En un debate de control político realizado ante la Comisión Tercera del Senado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, compartió datos clave sobre el panorama macroeconómico del país, resaltando avances en inflación, utilidades históricas y crecimiento económico.

El Banco de la República, según Villar, proyecta utilidades que podrían alcanzar los $10 billones para fin de año, superando el récord de $9,2 billones registrado en 2023. A octubre de este año, las ganancias ya se ubicaban en $8,6 billones, lo que refuerza las expectativas positivas.

Inflación bajo control y perspectivas alentadoras

Villar enfatizó que la inflación ha mostrado una significativa reducción frente al año pasado. Mientras que en 2023 cerró con niveles superiores al 9%, este año se espera que promedie un 5%. Además, para 2025, el gerente proyectó una inflación del 3%, resaltando la importancia de esta disminución para la estabilidad económica.

Crecimiento económico por encima de Estados Unidos

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia liderará el crecimiento económico en América Latina para 2025 con un 2,9%, superando incluso a potencias como Estados Unidos, que se proyecta crecerá un 2,2%. «Este crecimiento reafirma la recuperación de sectores estratégicos que impulsan el desarrollo del país», afirmó Villar.

Ajustes en la política monetaria

Leonardo Villar también destacó que el Banco continuará evaluando las fluctuaciones económicas para ajustar las tasas de interés con cautela. «El objetivo es seguir reduciendo las tasas mientras se protege la estabilidad económica del país», señaló.

La estabilidad económica y el liderazgo regional proyectan un panorama prometedor para Colombia, situándola como una de las economías más dinámicas de la región.

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La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha generado gran expectativa y controversia en Colombia. La propuesta busca reducir las transferencias de la Nación a municipios y departamentos con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del país y permitir mayor autonomía regional en la distribución de recursos para sectores claves como la salud, educación y saneamiento básico. Sin embargo, la medida ha despertado opiniones encontradas tanto en el Congreso como en el ámbito empresarial, que resaltan la importancia de una transición planificada y técnica para evitar un impacto negativo en las finanzas locales.

Reforma al SGP: ¿Qué cambios propone?

La reforma al SGP, actualmente en su sexto debate, contempla una reducción del porcentaje de ingresos corrientes de la Nación destinados a departamentos, distritos y municipios, pasando de un 46,5% a un 39,5%. El objetivo, según el senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, es garantizar la sostenibilidad fiscal del país, aunque esto implique una disminución en los fondos asignados desde el gobierno central hacia las entidades territoriales. Esta medida impactaría directamente en la capacidad de los entes locales para gestionar áreas fundamentales.

Autonomía regional: una prioridad para los defensores de la reforma

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha mostrado su respaldo a la idea de fortalecer la autonomía de los municipios y departamentos en cuanto a la gestión de sus recursos. Para él, es necesario que las entidades regionales puedan decidir sobre sus inversiones sin depender del Ministerio de Hacienda en Bogotá. No obstante, Cárdenas advierte que el proyecto actual presenta ciertas limitaciones que podrían crear desafíos fiscales a largo plazo.

Cárdenas propone que el porcentaje de transferencias quede definido en la Constitución, pero sugiere que una ley complementaria regule la distribución de esos recursos, revisándose cada cinco años para ajustar obligaciones y responsabilidades entre los niveles de gobierno. Esta recomendación busca evitar que las finanzas territoriales se vean afectadas por cambios en el contexto económico y garantizar un equilibrio entre los recursos transferidos y las competencias asignadas a cada entidad.

Críticas al proyecto y propuestas alternativas

A pesar del respaldo parcial de algunos sectores, el proyecto ha recibido críticas por el riesgo de reducir los fondos disponibles para los entes locales. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, subrayó que el país ha sido históricamente centralista, lo cual limita el desarrollo regional. Mac Master considera que la reforma es una oportunidad para corregir este problema, siempre y cuando se implemente cuidadosamente.

La necesidad de una transición técnica y planificada

Para Mac Master, la solución radica en un análisis profundo que permita evaluar el impacto económico, político y financiero de la reforma. Señala que, si bien la descentralización es una aspiración importante, adoptar una reforma sin un análisis técnico adecuado podría agravar los problemas de financiación y gestión en los municipios y departamentos. «Lo que debemos hacer ahora es un ejercicio juicioso y nacional, donde se evalúen los recursos necesarios para lograr la autonomía territorial», comentó.

Un llamado a un consenso técnico y responsable

Ante los distintos puntos de vista, tanto el senador Ávila como figuras del ámbito económico han coincidido en la necesidad de establecer un marco fiscal y legal que garantice la viabilidad financiera del proyecto. Este marco debería incluir disposiciones para la distribución y gestión de los recursos transferidos, considerando las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Propuestas para una implementación gradual

La propuesta de Cárdenas de incluir revisiones quinquenales y la necesidad de una ley que regule el aumento progresivo de transferencias ha ganado apoyo, ya que permitiría una adaptación gradual al nuevo sistema de financiamiento. Esta opción asegura que los departamentos y municipios puedan planificar sus presupuestos y obligaciones con mayor claridad, evitando posibles recortes abruptos que afectarían su capacidad operativa en áreas críticas como la salud y la educación.

Un avance en la autonomía territorial, pero con retos fiscales

El proyecto de reforma al SGP representa un paso significativo hacia una mayor autonomía de los entes territoriales en Colombia. Sin embargo, la reducción de las transferencias desde el gobierno central plantea importantes desafíos, en particular para aquellos municipios y departamentos que dependen en gran medida de estos fondos para sus operaciones diarias.

Por tanto, la implementación de esta reforma exige un proceso de transición planificado y sustentado en criterios técnicos. La propuesta de una ley adicional que defina los términos de las transferencias y sus aumentos, junto con revisiones periódicas, podría ser clave para lograr un equilibrio entre la autonomía local y la sostenibilidad fiscal de la Nación. Además, un análisis jurídico, político y financiero exhaustivo ayudaría a garantizar que el proceso sea efectivo y no impacte negativamente las finanzas territoriales.

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