Incautan bienes por $2.300 millones a cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en Apartadó y Turbo – Antioquia

28 de noviembre de 2024

Las autoridades han dado un golpe contundente al patrimonio ilícito del narcotráfico en Colombia. En el Urabá antioqueño, fueron ocupados 101 bienes que pertenecerían a alias Pelomono, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal. Las propiedades, avaluadas en más de 2.300 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y ocultadas bajo nombres de terceros.

Estrategia contra el narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado una estrategia investigativa para rastrear y afectar los activos ilegales de estructuras criminales. Alias Pelomono, identificado como Pedro Pablo Guzmán Usma, sería responsable de cobrar a otras redes para garantizar la salida de cocaína por el Golfo de Urabá.

Los bienes, distribuidos entre los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia), incluyen:

• 7 inmuebles urbanos.
• 27 vehículos.
• 66 semovientes.
• Un establecimiento de comercio.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados del cabecilla con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evadir a las autoridades.

Impacto en el patrimonio criminal

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes. Este es un paso importante en la estrategia estatal de afectar las finanzas de las estructuras armadas ilegales y debilitar su capacidad operativa.

Alias Pelomono, capturado en enero de este año, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Su vínculo con alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, lo posiciona como una figura clave dentro de la organización.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades de combatir el narcotráfico desde su base económica y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

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