Cay贸 licencia de hidroel茅ctrica
Exig铆an la devoluci贸n de la licencia y una indemnizaci贸n de 16 mil millones de pesos por los perjuicios, pretensiones que el Tribunal Administrativo de Antioquia concedi贸 en el a帽o 2016.
Un fallo del Consejo de Estado respald贸 el actuar leg铆timo de las instituciones p煤blicas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el territorio nacional y libr贸 a la naci贸n de pagar una indemnizaci贸n de 16 mil millones de pesos al rechazar una demanda que ped铆a anular una decisi贸n de la Corporaci贸n Aut贸noma de Antioquia (Corantioquia) que neg贸 la licencia al proyecto hidroel茅ctrico de r铆o Fr铆o.
La Secci贸n Primera del alto tribunal anul贸 una sentencia inicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, que condenaba a la naci贸n al hacerla responsable por la revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto Generaci贸n de Energ铆a Hidroel茅ctrica, Riego y Acueducto del r铆o Fr铆o, que pretend铆a construir una central a filo de agua en el municipio de T谩mesis (Antioquia), confirm贸 la Agencia Nacional de Defensa Jur铆dica del Estado (ANDJE).
Los demandantes exigieron la devoluci贸n de la licencia y una indemnizaci贸n de 16 mil millones de pesos por los perjuicios causados, pretensiones que el Tribunal Administrativo de Antioquia concedi贸 en el a帽o 2016.
La Agencia, en su intervenci贸n, comprob贸 que la revocatoria de la licencia ambiental se bas贸 en estudios t茅cnicos actualizados, que demostraban la insuficiencia del caudal del r铆o Fr铆o para soportar el proyecto en los t茅rminos propuestos. As铆 mismo, explic贸 que la actuaci贸n de la autoridad ambiental fue legal, objetiva y sustentada en la normativa vigente.
El alto tribunal hall贸 raz贸n en los apelantes y comprob贸 que la licencia ambiental es una herramienta de car谩cter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno. Por tanto, no exist铆a un da帽o antijur铆dico ni una relaci贸n directa entre la actuaci贸n administrativa y los perjuicios reclamados, lo cual impide declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
