En una audiencia realizada el 10 de agosto en Neiva, 74 militares del Ejército Nacional confesaron su participación en el asesinato de 200 personas, presentadas falsamente como bajas en combate, entre los años 2005 y 2008. Este acto se enmarca dentro del subcaso Huila del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. La audiencia fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y contó con la presencia de organizaciones de víctimas que exigieron la no repetición de estos crímenes y un proceso de reconciliación.

Reconocimiento de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Entre los 74 militares que comparecieron ante la JEP, 28 fueron identificados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los crímenes aceptados por estos militares, quienes pertenecieron a la novena brigada del Ejército Nacional, incluyeron la ejecución extrajudicial de personas inocentes, las cuales fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como los ‘falsos positivos’.

El coronel retirado Carlos Salamanca, quien fue el comandante del batallón Cacique Pigoanza, admitió su responsabilidad al ordenar que informantes establecieran contacto con grupos armados ilegales para facilitar el traslado de las víctimas a los pelotones. En su testimonio, Salamanca reconoció que su intención era asegurar que estas personas, quienes no tenían ningún vínculo con el conflicto armado, fueran asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Impacto y Respuesta de las Víctimas

Durante la audiencia, las organizaciones de víctimas hicieron un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre estos hechos y asegurar que no se repitan. Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) y representante de las víctimas, subrayó la importancia de este reconocimiento por parte del Ejército colombiano como un paso hacia la reconciliación nacional.

Asimismo, el soldado retirado Andrés Morales, otro de los comparecientes, admitió su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Morales expresó su arrepentimiento y reconoció que participó en el asesinato de personas inocentes que no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

El Patrón Criminal en Huila

El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, ofreció detalles adicionales sobre el patrón criminal en la región de Huila, revelando que en los últimos 30 años se han documentado 157 asesinatos con 307 víctimas, de las cuales 22 eran menores de edad y 9 mujeres. Según Ramelli, la existencia de este patrón apunta a la participación de, al menos, 640 presuntos responsables en estos crímenes.

La confesión de los militares ante la JEP es vista como un avance significativo en el proceso de verdad y justicia en Colombia. Sin embargo, las víctimas y sus representantes continúan exigiendo medidas concretas para garantizar la no repetición de estos hechos y un compromiso genuino con la reparación integral.

Hacia la Reconciliación y la No Repetición

La audiencia en Neiva representa un hito en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos en Colombia. El reconocimiento de culpabilidad por parte de estos militares, aunque doloroso, es un paso necesario para que las víctimas puedan comenzar a sanar sus heridas.

La sociedad colombiana está ante una oportunidad histórica para reflexionar sobre el pasado y asegurar que estos crímenes no se repitan nunca más. Las organizaciones de víctimas han enfatizado que la verdadera justicia no solo radica en el reconocimiento de los crímenes, sino en la implementación de medidas efectivas que eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir.

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El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 de Buenos Aires ha aceptado una querella contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunta vinculación con desapariciones forzadas y asesinatos, comúnmente conocidos como falsos positivos. Este caso ha generado gran interés debido a su relevancia internacional y al uso de la jurisdicción universal.

Aceptación de la Querella

El juzgado argentino decidió aceptar investigar el caso contra Álvaro Uribe, presentando un significativo avance en el proceso judicial. Tres organizaciones de derechos humanos, el Colectivo CAJAR, el Comité para la Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, presentaron la querella en noviembre del año pasado. Estas organizaciones representaron a cuatro familias y siete víctimas no identificadas en el caso.

¿Por Qué Argentina?

El caso fue llevado a Argentina debido al principio de jurisdicción universal. Este principio permite que crímenes de lesa humanidad sean juzgados en cualquier país cuando en el país de origen no existen las condiciones adecuadas para realizar el juicio. Este mecanismo ha sido crucial en casos históricos como el del exdictador chileno Augusto Pinochet, juzgado en España y Reino Unido.

Implicaciones del Caso

El abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, ha explicado que esta aceptación es solo un paso inicial en el proceso judicial. Ahora, el tribunal argentino revisará las pruebas presentadas y solicitará más información a las autoridades colombianas para avanzar en la investigación. Este proceso podría tomar varios años, pero es un avance significativo para las víctimas y las organizaciones involucradas.

Pruebas y Procedimientos

Hasta el momento, se han presentado 260 elementos probatorios recolectados de la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia. Las autoridades argentinas han comenzado a solicitar más información a través de exhortos a la fiscalía y otros organismos judiciales colombianos.

Precedentes Internacionales

Argentina ha sido un país activo en la aplicación de la jurisdicción universal, especialmente debido a su propia experiencia con crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Esta práctica ha permitido que casos de gran relevancia internacional sean juzgados en su territorio, como el del franquismo en España y más recientemente el de un expresidente de Centroamérica.

Cooperación Internacional

La cooperación internacional es esencial para el avance de este caso. Las autoridades colombianas deberán proporcionar información y pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsabilidades. Además, es probable que otras víctimas se sumen a la causa en Argentina, lo que podría ampliar aún más el alcance de la investigación.

Futuro del Caso

El caso contra Álvaro Uribe representa un desafío legal y político significativo. Establecer responsabilidades no solo recae en el expresidente, sino también en otros funcionarios que podrían estar implicados en los crímenes. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia ha sido clave en la recopilación de pruebas, pero el proceso en Argentina podría arrojar nueva luz sobre los eventos y abrir nuevas posibilidades para la justicia.

Un Largo Camino

El abogado Arboleda ha señalado que este proceso será de largo aliento. La experiencia con otros casos similares, como el del franquismo, que lleva 13 años en Argentina, sugiere que este tipo de investigaciones requieren tiempo y paciencia. Sin embargo, cada avance, como la reciente admisión de la querella, es un paso importante hacia la justicia para las víctimas.

Conclusión

La aceptación de la querella contra Álvaro Uribe en Argentina es un avance significativo en la búsqueda de justicia por los falsos positivos en Colombia. Este caso resalta la importancia de la jurisdicción universal y la cooperación internacional en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. A medida que el proceso avance, será crucial seguir de cerca los desarrollos y apoyar los esfuerzos para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

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Juicio de la JEP

Acusaciones de Crímenes de Guerra

En un proceso histórico, la JEP ha comenzado la etapa de juicio oral contra ocho exmilitares vinculados con los falsos positivos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Estos crímenes ocurrieron entre 1997 y 2007, periodo en el cual los acusados participaron en asesinatos y desapariciones forzadas. La JEP busca esclarecer estos hechos y proporcionar justicia a las víctimas.

Reconocimiento de Responsabilidad

Confesiones y Culpabilidad

Durante las audiencias, los procesados reconocieron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este reconocimiento es un paso crucial para la reparación de las víctimas y para el establecimiento de la verdad. Los acusados han admitido ante la justicia, las víctimas y el país su participación en estos actos atroces, lo que permitirá avanzar en el proceso de reconciliación y justicia.

Contexto de los Crímenes

Falsos Positivos en Dabeiba

Los asesinatos fueron perpetrados por miembros de Batallones de Contraguerrilla y la Brigada Móvil 11. Los exmilitares involucrados ejecutaron a campesinos, guerrilleros desmovilizados y personas de otras regiones, llevándolas a Dabeiba mediante engaños para hacerlas pasar como bajas en combate. Esta práctica tenía como objetivo mostrar resultados operacionales inflados y cumplir con metas de desempeño militar.

Implicados en el Juicio

Perfiles de los Acusados

Entre los acusados se encuentran mayores, coroneles, sargentos y un soldado profesional. Los militares en retiro relacionados con estos crímenes son Yair Leandro Rodríguez Giraldo, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, Edie Pinzón Turcios, Efraín Enrique Prada Correa, Levis de Jesús Contreras Salgado, Fidel Iván Ochoa Blanco, Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas. La JEP ha identificado sus conductas delictivas y busca imponer sanciones justas.

Sentencias y Reparaciones

Justicia Restauradora

Al final de esta etapa, la JEP impondrá sentencias con enfoque restaurador y reparador para las víctimas. Además, se aplicarán restricciones a las libertades de los exmilitares condenados. Estas sentencias buscan no solo castigar a los responsables, sino también promover la reparación integral de las víctimas y contribuir a la no repetición de estos crímenes.

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