La ley de reforma a la salud: crónica de una muerte anunciada.

La reforma se hará por decreto 

La crisis de salud más “explícita” de los últimos años parecería ser el escenario óptimo para impulsar una ley de reforma en el sector. Pero no es así. 

En el consejo de ministros de esta semana, el presidente dijo claramente que, si la Comisión Séptima del Senado no aprueba la reforma, el gobierno no presentará un nuevo proyecto, sino que la haría realidad a través de decretos reglamentarios (como hace meses lo había sugerido yo en esta misma revista), y añadió que presionaría la liquidación de las EPS que no paguen sus deudas con los prestadores de servicios y los proveedores de medicamentos. 

Vale recordar que el proyecto inicial del gobierno eliminaba de tajo a las EPS, pero ante el apoyo del 73% de la población a estas entidades, el gobierno y su bancada en el Congreso optaron por un nuevo proyecto que las conservaba bajo el nuevo nombre de “Gestoras de Salud y Vida”, pero quitándoles “el manejo de los recursos públicos” mediante el giro directo de la ADRES a los prestadores y proveedores. En realidad, se trata de un cambio cosmético, como veremos adelante.

Parece pues que la reforma de la salud por medio de una ley ya ha sido descartada. Petro en esta ocasión ha sido realista, y sabe que quienes hundieron la reforma laboral en el Senado seguramente harán lo mismo con la de salud. ¿Implica esto que las dos reformas deban ser sometidas a la consulta popular? 

La respuesta es negativa: según la encuesta Infamar de esta semana, la salud es el principal problema sentido por los colombianos; pese a la responsabilidad que les cabe a las EPS y a las farmacéuticas, el gobierno no puede ocultar su fracaso como gestor ineficiente del sistema, y la población seguramente pasaría su cuenta de cobro si le dan la oportunidad. Esto significa que meter la salud en la consulta haría más difícil su aprobación. 

El Ministerio de Salud debe entonces avanzar en los decretos reglamentarios para llevar a cabo la reforma. Ahora cuenta además con la ley de “competencias y recursos” que está en trámite y a la cual se le pueden colgar temas prioritarios, como la financiación diferenciada de los Centros de Atención Primaria (CAP).

Éxito y colapso de las EPS

Pese al colapso inminente de las EPS, sobre todo por la falta de recursos y de medicamentos, estas “amadas y odiadas” entidades tuvieron su momento de éxito entre 1993 y 2010, cuando su tarea principal fue expandir la cobertura del seguro desde un 20% hasta un 100% de la población. 

Por ese entonces la población demandaba pocos servicios y las EPS simplemente   buscaban más afiliados para captar más Unidades de Pago por Capitación (UPC), usufructuando el 8% o el 10% de este valor por concepto de gastos de administración. Bajo el paraguas de la privatización neoliberal, se creó así un sistema exitoso de expansión apoyado en el pecado capital de la “codicia”, como diría Petro. En unos pocos años, el sistema logró la cobertura universal de la seguridad social, cosa que ningún otro país ha logrado bajo un régimen de “competencia regulada” con múltiples aseguradoras. Costa Rica, Uruguay o Cuba tienen cobertura universal, pero bajo un régimen monopólico del Estado, en contraste con países como Chile o Estados Unidos donde el sistema de competencia de mercado no ha logrado cubrir más del 50% de la población. 

Pero luego de treinta años, las EPS han perdido la mitad del examen, porque después de conseguir la cobertura universal no lograron mejorar la calidad y eficiencia del sistema. Antes podían conseguir más recursos al reclutar nuevos afiliados e inclusive al comprar funcionarios corruptos de la Supersalud, como ocurrió en muchas ocasiones, pero hoy tendrían que ser muy eficientes. En vez de eso han optado por llorarle al Estado e insistir en que la UPC resulta “insuficiente”. 

El gobierno a su turno sostiene que la eficiencia se logra fortaleciendo la atención primaria y en general la prevención y la promoción de la salud. Pero esta es una meta de largo plazo, planteada incluso desde la ley 10 de 1990 (primera ley de la descentralización) y la ley 1438 de 2011 (que reformó la salud pública y la atención primaria). La salud preventiva no ha mejorado mucho debido a falta de voluntad política e inversiones suficientes; infortunadamente todos los sectores piensan en la salud en términos de hospitales, y si en consulta popular se pidiera escoger entre atención primaria (que nadie sabe que es a ciencia cierta) o atención en hospitales con muchas camas y mucha tecnología seguramente ganaría esta segunda opción.

¿Qué se puede reformar por decreto?

El Ministerio de Salud tiene claro que se puede hacer mucho por la vía administrativa y está preparando un paquete de decretos referentes a: 

El giro directo autorizado por la ley del Plan y operativizado por el decreto 489 de abril 2024.No obstante requiere ley para hacerlo universal y obligatorio.

La movilidad de los afiliados entre contributivos y subsidiados (decreto en consulta),

Los promotores de salud y la resolución 2788 de 2022 para crear los Equipos Territoriales de Salud (ETS),

El manual tarifario para evitar abusos en los precios,

La territorialización para adecuar las EPS a su región de operación y preferencia,

El Plan Nacional Rural que es donde existe la menor cobertura de servicios,

El modelo de salud predictivo priorizando la prevención y la promoción.

La conformación de redes y habilitación de servicios para hacer más integral y articulado el sistema.

¿Qué ha hecho el gobierno? 

El principal éxito del gobierno en la reforma al sistema ha sido el fortalecimiento de la ADRES como sistema de recaudo y giro de todos los recursos, sustituyendo así a las EPS. De otra parte, la disposición de modernas plataformas tecnológicas le ha dado una capacidad operativa que nadie soñaba en un sistema centralizado. Adicionalmente, gracias a la Ley del Plan, la ADRES amplió la cobertura de los giros directos a los prestadores, haciéndole un “bypass” a las EPS, y hoy el pago directo cubre el 63% de los afiliados. 

Además, hay que anotar que el resto de los afilados están cubiertos por las EPS que conservan su papel de intermediario financiero; esta aclaración es necesaria porque Petro y al superintendente se equivocaron en el Consejo de ministros al confundir la cobertura de las EPS intervenidas con la cobertura del sistema. 

Por lo demás, el Ministerio podría imponer el “giro directo” en lugar de otra sanción diferente a las EPS por no ponerse al día con sus acreedores, de manera que, en un plazo cercano, este giro directo podría cubrir al 100% de los afiliados. 

Pero el giro directo de los recursos desde la ADRES a los prestadores aún tiene el riesgo de mal manejo, desvío y robo: es como si un padre de familia no le entrega a su hijo una mesada en dinero, y se la cambia por una tarjeta de crédito para que el banco (en este caso la ADRES) les pague directamente a los beneficiarios; el niño sigue siendo el ordenador de los chicles y las golosinas. Más aún: el proyecto del gobierno nombra al niño como “auditor” de las facturitas para que no malgaste la mesada, aunque el papá se reserva la potestad aleatoria de revisar algunas compras.

El otro tema central de la reforma es el fortalecimiento de la atención primaria, lo cual como se dijo está debidamente autorizado desde la ley 10 de 1990 primera ley de descentralización y la ley 1438 de 2011. Algunos expertos piensan que la financiación de los CAP necesita de nuevas normas legales, porque la Corte no avaló un decreto que destinaba el 5% de la UPC a los grupos básicos de profesionales extramurales; creo yo sin embargo que este fallo de la Corte se debió al mal diseño del decreto, y que la ley de competencias y recursos que complementara la regulación del Sistema General de Participaciones podría usarse ahora para definir el tema financiero de los CAP o en general de la Atención Primaria.

Gran problema: la auditoria y el control

El gobierno insiste que el sistema no funciona y que la insuficiencia de la UPC se debe a que los recursos se desvían o se los roban. Pero presenta un proyecto de ley que no cambia el sistema de auditoría y control de los recursos, y en efecto mantiene a las EPS como ordenadoras de esos gastos y ellas mismas como auditoras de las facturas. Además, pretendiendo facilitar el acceso a los servicios, elimina los procesos de autorización previa de todos los servicios y no exige modificaciones especiales de los sistemas de contratación que eviten el descontrol y el despilfarro.

Lo que no se puede cambiar vía decretos

A falta de una nueva ley seguirán vigentes la ley 100 de 1993 y sus pilares, a saber: el sistema de aseguramiento, la dicotomía entre aseguradoras y prestadoras del servicio (EPS-IPS), el Plan de Salud individual, la financiación vía UPC, la centralización en el recaudo, y el giro de los recursos mediante la ADRES. Hay quienes insisten en que no se podrá cambiar nada de la naturaleza jurídica de las EPS.

Lo más grave para el gobierno es que la sobrevivencia de las EPS y de la “neoliberal” ley 100 de 1993 podrían contabilizarse ante la opinión como una derrota política de Petro, que entre otras produjo el sacrificio innecesario del primer gabinete ministerial que sigue siendo deseado por propios y extraños.

Acerca del autor

Iván Jaramillo* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este jueves la reforma a la salud en su segundo debate, permitiendo que el proyecto avance a la Comisión Séptima del Senado para continuar su trámite legislativo.

Avances en la reforma y respaldo gubernamental

Con esta aprobación, el Gobierno obtiene un respaldo significativo para su propuesta de reestructuración del sistema de salud, que ha generado divisiones en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enviaron una carta al Congreso el 5 de marzo solicitando celeridad en el trámite, destacando la urgencia e insistencia del proyecto.

Debate y aprobación de artículos

Durante la sesión, se aprobaron tanto los artículos originales del proyecto como nuevos artículos introducidos en el debate. El representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) defendió la iniciativa, afirmando que busca corregir fallas del sistema actual al centralizar recursos y fortalecer el sector hospitalario.

Preocupaciones y críticas de la oposición

Por otro lado, congresistas como Jennifer Pedraza y Andrés Forero expresaron preocupaciones sobre los posibles impactos de la reforma. Pedraza advirtió sobre el riesgo de facilitar la corrupción en el manejo de los recursos de salud, mientras que Forero señaló la falta de claridad del Gobierno respecto al costo de la reforma y sus efectos fiscales.

Próximos pasos en el Senado

El proyecto ahora será discutido en la Comisión Séptima del Senado, donde enfrentará un nuevo debate. Cabe recordar que, en este mismo escenario, hace poco más de un año, una reforma similar fue archivada, lo que añade incertidumbre al futuro de la propuesta actual.

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La sostenibilidad del sistema de salud en Colombia enfrenta un nuevo desafío tras revelarse que siete EPS han facturado servicios médicos por casi 80.000 millones de pesos correspondientes a personas fallecidas. Este preocupante hallazgo pone en evidencia posibles actos de corrupción que desvían recursos públicos esenciales, afectando la calidad de la atención médica en el país.

Hallazgos que preocupan a las autoridades de salud

Un informe de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud detalla que la facturación post mortem aumentó un 1.000 % en 2023, año en el que las irregularidades comenzaron a salir a la luz. Las autoridades han identificado a siete EPS como responsables de estas prácticas.

Compensar: la EPS con mayores irregularidades

Encabezando la lista se encuentra Compensar, que facturó 53.959 millones de pesos por servicios prestados a 4.569 usuarios fallecidos. Esta cifra representa el mayor porcentaje del monto total reportado. Según el ministro de Salud, los datos corresponden a servicios registrados después del fallecimiento de los usuarios, evidenciando graves fallas en los sistemas de control y auditoría.

El ministro calificó el fenómeno como “alarmante” y afirmó que se investigarán las causas detrás de estos cobros irregulares para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos del sistema de salud.

Otras EPS implicadas en el escándalo

Además de Compensar, otras EPS involucradas en la facturación indebida son:

• Famisanar: Facturó servicios para 30.007 personas fallecidas, sumando más de 6.198 millones de pesos.
• Salud Total: Emitió cobros por 5.752 millones de pesos, relacionados con 3.128 usuarios fallecidos.
• Sura: Registró 6.520 servicios médicos a fallecidos, con un valor aproximado de 3.342 millones de pesos.
• Sanitas: Reportó servicios a 2.752 fallecidos, cobrando 2.020 millones de pesos.
• Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia: Incluyó 612 casos, con cobros por 2.499 millones de pesos.
• Esta Salud: Facturó servicios médicos para 633 personas fallecidas, por un valor de 1.623 millones de pesos.

Estas cifras resaltan la necesidad de una revisión profunda de los procesos administrativos y de facturación en el sector salud.

Posibles causas detrás de los cobros indebidos

Expertos han señalado que estas irregularidades podrían estar relacionadas con inconsistencias en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un indicador que determina los recursos asignados a las EPS por cada afiliado.

El problema radica en que la UPC no se calcula con base en la inflación del sector salud, sino en la inflación general del país, lo que podría haber incentivado la emisión de facturas indebidas para compensar costos operativos.

Esta distorsión, combinada con deficiencias en los sistemas de control, ha permitido que las irregularidades pasen desapercibidas durante años.

Repercusiones y el llamado a fortalecer los controles

El impacto de estos cobros indebidos no solo afecta la transparencia del sistema de salud, sino que también compromete la calidad de la atención médica a los usuarios vivos. El desvío de recursos públicos esenciales pone en riesgo la sostenibilidad del sector y la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables.

Las autoridades de salud han iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad de las EPS implicadas y garantizar que estas prácticas sean erradicadas. Fortalecer los sistemas de control y auditoría será clave para evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro.

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Este es otro aporte del Gobierno del Cambio a la reparación de una deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas de la masacre que allí ocurrió, con la comunidad y con todo el departamento.

El director, además, anunció el compromiso para la construcción de un sendero, de aproximadamente 2 kilómetros, que conectará el nuevo casco urbano con el antiguo, donde ocurrió la explosión. Será un ‘sendero de la memoria’, según su propia definición, para el que la entidad aportará 4.000 millones de pesos.

“Estamos haciendo entrega de esta bella infraestructura a una comunidad que lo merece, que ha sufrido la violencia, que no tenía garantizado su derecho a la salud, y hoy, desde el Gobierno nacional, le estamos diciendo a Bojayá: aquí estamos presentes, en los territorios más olvidados”, dijo el director Gustavo Bolívar.

La edificación para el nuevo hospital está situada en el casco urbano de Bojayá, denominado Bellavista, donde el pueblo fue reubicado tras la tragedia del 2 de mayo de 2002, cuando un ataque con cilindro bomba causó la muerte de 80 personas y el desplazamiento de unas 5.771, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. La comunidad nombró la edificación como “Hospital 2 de mayo”, en conmemoración a la fecha en que la violencia les cambió la vida, y como una decisión de resignificar y no olvidar su historia.

Con esos referentes, para algunos pobladores, como la lideresa Máxima Asprilla, esta obra es recibida como un acto de reparación a las víctimas. Para el convenio que amparó su construcción la entidad destinó 9.740 millones de pesos, e intervino un área de 2.712 metros cuadrados.

La planta consta de sala de rayos x, área de consulta externa, zonas comunes, laboratorio clínico, farmacia, área de hospitalización, zona de urgencias, obstetricia, áreas administrativas, lavandería, zona de producción de alimentos, y de esterilización, entre otras.

La nueva infraestructura estará adscrita a la empresa social del estado (ESE) Hospital San Francisco de Asís, según el alcalde, Hailton Perea Chaverra. De esta forma, esperan canalizar otros recursos del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, para su dotación.

La aspiración del gobierno local es que la nueva edificación absorba los servicios que presta con dificultad el centro de salud actual e incorporar atención de primer nivel, como consulta externa, y algunas prestaciones de segundo nivel, como laboratorio e imágenes diagnósticas. Esto mejoraría significativamente la atención para las 45 comunidades indígenas y 19 afrodescendientes que hacen parte del municipio de Bojayá. “Hoy sólo tres comunidades cuentan con puestos de salud, y en malas condiciones”, dijo Perea.

De acuerdo con las autoridades locales, ese impacto también se podría extender a unas 20.000 personas, que es la población estimada de los cinco municipios que integran la subregión del Darién, en el norte de Chocó. Estos municipios son: Acandí, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Río Sucio y Ungía.

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Aunque con particularidades adecuadas a los tiempos actuales, esta figura evoca al promotor de salud que recorría las zonas rurales del país y que, como mano derecha del médico y más allá de la atención sanitaria, desempeñaba un importante rol en la construcción de tejido social en el país.

El decreto 1409 orienta a los actores del sistema de salud sobre los aspectos relacionados con la oferta del programa de formación del auxiliar promotor de salud, y subraya su enfoque comunitario y culturalmente adecuado para cada región.

De acuerdo con la norma, los auxiliares promotores de salud tendrán un papel central en la articulación de la comunidad con los actores del sistema, contribuyendo al cuidado de la vida, la salud, la promoción de la salud, el bienestar integral de las poblaciones y al logro de los resultados en salud.

Según el Ministerio de Salud, la formación de los auxiliares promotores de salud tendrá adecuaciones etnoculturales en función de las cosmovisiones, saberes y prácticas propias en los territorios.

Dicha formación estará a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras instituciones educativas del país debidamente reconocidas por la autoridad competente y tendrá una duración de entre 1.000 a 1.200 horas, con formación teórica y práctica, con un enfoque intercultural y diferencial.

El decreto también establece que los auxiliares promotores de salud, al obtener el certificado de formación o de aptitud ocupacional, deberán registrarse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social regulará el ejercicio, desempeño y las acciones de los auxiliares promotores de salud en función de las necesidades del sistema de salud y de la planeación y gestión del talento humano en salud en el territorio.

El decreto también precisa que las modalidades del personal auxiliar en salud son las siguientes:

 Auxiliar administrativo en salud

Auxiliar en enfermería

Auxiliar en salud oral

Auxiliar en salud pública

Auxiliar en servicios farmacéuticos

Auxiliar promotor de salud

 En sus considerandos, el decreto recalca que “los avances y las experiencias internacionales y nacionales de los promotores de salud como parte del equipo de salud, han mostrado su contribución en la mejora del acceso, uso de los servicios y resultados en salud, así como en el desarrollo de acciones para el fomento de la pertinencia cultural de la prestación de los servicios, la promoción y la gestión de las necesidades en salud, por lo cual se considera necesario la inclusión del promotor de salud como personal auxiliar en las áreas de la salud’.

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Mientras la oposición mediatica dice que destruimos el sistema de salud nosotros construimos una reforma de la salud para usted.

Este es la institución de salud que entregamos en Montería. No la verás en noticieros y no es render…reproducelo. pic.twitter.com/1uMN2QEhRk

«En medio de las críticas de la oposición mediática que afirma que hemos destruido el sistema de salud, es importante destacar que en realidad hemos trabajado arduamente en la construcción de una reforma integral para beneficiar a la comunidad. Un ejemplo palpable de este esfuerzo es la institución de salud que hemos entregado en Montería. Gustavo Petro

Contrario a lo que se pueda ver en los noticieros, esta institución no es un mero render o una promesa vacía; es una realidad que ha sido materializada para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

En términos concretos, la reforma de salud en Montería ha implicado una serie de cambios significativos. Hemos invertido en infraestructura moderna y equipamiento de última generación para garantizar la atención médica de calidad. Asimismo, hemos fortalecido los programas de prevención y promoción de la salud, fomentando hábitos saludables y previniendo enfermedades.

Además, hemos optimizado los procesos administrativos y de gestión, reduciendo tiempos de espera y agilizando la atención al paciente. Esto se traduce en una mejor experiencia para quienes acuden a nuestros servicios de salud.

El impacto positivo de esta reforma no se limita únicamente al ámbito de la salud. Ha generado empleo en la comunidad, ha dinamizado la economía local y ha fortalecido la confianza en las instituciones públicas. Todo esto contribuye a un desarrollo integral y sostenible de Montería y sus habitantes.

Es fundamental destacar que este logro no es producto de la improvisación, sino de un trabajo planificado y ejecutado con responsabilidad y compromiso. Invitamos a todos a conocer de cerca esta realidad, que contrasta con las narrativas negativas que a veces prevalecen en los medios de comunicación.

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Gobierno interviene en EPS

En medio de la intervención en la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, el presidente Petro asegura que los pacientes no serán afectados. Esto se hace evidente con la designación de un interventor y una junta asesora para abordar los problemas financieros de las EPS intervenidas.

Petro invita a gobernadores y alcaldes

En su pronunciamiento, el mandatario invita a las autoridades locales a colaborar en la formación de redes regionales de clínicas y hospitales. Esta medida busca fortalecer la atención médica a nivel regional y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos.

ADRES se encargará de bases tarifarias

Petro anuncia que la ADRES establecerá las bases tarifarias y auditará las cuentas de las EPS, promoviendo la transparencia y eficiencia en el sistema de salud. Además, invita a las EPS a cumplir requisitos para ser auditores de cuentas externas, reforzando la rendición de cuentas en el sector.

La intervención en las EPS y las acciones anunciadas por el presidente Petro representan un paso importante hacia la mejora del sistema de salud en Colombia. Garantizar la atención a los pacientes, promover redes regionales de salud y fortalecer la transparencia en las finanzas de las EPS son aspectos clave de esta estrategia. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud, buscando asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos de calidad.

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El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud

La Superintendencia de Salud anunció recientemente la intervención de la Nueva EPS, la cual es considerada la aseguradora más grande del país con cerca de 10 millones de afiliados. Este evento desató alertas desde el Congreso, donde se especula que en los próximos días se intervendrán otras EPS importantes como Confandi y Sura.

La senadora Paloma Valencia, en sus redes sociales, ha sostenido que estas intervenciones están programadas para los próximos días, aunque el gobierno nacional aún no ha confirmado oficialmente estos procedimientos.

Me dicen que mañana intervienen Confandi y el viernes Sura.

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 4, 2024

Garantías para los afiliados y continuidad de tratamientos médicos

Ante las especulaciones y preocupaciones sobre cómo afectarán estas intervenciones a los afiliados de las EPS, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que el gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud.

Según declaraciones del mandatario, los afiliados no se verán afectados y sus tratamientos médicos no serán suspendidos. Esto se respalda con la implementación de una junta asesora en las EPS intervenidas, la cual estará conformada por representantes de clínicas, hospitales, proveedores y pacientes, garantizando así la continuidad de la atención sin problemas.

Impacto en el sistema de aseguramiento médico en Colombia

Estas intervenciones a las EPS más grandes del país no solo generan preocupaciones en cuanto a la atención de los pacientes, sino que también reflejan los cambios y ajustes que se están llevando a cabo en el sistema de salud de Colombia.

La situación actual pone en relieve la importancia de encontrar un equilibrio entre la eficiencia del sistema y la protección de los derechos y necesidades de los usuarios. Asimismo, el debate se intensifica en el contexto de la reciente reforma a la salud que ha generado controversias y discusiones en el ámbito político y social.

En conclusión, las alertas de la senadora Paloma Valencia sobre posibles nuevas intervenciones en EPS como Confandi y Sura reflejan la sensibilidad y la atención que se debe tener hacia el sistema de salud en Colombia. El compromiso del gobierno de garantizar la continuidad de la atención médica para los afiliados es crucial en medio de estos cambios y reajustes en el sistema de aseguramiento médico del país.

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El Jefe de Estado se refirió al informe de la Contraloría General de la República según el cual 26 Empresas Promotoras de Salud (EPS) adeudan 25 billones de pesos y 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.

Entre esos 25 billones de pesos hay deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas.

“La derecha colombiana dice que lo que hay es que darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud, precisó el mandatario.

Indicó que mediante este sistema de intermediación privada de recursos se construyó “un mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada’.

“El faltante, dice la Contraloría, es de 25 billones de pesos desde que se obligó a crear en las EPS las reservas técnicas, como toda aseguradora debe hacer, cosa que evadieron, y en la deuda que no pagan a los hospitales y clínicas, dato que no está traído a valor presente, subvalorándolo’, subrayó el jefe de Estado.

Los recursos públicos se convirtieron en patrimonio de los dueños y/o administradores de más de 130 EPS que se crearon en los últimos 30 años y se “transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales, y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada, explicó el mandatario.

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Incumplimientos en la Gestión de Datos para el Plan Nacional de Vacunación

La EPS Sanitas, una entidad clave en el sistema de salud, ha sido objeto de una multa sustancial de 350 millones de pesos, confirmada por la Superintendencia de Salud. Esta sanción se basa en el incumplimiento de instrucciones cruciales durante la pandemia del Covid-19, específicamente en relación con la gestión de bases de datos para el Plan Nacional de Vacunación.

La investigación revela que la EPS Sanitas omitió tres comunicaciones emitidas por la Supersalud, las cuales contenían instrucciones y órdenes puntuales dirigidas a la regional Caribe de la EPS. Estas instrucciones buscaban garantizar el suministro de bases de datos depuradas, actualizadas y oportunas en el distrito de Barranquilla. La eficiente gestión de estas bases de datos era esencial para el agendamiento de usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, un aspecto crítico para la aplicación efectiva de las dosis diarias.

Sanción Confirmada y Proceso de Apelación

La sanción inicial fue objeto de un proceso de reposición por parte de Sanitas, sin embargo, la Superintendencia de Salud confirmó la multa. La posterior apelación fue resuelta mediante una resolución emitida el 27 de diciembre de 2023. Esta confirmación refuerza la postura de la Supersalud respecto a la falta de diligencia de la EPS Sanitas en el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

Implicaciones de la Falta de Diligencia en Emergencias Sanitarias

La resolución de la Supersalud destaca que la EPS Sanitas no actuó con la diligencia debida al no responder en los tiempos otorgados a las comunicaciones emitidas en abril y mayo de 2021. La entidad sostiene que este incumplimiento obstaculizó las funciones de inspección, vigilancia y control, limitando las acciones de vigilancia del cumplimiento de los planes diseñados para afrontar la emergencia sanitaria.

En situaciones de emergencia como la pandemia del Covid-19, la eficiencia y la prontitud en la respuesta son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de los planes de vacunación y otras medidas sanitarias. La falta de cumplimiento de las instrucciones impartidas puede tener consecuencias significativas, como lo evidencia la multa impuesta a la EPS Sanitas.

La sanción de 350 millones de pesos impuesta a la EPS Sanitas subraya la importancia de la diligencia y la adhesión a las instrucciones durante periodos críticos. Esta situación destaca la responsabilidad que las entidades de salud tienen en la gestión eficiente de datos y en la implementación de medidas para hacer frente a emergencias sanitarias. La decisión de la Superintendencia de Salud establece un precedente en cuanto a la importancia de la cooperación y el cumplimiento riguroso de las directrices en el sector de la salud.

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