

En particular, frente a Chiquita Brands en materia penal, en Colombia se avanza muy lentamente en el juicio contra diez exdirectivos de C.I. Banadex, Banadex S.A. y Banacol S.A. 

Los representantes de las víctimas han expresado su preocupación por el alto riesgo de presentarse prescripciones a la acción penal que deriven en la impunidad de los casos. Respecto de directivos de otras empresas vinculadas con los hechos, los avances en las investigaciones son etéreos.

Se espera que, con ocasión de la renovación y despolitización en la fiscalía general de la Nación, se avance con casos igualmente graves, como aquellos contra multinacionales como la Drummond, Coca-Cola, empresas palmicultoras, ganaderas, reforestadoras y de la industria extractiva; estos últimos, principales opositores en los procesos de restitución de tierras. 

Como se mencionó supra, la Fiscalía debe impulsar las investigaciones con ocasión de las compulsas de copias de Justicia y Paz recaudando material probatorio y llevando a los jueces las acusaciones contra directivos, determinadores y máximos responsables.

En el marco de la justicia transicional penal, la JEP tiene competencia respecto de terceros cuando estos acuden de manera voluntaria. No obstante, en el marco del macrocaso 04, de la situación territorial de Urabá, el avance no se concreta en decisiones de fondo. 

“La decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas”

A pesar del caudal probatorio recolectado y analizado, los representantes de las víctimas expresan ausencia de aportes y compromisos de los comparecientes voluntarios y de los integrantes de la fuerza pública y ausencia de decisiones de la magistratura para activar el régimen de condicionalidad o compulsar copias a la justicia ordinaria, entre otras. 

Por otra parte, no son pocas las demandas contra el Estado vía contencioso administrativo que se encuentran pendientes de fallo en el Consejo de Estado. Ello, a pesar de las décadas de espera de las víctimas para que se declare la responsabilidad de la administración por acción u omisión y se ordene la reparación integral a su favor.

Para Colombia, la decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas; y también, vía legislativa y reglamentaria, incorporar en la normatividad interna sus contenidos.

Además, el fallo implica y exhorta a las empresas a reconocer su responsabilidad en escenarios judiciales y extrajudiciales; expresar sus alianzas con funcionarios públicos, altos mandos militares y redes de apoyo transnacional; a revertir los actos y negocios jurídicos que se beneficiaron de apoyos y colaboraciones con grupos armados; a reparar a las víctimas de manera integral, abandonando prácticas en el litigio dilatorias y desgastantes; y potencializar su credibilidad en los mercados a partir de la verdad, la reparación integral y  las garantías de no repetición.

Por último, a pesar de que el fallo se circunscribe a hechos del pasado, el país no debe perder de vista la situación de Urabá hoy, con una paz por seguir construyendo con un movimiento social, campesino y étnico que se mantiene en la reivindicación de sus derechos territoriales. Además, hay que tener en cuenta la presencia y accionar del llamado Clan de Golfo – grupo armado sucesor del paramilitarismo – y los ejercicios de exploración con el Gobierno Nacional, en el marco de la política de paz total.

“El fallo contra Chiquita Brands por haber financiado el paramilitarismo tiene un poder simbólico valioso, pero es insuficiente, excepcional y lejano”

* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás en materia de justicia transicional y agraria.

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