Ministerio de Igualdad operará hasta 2026
Ministerio de Igualdad operará hasta 2026 mientras se resuelven irregularidades legislativas.
En un fallo reciente, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado inexequible la ley 2281 de 2023, la cual estaba destinada a establecer el Ministerio de Igualdad y Equidad. Este dictamen se basa en irregularidades procesales detectadas en su trámite legislativo, lo que representa un revés significativo para la iniciativa promovida por la vicepresidenta Francia Márquez.
Errores Procedimentales en el Congreso
Análisis Fiscal Ausente
La Corte encontró que el proceso legislativo carecía de un análisis de impacto fiscal adecuado, requerido por la ley 819 de 2003. Esta omisión contraviene el artículo 151 de la Constitución, que dicta la necesidad de cumplir con todas las formalidades previstas para la aprobación de leyes ordinarias, y subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal en la gestión gubernamental.
Continuidad Temporal del Ministerio
Funcionamiento Hasta 2026
A pesar de la decisión de la Corte, se ha establecido que el Ministerio de Igualdad y Equidad continuará operando hasta el 20 de junio de 2026. Durante este período, el Congreso tiene la oportunidad de corregir los defectos procesales identificados, lo que podría permitir la reinstauración formal del ministerio bajo los parámetros constitucionales adecuados.
Impacto en las Políticas Públicas
Protección a Grupos Vulnerables
La Corte también destacó que la eliminación inmediata del Ministerio podría causar desarticulación institucional, afectando adversamente la implementación de políticas públicas destinadas a proteger a grupos de especial protección constitucional, como las madres cabeza de familia y personas en situación de discapacidad. Este punto subraya la delicada balance entre la legalidad procedimental y las necesidades sociales urgentes.
Futuro del Ministerio y Legislación
Dos Legislaturas para Actuar
Finalmente, el fallo ofrece un término hasta la legislatura de 2025-2026 para que el Congreso o el Ejecutivo actúen. Este tiempo debería ser suficiente para reasignar funciones o reestructurar el ministerio de manera que continúe cumpliendo con su propósito sin comprometer los derechos de los beneficiarios de sus políticas.
