Santiago Uribe Vélez absuelto de homicidio agravado y concierto para delinquir
En un fallo emitido por el Juzgado Primero Penal de Antioquia, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión ha generado una respuesta inmediata de la representación de las víctimas, quienes han anunciado su intención de apelar.

Acusaciones iniciales y contexto del caso

En el 2021, Santiago Uribe Vélez fue acusado formalmente por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus en Yarumal, Antioquia, presuntamente asesinado como parte de las actividades de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia. Las investigaciones involucraron a Uribe en la creación y participación activa de este grupo en los años 90, en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra el crimen y la insurgencia.

La Hacienda La Carolina como base de operaciones

Uno de los testimonios clave en el caso fue el de Jairo Rodríguez Venegas, exagente de la Policía Nacional y antiguo comandante encargado en Yarumal. Según sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe Vélez y ubicada cerca del corregimiento Llano de Cuivá, servía como base de operaciones para “Los doce apóstoles”. Entre 1993 y 1994, Rodríguez detalló cómo la hacienda era empleada para el entrenamiento y organización de las actividades del grupo paramilitar.

Revelaciones de la JEP sobre «Los doce apóstoles»

La JEP ha revelado importantes hallazgos sobre la estructura y el impacto de “Los doce apóstoles” en el norte de Antioquia. En un informe reciente, se indicó que este grupo fue responsable de al menos 525 homicidios entre los años 1992 y 1996. Entre los nombres señalados como integrantes del grupo, además de Santiago Uribe Vélez, se encuentran otros individuos como Gonzalo Palacios, Pedro Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero y Hernán Darío Zapata, quienes participaron en lo que se definió como una campaña de limpieza social.

Objetivo inicial y evolución de «Los doce apóstoles»

Los documentos de la JEP y testimonios de exintegrantes revelaron que el objetivo inicial del grupo era la lucha contra la delincuencia y la contrainsurgencia. No obstante, sus acciones derivaron en una serie de asesinatos que, según las pruebas presentadas, excedieron con creces esa misión inicial. La violencia en las zonas rurales y urbanas de Antioquia se intensificó, lo que llevó a múltiples denuncias sobre abusos y excesos cometidos en nombre de esta “limpieza social”.

Reacción de las víctimas y posible apelación

Tras la decisión judicial, la representación de las víctimas de “Los doce apóstoles” expresó su rechazo y anunció que tomarán acciones legales. Según sus abogados, la absolución de Santiago Uribe no les brinda justicia y consideran que aún existen pruebas relevantes que deberían ser examinadas en instancias superiores. La apelación se ha convertido en un proceso que no solo busca revertir la decisión, sino también garantizar que se dé un reconocimiento formal a las víctimas del grupo.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo en favor de Santiago Uribe Vélez ha planteado preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial colombiano en casos de gran envergadura y relevancia política. Algunos sectores han criticado la absolución, sugiriendo que la influencia política puede jugar un papel en decisiones judiciales de alto perfil. Este caso, al involucrar al hermano de un expresidente, también destaca la importancia de la independencia judicial y la capacidad de las instituciones para abordar temas de derechos humanos y justicia transicional.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado iniciar investigaciones sobre un grupo de exsenadores, exgobernadores y militares, quienes fueron señalados de tener presuntos vínculos con paramilitares por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo. Este desarrollo surge tras el testimonio que ‘Otoniel’ entregó a la JEP desde una cárcel en Estados Unidos, en el que proporcionó una lista de 63 colaboradores de estos grupos ilegales.

‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos, reveló información crucial que ha llevado a la JEP a compulsar copias para que las autoridades competentes inicien investigaciones contra varios funcionarios de alto perfil en Colombia, algunos de los cuales ocupan cargos públicos desde hace décadas.

Señalamientos de ‘Otoniel’ y el papel de la JEP

El testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como uno de los líderes más poderosos del crimen organizado en Colombia, ha sido clave para la apertura de estas investigaciones. ‘Otoniel’ mencionó a políticos y exfuncionarios de distintas regiones del país que, según él, colaboraron directa o indirectamente con el Clan del Golfo y otras organizaciones paramilitares.

Entre los nombres más relevantes que figuran en esta lista se encuentran:

• Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, acusado de haber ordenado el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento.
• Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, señalado de haber recibido financiamiento de los paramilitares del Casanare.
• Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, quien presuntamente obtuvo apoyo de grupos paramilitares a cambio de respaldo político.

Investigaciones se expanden a nivel regional

Las investigaciones no solo se centran en excongresistas y exgobernadores. La JEP ha extendido su análisis a otros funcionarios locales y regionales, cuyos presuntos nexos con paramilitares son ahora objeto de escrutinio.

Uno de los casos más destacados es el de Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, vinculado al Bloque Centauros, uno de los grupos paramilitares más violentos de la región. Además, Rueda participó en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018, lo que añade un ángulo político a esta investigación.

Asimismo, Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, está acusado de haber utilizado su cargo para realizar contratos que favorecían a los paramilitares. La investigación también abarca a Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare, y se extiende a toda la Asamblea Departamental de Casanare durante el período 2000-2003.

La cúpula militar también bajo la lupa

La JEP ha decidido investigar a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, así como a la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que estuvo al mando entre los años 2000 y 2006. Estos altos mandos militares son investigados por su posible colaboración con paramilitares durante el conflicto armado en esta región del país, conocida por la presencia activa de grupos ilegales.

Este tipo de relaciones entre el poder político y militar y los grupos armados ilegales no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero el testimonio de ‘Otoniel’ proporciona nuevas evidencias que podrían transformar el curso de las investigaciones que ya llevan años en curso.

Implicaciones de esta investigación para el país

La decisión de la JEP de investigar estos nexos políticos tiene graves implicaciones para la justicia transicional y para el futuro de la reconciliación en Colombia. Estos vínculos con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares reflejan la complejidad de la violencia en el país y su profunda conexión con actores políticos y militares de alto rango.

La cooperación de ‘Otoniel’ con las autoridades colombianas marca un punto de inflexión en la lucha por esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y sus implicaciones políticas. La justicia transicional enfrenta el reto de llegar a la verdad, sin importar cuán incómoda sea, y procesar a aquellos que contribuyeron a perpetuar la violencia desde dentro del sistema.

El futuro de la JEP y el camino hacia la verdad

Con estos nuevos hallazgos, la JEP se enfrenta al desafío de procesar la información entregada por ‘Otoniel’ y de coordinar con la justicia ordinaria para que las investigaciones avancen sin contratiempos. Este proceso también es fundamental para asegurar que se esclarezcan las relaciones entre el poder político y los grupos paramilitares, un tema que ha afectado la legitimidad de muchas instituciones en Colombia.

Este caso será clave para definir el futuro de la paz en el país, y su desenlace tendrá un impacto significativo en cómo se percibe la lucha contra la impunidad. La participación de figuras políticas y militares de alto nivel en actos criminales demuestra que el conflicto armado colombiano no solo se ha librado en el campo de batalla, sino también en los corredores del poder.

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En una audiencia realizada el 10 de agosto en Neiva, 74 militares del Ejército Nacional confesaron su participación en el asesinato de 200 personas, presentadas falsamente como bajas en combate, entre los años 2005 y 2008. Este acto se enmarca dentro del subcaso Huila del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. La audiencia fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y contó con la presencia de organizaciones de víctimas que exigieron la no repetición de estos crímenes y un proceso de reconciliación.

Reconocimiento de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Entre los 74 militares que comparecieron ante la JEP, 28 fueron identificados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los crímenes aceptados por estos militares, quienes pertenecieron a la novena brigada del Ejército Nacional, incluyeron la ejecución extrajudicial de personas inocentes, las cuales fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como los ‘falsos positivos’.

El coronel retirado Carlos Salamanca, quien fue el comandante del batallón Cacique Pigoanza, admitió su responsabilidad al ordenar que informantes establecieran contacto con grupos armados ilegales para facilitar el traslado de las víctimas a los pelotones. En su testimonio, Salamanca reconoció que su intención era asegurar que estas personas, quienes no tenían ningún vínculo con el conflicto armado, fueran asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Impacto y Respuesta de las Víctimas

Durante la audiencia, las organizaciones de víctimas hicieron un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre estos hechos y asegurar que no se repitan. Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) y representante de las víctimas, subrayó la importancia de este reconocimiento por parte del Ejército colombiano como un paso hacia la reconciliación nacional.

Asimismo, el soldado retirado Andrés Morales, otro de los comparecientes, admitió su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Morales expresó su arrepentimiento y reconoció que participó en el asesinato de personas inocentes que no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

El Patrón Criminal en Huila

El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, ofreció detalles adicionales sobre el patrón criminal en la región de Huila, revelando que en los últimos 30 años se han documentado 157 asesinatos con 307 víctimas, de las cuales 22 eran menores de edad y 9 mujeres. Según Ramelli, la existencia de este patrón apunta a la participación de, al menos, 640 presuntos responsables en estos crímenes.

La confesión de los militares ante la JEP es vista como un avance significativo en el proceso de verdad y justicia en Colombia. Sin embargo, las víctimas y sus representantes continúan exigiendo medidas concretas para garantizar la no repetición de estos hechos y un compromiso genuino con la reparación integral.

Hacia la Reconciliación y la No Repetición

La audiencia en Neiva representa un hito en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos en Colombia. El reconocimiento de culpabilidad por parte de estos militares, aunque doloroso, es un paso necesario para que las víctimas puedan comenzar a sanar sus heridas.

La sociedad colombiana está ante una oportunidad histórica para reflexionar sobre el pasado y asegurar que estos crímenes no se repitan nunca más. Las organizaciones de víctimas han enfatizado que la verdadera justicia no solo radica en el reconocimiento de los crímenes, sino en la implementación de medidas efectivas que eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir.

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La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que cinco generales del Ejército entreguen o amplíen sus versiones sobre los casos de ‘Falsos Positivos’ investigados dentro del Macrocaso 03, subcaso Costa Caribe. Esta solicitud busca esclarecer las responsabilidades y competencias funcionales de los mandos militares implicados en estas ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre 2005 y 2008.

Procuraduría llama a Generales del Ejército

La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso significativo en la investigación de los ‘Falsos Positivos’ al solicitar a la JEP que cinco generales del Ejército comparezcan para entregar o ampliar sus versiones voluntarias. Los generales mencionados son: Óscar Enrique González Peña, Justo Eliseo Peña Forero, Luis Felipe Cadena, Hernán Giraldo y Fabricio Cabrera Ortiz. Estos oficiales comandaron diferentes unidades militares adscritas a la Primera División entre 2005 y 2008, periodo en el cual se dieron las ejecuciones extrajudiciales.

Contexto de los ‘Falsos Positivos’

Los ‘Falsos Positivos’ se refieren a ejecuciones extrajudiciales en las cuales civiles eran presentados como bajas en combate por parte de fuerzas militares. Esta práctica ha sido uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia, y su esclarecimiento es vital para la reparación y reconciliación nacional.

Generales implicados y sus responsabilidades

Óscar Enrique González Peña, quien estuvo al mando del Comando Conjunto Caribe, es uno de los generales llamados a rendir cuentas. Justo Eliseo Peña Forero y Luis Felipe Cadena también deben comparecer por su conocimiento de las masacres ocurridas bajo su comandancia en la misma unidad estratégica.

El general retirado Hernán Giraldo deberá aclarar por escrito si lo dicho en su versión voluntaria implica una aceptación de responsabilidad. Por su parte, Fabricio Cabrera Ortiz debe completar la versión voluntaria que había sido suspendida anteriormente.

Importancia de las competencias funcionales

La Procuraduría ha subrayado la necesidad de establecer de manera clara y precisa las competencias funcionales de cada mando y las responsabilidades derivadas. «La estructura jerarquizada del ejército reclama establecer, de manera clara y precisa, las competencias funcionales de cada mando y las responsabilidades derivadas de las mismas,» explicó el ente de control. Esta diferenciación es esencial para determinar quiénes deben asumir responsabilidad por las acciones realizadas dentro de sus marcos de competencias establecidos por las normas jurídicas y la doctrina militar.

Ampliación de las investigaciones

El Ministerio Público también ha solicitado convocar a otros oficiales del Ejército que estuvieron activos durante el periodo 2005-2008 para que entreguen sus versiones y se recauden los documentos que habrían sustentado las operaciones en esa época. Este llamado busca reunir toda la información posible para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia.

Relevancia para la justicia y la paz

La solicitud de la Procuraduría a la JEP es un paso crucial en la búsqueda de verdad y justicia en el caso de los ‘Falsos Positivos’. El esclarecimiento de estos hechos es fundamental para la reparación de las víctimas y para la construcción de una paz duradera en Colombia. La sociedad colombiana y la comunidad internacional estarán atentas a los avances de este proceso, que busca responsabilizar a los altos mandos militares y garantizar que estos crímenes no queden impunes.

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Identificación y recuperación

La JEP entregó los cuerpos de Ana María Martínez y Fernando de Jesús Pérez, quienes fueron víctimas de desaparición forzada. Ambos fueron asesinados por un grupo armado ilegal y encontrados en Norte de Santander, desde donde fueron trasladados al cementerio de Turbo. La identificación de estos cuerpos fue posible gracias a la medida cautelar adoptada por la Sección de Reconocimiento de la JEP, destinada a proteger posibles víctimas en el Cementerio Municipal de Turbo.

Historia de desaparición

Ana María Martínez desapareció el 12 de abril de 2008, cuando salió de su casa en Apartadó con destino a Villa del Rosario, siguiendo una oferta de trabajo. Ese día fue la última vez que su madre, Luz Marina Castañeda, la vio con vida. Después de 16 años de búsqueda, Luz Marina pudo recibir los restos de su hija y de su hermano Fernando, también entregados por la JEP. Este hecho marca un cierre emocional importante para la familia, permitiéndoles finalmente darles sepultura digna.

Investigación y procesos judiciales

Esfuerzos de la JEP y Medicina Legal

La identificación de los cuerpos se logró en enero de 2024, cuando Medicina Legal confirmó que los cuerpos hallados en las fosas 01 y 02 del cementerio de Turbo pertenecían a Ana María Martínez y Fernando de Jesús Pérez. Este hallazgo fue resultado de una intervención ordenada por la JEP debido a obras de mantenimiento y remodelación en el cementerio, que ponían en riesgo la identificación de posibles víctimas.

Proceso de identificación

Luz Marina Castañeda había informado a la JEP sobre la desaparición de sus familiares y sus sospechas de que estaban en el cementerio de Turbo. A pesar de una orden judicial de la Fiscalía, nunca le tomaron muestras de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos continuos de la JEP y la intervención de Medicina Legal, finalmente se logró la identificación y posterior entrega de los cuerpos.

Significado y cierre emocional

La entrega de los cuerpos se llevó a cabo en una ceremonia en la Universidad de Antioquia, sede Tulenapa en Carepa. Luz Marina Castañeda pudo recibir los restos de su hija y su hermano, cerrando así un ciclo de 16 años de dolor e incertidumbre. Este acto de entrega digna es un paso importante en el proceso de reconciliación y justicia para las víctimas de desaparición forzada en Colombia.

Impacto en la comunidad

El reconocimiento y la entrega de los cuerpos de Ana María Martínez y Fernando de Jesús Pérez no solo brindan paz a su familia, sino que también representan un avance significativo en la búsqueda de justicia y verdad para todas las víctimas de desaparición forzada en el país. La labor de la JEP en este caso subraya la importancia de proteger los derechos de las víctimas y sus familias, asegurando que sus historias no sean olvidadas y que se les dé el reconocimiento y la dignidad que merecen.

La entrega de los cuerpos de Ana María Martínez y Fernando de Jesús Pérez por parte de la JEP es un ejemplo conmovedor de justicia y reconciliación en Colombia. Después de 16 años, sus familias pueden finalmente darles sepultura digna y encontrar un cierre emocional necesario. Este caso resalta la importancia de los esfuerzos continuos para identificar y honrar a las víctimas de desaparición forzada, y refuerza el compromiso de la JEP en la búsqueda de verdad y justicia en el país.

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El impacto del conflicto armado en el Río Cauca

El reconocimiento del Río Cauca como víctima

El papel de la sociedad en la protección del Río Cauca

Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar un futuro sostenible para nuestros ríos y para las comunidades que dependen de ellos.

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