El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, hizo un reconocimiento a los empresarios que deciden pagar sus obligaciones con la DIAN a través del Mecanismo de Obras por Impuestos.

“Esta figura permite que parte de los impuestos que se pagan a la DIAN se inviertan directamente en la realización de obras o proyectos en 344 municipios Zomac (Zonas más afectadas por el Conflicto) y los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”, explicó Delgado, quien también destacó la voluntad del sector empresarial de apostarle a la transformación del territorio. 

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, Zaida Mosquera, definió el mecanismo como “una herramienta de unión para transformar el territorio”, e invitó a los empresarios de Tumaco a trabajar de manera articulada por las comunidades del Pacífico y Frontera Nariñense.

Asimismo, Juan Pablo Chaparro, gerente de SuperGiros en Nariño, hizo un llamado a los empresarios de la región a vincularse a esta iniciativa: “estamos convencidos de que podemos aportar, con los impuestos que generamos, al desarrollo de nuestro departamento”.

En ese contexto se dio a conocer que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han ejecutado seis proyectos por 70.120 millones de pesos en los sectores de educación y pago por servicios ambientales, beneficiando a Tumaco e Ipiales.

Además, la inversión global en la subregión, ¿desde el inicio del mecanismo en el 2018?, asciende a más de 90.000 millones de pesos en 10 proyectos.

“La prioridad es mejorar la educación, la salud, la infraestructura y los servicios básicos como base para consolidar la paz”, dijo el director de la ART.

Por último, vale destacar que en la jornada participaron delegados de la Gobernación de Nariño y las Alcaldías de Tumaco, Ricaurte, La Tola, Mosquera, El Charco y Roberto Payán.

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A punto de cumplir nueve años de haber llegado a este territorio un grupo de excombatientes de las extintas FARC, viene demostrando con hechos y compromisos que la paz es posible, una construcción colectiva y más no una responsabilidad exclusiva del gobierno.

Al frente de este grupo estaba un hombre curtido en la guerra, el temible comandante conocido con el alias de “Manteco” un jefe militar que enfrentó al Estado desde la edad de quince años y quien hoy algunos llaman Jhoverman Sánchez y otros tantos Rubén Cano, el entiende de las dos formas.

Lejos quedó la historia de “Manteco” y poco a poco se ha ido construyendo otro relato, el del hombre de paz, porque es un hecho que se casó con la paz desde el mismo día que optó por hacer dejación de las armas y comenzar una nueva vida en el marco de la institucionalidad.

Jhoverman Sánchez se concentró inicialmente con sus hombres en la vereda El Gallo en inmediaciones de la represa de Urrá en Tierra Alta Córdoba, pero ante el abandono y los riesgos que corrían allí, en una acción de hecho y bajo su propia responsabilidad se trasladaron a San José de León donde comenzaron a escribir una nueva historia sobre una pista de obstáculos. “La Paz es compleja, difícil, tiene muchos enemigos” Dice.

Allí comenzaron a fundar su propio pueblo, “sobre un lodazal y un pedrero, eran cambuches con plásticos” recuerda hoy la exalcaldesa de Mutatá María Luz Estrada, quien asesora al actual mandato desde la Secretaría de Gobierno.

Tras vencer la desconfianza de algunos lugareños y sectores políticos de la zona, se fueron afianzando con trabajo y compromiso se ganaron la confianza de ambos. Hoy conviven juntos y son ejemplo de fraternidad.

Laboratorio de paz

Al escuchar las historias que se escriben con frecuencia sobre esta comunidad muchos colegios, universidades del país e incluso organizaciones sociales del exterior han venido a realizar pasantías y convivencias con los excombatientes, escuchar de sus propias voces hablar de la experiencia.

Prueba de ello el pasado 18 de mayo, 60 estudiantes de las asignaturas: Cátedra para la Paz y Pedagogía Constitucional, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Centro Regional Urabá, llegaron al lugar con el fin de “Promover espacios de diálogo para la reconciliación, la convivencia y la no repetición del conflicto armado; a través de la implementación de iniciativas que previenen la estigmatización en San José de León” explicaron los académicos, Adriana Jiménez Cifuentes y Fernando Cuesta Vélez, promotores de esta iniciativa.

“Hay mucha desinformación sobre lo que se vive acá en la realidad, es importante que los jóvenes conozcan de primera mano estos procesos, por eso votaron no al plebiscito por la paz, por falta de pedagogía” dijo Jhoverman Sánchez.

Un balance general

El otrora comandante militar Jhoverman Sánchez hizo un balance general de esta transición de la guerra a la paz, manifestó que es positivo que no hayan tenido tantos inconvenientes como en otros espacios de reincorporación, en el tema de violencia no han sido tan afectados, solamente un firmante de paz ha sido asesinado en estos casi nueve años de proceso y otro más muerto por causas naturales, cuando la Fundación Paz y Reconciliación reporta  que entre 2016 y 2024, 432 firmantes de paz han sido asesinados en el territorio nacional.

“Aquí afortunadamente logramos hacernos al predio que ocupamos, pagarlo, construir las viviendas y avanzar con algunos proyectos productivos, tenemos carretera, servicio de energía, proyectos colectivos y familiares, piscicultura, cacao, plátano, maíz, pollos, cerdos y se está cultivando también maracuyá. En total habitamos 122 personas entre parejas, hijos y familiares, explicó.

Sobre las pasantías y convivencias con estudiantes y otros colectivos sociales dijo:

 “Nos alegra mucho que lleguen estos jóvenes porque el futuro del país en todos los temas  que tienen que ver con el desarrollo económico y la paz está en los jóvenes, tenemos que  trabajar  para que ellos se vayan empoderando, conociendo todos estos procesos, porque desafortunadamente la verdad ha estado muy oculta, siempre hemos vivido de muchas mentiras, necesitamos que los jóvenes empiecen a ver qué estamos haciendo y conocer todos estos temas, el proceso que nosotros llevamos porque tengo entendido que los muchachos están interesados en saber  cómo era antes en la guerrilla y cómo es ahora en la paz, vamos a responder a todas sus inquietudes”

¿Jhoverman Sánchez, hace casi nueve años en este mismo lugar usted le dijo al Pregonero del Darién que nunca volvería a las armas, cuál es la respuesta hoy a la misma pregunta?

“Lo dije porque estoy completamente convencido que el mejor camino es la paz, el escenario de la guerra es cuando es la única alternativa que a uno le dejan, tenemos una oportunidad de dar una pelea por las transformaciones políticas que este país requiere y vamos a continuar en lo que estamos haciendo, produciendo comida, alimentación y trabajando de la mano de las comunidades, haciendo caminos y carreteras, me mantengo firme con lo que he planteado que seguiré apostándole a la paz, a la guerra jamás”

Frente a los asesinatos de firmantes de paz, dijo: “Estos asesinatos son muy preocupantes, nosotros éramos conscientes, pero no esperábamos que la cifra fuera tan alta, la paz es muy arisca, en estos procesos de paz terminan asesinando a los firmantes, es un país con un conflicto tan prolongado, con tantos enemigos, con tantas mentiras y muchos rencores, esperamos que ya paren esos asesinatos, porque si no paran vamos a perder la oportunidad de tener un país en paz, porque la gente va a temer que los sigan asesinando, esperamos que esto pare como también la muerte de líderes campesinos”

Esquiva paz

Jhoverman Sánchez también se refirió a la actual frustración del gobierno nacional con la iniciativa de Paz Total y sobre este particular agregó:

“Es bastante frustrante y uno diría que también es culpa del mismo gobierno, que por ejemplo no avanza en la implementación de los acuerdos, hay muchos incumplimientos y uno lamenta que se vaya perdiendo esa oportunidad de construir la paz, uno ve que a pesar del esfuerzo que se está haciendo, los grupos ilegales están en aumento”

Dijo además sentirse tranquilo en Mutatá, pero que eso no significa que no tenga peligro.

“Me siento tranquilo porque es una región que está en calma y no estamos metidos en cosas distintas que trabajar en nuestros proyectos, no solamente con los firmantes, sino con las comunidades en general”

¿Alguna vez Antonio Navarro dijo que era muy difícil vivir en la legalidad, para usted ha sido difícil?

No, para mí no es difícil, no sé por qué lo diría él, sé que hay dificultades, a veces uno se siente, no solamente estigmatizado, sino humillado, pero eso no quiere decir que sea difícil, sabemos que son talanqueras y retos que tenemos que vencer”

A quienes persisten en la guerra y la violencia, Jhoverman Sánchez les dice:

“Que el mejor camino es la paz que estar matándose entre colombianos, así persistan algunas razones políticas que no han desaparecido, suficientes para estar en conflicto pero no es el camino, porque finalmente quienes nos estamos matando somos entre los mismos pobres, los hijos del pueblo, la gente campesina, gente con esperanza, con sueños, con ilusiones, creo  que la forma de reclamar es el cambio, es desde el escenario político, como lo estamos planteando, con las masas no con las armas.

A los políticos que en época de campaña utilizan la guerra, la violencia y la seguridad para conseguir votos les recomienda:

“Que aprendamos hacer política decente, limpia con una causa, comprometida con las comunidades, que no echemos mentiras ni revolvamos la violencia con la política.

También se refirió al deterioro de la carretera que conduce a San José de León y dijo que faltaron 800 metros para culminarla, que un alcalde avanzó en la obra y al salir dejó el proyecto financiado pero que su sucesor no era amigo de estas inversiones en zonas de firmantes de paz y hasta ahí llegó el proceso, que el invierno la afecta mucho, pero ellos con trabajo comunitario también le hacen mantenimiento.

El orden público

Jhoverman Sánchez mostró su preocupación por el deterioro del orden público en regiones de Antioquia como el Bajo Cauca, Anorí e Ituango”

“Preocupa que se pierda la esperanza de vivir en un país en paz, que se pierdan seres humanos, la violencia genera desconfianza, afecta la inversión social.

También dijo que se mantiene firme ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como compareciente, que justamente este 21 de mayo inicia rindiendo testimonios los cuales irán   hasta el 31 de este mes atendiendo sus llamados, “tenemos encuentros con víctimas y ya en junio viene el acto público de reconocimiento” Agregó.

Hablando de justicia restaurativa, allí en san José de León una víctima de mina antipersonal tiene un proyecto productivo y son los firmantes quienes se encargan del proceso y sobre este tema del firmante de paz explicó:

“Nosotros en el marco de la justicia restaurativa entramos en una campaña “Horizonte Seguro” sobre desminado, que incluye asistencia a víctimas. Acá en San José de León estuvimos ayudando a sembrar un cultivo de cacao a una víctima de mina antipersonal y le hemos hecho algún mantenimiento a dicho cultivo, ese compromiso tenemos, estamos listos, no solamente para ayudar a esa persona, estamos prestos como máximos responsables a comparecer ante la JEP y para efectos de la restauración y reconciliación estamos dispuestos a trabajar donde la comunidad nos requiera, no solamente con firmantes”

Finalmente, Jhoverman Sánchez aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro y a su comisionado de paz Otty Patiño:

“Necesitamos políticas claras y compromisos con la paz, no solo del alto gobierno, sino desde los diferentes grupos armados que han querido entrar a un proceso de paz, que debe haber unos compromisos, unas reglas claras, cuando hayan ceses al fuego, cuando hayan conversaciones  sobre qué se va a negociar y porqué ese cese al fuego, para que los ciudadanos apoyemos, pero no una paz que no conocemos los colombianos, el llamado al gobierno que hay unas conversaciones  con unos grupos alzados en armas y no conocemos que es lo que se está tratando”

Jhoverman Sánchez viene demostrando con hechos lo que muchos vienen discutiendo y prometiendo hace años con teorías; con trabajo y compromiso convirtió unos lodazales y pedreros en un laboratorio de paz, hoy al aproximarse a los nueve años de haber firmado la paz y dejado a un lado su fusil, ratifica que la paz es posible, es el camino por pistas de obstáculos que haya que vencer, ratifica una y otra vez que jamás volverá a la guerra.

Las armas por la música

En el espacio de reincorporación de paz en San José de León en Mutatá, hay un hombre que se abre camino entre la comunidad, ya no con un fusil al hombro, sino con su voz y su guitarra, resolvió cambiar la guerra por la música y ya se va encarrilando por este difícil terreno.

Se trata de Arquímedes Álvarez “El Amigo del Pueblo” como lo conocen artísticamente.

“Mi música es parrandera y corridos, soy compositor, cantautor, estoy grabando mi propia música con una disquera de Medellín, toco algunos instrumentos, pero mi fuerte es hacer la voz primera en el canto, tengo una agrupación conocida como “Los Hermanos Jiménez”, llevo 14 canciones grabadas, las pueden escuchar en YouTube, mientras se toman los chorritos y me pueden contactar en los teléfonos: 3106659274 y 3217839808. Ahora están sonando temas como: “La Vida es Corta”, “Vivo mi Vida” y “Me Critican” nos cuenta.

Politécnico Jaime Isaza

La más reciente delegación de estudiantes en llegar a San José de León, fue del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 60 estudiantes acompañados de la llamada institucionalidad, partieron de los municipios de Chigorodó, Carepa y Apartadó para conocer de manera directa lo que allí ocurre, de lo cual hay tanta información y desinformación en el mundo exterior.

El encuentro fue acompañado por funcionarios de instituciones como:

María Aurora Pulgarín – Coordinadora ARN

Juan Guillermo Atehortúa, secretario de Gobierno de Mutatá

María Luz Estrada, asesora de la Alcaldía de Mutatá

La abogada Adriana Jiménez Cifuentes, docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

El abogado Fernando Cuesta Vélez, docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Bhiana Holguín – Profesional ARN

Miladis Córdoba – Profesional JEP

Jiceth Lorena Perea – Profesional JEP

El objetivo de este encuentro fue promover espacios de diálogo para la reconciliación, la convivencia y la no repetición del conflicto armado, a través de la implementación de iniciativas que previenen la estigmatización en San José de León en Mutatá.

Allí los estudiantes conocieron temas como: Pedagogía sobre el Sistema Integral para la Paz, una, una visita guiada al proyecto productivo de firmantes de paz, socialización del mandato de la JEP.

El acto central fue un conversatorio sobre experiencias significativas de reconciliación, convivencia y construcción de Paz en San José de León, bajo la conducción de Bhiana Durlendy Holguín de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Fue justamente en este punto de la programación donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de preguntar libremente a los excombatientes sobre una serie de inquietudes sobre los orígenes del conflicto y su estado actual, interrogantes que fueron resueltos por un veterano de las extintas FARC, Javier de Jesús García Santos (Tito) y el propio Jhoverman Sánchez, quien reconoció ante los invitados “que las FARC cometieron actos que jamás se debieron cometer”.

Ojalá este ejercicio permita una aproximación más real para entender la importancia y la complejidad de la paz, de la reconciliación, pero sobre todo de la no repetición.

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En un paso significativo hacia la consolidación de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional y el Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC-EP firmaron el «Acuerdo de Catatumbo», estableciendo una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal

El acuerdo, firmado el 3 de mayo en Cúcuta, contempla la creación de una ZUT donde se concentrarán los combatientes y las armas del Frente 33. Esta medida busca facilitar la dejación de armas y avanzar en el proceso de paz en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro anunció este avance a través de sus redes sociales, destacando el inicio de la paz en el Catatumbo.

Marco legal y garantías institucionales

La ZUT se implementará conforme al Decreto 0448 del 17 de abril de 2025 y la Ley 2272 de 2022, que regulan las condiciones de estas zonas. Se garantizará el Estado social de Derecho, el funcionamiento institucional y la participación activa de las comunidades del Catatumbo en las transformaciones territoriales pactadas.

Participación comunitaria y enfoque territorial

La instalación de la ZUT fue resultado de un análisis conjunto entre las partes involucradas, considerando criterios de seguridad, logística, geografía y administración. El acuerdo fue suscrito por representantes del Gobierno Nacional y del Frente 33, incluyendo a Gloria Quiceno Acevedo, Luz Dary Landazury, Genna Calvo, Feliciano Valencia por el Gobierno, y a Jhon Mendoza, Andrey Avendaño, Richard Suárez y Willinton Henao por el Frente 33 EMBF FARC-EP.

Hacia una paz con justicia social y ambiental

Este hito en el Catatumbo se suma a los esfuerzos del Gobierno por poner fin al conflicto armado a través del diálogo, con respeto a los derechos humanos, inclusión territorial y una visión de justicia social y ambiental. La participación de las comunidades en la implementación del acuerdo será clave para garantizar su éxito y sostenibilidad.

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El diálogo entre el Gobierno y Comuneros del Sur entró en otra fase con la entrega y destrucción del primer material de guerra el pasado 5 abril, en Pasto, y con la firma de dos acuerdos que permitirán avanzar en la sustitución de cultivos y en la verdad histórica y dignificación de las víctimas.

Durante el evento en la capital nariñense “Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño”, con la presencia del Presidente Gustavo Petro, el coordinador del Gobierno para los diálogos de paz con Comuneros del Sur, Carlos Erazo, presentó los tres ejes estratégicos que orientan el proceso que avanza en Nariño. 

1. Desescalamiento de las violencias.

“El primer eje es proteger la vida y cuidar a quienes históricamente han sido los más afectados por la guerra”, explicó Erazo. Este eje incluye acciones inmediatas como el desminado humanitario, el fortalecimiento de autoridades indígenas y locales, la búsqueda de desaparecidos, el retorno de comunidades desplazadas y la protección de niños, niñas y adolescentes. También contempla la promoción de una paz cotidiana en los territorios. “El enfoque es claro: aquí no es firmar primero y hacer después. Se trata de acordar y hacer ya”.

2. Transformación territorial.

El segundo eje busca reemplazar las economías ilegales, como la coca o la minería informal, por alternativas sostenibles construidas con las comunidades. “Queremos cambiar las condiciones que han perpetuado la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado”, dijo. En esta línea, también se trabaja por la reconciliación con la naturaleza y el reconocimiento de los saberes locales.

3. Transición a la vida civil.

El tercer eje se relaciona con el tránsito de los firmantes hacia la legalidad, con garantías reales de seguridad, justicia y participación. “No hay paz posible si quienes se acogen a este proceso no tienen las condiciones dignas para rehacer sus vidas. Por eso, esta transición se piensa también desde el arraigo comunitario y territorial”, señaló Erazo.

La intervención concluyó con un mensaje directo: “Este proceso se construye con las comunidades, no sobre ellas. Y por eso, más que una mesa de negociación, es una herramienta para que el pueblo del suroccidente tenga futuro y no más guerra”.​

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«En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están», indicó el mandatario.

En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas’. Este compromiso reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño.

El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo.

Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras de derechos y delegados institucionales, Robledo abrió su intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna”.

Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del total de cultivos ilícitos del departamento.

El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal.

La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades”, enfatizó Robledo.

También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de género, generacional y cultural de las comunidades involucradas.

Subcomisión técnica y seguimiento

?El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que hayan aportado al proceso de paz territorial.

Entre sus tareas también estarán acompañar los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas.

Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones desde el territorio. También reconoció el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y político ha sido fundamental.

Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un enfoque interseccional que incluye consideraciones de género, etnicidad, generación, ciclo de vida y diversidad territorial.

Programa de sustitución

Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que “además de las 5.000 hectáreas acordadas en esta mesa, esta misma semana se lograron pactar 15.000 hectáreas más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también en Nariño, y otras 15.000 en Putumayo, como parte de la misma apuesta por la paz”.

El programa de sustitución que se implementará, indicó Miranda, tiene tres componentes clave:

1. Pagos por erradicación, que sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año.

2. Cambio de economía, no solo de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local.

3. Aseguramiento de la comercialización, para evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas.

“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa’, subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena.

«Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para recuperar ese derecho», concluyó.

Destrucción de armamento

Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como parte de los acuerdos.

«Anunció Destrucción de armas. Yo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional», dijo el jefe de Estado.

Desde algún lugar de las montañas del sur del país, respondió el capitán Paz: «Señor Presidente. Capitán Paz Jiménez Víctor, comandante del Grupo Marte de la 5ª División de nuestro glorioso Ejército Nacional. Me presente, señor Presidente. En ese momento me encuentro en este punto con el Grupo Marte, listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos, los cuales fueron entregados por el Grupo Armas, organizado Comuneros del Sur a la Consejería Comisionada de Paz en acompañamiento de la OEA’.

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Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro Urrego invitó este jueves al Eln a romper sus vínculos con el narcotráfico, cesar los ataques armados y los hostigamientos a las comunidades en los territorios, y acogerse a los llamados de paz.

“Es el momento de volver a Camilo Torres Restrepo, el sacerdote cuya sotana tengo en mi oficina, y no entregarse a los brazos incestuosos de Pablo Escobar, porque solo habrá muerte’, manifestó el jefe de Estado durante su visita al Centro de Salud Once de Noviembre, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander), donde supervisó los trabajos de infraestructura y la renovación de los servicios médicos disponibles para la comunidad.

Sustitución de cultivos

El mandatario extendió el llamado a la paz a “los campesinos y campesinas: que no siembren matas de hoja de coca, y nosotros pagamos esa sustitución, que es pagarles por erradicar de raíz. Pero ese pago no es solamente lo que pueda valer la mata en el mercado, sino que implica la sustitución por cultivos lícitos’.

Explicó que “cada vez que se siembran matas de hoja de coca –no porque tenga culpa la mata, sino por una medida política que se tomó en el mundo, que es prohibir el derivado de esa hoja, la cocaína– se crea un diferencial de costos y precios tan alto que hay gente que se mata por eso’.

Enfatizó que esa actividad “mata a los hijos de quienes cultivan la mata de hoja de coca y acaba con el territorio. Así no cultive mucha gente la hoja de coca, terminamos bajo los tiros, con los vecinos muertos, o peor, con los hijos muertos en la carretera o en la trocha’.

La sustitución, dijo, es un método para alcanzar la paz, pues “implica que haya educación pública de calidad –incluida la superior– en el territorio, que estos sistemas de salud se implementen en el territorio, que se construyan carreteras, porque si no, no se venden los productos lícitos’.

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La crisis 

Normalmente en Tibú, los pájaros llegan en bandada a despedir al atardecer, pero en estos últimos días, en los cuatro albergues de refugio en el centro, el ruido impide escucharlos; en su lugar se oye la desesperación de gente con hambre, sed y cansancio; miles de personas han sido desplazadas por la cascada de violencia, “dejando atrás lo que han construido”, me dice un líder comunitario.

En cuestión de días, la guerra en el Catatumbo ha alcanzado una intensidad que no se veía en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. Se han registrado ataques armados en nueve puntos a lo largo del Norte de Santander. Más de 36.000 personas han abandonado sus casas y se registran más de 80 muertes, incluyendo asesinatos selectivos de firmantes de paz y líderes sociales. La ONU y la Fuerza Pública han tenido que evacuar cientos de personas heridas o en riesgo de exterminio. 

Un caso de éxito

Hasta hace pocos días, el Catatumbo había sido considerado como un ‘caso exitoso’ de la Paz Total, la estrategia del gobierno Petro para poner fin al conflicto mediante el diálogo con grupos armados y criminales. 

Desde el 2022 había estado en vigencia una tregua entre los dos grupos dominantes en el Norte de Santander: el ELN y el Frente 33, una disidencia de las FARC. En el plano nacional, ambas organizaciones expresaron su disposición a negociar y se sentaron en la mesa con el gobierno. Pero en el plano local los grupos siguieron explotando a la población; aun así, los dos grupos encontraron una forma de convivencia en el Catatumbo: se repartieron el territorio y sus rentas de manera bastante detallada, se sabía dónde extorsionaba cada grupo, dónde reclutaba y dónde compraba la pasta base de coca.

Por qué estalló la crisis

Pero el ELN cambió el rumbo del conflicto en esta región y en el país entero cuando rompió la tregua el pasado 16 de enero. 

Una de las consecuencias imprevistas de la Paz Total consiste en que muchos grupos armados y criminales empezaron a emplear estrategias más discretas: evitaron enfrentamientos armados y optaron por ejercer más presión sobre la sociedad civil, aumentando el reclutamiento y forzando el desplazamiento gota a gota. Así, un poco bajo el radar de la opinión pública, estos grupos se expandieron, profundizaron sus raíces y lograron aumentar su control social: este fue el caso en el Catatumbo.

El ELN frente a la Paz Total

El ELN fue el primer grupo armado en entrar a la Paz Total en 2022, despertando la esperanza de poner punto final a uno de los conflictos más antiguos de Colombia. 

Pero la esperanza se fue diluyendo tan pronto empezaron las conversaciones. Con el paso del tiempo, las prioridades del ELN se volvieron más claras y no incluían ni el diálogo ni el fin del conflicto. Sus prioridades eran primero, fortalecer su posición territorial y, segundo, defender la integridad y unidad de la organización.

Al principio, la negociación sirvió para unificar a la organización, reafirmando el control del Comando Central (COCE) sobre las decisiones. El cese al fuego alivió la presión de las fuerzas militares cuando el ELN veía aumentar la ofensiva de otros grupos armados, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). 

Pero los cálculos del ELN cambiaron a partir de 2024, cuando los Comuneros del Sur, una facción del grupo guerrillero, empezó a hablar con el gobierno de manera independiente. Esto causó alarma en el COCE, que veía la amenaza de fragmentación interna con mucha preocupación. 

Hacia mediados del año pasado la posición táctica del ELN empezó a cambiar, sobre todo en su corredor de movilidad más crítico: la frontera con Venezuela. Para el ELN, el poder de sus rivales en el Catatumbo, el Frente 33, habían aumentado demasiado, mientras otras facciones de la disidencia retomaban fuerza en Arauca. Las tensiones en ambos departamentos aumentaron en los últimos meses y tanto las comunidades como la Defensoría del Pueblo alertaron a las autoridades sin que haya habido una respuesta concreta por parte del Estado.

En enero quedó claro que el ELN había decidido apartarse de las negociaciones y apostarle a la guerra. El 6 de enero secuestraron a un firmante de paz en Arauca junto con toda su familia, un hecho que produjo alarma en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Filipinas, una comunidad que durante años había sido respetada por el ELN. 

Pocos días después, fortalecido por tropas desplegadas desde Arauca y Venezuela, el ELN empezó su campaña militar en el Catatumbo. “Fue un ataque sincronizado,” me dijo un líder comunitario que logró escapar a la violencia. Con listados de personas identificadas como “objetivos militares”, fueron casa por casa para asesinarles. “El ELN no ataca directamente a la Frente 33, sino [que va] con lista en la mano, vereda a vereda, buscando en las casas de los campesinos, líderes sociales, firmantes de paz. Empezaron a ejecutarlos fuera de sus casas, frente a sus hijos y sus familias.” Mataron al menos a seis firmantes de paz y hay aún siete desaparecidos.

Es fundamental entender la lógica del operativo del ELN, que no hace distinción entre combatientes y civiles, ni entre combatientes activos y aquellos que estuvieron en la guerrilla en el pasado. Durante décadas del conflicto, a las comunidades de esta región les ha tocado vivir en medio de todo tipo de grupos armados. La mera presencia del Frente 33 fue suficiente para que el ELN afirmara que los habitantes están asociados con la disidencia.  Organizaciones sociales que operan en estas zonas han sido estigmatizadas y sus miembros están en peligro. 

Según un clérigo de una iglesia local, el 25% de la población que vivía en la zona rural de Tibú se fue de sus casas, impulsados por el miedo de ser acusados por un grupo de tener afinidades con el otro. Incluso en los centros de refugio nadie se siente seguro. A susurros, los desplazados se refieren a infiltrados del ELN dentro los albergues. El miedo no es injustificado: líderes reportaron que la semana pasada secuestraron a una persona desplazada dentro uno de los albergues cerca de Ocaña.

La intención del ELN parece ser provocar una guerra con el Frente 33. Los comandantes de dicho grupo han reiterado que no quieren combates, pero el 20 de enero, después de los primeros cuatro días de ataques, el comandante alias “Andrey” dijo que su tropa tenía que empezar a “contrarrestar” la ofensiva del ELN. Para ello, el Frente 33 trajo a la zona a los comandantes Jhon Mechas y Richard, quienes fundaron la disidencia 33 en 2017 y hoy encabezan el Bloque Gentil Duarte, al cual pertenece tal Frente. Para hacer las cosas aún más difíciles, el EGC también ha querido entrar en el Catatumbo desde hace varios meses —un riesgo más en medio de los ríos revueltos del conflicto—. 

Incendio nacional

Entre los múltiples riesgos que trae la ofensiva en el Catatumbo, el mayor radica en que sea una chispa que detone varios conflictos que hasta ahora se mantienen en una tensa calma. 

El más claro es la guerra entre dos facciones de las disidencias: el Estado Mayor Central, dirigido por alias “Iván Mordisco” y el Estado Mayor de los Bloques, liderado por alias “Calarcá”. No parece ser una coincidencia que, con el Estado distraído por los hechos en el Catatumbo, se hayan dado las primeras confrontaciones entre estos dos grupos desde el 19 enero en Calamar, Guaviare. El resultado es dos docenas de combatientes muertos, entre ellos al menos seis menores de edad, y docenas de civiles desplazados. 

Tal como la crisis en el Catatumbo, la tragedia en el Guaviare fue anunciada. Desde que el Estado Mayor de los Bloques se separó del grupo encabezado por Mordisco en abril de 2024, las tensiones entre las dos facciones fueron aumentando. Las comunidades en el área, en conjunto con la organización que represento, anticiparon la confrontación: las dos facciones se acusaron de traición y de robos de oro, tierra y ganado. Ambos grupos pretendían ampliar el control sobre rutas de tráfico, sobre todo hacia Brasil. Comandantes locales de ambos grupos mandaron audios a las comunidades en áreas controladas por sus rivales avisando que iban a incursionar en ellas. 

Las comunidades en el Guaviare temen que este sea tan solo el comienzo. Son muy posibles las confrontaciones en otras regiones donde conviven ambas facciones, tales como Caquetá, Huila, Putumayo y Meta. El 19 enero, por ejemplo, el Bloque Martín Villa del EMC mandó un comunicado denunciando a Calarcá y advirtiendo a los comerciantes en Mesetas y La Uribe en el Meta que no deberían asociarse con el EMB. 

Si otros frentes de batalla llegaran a activarse podrían estallar varias regiones. En Antioquia y el sur de Córdoba el combate entre el EGC, por un lado, y ELN y EMB por el otro ya ha producido casi una docena de asesinatos selectivos en las últimas semanas. Los combates entre las facciones disidentes EMC, EMB, el Frente 57 y el ELN por el control del Cauca y el Valle del Cauca se han intensificado desde hace casi un año. De forma alarmante, estos mismos grupos podrían llevar su lucha al Eje Cafetero.

¿Qué hacer?

Con el anuncio de una declaración de conmoción interior para el Catatumbo, es evidente que el Estado está intentando controlar una situación que pronto puede salirse de control.  

Por ahora, la prioridad debe ser girar toda la maquinaria de la Paz Total – es decir, todos los canales de comunicación con grupos a lo largo del país – hacia un objetivo fundamental: el desescalamiento. El gran desafío es evitar que la situación se salga de las manos.

Por ejemplo, esfuerzos del equipo negociador del gobierno y de la comunidad internacional han logrado moderar la reacción inicial del Frente 33 a la ofensiva del ELN, aunque es cada vez más difícil frenarla por completo.

Esfuerzos parecidos se deberían hacer con todos los grupos: con el EMB en la Amazonía, con el EGC en el centro del país y la costa atlántica, con los grupos que antes se llamaban la Segunda Marquetalia en el suroccidente, y así con todos los demás. Si aún quedan líneas de comunicación con el EMC de Mordisco, ahora es el momento para emplearlas. 

Petro ha dejado en claro cuál es la posición del gobierno frente a las negociaciones: «Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del ‘amor eficaz’: será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia, será enfrentado.»

Es indudable la necesidad de una respuesta contundente frente a los grupos que, como el ELN, deciden tomar el camino de la guerra. Pero debe hacerse considerando cuidadosamente los riesgos para la población civil.

En primer lugar, la fuerza militar debe tener en cuenta que, en zonas históricas del conflicto como el Catatumbo o el Guaviare, cuando los soldados se acercan a la población, los civiles quedan señalados como informantes por parte de los grupos armados, quienes tienen extensas redes de vigilancia en las comunidades. Cosas tan sencillas como pedir agua o entrar a una casa pueden poner en riesgo la vida de los civiles que ayudan a los soldados. 

Segundo, los civiles son civiles. Por la naturaleza del conflicto, a poblaciones enteras les ha tocado vivir bajo un control armado no estatal, pero eso no quiere decir que sean cómplices o simpatizantes de los armados. El Estado no puede caer en los mismos patrones de señalamientos infundados que hace el ELN. 

Por último, hay que tener presente que las operaciones contra grupos armados pueden aumentar la violencia en el corto plazo. Las capturas, por ejemplo, pueden ocasionar vacíos de poder que resultan en luchas internas por controlar la organización. Estos arrestos también pueden motivar represalias contra las comunidades cercanas por supuesta colaboración con los cuerpos estatales.

Dadas estas complejidades, la prioridad para la Fuerza Pública debería ser un enfoque en las condiciones básicas de seguridad: la comunidad pide corredores humanitarios para salir de sus zonas —algo que ha sido muy complicado en los primeros días de confrontación—. Las fuerzas militares también deben contemplar medidas para asegurar los cascos urbanos, dado que muchos de los asesinatos selectivos han ocurrido durante incursiones en las cabeceras municipales. El primer paso es salvaguardar el poco espacio de calma que queda para contemplar los pasos hacia adelante.

* Elizabeth Dickinson-Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.

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El Gobierno de Colombia decidió suspender las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a una serie de hechos violentos cometidos por este grupo guerrillero en el Catatumbo, entre los que se destaca el asesinato de una familia, incluyendo a un bebé. El presidente Gustavo Petro calificó estos actos como «crímenes de guerra» y puso en duda la voluntad del ELN para alcanzar la paz.

Crímenes en el Catatumbo

La región del Catatumbo, una zona estratégica en la frontera con Venezuela, se ha convertido en el epicentro de la violencia reciente protagonizada por el ELN. El asesinato de tres civiles, incluyendo a un menor de meses, ha causado rechazo nacional e internacional. Este episodio es solo uno de los muchos actos de violencia que el grupo armado ha intensificado en esta área, afectando tanto a civiles como a comunidades vulnerables.

El presidente Petro, visiblemente consternado, afirmó que los crímenes cometidos por el ELN son inaceptables y que «un grupo que comete tales actos no demuestra verdadera intención de negociar la paz.»

Negociaciones con múltiples obstáculos

Las conversaciones de paz con el ELN, que se llevaban a cabo en Caracas, Venezuela, contaban con el apoyo de ese país como garante. Sin embargo, la persistencia del ELN en mantener actividades militares paralelas al diálogo ha sido un obstáculo constante.

A lo largo del proceso, el grupo guerrillero ha continuado con acciones armadas, reclutamiento de menores y operaciones contra la población civil, lo que ha minado la confianza en su disposición de alcanzar un acuerdo duradero. Además, sectores políticos y sociales han cuestionado la efectividad de las negociaciones al considerar que el ELN utiliza el diálogo como una estrategia para ganar tiempo.

La respuesta del Gobierno

Frente a estos hechos, la administración de Gustavo Petro tomó la decisión de interrumpir el proceso de diálogo, considerando que no existen garantías suficientes para avanzar en un acuerdo. La suspensión representa un momento crítico para los esfuerzos de paz en Colombia, pues el ELN es considerada la última guerrilla activa en el país.

El Gobierno ha reiterado su compromiso con la búsqueda de la paz, pero ha dejado claro que no negociará con grupos que insistan en mantener operaciones que atentan contra los derechos humanos.

Reacciones nacionales e internacionales

Las acciones del ELN han provocado una ola de rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Organismos humanitarios han expresado preocupación por el impacto de la violencia en regiones como el Catatumbo, donde las comunidades sufren las consecuencias de las actividades armadas.

La comunidad internacional también observa con inquietud el deterioro de las condiciones en estas zonas, particularmente en un contexto donde la paz parecía estar más cerca. La escalada de violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también dificulta los esfuerzos para consolidar la estabilidad en Colombia.

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“Las subregiones que no aparecen en el listado: Pacífico Medio, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, es porque ningún proyecto cumplió verificación de requisitos y concepto técnico único sectorial (CTUS), durante la etapa de “Cumplimiento de requisitos para presentación de proyectos al OCAD Paz” que culminó el 02 de diciembre de 2024” dijo Planeación Nacional.

El listado de los proyectos aprobados en todo el país fue revelado en cumplimiento del cronograma de la convocatoria 2 OCAD Paz, con los proyectos elegibles, los cuales cumplieron con verificación de requisitos y concepto técnico único sectorial (CTUS), desde el 20 de septiembre al 02 de diciembre a cargo del equipo DNP y ART, sectores y ministerios correspondientes, según el cronograma de la convocatoria 2.

Para los proyectos que presentaron empate de acuerdo con la evaluación técnica por puntaje, se aplicó el procedimiento de desempate establecidos en el numeral 6 de los términos de referencia de la convocatoria, advirtió Planeación Nacional.

Para la optimización del proceso de la cadena productiva del cacao como producto diferenciador y de alto potencial de desarrollo para las familias del municipio de Briceño Antioquia, fue aprobado un proyecto por valor de 11.714.182.266.

El departamento del Chocó logró la aprobación de cinco proyectos para saneamiento básico y agricultura, por más de 45 mil millones de pesos, para beneficiar poblaciones de los municipios de Istmina, Atrato Medio, Medio San Juan y Nóvita.

Una de las subregiones más beneficiadas fue Montes de María en Córdoba con seis proyectos aprobados por más de 90 mil millones de pesos.

En total fueron aprobados 76 proyectos en las zonas cubiertas por el OCAD Paz, para una inversión cercana al billón de pesos, entre ellos uno por 17.218.649.438,00, para la construcción de un sistema de acueducto para dar solución al desabastecimiento de agua en las veredas Incora, Las Flores y Nicaragua del municipio de Valencia departamento de Córdoba.

Dichos proyectos fueron postulados por 62 entidades habilitadas, distribuidas en 13 Subregiones PDET así: 57 municipios, 4 departamentos y una organización de pueblos étnicos; los cuales podrán contribuir al desarrollo de 13 sectores, donde prevalecen Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y Energía; y Transporte.

El OCAD PAZ, es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Las subregiones que se quedaron por fuera y por las causas ya explicadas fueron: Pacífico Medio, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño.

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La paz se fortalece con cada emisora en Colombia
Este 3 de diciembre se inauguran en Colombia cuatro nuevas emisoras de paz, ubicadas en Buenaventura, Tierralta, Agustín Codazzi y Riosucio, que se suman al esfuerzo nacional de construcción de paz tras el conflicto armado. Con esta iniciativa, se cumple al 100% el compromiso establecido en el Acuerdo Final de Paz, alcanzando un total de 20 emisoras en funcionamiento desde 2019. Este logro es un hito en la implementación del punto 6.5 del acuerdo, el cual establece la creación de emisoras en las regiones más golpeadas por el conflicto.

Emisoras como actores clave en la construcción de paz
Las emisoras de paz son fundamentales para promover la democracia y la convivencia en las regiones más afectadas por el conflicto armado. A través de ellas, se busca ofrecer un espacio de información y pedagogía, permitiendo que las comunidades tengan acceso a noticias sobre el proceso de paz y sus avances. Las nuevas emisoras en Buenaventura, Tierralta, Agustín Codazzi y Riosucio cumplen una función esencial en este contexto, ya que no solo son canales de información, sino también elementos de reconciliación social.

El Acuerdo Final y su compromiso con la información

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de septiembre de 2016, contempló la creación de 20 emisoras de paz en todo el territorio nacional, especialmente en zonas donde el conflicto ha tenido mayor impacto. Este compromiso es parte de los esfuerzos por generar un entorno de paz duradera, con el objetivo de fortalecer la democracia, la educación cívica y la participación ciudadana.

Los equipos de trabajo de las emisoras de paz

Cada emisora es un centro de producción de contenido informativo y pedagógico. Los equipos de trabajo están conformados por un periodista líder, cuatro periodistas encargados de la producción de contenidos, y un técnico de emisión. Lo notable de este proyecto es la participación activa de integrantes de organizaciones sociales, víctimas del conflicto, firmantes de paz y personas con movilidad reducida, quienes aportan sus perspectivas y vivencias al proceso de reconstrucción social a través de los medios.

La implementación del numeral 6.5 del acuerdo
Con la entrada en funcionamiento de las emisoras en las ciudades mencionadas, se ha logrado cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo de Paz, que establece la creación de emisoras en FM para llevar contenidos de pedagogía sobre el acuerdo y su implementación. Estas emisoras, asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), operan 24 horas al día, brindando información de interés público, educación para la convivencia y promoviendo el proceso de reconciliación.

El impacto social de las emisoras de paz

Más allá de su función informativa, las emisoras de paz juegan un papel esencial en el tejido social de las regiones afectadas por el conflicto. Al ofrecer espacios para que las comunidades participen activamente, las emisoras se convierten en canales de reconciliación. Además, como parte de su misión pedagógica, buscan difundir mensajes de convivencia y reconciliación a través de contenidos que promuevan valores cívicos y democráticos. En muchas de estas emisoras, las voces de las víctimas del conflicto y de las comunidades afectadas son escuchadas, lo que representa un avance hacia la inclusión social y política de estos sectores.

El camino hacia la paz continua

Las emisoras de paz no son solo un canal de información, sino un elemento esencial para seguir avanzando en el camino hacia la paz total. Aunque se ha logrado la implementación del compromiso pactado en el acuerdo de paz, el desafío sigue siendo grande. Es crucial seguir apostando por iniciativas que fortalezcan la democracia en las regiones más afectadas por la violencia. Además, el proceso de paz sigue siendo un tema en constante evolución, y estas emisoras desempeñarán un papel clave en los próximos años, adaptándose a los cambios y continuando su misión de fomentar la paz y la convivencia.

La participación de las comunidades y la democratización de la información

La verdadera clave del éxito de las emisoras de paz radica en la participación activa de las comunidades. En cada una de las emisoras de paz se encuentran periodistas, pero también miembros de la comunidad que tienen voz en la construcción de contenido. Esto garantiza que las noticias y los mensajes que se emiten sean relevantes y cercanos a las realidades locales. Además, este modelo de gestión inclusiva asegura que las voces históricamente silenciadas por el conflicto, como las de las víctimas y las poblaciones más vulnerables, tengan un espacio para ser escuchadas y participar en el proceso de reconstrucción social.

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