Jueves, 27 de junio de 2024
El Consejo de Estado, en un fallo trascendental, resolvió una demanda de pérdida de investidura contra diez congresistas que habían hecho donaciones para las vías 4G en Antioquia. Este fallo mantiene las curules de los legisladores, quienes fueron acusados de violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al contribuir financieramente a este proyecto.
Demanda de Pérdida de Investidura
El abogado Carlos Mario Patiño presentó la demanda, argumentando que las donaciones realizadas por los congresistas constituían un contrato con una entidad pública, lo que, según él, infringía el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política. Este artículo prohíbe la gestión de asuntos ante entidades públicas, la representación ante ellas y la celebración de contratos por parte de los congresistas, salvo excepciones legales.
Argumentos del Demandante
Patiño sostuvo que los congresistas no podían alegar ignorancia, ya que estaban en condiciones de conocer las posibles violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. «No podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades», señaló el abogado en una entrevista.
Fallo del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado César Palomino, determinó que en este caso no se materializó un contrato debido a la falta de consentimiento expreso por parte de los legisladores. «No se evidenció que intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros», señaló el alto tribunal.
Análisis del Consejo de Estado
El tribunal también indicó que no se probó que los congresistas utilizaran la «vaca» en su propio beneficio. Las conclusiones del Consejo de Estado explican que «el aporte iba encaminado a la financiación de obras cuyo beneficiario es la comunidad, no se probó que se afectara el bien jurídico que la prohibición pretende tutelar, cual es el interés general».
Mantenimiento de la Investidura
Este fallo permite a los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal; y a los representantes Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado, continuar en sus cargos. Ellos fueron elegidos para el periodo constitucional 2022-2026 y mantendrán sus curules gracias a esta decisión.
Proceso Judicial y Recolección de Pruebas
El proceso judicial comenzó el 22 de mayo de 2024, con la recolección de pruebas testimoniales respecto al manejo de los dineros recaudados en la “vaca” por las vías 4G de Antioquia. Óscar Marín, subsecretario de Hacienda de la Gobernación, aclaró que los fondos provenientes de la iniciativa no fueron transferidos a una fiducia, sino a una cuenta de depósito.
Transparencia en el Manejo de Fondos
Marín aseguró que, dado que el dinero permanece en el banco esperando el resultado de la revisión, los ciudadanos pueden solicitar la devolución de sus aportaciones si así lo desean. «No se ha aceptado la donación a absolutamente a nadie de los 15.000 ciudadanos que han aportado hasta ahora, porque estamos en este análisis y no se ha incorporado recurso alguno al presupuesto departamental», afirmó Marín.
Compromiso con la Transparencia
El subsecretario reafirmó que la administración seguirá observando todos los procedimientos necesarios antes de tomar cualquier acción con los fondos recaudados, asegurando que todos los casos serán revisados individualmente para resolver cualquier petición de devolución en el menor tiempo posible. «Estamos comprometidos con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de estos recursos», concluyó Marín.
Reflexión Final
El fallo del Consejo de Estado destaca la importancia de la transparencia y la claridad en las acciones de los funcionarios públicos. Esta decisión refuerza la confianza en el sistema judicial y subraya la necesidad de seguir procedimientos claros y transparentes en la gestión de recursos públicos. La conclusión del caso deja un precedente sobre cómo las contribuciones de los legisladores pueden ser vistas en el marco de la legalidad y el interés general.
